Resolución de 5 de diciembre de 2025, de la Subsecretaría, por la que se publica el Convenio con la Confederación Plena Inclusión España, para desarrollar un proyecto piloto de inclusión laboral, del personal laboral del grupo profesional E0, especialidad tareas complementarias de apoyo, en la Administración General del Estado

Primera Objeto del convenio

Constituye el objeto del presente convenio establecer las bases para llevar a cabo un proyecto piloto de colaboración y promoción de actividades conjuntas entre Plena Inclusión y el Ministerio que favorezca y contribuya a la incorporación y plena inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual que se incorporen a este Ministerio, y de aquellas que ya prestan servicio en el mismo, y cuyos puestos de trabajo estén adscritos territorialmente en la Comunidad de Madrid.

Segunda Actuaciones a llevar a cabo por las partes

Las actuaciones que se pretenden desarrollar conjuntamente entre la Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad del Ministerio, adscrita a la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a través del Gabinete Técnico, y la organización Plena Inclusión y que son objeto de este convenio son:

• – Acciones relacionadas con la formación y orientación sociolaboral de las personas que se incorporen a diferentes puestos de trabajo en el Ministerio, adscritos territorialmente en la Comunidad de Madrid, en virtud de la convocatoria efectuada por la Resolución de 23 de julio de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se convoca proceso selectivo para ingreso, como personal laboral fijo en el grupo profesional E0, especialidad Tareas Complementarias de Apoyo, sujeto al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, en plazas reservadas para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual.
• – Acciones relacionadas con la formación y orientación sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual del grupo profesional E0 que ya están incorporadas en diferentes puestos de trabajo del Ministerio, adscritos territorialmente en la Comunidad de Madrid.
• – Asesoramiento y sensibilización de las personas que forman parte de los equipos de trabajo que reciban o trabajen con las personas con discapacidad intelectual.
• – Acciones de apoyo al desarrollo profesional en los contextos de trabajo, para personas con discapacidad intelectual, durante su carrera profesional.
• – Acciones relacionadas con la escalabilidad y transferencia del conocimiento adquirido a través de la experiencia piloto (elaboración de informes y otros materiales).
• – En su caso, acciones de difusión de la colaboración.

  Para la consecución del objeto del convenio las partes firmantes se comprometen a realizar las siguientes actuaciones concretas:

  Por un lado, Plena Inclusión se compromete a:

• – Elaborar el análisis de los puestos de trabajo y de contextos laborales.
• – Adaptar materiales de acogida y formación a lectura fácil.
• – Asesorar al Ministerio para promover la inclusión laboral de las personas con discapacidad intelectual que forman parte de su plantilla.
• – Colaborar con el Ministerio para que las personas con discapacidad intelectual reciban acompañamiento en su proceso de incorporación, descubrimiento del talento y mantenimiento del puesto de trabajo en sus distintos centros.
• – Impartir talleres de formación y realizar actividades de asesoramiento a los y las profesionales del Ministerio, con la finalidad de lograr una óptima inserción laboral de las personas con discapacidad.
• – Poner a disposición del Ministerio preparadores/as laborales profesionales, para asesorar y orientar al personal del Ministerio y llevar a cabo el proceso de incorporación y adaptación de los puestos de trabajo de las quince personas con discapacidad intelectual que se incorporarán en los puestos de trabajo ubicados territorialmente en la Comunidad de Madrid, así como analizar los puestos de trabajo de las once personas con discapacidad intelectual que ya prestan servicios en el Ministerio en el mismo ámbito territorial, y contribuir a llevar a cabo las adaptaciones de puesto necesarias para su desempeño.
• – Elaborar, en el plazo de tres meses desde la terminación de las actividades de inserción y adaptación efectiva al puesto de trabajo de la personas con discapacidad, de forma conjunta con el Ministerio, un informe de evaluación del proyecto, que incluya datos del proceso, resultados de los indicadores marcados y conclusiones y aprendizajes sobre los procesos de incorporación al puesto de trabajo de las personas con discapacidad intelectual, que permita la gestión del conocimiento y la difusión de las experiencias de éxito.

