RESOLUCIÓN de 29 de julio de 2008, de la Delegación Provincial de Ciudad Real, de la Consejería de Trabajo y Empleo, por la que se acuerda la inscripción, depósito y publicación del Laudo arbitral del conflicto derivado de la huelga declarada en el Sector de Transporte de Viajeros por Carretera en la provincia de Ciudad Real

Esta Delegación Provincial de Trabajo y Empleo acuerda:

1. Proceder a la inscripción del laudo arbitral de fecha 28-07-2008 en el Libro de Registro de Convenios Colectivos y proceder a su depósito en este organismo.

2. Disponer la publicación del presente Laudo en el Boletín Oficial de la Provincia.

En Madrid, para Ciudad Real, a 28 de julio de 2008, Fernando Valdés Dal-Ré, Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Complutense de Madrid, actuando como Arbitro nombrado por resolución de fecha 18 de julio de ese mismo año de las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y de Trabajo y Empleo del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha dictado el siguiente laudo arbitral:

En el conflicto derivado de la huelga declarada en el sector de transporte de viajeros por carretera en la provincia de Ciudad Real. Han sido partes de este conflicto, de un lado, la «Asociación Provincial de Empresarios de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Ciudad Real» (APETVC) y, de otro, la Federación de Comunicación y Transporte de Comisiones Obreras (CC.OO.) de Castilla- La Mancha, la Federación Regional de Transportes, Comunicaciones y Mar de la Unión General de Trabajadores (U.G.T.) de Castilla-La Mancha así como el Comité de Huelga constituido a raíz de la convocatoria, por parte de las anteriores organizaciones sindicales, de una huelga en el sector del transporte de viajeros por carretera en la provincia de Ciudad Real.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero. En razón de haber sido denunciado en tiempo y forma legales, el 31 de diciembre de 2007 venció el Convenio Colectivo del sector de Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Ciudad Real de 29 de noviembre de 2006 (CCTVCCR-2006). Al amparo de las previsiones establecidas en los artículos 86.3 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET) y 4. del referido convenio, éste, una vez denunciado y vencido, entró en situación de vigencia prorrogada de su contenido normativo, situación que se ha venido manteniendo hasta el día de hoy.

Segundo. El 21 de abril de 2008, la asociación empresarial y las organizaciones sindicales, partes del presente conflicto colectivo, proceden a constituir la mesa para la negociación y, en su caso, firma de un nuevo Convenio Colectivo en el sector de Transporte de Viajeros por Carretera en la provincia de Ciudad Real (CCTVCCR-2008). En la sesión constitutiva, la parte social hace entrega a la parte económica de un documento en el que se recogen sus objetivos de cara a esa negociación.

Los aspectos más sobresalientes del documento entregado se sustancian en:

• 1. Vigencia de dos años;
• 2. Subida salarial para 2008 de 5 euros diarios o su equivalente de 150 euros mensuales;
• 3. Crecimiento salarial para el 2009 del I.P.C. más 1 punto;
• 4. Jornada en cómputo anual de 1.780 horas y semanal de 39 horas;
• 5. Establecimiento de mecanismos para la jubilación parcial de los trabajadores;
• 6. Mejora de la protección de IT;
• 7. Reforma del régimen jurídico de las dietas;
• 8. Establecimiento de un nuevo complemento salarial, denominado «plus convenio», de cuantía equivalente a 150 euros mensuales;
• 9. Introducción de un complemento salarial compensatorio, por trabajo en sábados (5 euros) y domingos y festivos (8 euros);
• 10. Establecimiento de un complemento de 300 euros en caso de que el trabajador no pueda disfrutar quince días de vacaciones entre los meses de junio a septiembre;
• 11. Mejora del complemento de jornadas especiales, que queda cuantificado en 420 euros (2008) y 480 euros (2009) anuales
• 12. Ordenación jurídica de las figuras de: Acoso sexual, acoso moral laboral, violencia de género y subcontratación y subrogación.

  Tercero. El 14 de mayo del corriente se celebra la segunda sesión negociadora del CCTPCCR-2008, en la que la parte empresarial manifiesta que las propuesta formulada por la parte sindical supone, en referencia limitada al crecimiento de los conceptos retributivos ya contemplados en el convenio colectivo así como al establecimiento del plus convenio, un aumento anual de 4.050 euros, al que habría que adicionar las mejoras derivadas del establecimiento de otros complementos salariales o del incremento de complementos ya previstos convencionalmente. En razón de ello, indica que la plataforma presentada por las organizaciones sindicales no puede ser asumida en modo alguno. Las organizaciones sindicales consideran que estas declaraciones ya anuncian una actitud de entorpecimiento de la negociación por parte de la asociación empresarial, apelando a su responsabilidad negocial.

  El día 22 de mayo, la mesa negociadora del referido convenio vuelve a reunirse. La parte empresarial reitera la inviabilidad económica de entrar a negociar el contenido de las propuestas sindicales, tal y como las mismas fueron formuladas en la sesión constitutiva. De su lado, los sindicatos califican esa negativa como abiertos intentos de bloqueo de la negociación, anunciando que se reservan el ejercicio de las acciones que estimen convenientes a fin de hacer avanzar las deliberaciones del convenio colectivo.

  Cuarto. En fecha 28 de mayo, las organizaciones sindicales de CC.OO. y U.G.T., intervinientes en la comisión negociadora del CCTVCCR-2008, presentan escrito ante el Jurado Arbitral de Ciudad Real en solicitud de celebración de acto de mediación previo a la convocatoria de huelga. El día 30 de mayo tiene lugar el mencionado acto, que finalizará sin acuerdo.

