Resolución de 27 de febrero de 2017, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción a las Cortes Generales sobre la necesidad de desarrollar un adecuado Marco Legal para el empleo de las encomiendas de gestión por las Administraciones Públicas

Ficha:
  • Órgano CORTES GENERALES
  • Publicado en BOE núm. 87 de
  • Vigencia desde 13 de Abril de 2017
Versiones/revisiones:
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Además de esta sentencia del TJUE cabe citar igualmente las de 13 de octubre de 2005, asunto C-458/2003, Parking Brixen; 11 de mayo de 2006, asunto C-340/2004, Carbometro; 19 de abril de 2007, asunto C-295/05, ASEMFO vs. TRAGSA; 13 de noviembre de 2008, asunto C-324/07, Coditel; 10 de septiembre de 2009, asunto C-573/07, Sea Srl y Comune di Ponte Nossa; o 29 de noviembre de 2012, asuntos acumulados C- 182/11 y C-183/11, Econord

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Previsiones todas ellas con distintos rangos normativos y con distinto alcance en cada caso. Meramente a título ilustrativo, pueden tenerse en cuenta la disposición adicional 25ª del TRLCSP relativa al «Régimen jurídico de la Empresa de Transformación Agraria, Sociedad Anónima (TRAGSA), y de sus filiales»; el art. 67 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que regula el «Régimen Jurídico de la Sociedad Estatal para las Enseñanzas Aeronáuticas Civiles, S.A. (SENASA)»; la disposición adicional 10ª de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas, relativa al «Régimen jurídico de la "Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, Sociedad Anónima (SEGIPSA)"; el Real Decreto 1114/1999, de 25 de junio, por el que se aprueba el Estatuto de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda (FNMT-RCM); el Real Decreto 375/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto de Salud "Carlos III" (ISCIII); el Real Decreto 164/2002, de 8 de febrero, por el que se aprueba el Estatuto de la entidad pública empresarial Red.es, modificado por Reales Decretos 1433/2008, de 29 de agosto, y 351/2011, de 11 de marzo; o los Estatutos de las sociedades mercantiles estatales consideradas como medios propios, como el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, S.A. (INTECO), Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España (ISDEFE), Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, S.A. (SEGITTUR), SEPI Desarrollo Empresarial, S.A. (SEPIDES), Ingeniería y Economía del Transporte, S.A. (INECO), o Sociedad Estatal España Expansión Exterior, S.A., entre otros.

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Merecen ser destacadas a este respecto, a título de ejemplo y por su mayor cercanía temporal a la fecha de aprobación de la presente Moción, la disposición adicional 23ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 julio, de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, relativa a la encomienda a un medio propio de la preparación y adjudicación de los contratos que han de regir la creación y gestión del sistema informático único de las Oficinas del Registro Civil; la disposición adicional séptima de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, por la que se regula la encomienda general para la prestación de servicios de administración electrónica por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda en el ámbito de la Administración General del Estado; el art. 57 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de Emprendedores por el que se regula la financiación de determinadas encomiendas con cargo al Fondo para la Internacionalización de la Empresa (FIEM); o la disposición final séptima de la Ley Orgánica 6/2015, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las CCAA y de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, relativa a la encomienda del ejercicio de determinadas competencias administrativas a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

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Con ánimo meramente ejemplificador y no exhaustivo cabe citar la disposición adicional 37ª de la Ley 10/2012, de 29 de diciembre, de Presupuestos de Canarias para 2013; la disposición adicional 6ª de la Ley 10/2012, de 20 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para el año 2013; el art. 45 de la Ley 9/2012, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2013; el art. 33 de la Ley 3/2012, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2013; la disposición adicional 2ª de la Ley 6/2012, de 29 de junio, de medidas tributarias, económicas, sociales y administrativas de la Región de Murcia; el art. 14 de la Ley 5/2014, de 11 de septiembre, de Medidas para la Reforma de la Administración de la Comunidad de Castilla y León; el art. 31 y la disposición final 2ª de la Ley 1/2015, de 21 de diciembre, del Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2016; el art. 44 Ley 5/2015, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Cantabria para el año 2016; el art. 63 de la Ley 6/2015, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid para el año 2016

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Esta ausencia regulativa de la subcontratación contrasta llamativamente con los límites que el TRLCSP sí establece en el marco de la contratación pública en distintos supuestos de subcontratación (en particular en sus arts. 227 o 289), o con los fijados por el art. 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

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Es el caso de TRAGSA, TRAGSATEC y SENASA, que tienen fijado por ley un límite a la subcontratación del 50% del importe total del encargo (apartado 6 de la disposición adicional 25ª del TRLCSP y apartado 3 del art. 67 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social). Otras entidades pueden tener establecidos otros límites, con mayor o menor grado de intensidad en su exigencia, como INECO, que ha fijado mediante instrucciones internas un límite del 40% del importe total del encargo a ejecutar. Pero, incluso en estos casos, este Tribunal de Cuentas ha constatado que también se han superado con relativa frecuencia los límites expresamente señalados para estas concretas entidades

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En esta misma línea se ha pronunciado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa que, en su Informe no 13/12 de 27 de septiembre de 2012, afirma categóricamente que «no cabe encomienda ni encargo alguno, so pena de incurrir en fraude de ley, si la entidad medio propio o servicio técnico no es suficientemente apta para ejecutar la prestación».

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Ley 28/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifican la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, la Ley 20/1991, de 7 de junio, de modificación de los aspectos fiscales del Régimen Económico Fiscal de Canarias, la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, y la Ley 16/2013, de 29 de octubre, por la que se establecen determinadas medidas en materia de fiscalidad medioambiental y se adoptan otras medidas tributarias y financieras.

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