Para el desarrollo de estas actividades, Plena Inclusión, teniendo en cuenta el perfil y las características personales de las personas con discapacidad sobre las que se lleve a cabo la intervención, designará la entidad o entidades integradas en la confederación Plena Inclusión que llevarán a cabo los servicios, previa comunicación y aceptación por parte del Ministerio, en el seno de la Comisión de Seguimiento regulada en la cláusula cuarta.

Por otro lado, el Ministerio se compromete a:

• – Colaborar con Plena Inclusión en el proceso de análisis de los puestos y los contextos de trabajo ofertados, aportando la información necesaria para su descripción y definición.
• – Identificar figuras de referencia, tutoras o mentoras en el Ministerio para las personas con discapacidad intelectual, que colaboren en el proceso de acogida con Plena Inclusión.
• – Colaborar con Plena Inclusión en la adaptación de textos en lectura fácil.
• – Poner a disposición de Plena Inclusión los espacios y los medios audiovisuales necesarios para poder llevar a cabo los talleres de formación de las personas que forman parte de los equipos de trabajo.
• – Impulsar reuniones de seguimiento para llevar a cabo la evaluación del proceso y de su grado de satisfacción, tanto por parte de la persona con discapacidad intelectual como por el propio Ministerio. En esas reuniones se facilitará la participación de todas las personas que intervengan en este proyecto (equipos de trabajo, preparadores/as laborales, personal con discapacidad), realizando propuestas o sugerencias.

Las actuaciones que serán desarrolladas por las partes en virtud del presente convenio se encuentran detalladas en el anexo I que lo acompaña.

Tercera Compromisos económicos de las partes

Para la consecución del objeto del convenio, las partes firmantes contribuirán con una aportación económica y material total valorada en un máximo de ciento cuatro mil trescientos sesenta y cinco euros (104.365,00 €), desglosada de la siguiente forma:

• – La aportación de Plena Inclusión irá dirigida a cubrir los gastos de ejecución que sean necesarios para el cumplimiento de los fines del convenio detallados en el anexo I, que incluye los costes necesarios para contar con los preparadores y preparadoras laborales profesionales que intervengan en los procesos de incorporación. El valor de dicha aportación asciende, con carácter estimativo, a un máximo de 66.500,00 euros conforme al desglose previsto en el anexo II.
• – Por su parte, la aportación del Ministerio irá destinada a cubrir los gastos que sean necesarios para realizar las siguientes tareas:
  • • Coordinación y elaboración de informes.
  • • Análisis de los puestos y los contextos de trabajo, conforme se detalla en el anexo I.
  • • Diseño, adaptación y validación a lectura fácil de los documentos de funciones del puesto de trabajo, manual de acogida y formación continua de las personas incorporadas.
  • • Impartición de tres talleres prácticos de intercambio de conocimiento y buenas prácticas, a las personas referentes y compañeras de trabajo de las personas trabajadoras con discapacidad intelectual, que vayan a desempeñar la función de apoyo natural en el puesto de trabajo.
  • • Apoyo en el proceso de inserción y adaptación efectiva al puesto de trabajo, en el caso de las personas que no cuenten con la colaboración de entidades de Plena Inclusión, o de entidades que no cuentan con otras financiaciones públicas o privadas (estimación de seis personas).

La cantidad que corresponde aportar al Ministerio será imputada a la aplicación presupuestaria 29.01.239N.226.10 «Actividades realizadas mediante Convenio» de su presupuesto de gastos, y alcanzará un máximo de treinta y siete mil ochocientos sesenta y cinco euros (37.865,00 €), conforme al desglose previsto en el anexo II del presente convenio.

La aportación del Ministerio se materializará de la siguiente forma:

• – Un primer pago del 10 % de la aportación total del Ministerio, que se realizará a partir de la entrada en vigor del convenio, con la finalidad de posibilitar que puedan realizarse las actividades necesarias para la ejecución del mismo. Este pago se realizará de acuerdo con lo previsto en el artículo 21.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria y deberá justificarse documentalmente acreditando las actividades ya realizadas en ejecución de este convenio, previo informe favorable de la Comisión de Seguimiento, regulada en la cláusula cuarta.
• – Un segundo pago del 90 % restante, que se realizará una vez finalizadas las actividades objeto del convenio y previa justificación de los gastos realizados.