  Quinto. En fecha 30 de mayo, don José María Serrano Rodríguez y don Manuel Sobrino Castillo, en nombre y representación de CC.OO. y U.G.T., respectivamente, presentan escrito ante la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo de la Consejería de Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por el que comunican la convocatoria de huelga en el sector de transporte de viajeros por carretera de Ciudad Real que se celebrará, de conformidad con el calendario que se adjunta, entre los días 9 de junio y 4 de julio. En fecha 26 de junio, los mencionados dirigentes sindicales presentan ante la autoridad laboral citada nuevo escrito en el que comunican su propósito de efectuar un segundo anuncio de convocatoria de huelga, a celebrar en esta ocasión, siempre según calendario que se expresa, entre los días 7 de julio y 1 de agosto.

  Los dos reseñados escritos, en los que se relacionan los integrantes del Comité Huelga, enuncian como objetivos de la huelga, de un lado, «conseguir que se llegue a la firma de un Convenio Colectivo para el sector del Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Ciudad Real», cuya negociación «se encuentra bloqueada por la diferencia existente entre los planteamientos de los trabajadores y la postura patronal. Y, de otro, que en el mencionado convenio «se recojan las peticiones realizadas por los trabajadores con el objetivo de mejorar sus condiciones laborales de conformidad con lo expuesto a lo largo de la negociación y que las citadas mejoras tengan carácter retroactivo».

  Sexto. En data 2 de junio, don Antonio Villavieja Gómez, Presidente de la APETVC, remite escritos a diversas autoridades (Subdelegación del Gobierno, Delegado Provincial de Trabajo y Empleo y Delegadas Provincial de Ordenación del Territorio y la Vivienda y de Educación y Ciencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Alcaldes- Presidentes de los Ayuntamientos de Puertollano, Alcázar de San Juan, Valdepeñas, Ciudad Real y Campo de Criptana) solicitándolas que, dentro de sus respectivas competencias, procedan a establecer los servicios mínimos que garanticen, conforme ordena la legalidad vigente y durante los días de la huelga anunciada en el sector de transporte de viajeros por carretera de la provincia de Ciudad Real, los servicios esenciales de la comunidad.

  En los días siguientes y a través de los instrumentos jurídicos adecuados, las mencionadas autoridades procedieron a fijar los correspondientes servicios mínimos.

  Séptimo. A partir del día 30 de mayo, han de destacarse los siguientes hechos:

  I. La Delegación Provincial de Trabajo y Empleo de Ciudad Real de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha iniciará y gestionará un intenso y extenso proceso de mediación con vistas a buscar soluciones al conflicto del sector transporte de viajeros por carretera y, por lo mismo, a la definitiva desconvocatoria de las huelgas y desbloqueo de la negociación colectiva del CCTVRCR-2008. En concreto, dicha autoridad convocará nueve reuniones, que se celebran los días 12, 24, 25 y 26 de junio y 2, 9, 10, 14 y 16 de julio.

  A lo largo de estas sesiones, tanto las partes en conflicto como la Administración presentan distintas propuestas, que pueden resumirse del modo siguiente:

• 1. Las propuestas de la parte patronal, cuyo contenido vendrá referido exclusivamente a cuestiones salariales, pueden agruparse en tres bloques, alguno de los cuales serán objeto de diferentes versiones o variantes:
  • a) El día 12 de junio se oferta una de las tres siguientes alternativas:

    Incremento salarial (del sueldo base y de todos los demás conceptos establecidos por el convenio anterior) del IPC más 0,5; un 15% de incremento durante la vigencia de los 3 años del convenio, más 3 puntos en caso de que el IPC acumulado superase, en ese período, dicho incremento y 1.300 euros brutos, a distribuir entre los conceptos retributivos que no supongan deslizamientos a otros conceptos;

  • b) En una nueva sesión, la del 26 de junio, se ofrece un incremento de 5.300 euros brutos, a distribuir en cuatro momentos: Enero 2008, enero 2009, enero 2010 y enero 2011.
  • c) El día 2 de julio, en fin, se formula el tercer bloque de propuestas, consistente en unos incrementos del 7, 6 y 5% en cada uno de los 3 años de vigencia del convenio (2008, 2009 y 2010), con garantía de revisión en el exceso del IPC del 5,5, 5,5 y 5%, respectivamente.
• 2. Las organizaciones sindicales formularon diferentes propuestas, todas las cuales, no obstante, responden al contenido expresado en la plataforma reivindicativa entregada en la fase inicial de las negociaciones: Cambiar la estructura del salario del convenio anterior, introduciendo nuevos conceptos retributivos, y aproximar las condiciones salariales y de trabajo del sector de transporte de viajeros por carretera de Ciudad Real a las ya alcanzadas en las otras provincias de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha.

  En tal sentido, el 10 de julio presentan una oferta conjunta basada en los siguientes puntos:

  • a) Vigencia del convenio de 3 años;
  • b) Incremento del sueldo base y demás conceptos salariales contemplados en el anterior convenio del 7% cada año de vigencia, con cláusula de revisión en lo que el IPC exceda del 3,5%;
  • c) Establecimiento de un plus de convenio por importe de 75 euros (2008), de 100 euros (2009) y de 125 euros (2010);
  • d) Compensación económica por jornada especiales hasta 60 horas de 325 euros (2008 y 2009) y 350 euros (2010).
  • e) Compensación por trabajo en sábados (20 euros, 2008; 25 euros, 2009 y 30 euros 2010) y domingos y festivos (30 euros 2008; 35 euros 2009; 40 euros 2010).
• 3. En su intento de resolver el conflicto, la Administración, de su lado, elaborará dos propuestas. La primera, con vigencia de dos años, se articula en un incremento durante el 2008 del 7%, con revisión en caso de exceso del IPC del 5% y, durante el 2009, del 6%, con garantía de revisión si el IPC real supera el 4%. Además de este aumento salarial, esta primera oferta contempla una reducción de la jornada a primero de enero de 2010, un día de permiso retribuido por asuntos propios, a partir de enero de 2009, una mejora del complemento de IT y la constitución de una Comisión de estudio de condiciones de trabajo de los convenios colectivos de transportes de viajeros de las cinco provincias de Castilla-La Mancha.

