Resolución de 10 de julio de 2026, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina y la Generalitat Valenciana, para el acceso telemático a los informes médicos de los expedientes administrativos del INSS y del ISM por parte de los Servicios Públicos de Salud

EXPONEN

Primero. Naturaleza y capacidad jurídica de los firmantes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina son Entidades Gestoras de la Seguridad Social, encuadradas en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, y tienen naturaleza de entidad de derecho público y capacidad jurídica para el cumplimiento de los fines que les están encomendados, según el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Los Servicios de Salud de las Comunidades Autónomas forman parte del Sistema Nacional de Salud conforme a la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.

Al amparo de las previsiones constitucionales y su propio Estatuto de Autonomía, y sobre la base de las disposiciones de la mencionada Ley 14/1986, la Comunitat Valenciana, a través del Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, asume competencias en materia de sanidad para la prestación de asistencia sanitaria y servicios de la Seguridad Social.

Segundo. Competencias de los firmantes.

El Instituto Nacional de la Seguridad Social, como entidad gestora de la Seguridad Social, tiene competencias para gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto 2583/1996, de estructura orgánica y funciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, y a su vez, de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 1300/1995, por el que se desarrolla, en materia de incapacidades laborales del sistema de la Seguridad Social la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, el INSS tiene competencias para evaluar, calificar y revisar la incapacidad y reconocer el derecho a las prestaciones económicas contributivas de la Seguridad Social por incapacidad permanente, en sus distintos grados, así como determinar las contingencias causantes de la misma.

El Instituto Social de la Marina, conforme al Real Decreto 504/2011, de 8 de abril, de estructura orgánica y funciones del Instituto Social de la Marina, tiene atribuida la gestión, administración y reconocimiento del derecho a las prestaciones asociadas a los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

Los dictámenes-propuesta emitidos por los Equipos de Valoración de Incapacidades a los que se refiere el apartado 1 del artículo 3 del Real Decreto 1300/1995, cuando correspondan a trabajadores encuadrados en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, serán formulados ante el/la director/a del Instituto Social de la Marina para que este adopte la resolución que corresponda y proceda a su posterior notificación a las partes interesadas, conforme a lo regulado en la disposición adicional primera del Real Decreto 1300/1995.

La Comunitat Valenciana conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 1612/1987, de 27 de noviembre, es competente para prestar la asistencia sanitaria de la Seguridad Social en su ámbito territorial. Asimismo, a través de los médicos de su Servicio Público de Salud (SPS), le corresponde, con carácter general, la expedición de los partes de baja, confirmación de la baja y de alta, que determinarán la declaración de la baja médica en los procesos de incapacidad temporal, así como su duración y extinción, conforme a lo regulado en el Real Decreto 625/2014, de 18 de julio, por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Igualmente, en virtud de los distintos procedimientos regulados en el citado Real Decreto 625/2014, la Inspección Médica del SPS participará en la responsabilidad de gestionar y controlar la prestación de incapacidad temporal junto a las Entidades Gestoras y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.

Tercero. Finalidad y justificación del convenio.

El artículo 71.3 del TRLGSS, contempla que la inspección médica de los servicios públicos de salud tendrá acceso electrónico a los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias, que obren en poder de las entidades gestoras de la Seguridad Social.

Se señala, asimismo, que, en este supuesto, no será necesario recabar el consentimiento de los interesados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6.1. e) y 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento y el Consejo, de 27 de abril, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

En este sentido, el artículo 77 del TRLGSS, referido a la reserva de datos, señala en su apartado 1. d), como una de las excepciones para que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración de la Seguridad Social en el ejercicio de sus funciones puedan ser cedidos o comunicados a terceros, los supuestos en los que esta cesión tenga por objeto la colaboración con cualesquiera otras administraciones públicas para la lucha contra el fraude en la obtención o percepción de ayudas o subvenciones a cargo de fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, para la obtención o percepción de prestaciones incompatibles en los distintos regímenes del sistema de la Seguridad Social y, en general, para el ejercicio de las funciones encomendadas legal o reglamentariamente a las mismas para las que los datos obtenidos por la Administración de la Seguridad Social resulten relevantes.

La finalidad que se persigue en el presente convenio, es la de mejorar la gestión, control y seguimiento de las prestaciones por incapacidad laboral, tanto de la incapacidad temporal como de la incapacidad permanente, y para contingencias comunes y profesionales, facilitando tanto al personal sanitario de las inspecciones médicas de los Servicios Públicos de Salud (en adelante, SSPPSS)/INGESA, en su ámbito territorial, el acceso telemático a los informes médicos emitidos por los médicos inspectores del INSS, como al personal sanitario y no sanitario de las inspecciones médicas de los SSPPSS /INGESA, en su ámbito territorial, la consulta de la situación administrativa de los expedientes del INSS contenidos en el Aplicativo de Trabajo Informático para las unidades médicas del INSS (en adelante, ATRIUM), de aquellos expedientes administrativos correspondientes a asegurados respecto a los cuales los SSPPSS/INGESA deban realizar actuaciones en el ejercicio de sus competencias.

Y lo señalado en el párrafo anterior, tanto para el desarrollo de las funciones contempladas, en materia de incapacidad temporal, en el procedimiento regulado en el artículo 170, apartados 2 y 3 del TRLGSS, como en las distintas actuaciones y procedimientos en materia de incapacidad temporal y determinación de contingencia contemplados en el Real Decreto 625/2014, en los que participan las Entidades gestoras y los SSPPSS de las Comunidades Autónomas e INGESA.