  Únicamente podrán imputarse los gastos realizados desde la fecha en que deviene eficaz este convenio.

  Durante la ejecución del convenio, Plena Inclusión adelantará, según sea necesario para la correcta ejecución del convenio, las cuantías económicas necesarias correspondientes al segundo pago del Ministerio.

A los efectos de justificar la realización de las actividades objeto del convenio cuyo coste sea asumido por el Ministerio y cuya ejecución haya realizado Plena Inclusión en el marco del presente convenio, la entidad deberá poner a disposición del Ministerio la siguiente documentación:

• a) Una memoria justificativa de las actividades realizadas.
• b) Una relación clasificada de los gastos asociados, con identificación de los acreedores, del documento que atestigüe el gasto, su importe, fecha de emisión y de pago.

La documentación referida en los incisos a) y b) anteriores deberá ponerse a disposición del Ministerio en el plazo de un mes desde la finalización de las actuaciones. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio podrá requerir la aportación de documentos que acrediten la efectividad de los gastos justificados.

El pago de las actividades se efectuará contra certificación de la persona titular de la Subdirección General, u órgano superior jerárquico, en el caso de que el puesto no dependa de una Subdirección General, en la que preste servicio la persona con discapacidad, en la que se acredite la realización de las actividades y la recepción de conformidad de la justificación documental correspondiente. Esta certificación será visada de conformidad por la Comisión mixta de Seguimiento, que se recoge en la cláusula siguiente.

En el caso del compromiso de presentar un informe de evaluación del proyecto y el resto de las actuaciones generales de formación realizadas por Plena Inclusión, la certificación de conformidad será realizada por la persona titular del Gabinete Técnico de la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, al que se adscribe la Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad.

Cuarta Comisión mixta de Seguimiento

En el plazo de treinta días desde que el convenio sea eficaz, se constituirá una Comisión mixta de Seguimiento, con el fin de asegurar su cumplimiento y evaluar las acciones derivadas del mismo. Estará compuesta por dos personas en representación de cada una de las partes.

Por parte de Plena Inclusión, formarán parte de esta comisión la persona que desempeñe la dirección de la Confederación Plena Inclusión España y la persona de su equipo técnico que designe.

Por parte del Ministerio, formarán parte de la Comisión de Seguimiento dos personas que serán designadas por la persona titular de la jefatura del Gabinete Técnico de la Subsecretaría, de la que depende la Unidad de Inclusión del Personal con Discapacidad. Una de ellas asumirá la presidencia de dicha comisión.

Dicha comisión se reunirá en el plazo de tres meses desde su constitución para establecer sus normas de funcionamiento. Igualmente, podrá reunirse, a petición de cualquiera de las partes, para resolver cuantas incidencias pudieren surgir en el devenir de la ejecución del convenio.

Esta comisión tendrá esencialmente un carácter técnico y en el supuesto de que se produzcan controversias insalvables, éstas serán elevadas a los órganos de dirección de las partes para su resolución.

La Comisión de Seguimiento llevará a cabo una evaluación final de los resultados obtenidos, que servirá de base para la elaboración del informe final de resultados, conforme al plan de trabajo que se acuerde de forma conjunta en el seno de dicha comisión.

Quinta Modificación del convenio

Cualquier modificación de los términos del presente convenio que sea acordada por las partes deberá ser reflejada por escrito, firmada por ambas y se incorporará expresamente al convenio, mediante adenda que formará parte integrante e inseparable del mismo, conforme a lo previsto en el apartado g) del artículo 49 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta Eficacia y vigencia del convenio

El presente convenio se perfeccionará por la prestación del consentimiento de las partes, que se materializará a través de la firma, siendo eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal. Asimismo, será publicado, en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado».