La segunda propuesta mantendrá elementos de la anterior (reducción de jornada, permiso retribuido, complemento IT, comisión de estudio de condiciones de trabajo), introduciendo, en lo esencial, cambios en la vigencia, que pasa a ser de 3 años, así como en los incrementos salariales, que pasan a ser del 7, 6 y 6%, para cada año de vigencia, con una cláusula de garantía de revisión por el exceso del 5, 4 y 4% del IPC real.

II. En la reunión tripartita de fecha 9 de julio, la Administración laboral autonómica propone a las partes someter sus diferencias a un procedimiento de arbitraje voluntario.

La propuesta sería aceptada por la parte empresarial, pero desestimada por la parte sindical.

III. Durante el período de tiempo al que se extenderá la huelga convocada por los sindicatos CC.OO. y U.G.T. en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Ciudad Real, la APETVC remitirá diversos escritos a las autoridades gubernativas competentes en los que se denuncia el incumplimiento, por parte de los trabajadores en huelga, de los servicios mínimos. En tal sentido y a título de ejemplo, mediante escritos dirigidos a la Subdelegación del Gobierno en Ciudad Real en fechas 18 de junio y 2 de julio se comunica el incumplimiento de los servicios míni mos establecidos por los distintos titulares de las concesiones de transportes (Estado, Administración Autonómica y Administración Local) durante los días 10,13 y 30 de junio y 1 de julio.

La citada asociación empresarial, a lo largo de este período de tiempo, también ha requerido al Comité de Huelga la adopción de aquellas medidas destinadas a garantizar la seguridad de las persona y de las cosas y, especialmente, a velar por el cumplimiento de los servicios mínimos establecidos por las diferentes Administraciones.

Ante la imposibilidad de llevarse a cabo de manera directa, este requerimiento se ha efectuado, al menos en una ocasión, a través de conducto notarial.

Octavo. Mediante resolución de 18 de julio del corriente, las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y Trabajo y Empleo del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha acuerdan, al amparo de lo prevenido en el párrafo segundo del artículo 10 del Real Decreto Ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, remitir la solución del conflicto desencadenado en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Ciudad Real a arbitraje obligatorio.

Tras hacer notar que, «a pesar del tiempo transcurrido desde el comienzo de la huelga», no ha sido posible «conciliar las posiciones de las partes», la exposición de motivos de la citada resolución pone de manifiesto el reiterado incumplimiento de los servicios mínimos, inobservados «desde la primera jornada de huelga», destacando cómo la huelga, además de estar produciendo perjuicio económicos, está afectando «de manera grave a derechos fundamentales y a la prestación de bienes constitucionalmente protegidos (...), especialmente en aquellas zonas que no disponen de un medio alternativo de desplazamiento de carácter público». Por todo ello, concluye la referenciada exposición de motivos, resulta «imprescindible imponer un arbitraje de equidad obligatorio a las partes en conflicto».

La parte dispositiva de la resolución administrativa a consideración designa al actuante como árbitro , por estimar que en él concurre «el requisito de imparcialidad» (artículo 2), define los términos del mandato arbitral, que habrán de afectar a «cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo del conflicto» (artículo 3), fija la naturaleza del arbitraje, que habrá de dictarse en «equidad» (artículo 3), y, en fin, determina en siete días el plazo para el dictado del laudo, computados desde la audiencia de las partes, bien que, en ningún caso, «excederá del día 29 de julio de 2008» (artículo 4).

Noveno. El día 21 de julio, el árbitro designado celebra, en la sede de la Delegación Provincial de Trabajo y Empleo de Ciudad Real, la audiencia con las partes en conflicto, reuniéndose primero y por separado con representantes de la asociación empresarial así como de las organizaciones sindicales CC.OO. y U.G.T. y del Comité de Huelga y, con posterioridad, con las dos representaciones de manera conjunta.

• a) Durante la audiencia habida con la parte empresarial, los representantes de la APETVC informará en lo esencial, y tras sintetizar las características del sector, acerca de las diferentes fases y vicisitudes por las que ha atravesado la negociación del CCTVCCR-2008, dedicando una atención especial a las diferentes propuestas presentadas a lo largo de los dos últimos meses y, señaladamente, a lo largo de las nueves sesiones tripartitas tanto por ella misma como por la parte sindical y por la autoridad laboral autonómica mediadora en el conflicto.

  En relación con la actitud negociadora de la parte social, la APETVC hace notar la escasa voluntad negocial de los sindicatos y del Comité de Huelga, juicio éste que se evidencia por el dato de que éstos, al margen de la plataforma entregada el día de constitución de la Comisión Negociadora del CCTVCCR-2008, se limitaron a formular una sola propuesta, la del día 10 de julio (antecedente séptimo I.2), cuyo coste cifra la interviniente en un 36%. En su comparecencia, la parte empresarial llama la atención del árbitro tanto sobre el total y sistemático incumplimiento de los servicios mínimos y le anticipa su voluntad de no atender, si es que fueran formuladas, recomendaciones sobre la no adopción de medidas disciplinarias por esos incumplimientos, a los que habría que añadir algunos otros acontecimientos de mayor gravedad, tales como la quema de vehículos o la coacción ejercida frente a los conductores que decidían no sumarse a la huelga.

