Generalidades

A propósito de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2020

La elaboración de un programa conjunto de medios y actuaciones que evite el temible —y muy posible— colapso judicial es imprescindible y urgente; no obstante, quizá sea este el momento de que la organización judicialtenga en cuenta, como no se ha hecho nunca antes, todas las opiniones y necesidades que la comunidad jurídico-económica en su conjunto —abogados, procuradores, autoridades, patronales…—.

El autor reflexiona acerca del desinterés que provocan actualmente los Congresos y Conferencias en el ámbito doctrinal. Este artículo de opinión dá pistas sobre cómo hacer que estos eventos sean más atractivos e interesentes. El formato, la participación, la extensión, un moderador que introduzca preguntas a debatir, son algunas de las cuestiones que se deben tener muy en cuenta.

Cualquier ciencia que respete el método científico –y todas deben hacerlo- no puede dejar de comprobar empíricamente los resultados de las prognosis que hacemos los profesores. La confirmación y la refutación son esenciales en la ciencia, también en el Derecho.

El derecho al voto es una de las más significativas muestras de la democracia de un sistema político. No obstante, para los españoles que se encuentran residiendo en el exterior, se complica este derecho/obligación. Este artículo pretende arrojar un poco de luz sobre esta desconocida realidad.

El derecho a la justicia gratuita, que no debe ser confundido con el derecho a un abogado del turno de oficio, está presente diariamente en todo tipo de procesos y en todos los órdenes jurisdiccionales. También el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Ambos pueden colisionar cuando al tramitar el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente el proceso queda paralizado más tiempo de lo deseable. Es importante conocer en qué medida afecta la petición al proceso principal, pues una disfunción puede originar la nulidad de actuaciones, con el consiguiente retraso del proceso.

En el presente artículo se aborda una cuestión que muchos ciudadanos se habrán preguntado: si nuestros representantes públicos están sometidos o no a un régimen disciplinario con independencia de la vía judicial, analizando el mismo, sus consecuencias, sus debilidades y proponiendo aspectos de mejora recogidos jurisprudencialmente.

Este trabajo presenta un resumen de la situación actual de la relación entre Inteligencia Artificial (IA) y Derecho y del modo en que esta ciencia puede afectar o condicionar en el futuro el trabajo de los juristas. Para ello, se repasa el papel que ha jugado hasta ahora la tecnología en el ámbito del Derecho; el concepto de  IA y sus posibles aplicaciones al ámbito jurídico; los principales problemas que se plantean para esa aplicación y nuestras conclusiones sobre el futuro.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha obtenido el respaldo del Consejo Fiscal para presentar querella contra el presidente de la Generalidad, Artur Mas, y dos de sus consejeras por varios delitos, entre ellos el de desobediencia, por su papel en el denominado proceso participativo del 9N. En consecuencia, reiterará su orden al fiscal superior de Cataluña, para que en los próximos días formule la querella.

La sociedad actual demanda de los funcionarios policiales la máxima profesionalidad en el ejercicio de sus funciones. La detención policial es una medida que afecta a un derecho fundamental de los ciudadanos, el derecho a la libertad personal, por ello exige que en su adopción se adopten las mayores cautelas. En este sentido, el procedimiento de habeas corpus está destinado a someter al control judicial aquellas privaciones de libertad ilícitas en origen o que se desarrollan en condiciones de ilegalidad.

Este trabajo aborda un doble objetivo; primero, el análisis de las circunstancias que concurrieron en el accidente, sobre la base de las resoluciones a las que hemos podido acceder y, en segundo lugar, una reflexión sobre cómo entender en el mundo de hoy día dicho accidente y sus consecuencias.

En el actual contexto de la crisis siria, parece oportuno recordar la historia y el modo en que se regula la prohibición del uso de armas químicas en el derecho internacional. Una prohibición que no es cuestión reciente, pues ya el Derecho romano establecía que “no se debe hacer la guerra con armas envenenadas”.

