Real Decreto 724/2026, de 9 de septiembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones en materia de industria durante el ejercicio presupuestario 2026

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Sumario

I

El Ministerio de Industria y Turismo es el departamento encargado de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de industria y turismo que abarca, entre otros aspectos, el desarrollo industrial, del emprendimiento y de la pequeña y mediana empresa.

La Secretaría de Estado de Industria, a través de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, tiene atribuida la competencia sobre la elaboración, seguimiento y desarrollo de programas y actuaciones en materia de calidad y seguridad industrial y el desarrollo de infraestructuras técnicas asociadas a estas, así como la normalización, acreditación y certificación de empresas y productos industriales. Asimismo, tiene atribuida la competencia sobre la elaboración y seguimiento de disposiciones reglamentarias en el ámbito de la calidad y seguridad industrial sobre productos e instalaciones industriales y sobre homologación de vehículos, sistemas y componentes.

La Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, posibilita, al amparo de lo previsto en el artículo 22.2.c), la concesión de forma directa de subvenciones cuando se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública.

En virtud de las citadas competencias, se regulan mediante este real decreto tres subvenciones en las que se dan las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justifican que la opción más adecuada sea la concesión directa por su interés público, social y económico.

II

El título III de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, establece diversos objetivos para el fomento de la calidad y seguridad industrial en España, entre los que destaca el control administrativo del cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad industrial y el fortalecimiento y desarrollo de una infraestructura de calidad y seguridad industrial, con los requisitos establecidos en el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial, aprobado por Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre.

Por su parte, el Reglamento (UE) n.^o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, por el que se modifican las Directivas 89/686/CEE y 93/15/CEE del Consejo y las Directivas 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE y 2009/105/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se deroga la Decisión 87/95/CEE del Consejo y la Decisión n.^o 1673/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, establece un sistema europeo de normalización en apoyo del desarrollo legislativo en materia de seguridad de productos, que descansa en los organismos nacionales de normalización de los Estados miembros, confiriéndoles numerosas obligaciones en relación con el procedimiento de elaboración y utilización de las normas.

Además, el Reglamento (CE) n.^o 765/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008, por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) n.^o 339/93, obliga a los Estados miembros, por una parte, a designar a un organismo de acreditación, que proporcione una declaración oficial de la competencia de un organismo para ejercer actividades de evaluación de la conformidad, y, por otra, a contar con una organización que garantice la vigilancia del mercado en relación con los productos sometidos a legislación armonizada en materia de seguridad industrial.

En relación con esto último, el artículo 14 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, atribuye al Ministerio de Industria y Turismo la capacidad de organizar planes nacionales de vigilancia de los productos industriales en el mercado, en colaboración con los órganos competentes de las comunidades autónomas, para la comprobación de los requisitos de seguridad, dando cumplimiento a las obligaciones derivadas del Reglamento (CE) n.^o 765/2008, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de julio de 2008.

En ejecución de estas competencias, la Secretaría de Estado de Industria, a través de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, es el órgano gestor de los programas de «Calidad y Seguridad Industrial», mediante los cuales se desarrollan actividades de investigación y análisis de los requisitos técnicos aplicables a los productos industriales, y se favorece el desarrollo de una adecuada infraestructura de calidad y seguridad industrial. Todo ello con el objetivo último de impulsar la competencia leal, facilitar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios a través de una información técnica eficaz, reducir los riesgos asociados a la presencia de productos no conformes en el mercado y fomentar la innovación y calidad del sector industrial.

III

La normalización y la acreditación forman parte de un sistema global para asegurar la calidad y seguridad de los productos en el mercado, mejorar la información que se ofrece a consumidores y usuarios en relación con los productos y servicios y asegurar un sistema de evaluación de la conformidad transparente y competente. Mediante este sistema se proporciona confianza al mercado interior y se posibilita el acceso a nuevos mercados.

La normalización constituye un pilar fundamental de la reglamentación en materia de seguridad industrial, así como en el ámbito voluntario de la calidad. Las normas tienen notables efectos económicos positivos, por ejemplo, garantizando el acceso al mercado interior de la UE y promoviendo el desarrollo de mercados o productos nuevos y mejorados, así como la mejora de las condiciones de suministro. Con frecuencia, las normas aumentan la competencia y reducen los costes de producción y de venta, lo que beneficia a la economía en su conjunto y a los consumidores en particular. Las normas pueden mantener y aumentar la calidad, proporcionar información y garantizar la interoperabilidad y compatibilidad, lo que incrementa la seguridad y el valor para los consumidores.