El plazo de vigencia del convenio será de dieciocho meses desde que éste devenga eficaz mediante su inscripción en el registro correspondiente. Se priorizará la ejecución de las actividades de acompañamiento a las personas con discapacidad y la elaboración de la documentación necesaria en los primeros doce meses. En los últimos seis meses se llevarán a cabo las tareas de comprobación, certificación y elaboración de los documentos y materiales transversales necesarios para la gestión del conocimiento que se haya generado gracias a la ejecución de este convenio.

No obstante, en el caso de las empleadas y empleados públicos de nuevo acceso, si debido al proceso de adjudicación de plazas, no se hubiera podido garantizar su acompañamiento durante doce meses, las partes podrán acordar por escrito una prórroga del convenio por un plazo no superior a nueve meses, mediante la firma de la correspondiente adenda.

Séptima Extinción y causas de resolución

El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en alguna de las causas de resolución que se contienen en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Octava Ausencia de relación laboral

La relación del personal que ejerza labores de preparador/a laboral en el Ministerio no supondrá más compromiso que el estipulado en el presente convenio, por lo que del mismo no se deriva obligación alguna propia de un contrato laboral ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

Cada una de las partes se responsabilizará del personal que aporte en la ejecución del convenio, adoptando las medidas correspondientes y con adecuación a la normativa vigente en materia de contratación, seguridad y salud en el trabajo y prevención de riesgos laborales.

Novena Tratamiento de datos personales

El régimen de protección de datos de carácter personal derivado de este convenio y de la actuación conjunta de las partes será el previsto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD).

La Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 tendrá la condición de «Responsable del tratamiento» y la Confederación Plena Inclusión España la condición de «Encargado del tratamiento». Por tanto, sobre la Subsecretaría de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 recaen las responsabilidades del Responsable del Tratamiento y sobre la Confederación Plena Inclusión España las de Encargado de Tratamiento.

Si el Encargado destinase los datos a otra finalidad, los comunicara o los utilizara incumpliendo las estipulaciones del convenio y/o la normativa vigente, será considerado también como Responsable del tratamiento, respondiendo de las infracciones en que hubiera incurrido personalmente.

Las obligaciones del responsable del tratamiento y del encargado del mismo serán especificadas en el anexo III de protección de datos.

Décima Publicidad

Plena Inclusión y el Ministerio podrán dar publicidad al presente convenio en el marco de la difusión de sus proyectos conjuntos. En todo el material impreso, así como en la difusión que se haga de las actividades derivadas de este convenio, deberá constar el nombre y los logos de las entidades firmantes de este convenio y la colaboración entre ambas.

Para el Ministerio se aplicará lo establecido en la disposición adicional segunda del Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado.

Para la difusión de las actividades de este convenio en soportes que no sean de uso web, se utilizará el logotipo del Ministerio según lo dispuesto en el Manual de imagen Institucional de la Administración General del Estado, aprobado por Orden de 27 de septiembre de 1999 en desarrollo del Real Decreto 1465/1999 y por la Resolución de 2 de abril de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se modifica el Manual de Imagen Institucional de la Administración General del Estado y la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública.

Para la reproducción de soportes de uso web, se utilizará la Guía para la edición y publicación de páginas web en la Administración General del Estado, aprobada por Resolución de 9 de marzo de 2005 de la Secretaría General para la Administración Pública. Se estará también a lo dispuesto en la Resolución de 21 de marzo de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se aprueba la Guía de Comunicación Digital para la Administración General del Estado.

Previa a la difusión de cualquier material que contenga el logotipo del Ministerio, se requerirá la autorización expresa.

Con la puesta en marcha del convenio se elaborará de manera compartida un plan de comunicación que incluirá las siguientes acciones:

• – Nota de prensa sobre la firma del convenio.
• – Reportaje sobre el proyecto para incluir, en su caso, en publicaciones o herramientas internas de las dos instituciones.

Undécima Régimen jurídico y cuestiones litigiosas

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, no contractual, y en lo no dispuesto en el mismo se estará a lo previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los tribunales competentes de la jurisdicción contencioso-administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.