Resolución de 30 de enero de 2026, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para la atención educativa a personas internas en centros penitenciarios

Primera Objeto del convenio

1. El presente convenio tiene por objeto establecer mecanismos de coordinación y seguimiento de la educación en los centros penitenciarios con el fin de prestar el servicio educativo en las condiciones adecuadas, de acuerdo con lo establecido por el artículo 11.1 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio.

2. Las líneas de colaboración se desarrollarán a través de la oferta de la oferta de formación formal y no formal que la Consejería de Educación y Formación Profesional recoge en la normativa de organización de las enseñanzas de Educación de Personas Adultas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, con el objeto de facilitar la rehabilitación social de las personas internas respondiendo a las necesidades detectadas entre la población reclusa, en relación con la mejora de su formación de partida o de su cualificación profesional que les facilite su reinserción sociolaboral, pudiendo ofertarse las modalidades de enseñanzas más adecuadas a dichas necesidades.

3. La atención educativa se realizará con personal docente perteneciente a los cuerpos establecidos en la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Segunda Compromisos que asume la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, a través de los establecimientos penitenciarios implicados en este convenio, se compromete a:

• 1. Facilitar los cauces de relación y de información que se requieran para la realización de la actividad educativa en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma.
• 2. Facilitar la ejecución de las actividades comprendidas en el presente convenio.
• 3. Realizar la labor de coordinación que proceda.
• 4. De acuerdo con el artículo 11.2 del Real Decreto 1203/1999, de 9 de julio, constituir el órgano permanente de enlace con la unidad educativa para el seguimiento de las actividades desarrolladas.
• 5. Examinar las orientaciones generales que se aplican en la programación por ambas administraciones de las actividades que sean responsabilidad de cada una, favoreciendo el acceso de las personas internas a las modalidades de formación semipresencial y a distancia.
• 6. Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
• 7. Proponer líneas especiales de colaboración entre ambas administraciones en el campo de la formación integral de las personas internas.
• 8. Conceder las acreditaciones de las personas físicas que lleven a cabo su actividad dentro de los centros penitenciarios, que estarán a su vez obligadas a portarlas en lugar visible en todo momento.
• 9. Disponer los espacios donde se lleve a cabo la actividad educativa.
• 10. Proporcionar al alumnado los útiles y material escolar fungible para el adecuado seguimiento del proceso de enseñanza aprendizaje.

Tercera Compromisos que asume la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (en adelante la Consejería)

La Consejería se compromete a:

• 1. Prestar el servicio educativo en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma, garantizando una oferta formal y no formal adecuada a las necesidades existentes de la población interna, en el contexto de la planificación general de las enseñanzas de educación de personas adultas para el conjunto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
• 2. Proporcionar el profesorado necesario para impartir la oferta de formación formal y no formal, así como asumir la gestión académica y administrativa de las enseñanzas.
• 3. Otorgar a los Centros de Educación de Personas Adultas ubicados en las zonas de influencia de los centros penitenciarios de la comunidad autónoma la misma consideración que al resto de los existentes en la red de centros públicos de educación de personas adultas de la comunidad autónoma, sin perjuicio de las adecuaciones que correspondan en función de las especificidades del medio penitenciario y de las necesidades de las personas internas, en su caso.
• 4. Facilitar los cauces de relación y de información que se requieran para la realización de la actividad educativa en los centros penitenciarios de la comunidad autónoma.
• 5. Realizar la labor de coordinación que proceda.
• 6. Examinar las orientaciones generales que se aplican en la programación por ambas administraciones de las actividades que sean responsabilidad de cada una.
• 7. Conocer y resolver cuantas disfunciones se deriven de este sistema de colaboración.
• 8. Proponer líneas especiales de colaboración entre ambas administraciones en el campo de la formación integral de las personas internas.
• 9. Asumir la cobertura de riesgos de las personas físicas que lleven a cabo su actividad en los centros penitenciarios, del mismo modo que en el resto de los centros públicos de educación de la comunidad autónoma. el citado compromiso no comporta ningún gasto al realizarse con los medios que tiene a la Consejería de Educación y Formación Profesional.
• 10. Facilitar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 7, 8 y 9 del Real Decreto 1203/1999, 9 julio, en los aspectos relativos a normas de control y seguridad, horarios y suministro de datos.
• 11. Proporcionar el equipamiento, medios informáticos, recursos didácticos necesarios para el desarrollo de la actividad docente. El citado compromiso no comporta ningún gasto al realizarse con los medios que tiene la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Cuarta Oferta educativa

La Consejería de Educación y Formación Profesional podrá ofertar enseñanzas formales y no formales de entre las recogidas en la normativa de organización de las enseñanzas de educación de personas adultas en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, en las modalidades de enseñanza más adecuadas, teniendo en cuenta las necesidades de la población penitenciaria.