Por ello, la actividad de normalización constituye un instrumento vital para el sector industrial, que es necesario potenciar para reforzar la competitividad global de la industria en su conjunto, y ofrecer a las empresas, especialmente a las PYME, un mecanismo para participar en la elaboración de normas a escala internacional y aprovechar las ventajas que ofrece esta actividad.

En cuanto a la actividad de acreditación, supone el reconocimiento oficial de la competencia técnica de las entidades u organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, certificación, inspección, verificación, ensayo y calibración y de otras que puedan serle confiadas, lo que le confiere por tanto un papel clave en el sistema de calidad y seguridad industrial.

En el campo reglamentario, la acreditación constituye una pieza central para garantizar una supervisión eficaz de los organismos encargados de evaluar el cumplimiento de requisitos establecidos en regulaciones europeas y nacionales en la práctica totalidad de sectores económicos.

La Asociación Española de Normalización es una asociación sin ánimo de lucro para el desarrollo de las funciones de normalización definidas en el artículo 8.5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, expresamente reconocida como tal por la disposición adicional primera del Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre. La citada asociación está notificada como organismo nacional de normalización a la Comisión Europea y se integra en el sistema europeo de normalización previsto en el Reglamento (UE) n.^o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, sobre la normalización europea, a través de su integración en los organismos internacionales de normalización.

La Entidad Nacional de Acreditación es la entidad designada por el Real Decreto 1715/2010, de 17 de diciembre, por el que se designa a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) como organismo nacional de acreditación, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.^o 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008.

Sus actividades son fundamentales no solamente para el cumplimiento de sus funciones de acreditar la competencia técnica de las entidades u organismos que realizan actividades de evaluación de la conformidad, certificación, inspección, verificación, ensayo y calibración y de otras que puedan serle confiadas, sino también para contribuir a la adopción en España, por parte del tejido productivo, de normas internacionales que aumenten la confianza del mercado sobre la calidad y seguridad de productos y servicios y para la coordinación y representación de España en los organismos internacionales y de terceros países competentes en materia de acreditación, que garantice el reconocimiento de los certificados emitidos por ENAC.

Ambas entidades constituyen la infraestructura común para la calidad y seguridad industrial, según el capítulo II del Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y la Seguridad Industrial.

Con base en lo anterior, dado que mediante la actividad de normalización se contribuye a reforzar la competitividad de la industria, y en especial de las PYME, se impulsa la competencia y por tanto se logran beneficios claros para los consumidores y la economía en general y mediante la actividad de acreditación se elevan el nivel tecnológico de los evaluadores españoles y se refuerza la confianza en el mercado sobre la calidad y seguridad de los productos y servicios, queda justificada la concurrencia de razones de interés público, social y económico para conceder a la Asociación Española de Normalización y a la Entidad Nacional de Acreditación subvenciones por el procedimiento de concesión directa con el objetivo de garantizar la continuidad de las actividades desempeñadas por estas entidades durante 2026.

Adicionalmente, queda igualmente justificada la dificultad de su convocatoria pública dado que se tratan de las únicas entidades designadas para realizar sus funciones, como se ha indicado anteriormente. La Asociación Española de Normalización está notificada como organismo nacional de normalización a la Comisión Europea y ENAC es el único organismo nacional de acreditación de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) n.^o 765/2008 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 9 de julio de 2008.

IV

La Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial (FFII) es una fundación privada, inscrita en el Registro de fundaciones de competencia estatal previsto en la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones, que tiene entre sus fines fundacionales la investigación que potencie el desarrollo de las tecnologías que incidan en el bienestar social de la comunidad y, sobre todo, en los aspectos que se refieran al mejoramiento y verificación de la calidad y seguridad de los productos industriales, por lo que son actividades propias de la FFII la investigación, inspección y ensayo en el ámbito de la verificación de la calidad y seguridad de los productos industriales.

Se trata, por tanto, de una entidad constituida sin ánimo de lucro que tiene afectado de modo duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general.

La Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa debe llevar a cabo los planes y programas para la mejora de diversos aspectos asociados a la seguridad industrial. La vigilancia del mercado y de investigación y análisis en materia de seguridad industrial constituyen un elemento fundamental del sistema de control de la seguridad industrial y están dirigidas a fomentar la competencia leal entre los productores, facilitar el cumplimiento de los requisitos reglamentarios a través de una información técnica eficaz y reducir los riesgos asociados a la presencia en el mercado de productos no conformes, fomentando la innovación y la calidad en el sector industrial.

En este sentido el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativo a la vigilancia del mercado y la conformidad de los productos y por el que se modifican la Directiva 2004/42/CE y los Reglamentos (CE) n.^o 765/2008 y (UE) n.^o 305/2011, establece para las autoridades de los Estados miembros que lleven a cabo la vigilancia de los productos, tantos los vendidos en línea como los que no lo son, así como que realicen verificaciones documentales, físicas y de laboratorio adecuadas de los productos, teniendo en cuenta los posibles peligros, con objeto de evitar que productos inseguros se introduzcan en el mercado.

Si bien las autoridades de vigilancia del mercado en el ámbito industrial en España son las comunidades autónomas, la Ley 21/1992, de 16 de julio, establece en su artículo 14.2 que, sin perjuicio de las actuaciones de inspección y control que las comunidades autónomas lleven a cabo, el Ministerio de Industria y Turismo podrá promover planes y campañas, de carácter nacional, de comprobación, mediante muestreo, de las condiciones de seguridad de los productos industriales. En este sentido, el Real Decreto 409/2024, de 23 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Industria y Turismo, establece en su artículo 3.1.l) que el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa elaborará, seguirá y desarrollará programas y actuaciones en materia de calidad y seguridad industrial.

Estas actividades de prospección de mercado son especialmente complejas a nivel técnico, y refieren a aspectos de seguridad industrial de productos en diferentes reglamentos de gran disparidad y complejidad técnica. La citada Fundación, con capacidad para llevar a cabo las tareas de identificación de los diferentes productos no conformes a mercado, cualquiera que sea su ámbito, viene colaborando con la Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa en la ejecución de planes y programas para la mejora de diversos aspectos asociados a la seguridad industrial desde el año 1994, impulsando las actividades para la instrumentación de planes de vigilancia del mercado y de investigación y análisis en materia de seguridad industrial, y para prestar asesoramiento técnico especializado al Ministerio de Industria y Turismo y a los agentes económicos. Estas actividades constituyen un elemento fundamental del sistema de control de la seguridad industrial, mediante las mismas se reducen los riesgos asociados a la presencia en el mercado de productos no conformes, se fomenta la competencia leal entre los agentes del mercado y permiten disponer de una valoración del grado de cumplimiento de la legislación de los productos comercializados en el mercado en el sector industrial.

Con base en lo anterior, y ante la necesidad de garantizar la continuidad de los planes de comprobación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de los productos y las actividades dirigidas a facilitar a los agentes económicos el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad aplicables a los productos industriales durante 2026, se considera que concurren razones de interés público, social y económico que justifican conceder, con carácter excepcional, a la mencionada FFII, una subvención por el procedimiento de concesión directa, por cuanto mediante la misma se desarrollarán actuaciones que fomentan la competencia leal en el mercado, generan beneficios para los consumidores, al reducir los riesgos de la introducción de productos inseguros o no fiables en el mercado, y se potencia la innovación y la calidad en nuestro sector industrial.

Adicionalmente, se justifica la dificultad de su convocatoria pública dado que la FFII es la única entidad sin ánimo de lucro que tiene entre sus fines la investigación específica en los aspectos de mejoramiento y verificación de la calidad y seguridad industrial de los productos industriales en sentido amplio, disponiendo de las capacidades tecnológicas adecuadas, contrastadas por su trayectoria de más de treinta años, tanto en lo relativo a seguridad de productos industriales como a seguridad activa, pasiva y protección medioambiental de vehículos.

Así, en el artículo 6 de sus Estatutos, relativo a sus fines y actividades, se señala expresamente que la Fundación perseguirá el desarrollo de fines de investigación que potencien el desarrollo e investigación de las tecnologías que incidan en el bienestar social de la comunidad y, sobre todo, en cuantos aspectos se refieran al mejoramiento y verificación de la calidad y seguridad de los productos industriales, especialmente de aquellas características que afectan más directamente a la calidad de vida y seguridad de los usuarios.

Por todo lo anterior, en las tres subvenciones objeto de este real decreto se dan las circunstancias previstas en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que justifican su concesión directa y se ajusta a lo establecido en el artículo 28.2 de la citada ley, que prevé que «El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley».