Igualmente, para las funciones determinadas en los artículos 4 y 5 del Real Decreto 1300/1995, referentes al inicio e instrucción de los procedimientos para la evaluación de la incapacidad en orden al reconocimiento del derecho a las prestaciones económicas por incapacidad permanente, así como en lo relativo a los procedimientos de revisión del grado de incapacidad permanente reconocido, y a las indemnizaciones derivadas de lesiones de carácter definitivo y no invalidante.

El artículo 10 del Real Decreto 625/2014 manifiesta que en virtud de la cooperación y coordinación entre las Administraciones suscriptoras del presente convenio, se promoverán el perfeccionamiento y la utilización en común de la información, con el fin primordial de hacer más eficaz el seguimiento y control de la gestión relativa a las situaciones de incapacidad temporal.

La disposición adicional cuarta de este Real Decreto 625/2014, manifiesta que las referencias a los servicios públicos de salud contenidas en el mismo han de entenderse realizadas también al Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, entidad gestora de la Seguridad Social a la que corresponde la gestión de las prestaciones sanitarias en el ámbito de las ciudades de Ceuta y Melilla.

En consecuencia, los SSPPSS de las Comunidades Autónomas y el INGESA, en atención a la normativa enunciada y en relación con artículo 71.3 del TRLGSS, tienen derecho a acceder a los informes médicos emitidos por los médicos inspectores del INSS, incorporados a los expedientes administrativos del ámbito de su competencia relacionados con la gestión de la incapacidad temporal, incapacidad permanente o procedimientos de determinación de contingencia, en la medida en que pueden resultar necesarios para el ejercicio de sus funciones, reconocidas legal o reglamentariamente.

Respecto al ISM es preciso señalar, dado que en sus relaciones de puestos de trabajo ha desaparecido la figura del médico inspector, que el control médico de la incapacidad laboral de aquellos expedientes que corresponden a trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar se desarrolla por los médicos inspectores del INSS.

Y estas funciones de control médico, en expedientes cuya resolución es competencia del ISM, las desarrollan los médicos inspectores del INSS en aplicación de lo regulado en el Real Decreto 1300/1995 en lo relativo a incapacidad permanente; y en ejecución del Acuerdo de encomienda de gestión suscrito por el ISM y el INSS en lo relativo a incapacidad temporal.

El artículo 82.4 c) del TRLGSS dispone que las comunicaciones que se realicen entre los médicos de las mutuas, los pertenecientes al servicio público de salud y las entidades gestoras se llevarán a cabo preferentemente por medios electrónicos, siendo válidas y eficaces desde el momento en que se reciban en el centro donde aquellos desarrollen sus funciones.

La cesión de los datos por el INSS, como responsable de los mismos, y en relación con las competencias de gestión que los SSPPSS/INGESA tienen encomendadas, se encuentra legitimado en el ejercicio de una obligación legal otorgada por una norma con rango de ley (como es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad en relación con el artículo 71.3 del TRLGSS), conforme al Artículo 8.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en relación al artículo 6.1 c) del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos).

A los datos contemplados en el artículo 9.2 h) del Reglamento (UE) 2016/679, se refiere la Ley Orgánica 3/2018, en su artículo 9.2, al contemplar que su tratamiento, fundado en el Derecho español, deberá estar amparado en una norma con rango de ley, que podrá establecer requisitos adicionales relativos a su seguridad y confidencialidad.

El INSS, en su condición de responsable del tratamiento de datos, y el ISM en lo relativo a los datos de los trabajadores pertenecientes al Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar cedidos al INSS para el control médico en incapacidad laboral, en cumplimiento del artículo 25 del Reglamento (UE) 2016/679, aplicarán las medidas técnicas y organizativas apropiadas para garantizar que, por defecto, solo sean objeto del tratamiento los datos personales que sean necesarios para cada uno de los fines específicos del tratamiento.

Cuarto. Naturaleza del convenio.

El artículo 10 del Real Decreto 625/2014 dispone que la cooperación y coordinación en la gestión de la incapacidad temporal entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas, los SSPPSS de las Comunidades Autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, se instrumentarán institucionalmente a través de acuerdos, los cuales podrán ser desarrollados mediante convenios específicos.

La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regula en los artículos 47 a 53 el régimen jurídico de los convenios. El artículo 47 prevé que son convenios los acuerdos con efectos jurídicos adoptados por las Administraciones Públicas, los organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, o las Universidades públicas, entre sí o con sujetos de derecho privado para un fin común. El convenio pretendido, a la vista de su finalidad antes expuesta y la naturaleza jurídica de los firmantes, encaja por una parte en el tipo previsto en el artículo 47.2 a), para aquellos convenios singulares a suscribir con las Comunidades Autónomas, por tratarse de convenios interadministrativos firmados por dos Administraciones Públicas; y por otra parte, encaja en el tipo previsto en el artículo 47.2 b) para el convenio singular a suscribir con el INGESA, por tratarse de un convenio intradministrativo a suscribir por entidades de derecho público dependientes de una misma Administración Pública.

Por todo lo expuesto, todas las partes, con la representación que cada una de ellas ostentan, acuerdan:

Suscribir el presente convenio con arreglo a las siguientes