Un fallo de la justicia europea resuelve finalmente la cuestión sobre la interpretación del Derecho al Olvido en los buscadores de Internet. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha publicado hoy una Sentencia que aclara la larga disputa entre la responsabilidad de los buscadores, la aplicabilidad de la normativa de protección de datos y los derechos de los ciudadanos.

Si para ejercer la abogacía queremos utilizar la lengua inglesa habrá que tener en cuenta:a) que la lengua es el principal vehículo de comunicación de otra cultura, b) que la OtraCultura —la del Common Law— tiene un sistema legal que no tiene una constitución escrita, ni un código civil, ni penal, ni mercantil, etc.  En esa cultura, la equidad prevalece sobre el “Case Law” o jurisprudencia. Toda esta complejidad podría aclararse si nos centramos en las diferencias culturales (en las leyes y sus convenciones textuales, en las instituciones, en los tribunales, en los profesionales de la justicia) y en los rasgos propios del lenguaje jurídico  y su terminología (préstamos, frases hechas y términos equívocos).  En este artículo se subraya la importancia del estudio del inglés jurídico en un mundo cada vez más globalizado y se profundiza en una experiencia innovadora que se ofrece por la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).  Nuestra estrategia es la enseñanza online del inglés jurídico mediante el estudio del Derecho español.

Pierre Boulat y Carlos Fernández Hernández En este trabajo presentamos algunas técnicas para optimizar la búsqueda de información legal en Internet con Google, aplicando para ello determinadas técnicas propias de este buscador. Y como este es también el principal recurso de búsqueda utilizado por Noticias Jurídicas, aportamos algunos consejos para facilitar la localización de información en esta página, que es una de las principales fuentes de información legal gratuita en España.

El eterno debate sobre la compatibilidad entre las profesiones de abogado y procurador ha tomado en las últimas fechas una especial relevancia con ocasión de la prevista Ley de Servicios y Colegios Profesionales y también del anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil.

Este documento va dirigido a aquellos interesados en mejorar la gestión documental de su organización y pretende introducir algunos conceptos básicos de esta materia. Los consejos recogen la experiencia que Vidimus ha adquirido a lo largo de estos años y creemos que la adopción de todos o de alguno de ellos mejorará la gestión documental de cualquier organización.

Pese a los esfuerzos jurídicos realizados por los países del Cáucaso Meridional (Georgia, Armenia, Azerbaiyán) en la lucha contra la corrupción, es evidente que aún están muy lejos de una situación plenamente normalizada. La fragilidad de estos Estados respecto a la aplicación del Estado de Derecho y sus graves problemas de orden territorial interno dificultan considerablemente avances prácticos y efectivos en su lucha contra la corrupción.

El martes 2 de abril de 2013, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó mediante la Resolución 67/234 B el histórico Tratado sobre el Comercio de Armas. La Resolución salió adelante por 154 votos a favor, 3 votos en contra (Corea del Norte, Irán y Siria) y 23 abstenciones. Los miembros permanentes del Consejo de Seguridad dividieron su voto ya que, por una parte, Estados Unidos, Francia y Reino Unido votaron a favor, mientras que Rusia y China se abstuvieron. Desde el punto de vista de este artículo, resaltan significativamente los votos favorables de Georgia y Azerbaiyán, afectados por complejos problemas de orden territorial interno. La República de Armenia no participó en la votación.

De conformidad con el artículo 87.2 del Acuerdo de 26 de julio de 2000 del pleno del Consejo General del Poder Judicial por el que se aprueba el Reglamento 1/2000 de los órganos de Gobierno de los Tribunales, será Secretario del Decanato el que lo sea del Juzgado cuyo Juez titular sea a su vez el Decano. Estamos una figura bastante desconocida, en parte por estar a la sombra del Decano de los juzgados, esto es, del juez Decano. Tan es así que muchos Secretarios judiciales accederán al puesto sin conocer de antemano mucho de la significación del mismo y ello en gran medida por la propia forma de acceso.