Resolución de 16 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Sanidad, por la que se publica el Convenio entre la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la Comunidad Autónoma de Andalucía, en materia de drogodependencias y con cargo al fondo de bienes decomisados

Primero Objeto

Las Comunidades Autónomas son destinatarias de los recursos del Fondo de bienes decomisados, para el desarrollo y ejecución de los planes y programas de drogas. La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas asume la financiación de los referidos programas y la Comunidad Autónoma de Andalucía asume el compromiso material de su ejecución, siendo éste el objeto del presente Convenio.

Segundo Obligaciones de las partes

Que la actuación de la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en el año 2021 se concretará en el desarrollo de los siguientes programas a implementar por dicha Comunidad Autónoma en el marco y de conformidad con los objetivos establecidos por la Estrategia Nacional sobre Adicciones 2017-2024 (aprobada en Consejo de Ministros con fecha 9 de febrero de 2018) y con las metas previstas en el Plan de Acción sobre Adicciones vigente actualmente:

• – Mantenimiento de centros de encuentro y acogida para consumidores activos en riesgo de exclusión en clave de género: 583.000,00 euros.
• – Servicio de Atención jurídica integral a personas en tratamiento de adicciones: 100.000,00 euros.
• – Reducción de riesgos y monitorización de drogas: 58.000,00 euros.
• – Programa de prevención comunitaria «Ciudades ante las Drogas»: 847.000,00 euros.

Que el Ministerio de Sanidad (Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas) financiará la realización de estos programas, según lo acordado por la Mesa de Coordinación de Adjudicaciones, con un total de 1.588.000,00 euros con cargo al concepto 26.18.231A.458, que a tal fin ha sido dotado con créditos provenientes del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados, en aplicación del artículo 3.1.b) de la Ley 17/2003, de 29 de mayo, reguladora de este Fondo. El abono de esta cantidad se realizará a partir de que el convenio surta efectos, es decir, desde la inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal, de conformidad con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Que durante el primer trimestre del próximo ejercicio, y, en relación a los fondos procedentes del Fondo de bienes decomisados, la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía remitirá a la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas un informe final y de evaluación del desarrollo de los programas y una certificación detallada y pormenorizada del gasto efectuado en la ejecución de los mismos.

Tercero Vigencia y efectos

La vigencia del presente Convenio se establece desde su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del Sector Público Estatal. Asimismo, será publicado en el plazo de diez días desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado» con una duración hasta el 31 de diciembre de 2021, surtiendo los efectos en los términos previstos en el apartado 8 del artículo 48 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

No obstante, los programas citados en el Acuerdo segundo, se desarrollarán por la Consejería de Salud y Familias de la Comunidad Autónoma de Andalucía durante el ejercicio 2021.

Cuarto Extinción del Convenio

El presente Convenio se extinguirá por cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución de las previstas en el artículo 51.2 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Quinto Comisión de Seguimiento

Para el seguimiento de lo previsto en el presente Convenio se constituye una Comisión de Seguimiento integrada por dos miembros designados por cada una de las partes firmantes, que será presidida por un representante de una de las partes, actuando el otro representante como secretario, y que tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

• – Realizar, el seguimiento y la evaluación de las actividades realizadas al amparo del presente Convenio, así como los acuerdos de desarrollo necesarios para ello.
• – Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento respecto del Convenio.

La Comisión establecerá sus normas internas de funcionamiento dentro del marco dispuesto en el artículo 15 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

La Comisión se considerará el mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio a los efectos de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexto Resolución de controversias

Ambas partes se comprometen a solventar las controversias que pudieran suscitarse en la interpretación o ejecución del presente Convenio a través de la Comisión de Seguimiento. En su defecto las mismas serán de la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa.

Séptimo Incumplimiento de obligaciones y compromisos

Tal y como establece el artículo 49.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes tendrá como consecuencia la extinción del Convenio.

Octavo Modificación del Convenio

El presente Convenio podrá modificarse por mutuo acuerdo de las partes, siempre que la modificación no suponga una alteración de las obligaciones económicas recogidas en el Convenio.

Ésta se hará durante la vigencia del Convenio, y mediante la correspondiente Adenda de modificación.

Noveno Régimen jurídico

El contenido del presente Convenio queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.