En este momento, la necesidad de garantizar la continuidad de los planes de comprobación del cumplimiento de las condiciones de seguridad de los productos y las actividades dirigidas a facilitar a los agentes económicos el cumplimiento de las disposiciones en materia de seguridad, justifica la excepcionalidad de la concesión de estas subvenciones de forma directa. El carácter específico y singular de los destinatarios y la dificultad de garantizar una concurrencia efectiva, además de la necesidad y las razones de interés público, social y económico que tienen las actuaciones que se pretenden subvencionar y que en párrafos anteriores se justifican adecuadamente, no posibilitan la tramitación en régimen de concurrencia competitiva mediante convocatoria pública por el procedimiento ordinario.

V

En base a lo anterior, estas ayudas están previstas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Industria y Turismo 2025 – 2027 y no tienen carácter de ayuda de Estado a los efectos de la aplicación de los artículos 107 a109 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, teniendo en cuenta el tipo y características de las entidades beneficiarias y el objeto de las subvenciones.

Este real decreto se ha elaborado conforme a los principios de buena regulación que establece el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Cumple con los principios de necesidad y eficacia, en tanto está justificado por una razón de interés general, con una identificación clara de los fines perseguidos y es el instrumento más adecuado para garantizar la consecución de estos objetivos. En particular, en lo que se refiere al principio de necesidad, el impulso de la competitividad de la industria (especialmente las PYME), el impulso de la competencia y la mejora de la calidad y seguridad de los productos en el mercado, con los beneficios que ello supone para los consumidores, constituyen razones de interés público, económico y social, como se ha expuesto con detalle previamente y que justifican la financiación pública de las actividades subvencionadas.

Es conforme con el principio de proporcionalidad, dado que no contiene restricciones de derechos ni impone nuevas obligaciones relevantes a sus destinatarios, salvo las derivadas de la concesión de la subvención previstas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir y se adecúa, igualmente, al principio de seguridad jurídica en la medida en que, la iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas y empresas.

La norma cumple asimismo con el principio de transparencia, pues se posibilita el acceso sencillo, universal y actualizado a la normativa en vigor y los documentos propios de su proceso de elaboración, en los términos establecidos en el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno; definiendo claramente los objetivos de la iniciativa normativa.

Se ha sustanciado el trámite de consulta pública previa, prevista en el artículo 26.2 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, así como el trámite de información pública y audiencia a los ciudadanos, prevista en el artículo 26.6 de la citada Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

De acuerdo con el principio de eficiencia, la iniciativa normativa no supone la implantación de nuevas cargas administrativas o estas son de escasa relevancia y derivadas de la regulación de la concesión de subvenciones. Asimismo, este real decreto contribuye a la racionalización en la gestión de los recursos públicos, en línea con el artículo 129.6 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, en la medida en que la concesión directa de las subvenciones a la Entidad Nacional de Acreditación, la Asociación Española de Normalización y a la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial permite canalizar el gasto público hacia las entidades que, de forma consolidada, prestan los servicios de acreditación, normalización y vigilancia del mercado, evitando los costes de gestión de otros procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para la concesión de subvenciones.

En la tramitación de este real decreto se ha recabado informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio de Industria y Turismo, así como del Ministerio de Hacienda, este último de conformidad con el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Este real decreto se dicta al amparo de lo establecido en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Industria y Turismo, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 8 de septiembre de 2026,

DISPONGO:

Disposiciones Finales

Disposición final tercera Modificación del Real Decreto 609/2026, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados (Programa Auto+)

El apartado 2 del artículo 4 del Real Decreto 609/2026, de 22 de julio, por el que se regula la concesión directa de ayudas a la compra de vehículos eléctricos y electrificados (Programa Auto+) pasa a tener la siguiente redacción:

«2. El beneficiario deberá encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social en el momento de la concesión de la subvención. Asimismo, no deberá tener pendiente obligación alguna de reintegro de ayudas a la Administración General del Estado y sus organismos y entidades vinculados o dependientes. Igualmente, el beneficiario no deberá estar sujeto a una orden de recuperación pendiente tras una Decisión previa de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior. Además, el beneficiario deberá cumplir con el resto de los requisitos establecidos en el artículo 13.2 y 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.»

LE0001007839_20260911