• b) En su comparecencia, los representantes de las organizaciones sindicales en la mesa de negociación del CCTVCCR-2008 y del Comité de Huelga manifiestan los legítimos intereses defendidos durante este conflicto, centrados básicamente en un cambio en la estructura salarial y en la relativa homogeneización de las condiciones de trabajo del sector a las que rigen, en este mismo sector, en las restantes provincias de la Comunidad Autónoma. En síntesis, el objetivo perseguido ha sido, de un lado, garantizar al conductor medio -que es el que representa el 85% de los trabajadores del sector- en el horizonte del último año de vigencia del convenio colectivo unos ingresos netos de 1.000 euros y, de otro, incorporar unos complementos ya establecidos en otras provincias del sector, tales como la compensación económica por sábados, domingos y festivos trabajados y por jornadas especiales.

  A lo largo de su intervención, la representación social lamentará la escasa voluntad negociadora mantenida por la representación empresarial que, a su juicio, ha venido adoptando, desde el inicio, una actitud de bloqueo negocial frente a las propuestas sindicales.

• c) En la audiencia conjunta, las partes se reiteran en sus posiciones, descartando la parte empresarial, a requerimiento expreso formulado por la parte sindical, la posibilidad de alcanzar acuerdo limitadamente al compromiso ya adquirido en el CCTVCCR-2006 relativo a la mejora de la protección de la IT.

Décimo. El presente laudo arbitral se ha dictado dentro del plazo fijado por el artículo 4º de la resolución de 18 de julio de 2008 de las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y Trabajo y Empleo del Gobierno de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

FUNDAMENTOS DE EQUIDAD

Primero. Tal y como ha quedado reflejado en los antecedentes de hecho, el presente procedimiento arbitral se enmarca dentro de las previsiones establecidas en el párrafo segundo del artículo 10 del RDLRT e interpretadas, a su vez, por la sentencia de 8 de abril de 1981 del Tribunal Constitucional. Con ello quiere significarse, por lo pronto, el carácter obligatorio del arbitraje. Pero además y sobre todo el contexto en el que se ha adoptado esta decisión política, que no ha sido otro que el de una situación de huelga prolongada en el tiempo en la que no se han respetado, ya desde el primer día, los servicios mínimos establecidos por las autoridades gubernativas competentes en función de la titularidad de las concesiones del transporte de viajeros por carretera afectado por esa huelga, en la que ya se estaban desconociendo derechos fundamentales de los ciudadanos y en la que, en otro orden de cosas, las partes en conflicto, pese a los reiterados esfuerzos llevados a cabo por la autoridad laboral autonómica, no solo no lograron alcanzar un acuerdo en el proceso de negociación en el que estaban implicados sino ni siquiera consiguieron sentar sus bases objetivas mediante el paulatino acercamiento de sus bien distantes posiciones negociadoras.

Pero con la invocación del marco normativo del presen te arbitraje también se ha pretendido poner de manifiesto, ya desde un principio, la naturaleza de la controversia sometida a solución arbitral. No es éste, en efecto, un conflicto nacido de las diferencias de las partes a la hora de interpretar o aplicar una cláusula convencional preexistente; o, enunciada la misma idea desde otro ángulo, no es éste un conflicto jurídico que pueda ser resuelto con el auxilio de los instrumentos que brinda la hermenéutica jurídica. Tal y como nos ha llegado, el presente conflicto trae su origen mediato en la imposibilidad de las partes de renovar el Convenio Colectivo del sector Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Ciudad Real que, a resultas de su denuncia y ulterior vencimiento, había entrado, en virtud de lo prevenido en el artículo 86.3 ET, en situación de prórroga provisional. El desacuerdo de los sujetos colectivos dotados de legitimación negocial bastante para haber sustituido aquél convenio por otro nuevo, igualmente dotado de los atributos propios de los convenios estatutarios, evidencia que nos encontramos ante un típico conflicto de intereses o económico. Ante un conflicto que, al ser sustitutivo de la falta de convenio colectivo, produzca sus mismos efectos.

La naturaleza económica y no jurídica del presente conflicto es una conclusión rica en consecuencias constructivas, entre otras la que ya define el modo en que ha de resolverse el propio conflicto; un modo que ha de ser acorde con su naturaleza. No ha lugar ahora a reflexionar sobre la fundamentación teórica de la distinción de los arbitrajes entre arbitrajes de derecho y de equidad, distinción ésta, por cierto, que ha merecido fundadas críticas por un destacado sector de nuestra doctrina científica. Sea cual fuere la posición que se mantenga respecto de este criterio de clasificación de los arbitrajes, la diferencia básica entre ambos reside en que mientras el primero, el arbitraje en Derecho, se valora y resuelve mediante juicios de carácter jurídico, el fallo del segundo se ampara en el leal saber y entender del árbitro actuante.

Al proceder de un proceso previo y frustrado de elaboración o creación de un convenio colectivo, el presente conflicto no puede solventarse de acuerdo con una estricta aplicación e interpretación de reglas prescriptivas, examinadas y ponderadas según los criterios y cánones hermenéuticos comúnmente aceptados por la comunidad jurídica. La controversia ha de sustanciarse de conformidad con el leal saber y entender de este árbitro , que cuenta así con un margen más amplio de discrecionalidad en la decisión, discrecionalidad ésta cuyo límite infranqueable lo constituye la arbitrariedad. Con la invocación a la equidad como fundamento del fallo, como con acierto hace la resolución administrativa de la que trae causa este procedimiento arbitral, se persigue no tanto un alejamiento del razonamiento jurídico que deba sostener la decisión arbitral cuanto que ésta misma venga complementada con otros criterios ajenos a la interpretación jurídica, señaladamente estos dos: De un lado, criterios de justicia expresados al caso concreto y, de otro, toda esa compleja y delicada serie de variables sociales, económicas y organizativas que las propias partes hubieran debido manejar y ponderar a la hora de transformar sus discrepancias en reglas jurídicas orientadas a renovar el marco de ordenación de las relaciones laborales en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Ciudad Real.

Segundo.