Quinta Recursos humanos

El presente convenio no generará ningún tipo de vínculo contractual ni laboral entre las partes firmantes y las personas físicas que desempeñen las actividades propias del mismo, sin perjuicio de lo estipulado en el apartado 3 de la cláusula primera para la Consejería de Educación y Formación Profesional.

Sexta Confidencialidad

1. Las partes se comprometen a mantener en secreto todos los datos e informaciones facilitados por la otra parte y que sean concernientes a la ejecución del objeto del presente convenio. En particular, serán considerados como información confidencial todos los datos relativos a la persona reclusa, personal de Instituciones Penitenciarias, medios, sistema de seguridad, horarios y demás informaciones sobre cuestiones operativas sobre la ejecución del mismo, debiendo las partes mantener dicha información en reserva y secreto y no revelarla de ninguna forma, en todo o en parte, a ninguna persona física o jurídica que no sea parte del presente convenio.

2. Esta obligación de confidencialidad seguirá vigente incluso después de la extinción de este convenio, sea cual sea la causa de dicha extinción.

Todo ello sin perjuicio del debido cumplimiento, por ambas partes, en atención a su propia naturaleza, de las obligaciones de publicidad y transparencia derivadas de normativa aplicable, en especial de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Séptima Protección de datos

1. Las partes se obligan al cumplimiento de todo lo previsto en el Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (Reglamento General de Protección de Datos), en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, en lo que resulta aplicable la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, así como cualquier otra norma de desarrollo y/o modificación de las anteriores que sea de obligado cumplimiento.

2. Las finalidades del tratamiento, en función del responsable y de cada una de las actuaciones que se deriven del presente instrumento, serán las recogidas, en cada caso y según resulten aplicables, en los apartados a), b), e) y f) del artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos, el artículo 8 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, así como los artículos 11 y 13 de la Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, en relación con lo dispuesto en el artículo 67.6 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo y en el artículo 56 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre.

3. A estos efectos, las entidades firmantes del convenio tendrán la consideración de responsables de los tratamientos propios en los que se incorporen datos de carácter personal respectivamente recabados directa o indirectamente como consecuencia de este instrumento. El acceso a los datos por parte de una de las entidades al tratamiento de la otra parte se realizará única y exclusivamente con la finalidad derivada del objeto del convenio. Los datos de carácter personal no serán cedidos ni comunicados a terceros, salvo cuando se cedan a otros organismos o Administraciones públicas conforme a lo previsto legalmente.

En el caso de ser necesario llevar a cabo otra u otras operaciones de tratamiento de datos, por parte de un responsable perteneciente a las partes firmantes bajo la autoridad del responsable de la otra parte, esto se realizará con la condición de encargado de tratamiento, única y exclusivamente con la finalidad establecida en cada caso y conforme a la normativa aplicable. A tales efectos, se formalizará el correspondiente instrumento o acto jurídico oportuno que regule el acuerdo de encargo de tratamiento.

4. Los datos objeto de tratamiento tendrán por finalidad mejorar el desarrollo personal de la población interna, en particular a través de la formación de esta, y se clasificarán en las siguientes categorías de: datos identificativos.

5. Los responsables del tratamiento cumplirán con las obligaciones de información establecidas en los artículos 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos o, si corresponde, los artículos 20 a24 de Ley Orgánica 7/2021, de 26 de mayo, de protección de datos personales tratados para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de infracciones penales y de ejecución de sanciones penales, en relación con aquellos interesados de los que se obtengan datos personales.

6. Las partes firmantes están obligadas a implantar medidas técnicas y organizativas necesarias que garanticen la seguridad e integridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado.

7. Las partes firmantes del convenio quedan exoneradas de cualquier responsabilidad que se pudiera generar por incumplimiento de las obligaciones anteriores efectuada por cualquiera otra parte. En caso de quebrantamiento de las obligaciones asumidas, la entidad que los hubiera cometido responderá de las infracciones en que hubiera incurrido.