1. De conformidad con lo prevenido en el artículo 3º de la resolución administrativa que establece este procedimiento arbitral obligatorio, «el árbitro habrá de resolver en equidad cuantas cuestiones se hayan suscitado en el planteamiento y desarrollo del conflicto». La primera tarea, pues, de éste árbitro es identificar cuales han sido esas cuestiones; las cuestiones que, a fin de cuentas, conforman el objeto del propio arbitraje.

La reflexiva lectura de los términos en que se enuncia el encargo arbitral ya ofrece algunas pistas de interés a fin de dar cumplida cuenta de esta primera tarea. Las cuestiones constitutivas del objeto de arbitraje son aquellas que se hubieren suscitado «en el planteamiento y desarrollo del conflicto». El empleo de una partícula copulativa, al estilo de la «y», evidencia que, para poder acceder a la condición de objeto del arbitraje, las diferencias mantenidas por las partes han debido suscitarse de manera simultánea y concurrente en las dos secuencias por las que ha atravesado este conflicto: La secuencia de su planteamiento y la de su desarrollo. Se hace así pues necesario intentar aflorar cuáles han sido las discrepancias de las partes que reúnen este atributo de continuidad en el tiempo.

2. Conforme se ha tenido oportunidad de dejar sentado en los antecedentes de hecho, las organizaciones sindicales legitimadas para renovar el CCTVCCR-2006 hicieron entrega a la parte empresarial, en la sesión constitutiva de la comisión negociadora, de su plataforma reivindicativa que pretendía, en síntesis, la introducción de abundantes reformas en el referido convenio colectivo, referidas bien a la reordenación del régimen jurídico convencional de condiciones de trabajo ya reguladas con anterioridad bien al establecimiento de nuevas condiciones de trabajo. En el primer capítulo, la plataforma pretendía reformar el contenido de las cláusulas convencionales reguladoras de las siguientes condiciones de trabajo: Sueldo base, jornada, vacaciones, retribución de horas extraordinarias, seguro contra accidentes de trabajo, jubilaciones parciales, muerte por fallecimiento, incapacidad temporal, gratificaciones extraordinarias, dietas, plus de quebranto de moneda y complemento de jornadas especiales. En el segundo capítulo, la tan citada plataforma perseguía, de un lado, alterar la estructura del salario en el sector, incorporando una serie de nuevos conceptos salariales: Plus de convenio, complemento de trabajo en sábados, domingos y festivos y complemento de vacaciones. Y, de otro, introducir regulaciones relacionados con temas dotados de una indudable actualidad jurídica, unos vinculados al ejercicio de derechos individuales fundamentales de los trabajadores y trabajadoras del sector, tales como el acoso sexual, el acoso moral o la violencia por razón de género, y otros con las características económicas y organizativas del sector (subcontratación y subrogación).

Todas estas cuestiones estuvieron en el origen del conflicto; es decir, en «su planteamiento». Pero no todas ellas han permanecido a lo largo de su desarrollo. Durante las nueve reuniones promovidas por la autoridad laboral autonómica con las partes en conflicto, las propuestas formuladas por estas han cumplido la función de ir definiendo el ámbito material del conflicto mismo. A esta función ha colaborado, por lo pronto y de modo muy relevante, la mencionada autoridad laboral. Pero también, y en segundo lugar, han contribuido las propias partes en el curso de la audiencia oral habida con el árbitro actuante.

3. A tenor de lo que se viene de razonar, las cuestiones que, a juicio de este árbitro, forman parte del objeto de la decisión arbitral pueden agruparse en derredor de dos grandes bloques identificados, el primero, con criterios positivos y, el segundo, de forma negativa. El primer bloque de cuestiones o materias que deben ser resueltas en este arbitraje lo integran las condiciones salariales o retributivas.

El segundo, de su lado, lo componen las restantes materias o, enunciado dicho bloque en términos de oposición al anterior, las condiciones no salariales o retributivas.

La identificación del objeto del presente arbitraje en los términos descritos precisa la oportuna justificación, que se ofrece seguidamente.

• a) Desde la primera de las reuniones mantenidas entre las partes ahora en conflicto a fin de renegociar el convenio sectorial provincial, que lo fue la reunión de 21 de abril, constitutiva de la comisión negociadora del mencionado convenio, las cuestiones salariales han venido ocupando un lugar de máxima centralidad en el proceso negociador.

  Así se confirma de manera indiscutible e inapelable tanto de la documentación entregada por las partes a éste árbitro como de la información oral transmitida en la comparecencia con las propias partes. Más aún. Este árbitro tiene la firme convicción de que los desencuentros y discrepancias entre las partes han venido fundamentados, en lo esencial, por las distantes propuestas y contrapropuestas defendidas por cada una de ellas en relación con los temas salariales. Y, en particular, con dos temas concretos: La reforma de la estructura salarial y los incrementos retributivos aplicables a los conceptos retributivos integrantes de dicha estructura.

• b) El segundo bloque que compone el objeto del presente arbitraje puede e, incluso, debe identificarse en negativo, entrando en esta categoría todas las condiciones de trabajo y empleo no salariales o, no salariales o extrasalariales, por formular la idea con mayor corrección técnica.
• c) La diferencia entre ambos bloques no solo se basa en razones materiales. Por encima de este primer criterio de diferenciación, resulta obligado traer a colación un segundo, de mucha mayor relevancia a los efectos que aquí interesan. Frente a la posición de máxima centralidad que las discusiones salariales han tenido en el «planteamiento y desarrollo del conflicto», las disensiones sobre las materias no salariales están privadas, de seguro, de este atributo. Todavía más: Un buen número de estas materias no han sido objeto de particular debate en las reuniones mantenidas por las partes, muy instaladas en los aspectos estrictamente salariales. Tal es lo sucedido, por ilustrar la conclusión con algunos ejemplos, con la pretensión de las organizaciones sindicales de introducir en el CCTVCCR- 2008 regulaciones relacionadas con el ejercicio, por parte de las trabajadoras y trabajadores del sector, de derechos fundamentales o con las características organizativas de las empresas del propio sector.

La distinta relevancia conferida por las partes a cada uno de estos dos grandes bloques no puede dejar de tener consecuencias en el contenido de la decisión arbitral. Esta ha de reflejar, de manera ineludible, las opciones negociadoras de las partes o, lo que es igual, los focos temáticos de sus desencuentros y disensiones.

Tercero.

1. Ya se ha tenido la oportunidad de hacer notar, incluso en más de una ocasión, que las discusiones en material salarial se han centrado en torno a dos grandes aspectos:

De un lado, la estructura del salario y, de otro, los incrementos sobre los conceptos retributivos fijados por el convenio colectivo durante sus años de vigencia.

Comenzando la reflexión por el primero de esos aspectos, la plataforma reivindicativa del CCTVCCR-2008 elaborada de manera conjunta por las organizaciones sindicales presentes en la mesa de negociación proponía la reforma de la estructura del salario establecida en el anterior convenio, en el CCTVCCR-2006.

En esta norma colectiva, en efecto, la estructura del salario está integrada por los siguientes conceptos: Sueldo base, antigüedad, complemento por jornadas especiales y, en su caso, complementos por nocturnidad y por trabajo extraordinario. Además, los conductores que ejercen la doble función de conductor/cobrador perciben un complemento denominado «conductor preceptor de autobús». A estos conceptos salariales han de adicionarse los conceptos extrasalariales y, como tales, no cotizables a la Seguridad Social, todos los cuales, empero, no tienen una misma naturaleza y, por tanto, no pueden ser objeto de un idéntico tratamiento. Dentro de este tipo de complementos, es dable identificar dos grandes grupos o categorías; de un lado, los de pago regular y constante, que son el plus transporte, la paga única de septiembre y el plus de quebranto de moneda (para los cobradores) y, de otro, los que se abonan exclusivamente cuando concurre la causa motivadora, categoría ésta a la que pertenecen las dietas.

La estructura salarial propuesta por la plataforma presentada por los sindicatos mantiene todos los anteriores conceptos, pero reclama adicionalmente la incorporación de tres nuevos: El plus convenio, el complemento de trabajo en sábados, domingos y festivos y el complemento de vacaciones. El primero, muy extendido en la experiencia negocial española, no es sino una manifestación desdoblada del sueldo base. El objetivo del segundo es la compensación económica a favor de quienes trabajen entre las 0 y las 24 horas de cualquier sábado, domingo y festivo. Con el último complemento, en fin, se pretende compensar a aquellos trabajadores que no hubieren podido disfrutar al menos quince días de las vacaciones anuales durante un determinado período de tiempo (el comprendido entre junio y septiembre).

2. El segundo foco de las discusiones salariales ha estado referido al tradicional incremento o aumento tanto del sueldo base (tabla salarial) como de las cuantías de los diferentes complementos, tanto de los ya existentes como de los nuevos cuya incorporación se pretende. Sin perjuicio de lo que ha de señalarse más adelante, esas discusiones han manejado, de manera separada o conjunta, dos técnicas:

La del fijar el nuevo valor del complemento en una cantidad a tanto alzado y la de establecer un determinado porcentaje de incremento salarial, de cuantía variable durante los diferentes años de vigencia del convenio (normalmente, de carácter descendente).

Sin pretensión de ser exhaustivo, la plataforma inicial presentada por los sindicatos presentes en la mesa de negociación del CCTVCCR-2008 opta por la primera técnica.

Las diferentes propuestas ofrecidas por la APETVC en el curso de las reuniones tripartitas han manejado ambas soluciones, aun cuando la última opta por aumentos porcentuales, variables en sentido descendente con el transcurso de la vigencia del convenio.

Cuarto. Este árbitro tiene la firme convicción de que los arbitrajes, tanto los voluntarios como los obligatorios, constituyen cauces verdaderamente excepcionales para el ejercicio de la función de fijación y determinación de condiciones de trabajo, nota ésta que se acentúa aún más, si cabe, cuando la controversia sometida a la solución del tercer árbitro tiene naturaleza económica. De ahí, que los arbitrajes en modo alguno puedan ser instalados en una posición de paridad con el instrumento por excelencia que, en un sistema maduro de relaciones laborales, ha de cumplir aquella función, la función normadora: La negociación colectiva.

Para sindicatos y asociaciones empresariales, el arbitraje representa el fracaso de su diálogo; refleja su incapacidad de haber logrado alcanzar soluciones transitorias que, al no satisfacer plenamente a ninguna de las partes, resultan para ambas razonables.

Por estas razones, las decisiones arbitrales no pueden ni ser configuradas jurídicamente ni ser percibidas socialmente como fórmulas alternativas a la negociación. El arbitraje solo pretende resolver momentáneamente un conflicto, introduciendo una secuencia de paz social, no resultando oportuno ni adecuado socialmente que el árbitro utilice o que las partes pretendan que el árbitro utilice su poder normador, transitorio y excepcional, en términos que permita o facilite a las partes ladear su responsabilidad negociadora. El arbitraje no debe, en definitiva, desincentivar la negociación; ha de limitarse a ofrecer a las partes un nuevo escenario desde el que abordar, en un clima de provisional sosiego, la solución a los constantes retos y desafíos que acompañan la ordenación laboral de un sector o subsector de la economía.

Quinto.