8. Asimismo, se comprometen a dar un uso debido a los datos que obtengan como consecuencia del desarrollo del presente convenio. Para ello, las partes conocen que los datos personales del presente convenio se incorporaran a ficheros de titularidad de cada una de ellas con finalidad de proceder a la gestión adecuada del mismo y, en el caso de los datos de contacto, función o puesto, en virtud del desarrollo de las misiones de carácter público o del interés legítimo si la parte no es una entidad pública.

Octava Financiación del convenio

El presente convenio no conlleva coste para ninguna de las partes que lo suscriben ni transferencia de recursos entre las mismas, dado que los compromisos asumidos se financian con las partidas ordinarias de las partes.

Novena Transparencia e imagen institucional

Este convenio se somete a lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno.

En los elementos o soportes de difusión de las actuaciones incluidas en este convenio y promovidas conjuntamente por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la comunidad autónoma aparecerá la imagen gráfica de las dos instituciones.

Décima Comisión de Seguimiento

1. Se establece una Comisión de Seguimiento del presente convenio, constituida por tres representantes de la Dirección General de Ejecución Penal y Reinserción Social de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por tres representantes de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que serán nombrados por la persona titular de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y por la persona titular de la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, respectivamente.

2. Los miembros de esta comisión podrán ser sustituidos por las personas que estos designen.

3. La presidencia de la Comisión de Seguimiento será rotativa cada dos años comenzando por la comunidad autónoma. la presidencia designará a la persona que actúe como secretaria de la comisión.

4. La Comisión de Seguimiento resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio. Asimismo, corresponden a la Comisión de Seguimiento las siguientes funciones:

• – Velar por el buen funcionamiento de lo contemplado en el presente convenio.
• – Coordinar las actuaciones que se deriven de la puesta en marcha del convenio.
• – Examinar las orientaciones generales a aplicar en la programación de las actividades que sean responsabilidad de cada parte.
• – Proponer líneas especiales de colaboración entre las partes en el campo de la formación integral de las personas internas, que pueden abarcar otros aspectos como, por ejemplo, los de formación para el ejercicio de una profesión, la cultura o el deporte.
• – Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades desarrolladas.

5. Los miembros de esta comisión arbitrarán de común acuerdo su mecánica operativa, reuniéndose un mínimo de una vez al año, al inicio y/o a la finalización del curso académico, y cuantas veces sea necesario a instancia de alguna de las partes. En lo no previsto en el presente convenio, el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento se adecuará en lo previsto, para los órganos colegiados, en los artículos 15 a22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Undécima Legislación aplicable

Este convenio queda sometido al régimen jurídico de los convenios, previsto en el capítulo VI del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, teniendo naturaleza administrativa.

Las dudas o controversias que surjan entre las partes sobre los efectos, interpretación, modificación o resolución del convenio que no puedan resolverse por conciliación en la Comisión de Seguimiento serán sometidas a los Tribunales competentes de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Duodécima Vigencia y eficacia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio resultará eficaz una vez sea inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de cooperación del sector público estatal. Asimismo, serán publicados en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el boletín oficial de la comunidad autónoma o de la provincia que corresponda a la otra administración firmante.

La vigencia de este convenio será de cuatro años. Antes de la finalización de la vigencia del convenio, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia podrán acordar, expresamente y por escrito, su prórroga por hasta otros cuatro años adicionales.

Decimotercera Régimen de modificación del convenio

El convenio podrá ser modificado por acuerdo unánime de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de acuerdo con los trámites previstos en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Decimocuarta Causas de extinción

Son causas de extinción del presente convenio las establecidas en el artículo 51 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Asimismo, el convenio podrá ser denunciado por cualquiera de las partes, denuncia que deberá expresarse y comunicarse por escrito con una antelación de dos meses a la fecha en que se hará efectiva la resolución del convenio.

El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos en el presente convenio no generará indemnización entre las partes, al tratarse de un acuerdo que no genera obligación económica alguna.

En el supuesto de extinción anticipada del convenio, la Comisión de Seguimiento resolverá acerca de la forma de finalización de las actuaciones en curso, en un plazo que no podrá ser superior a los dos meses de duración.

De conformidad con cuanto antecede, y en ejercicio de las atribuciones de que son titulares los firmantes, se firma electrónicamente el presente convenio.–El Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.–El Consejero de Educación y Formación Profesional, Víctor Javier Marín Navarro.