• 1. Las consideraciones que se vienen de efectuar ofrecen pistas de interés sobre el sentido de la decisión adoptada por este árbitro. Por lo pronto, ya las ofrece en relación con el modo de resolver cada uno de los dos grandes focos temáticos que han centrado las discusiones salariales de las partes en conflicto.
• 2. Como se ha hecho notar y ahora se repite, el primer gran eje por el que ha discurrido las discusiones de las partes en relación con las cuestiones salariales ha sido la reforma de la estructura salarial. Los sindicatos han pretendido introducir nuevos conceptos retributivos; y la parte empresarial no lo ha descartado por completo y de raíz, al menos respecto del plus de convenio. En un contexto como el descrito, una decisión del árbitro que optará por incorporar al articulado del convenio del sector alguno de esos pluses o todos ellos produciría esas consecuencias de las que debe huir la fórmula arbitral. Una decisión semejante, al reflejar de manera manifiesta un trato de favor a las tesis defendidas por la parte social, habría atribuido a ésta, de cara a las futuras negociaciones, una posición negocial ventajosa, que podría desincentivar la eventual búsqueda por los sindicatos intervinientes de fórmulas alternativas a la reforma de la estructura salarial en un horizonte cuyo resultado respondiera, en lugar de a la poco razonable lógica de ganadores/perdedores, al deseable principio de todos ganadoras y todos perdedores (modelo negocial win to win).

  En atención a lo razonado, el árbitro actuante ha decidido no entrar a resolver las discrepancias suscitadas en torno a la reforma de la estructura salarial en el sector del transporte de viajeros por carretera de la provincia de Ciudad Real. La complejidad del tema, debido en gran parte a la multiplicidad de variables que han de ser ponderadas a la hora de introducir nuevos conceptos retributivos, aconseja pues remitir su solución a futuras negociaciones colectivas, expresando así la confianza de que las partes serán capaces en próximos convenios de alcanzar fórmulas de ordenación que satisfagan sus legítimos y contrapuestos intereses.

• 3. Desde luego, no es la opción que se acaba de enunciar aplicable al segundo de los focos de discusión salarial, al eje relativo a los incrementos retributivos. Es aquí donde, de seguro, se ha de concentrar la decisión arbitral, en la convicción de que las soluciones que se adopten podrán satisfacer más o menos a las partes e, incluso, no satisfacer en modo alguno a ninguna de ellas.

  Pero las opciones tomadas en este campo no prejuzgarán el marco normativo en el que han de moverse las próximas negociaciones, que seguirá siendo, para bien o para mal, el que ellas mismas definieron en el momento de la firma del CCTVCCR-2006. Por este lado, el presente laudo arbitral intenta actuar como puente entre ese convenio y el venidero que se negocie, en lugar de erigirse como un eslabón intermedio entre ambos; pretende facilitar el tránsito de uno a otro, pero no equipararse a cualquiera de ellos.

  Ya se han indicado las dos fórmulas que las partes en conflicto han barajado, a lo largo de la fracasada negociación del convenio del sector, a fin de intentar establecer el nuevo importe de los conceptos retributivos: Establecimiento de una concreta cantidad e identificación del porcentaje de subida salarial aplicable a esos conceptos.

  De estas dos fórmulas, la decisión arbitral ha optado por la segunda en atención, básicamente, a dos razones.

  La primera y esencial, por cuanto ha sido ésta la técnica invocada con mayor insistencia por las partes en conflicto (y por la propia autoridad laboral autonómicas, en sus funciones mediadoras) con vistas a lograr acuerdos en la materia. Este dato permite calificar a esta primera fórmula como la preferida por las partes, al menos en términos comparados y relativos La segunda razón tenida en cuenta al optar por esta solución tiene que ver con la experiencia negocial del sector del transporte de viajeros por carretera tanto en la provincia de Ciudad Real como en la Comunidad Autónoma. Por lo pronto, el CCTVCCR-2006 estableció subidas salariales calculadas en porcentajes (artículo 5) y no en cuantías. Pero además de ello, es la técnica empleada por los vigentes convenios colectivos de las provincias de Guadalajara (artículo 12 y 13.5) y Albacete (artículo 9).

• 4. A lo largo de las discusiones y negociaciones habidas por las partes durante los últimos meses, sobre todos los dos últimos, las propuestas y contrapropuestas de incremento porcentual de todos los conceptos retributivos ha oscilado en una orquilla entre el 7 y el 5%, dependiendo en última instancia la cifra ofertada de dos variables: Vigencia del convenio y montante de la garantía de revisión en el exceso del IPC. A pesar de la diversidad de las propuestas, no resulta difícil identificar, en todas ellas, algunas constantes o, tal vez, tendencias; en concreto, las dos siguientes.

  La primera es la asignación del mayor porcentaje de aumento salarial durante el primer año de vigencia del convenio y, por lo tanto, la fijación de unos incrementos menores durante los años sucesivos. La segunda tendencia apreciable es el establecimiento de un cierto índice de correlación entre el porcentaje de subida salarial y la garantía de revisión salarial: Cuanto más alta sea esta garantía, más crece el porcentaje de incremento salarial y, a la inversa, éste tiende a disminuir a medida que aquella garantía se establece en niveles más bajos.

  A la hora de establecer los índices de crecimiento salarial, este árbitro ha tenido en cuenta y valorado, al menos con carácter orientativo, las tendencias presentes en la mesa de negociación que se acaban de comentar.

• 5. La decisión arbitral fija en un período relativamente corto, dos años, la vigencia del laudo, cuyo vencimiento tendrá lugar así el 31 de diciembre de 2009. La razón principal de esta solución reside en que no se ha querido dilatar en exceso el momento de la recuperación de la normalidad institucional; esto es, del obligado recurso por quienes tienen capacidad de representación en el sector de transporte de viajeros por carretera de volver a utilizar los instrumentos ordinarios y naturales del gobierno y administración de las relaciones laborales en dicho sector: La negociación colectiva articulada a través de una relación de confianza recíproca y buena fe.

  Definida en estos términos la duración del laudo, los incrementos establecidos han sido del 8%, para el año 2008, y del 6,5%, para el año 2009. Mientras el incremento de este último año se sitúa en la orquilla de las propuestas, el aumento del año 2008 queda fuera de ella. Sin embargo, a este árbitro no le parece que la solución pueda ser tildada como contraria al equilibrio de las partes. Y no lo es, por cuanto ese superior incremento tiende a compensar, al menos en parte, la decisión de no alterar la estructura del salario, introduciendo, como los representantes de los trabajadores reivindicaban, un plus de convenio.

  Por otra parte, se ha incluido una garantía de revisión salarial, manteniendo así la tendencia detectable en la práctica totalidad de las propuestas salariales de contenido similar. Para el primer año de vigencia, la garantía de revisión queda activada en el supuesto de que el IPC real exceda, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla- La Mancha, del 5,4%, cifra ésta cuya cuantificación se ha efectuado en función de los datos manejados en fechas recientes por el Gobierno de la Nación. En el 2009, dicha garantía entrará en funcionamiento en la hipótesis de que el IPC real, en ese mismo ámbito regional, supere el 4,5%.

  Sexto.

• 1. Las funciones que, a juicio del árbitro actuante, cumplen los arbitrajes en un sistema de relaciones laborales como el nuestro, basado en la negociación colectiva de las condiciones de trabajo con arreglo a un principio de buena fe (artículo 37.1 de la Constitución), no solo han servido para dar cuenta de la autocontención normadora del presente laudo en las cuestiones salariales (estructura salarial). También explican las decisiones adoptadas en relación con lo que ha sido denominado, en anteriores fundamentos, como cuestiones no salariales o retributivas, en las que la autocontención ha de ser mayor y más visible.

  Teniendo en cuenta la función de este arbitraje, con el que no se pretende en modo alguno ni aligerar la responsabilidad negocial de las partes ni desincentivar su interés por la negociación colectiva, este árbitro entiende que no debe modificarse o alterarse el régimen jurídico de las condiciones de trabajo, de protección social o de carácter sindical establecidas en el CCTVCCR-2006, todas las cuales, sin más excepción que la que se dirá de inmediato, se declaran en vigor a todos los efectos durante el plazo al que se extiende la vigencia del propio laudo.

• 2. En el ámbito de las relaciones laborales, las soluciones negociadas son, siempre y en todo caso, preferibles a las soluciones impuestas; incluso si, como sucede en el presente caso, las partes se han visto abocadas a resolver sus diferencias mediante la fórmula arbitral como medio de garantizar el disfrute, por parte de los ciudadanos, de determinados derechos e intereses constitucionalmente protegidos que la huelga declarada en el sector del transporte de viajeros por carretera en Ciudad Real ha imposibilitado e impedido.

No es ésta una mera declaración de carácter ideológico, cuya formulación, de otro lado, podría ser tildada con toda propiedad de inapropiada o, al menos, de extravagante.

Las convicciones que mantenga este árbitro en torno a ésta o a otras tantas cuestiones resultan de todo punto irrelevantes para las partes, interesadas únicamente en que se les resuelva su conflicto con criterios de equidad.

Bien otra es la finalidad perseguida al realizar aquella manifestación, con la que se pretende ya anticipar un canon que no puede darse de lado para resolver el presente conflicto y que da cuenta de la excepción a la regla general que se acaba de enunciar en el apartado anterior. El referido canon no es otro que la conversión en regla jurídicamente aplicable de los preacuerdos o compromisos que, en fase negocial, hubieren sido alcanzados por las partes y que, sin embargo, no obtuvieron la dignidad del acuerdo.

Tal es, cabalmente, lo que acontece con la mejora del régimen de protección de la IT. Conforme reza de manera terminante el párrafo tercero del artículo 22 del CCTVCCR- 2006, las partes convinieron en obligarse «a que en el próximo convenio se establezca una mejora de la cuantía del complemento» de la citada prestación, la de IT. Existe pues un compromiso firme de ambas partes en esta materia, que este árbitro no debe dar de lado por las razones antes citadas, de conversión en regla jurídica de los preacuerdos alcanzados con anterioridad.

Séptimo. A lo largo su comparecencia oral, los representantes sindicales y del comité de huelga expresaron su queja acerca de las diferencias existentes entre las condiciones de trabajo del convenio del sector en la provincia y las aplicables en los convenios sectoriales de las restantes provincias que integran el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. De ahí que uno de los objetivos básicos que se pretendía lograr con la negociación del CCTVCCR-2008 fuera la aminoración de este diferencial.

Este árbitro carece, desde luego, de la información necesaria para poder formular un juicio sobre el alcance y entidad de esta queja. Pero no quiere mantener una posición de indiferencia hacia esta denuncia; muy antes al contrario, le parece oportuno que las partes empiecen a sentar las bases para poder encarar las futuras negociaciones con una información más acabada sobre los contenidos sustantivos de los convenios del sector vigentes en la citada Comunidad.

En atención a todo lo expuesto, el árbitro designado en el presente procedimiento, por la autoridad que le ha sido conferida por la resolución de 18 de julio de 2008 de las Consejerías de Ordenación del Territorio y Vivienda y Trabajo y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, ha decidido:

Dictar las disposiciones que figuran en anexo, que han de entenderse a todos los efectos como la parte dispositiva del presente laudo arbitral y que se aplicarán, en los términos ahí establecidos, en el sector del Transporte de Viajeros por Carretera de la provincia de Ciudad Real.

El presente laudo arbitral, de carácter vinculante y de obligado cumplimiento, tendrá fuerza de convenio colectivo, pudiendo ser recurrido por las partes ante el orden jurisdiccional social.

Por la autoridad laboral autonómica competente, se procederá a la notificación del presente laudo a las partes en conflicto así como a su depósito, registro y, en su caso y si dicha autoridad laboral lo estima necesario, publicación en el Boletín Oficial correspondiente.

Dado en Madrid para Ciudad Real, a 28 de julio de 2008. Firmado y rubricado, Fernando Valdés Dal-Ré.

ANEXO