Penal

Análisis del orden de las operaciones a practicar para una correcta determinación de la pena conforme la doctrina y la jurisprudencia. Repasamos el camino lógico a seguir para ponderar todas las circunstancias y variables 

El delito de blanqueo de capitales, en sus treinta y dos años de vida en la normativa española, ha sido objeto de una incesante y desmesurada expansión legislativa, abarcando cada vez más conductas. El Tribunal Supremo en 2020 ha realizado grandes esfuerzos por contener esta tendencia

“El juez ha acordado el secreto de sumario”. El lector no debe preocuparse. No está viviendo un déjà vu. Esta expresión llena constantemente telediarios de toda España de lunes a domingo. Nos encontramos ante uno de esos términos jurídicos que ha logrado atravesar la última barrera, la del uso popular y generalizado, convirtiéndose  en un elemento que dota de cierta cualificación académica conversaciones de toda índole. Este uso reiterativo no está exento de riesgos

Con la reforma del Código Penal del 2015, el legislador extiende la libertad vigilada a los delitos contra la vida (artículo 140 bis del Código Penal), los malos tratos y las lesiones, sean ocasionales como habituales (artículos 156 ter y 173.2 del Código Penal). En estos dos últimos ilícitos penales solo cuando la víctima sea alguna de las del apartado 2 del artículo 173 del Código Penal, y no es preceptiva sino facultativa su imposición  

Concepto, finalidades y análisis sistemático de las situaciones contempladas como excusas absolutorias en el Código Penal de 1.995 desde una perspectiva eminentemente práctica con especial atención a las previsiones del artículo 268 del Código Penal por su mayor alcance y relevancia               

El delito de blanqueo exige una finalidad de ocultar o encubrir. La acción sancionada como blanqueo no consiste, por consiguiente, en el simple hecho de adquirir, poseer o utilizar los beneficios adquiridos

El autor analiza en profundidad como las relaciones familiares se han visto sumamente afectadas por este RD 463/2020 de 14 de marzo que declara el estado de alarma, y las dificultades que surgen en convivencia, y los límites entre ilícitos penales y relaciones familiares  

El delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP no es sino una especialidad del delito más genérico de prevaricación penado en el 404 del mismo texto legal, a cuya penalidad remite en parte y de cuya naturaleza y requisitos participa. El Derecho Administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora de primer grado, reservándose el Derecho Penal para las infracciones más graves

El presente artículo tiene por objeto exponer en que consiste la libertad vigilada así como cuáles son los juzgados competentes para conocer de la ejecución de la misma, en los distintos supuestos que pueden darse (competencia objetiva), así como desde el punto de vista territorial (competencia territorial)

La Recomendación CM/Rec(2018) ánima a las autoridades judiciales, organismos de justicia restaurativa y justicia penal a que desarrollen modelos restaurativos innovadores que puedan quedar fuera del procedimiento penal. Alude a la necesidad de dar protagonismo a las víctimas del delito, éstas no tienen adecuado acceso a la informacio?n sobre estos servicios y su implementacio?n no satisface sus necesidades.  Espan?a carece de regulación en materia de justicia restaurativa y sigue dando un escaso papel a las víctimas en esta materia, pese al gran avance que ha supuesto el Estatuto de las víctimas.  

El derecho a última palabra se configura como la manifestación más relevante dentro de la potestad de autodefensa que asiste al acusado en el procedimiento penal. Sin embargo, esta facultad se configura de una manera residual en nuestro ordenamiento procesal, casi relegado al ostracismo. A través de este artículo, hacemos un repaso al derecho de última palabra en conexión con la potestad de autodefensa, proponiendo una reforma que potencie esta capacidad del acusado y refuerce sus garantías procesales.

El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico? Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social y sin eludir el compromiso ideológico. El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales. 

El criterio de la autopuesta en peligro opera para excluir la responsabilidad del autor cuando la víctima decide voluntaria y libremente hacer frente al peligro asumiendo sus consecuencias.

Estudio del Capítulo VI, del Título XXII del Libro II, del Código Penal, que comprende los artículos 570 bis, 570 ter y 570 quáter, bajo la rúbrica "De las organizaciones y grupos criminales". El autor analiza el concepto, requisitos, diferencias y supuestos jurisprudenciales de la “Organización criminal”, el “grupo criminal” y la “codelincuencia”.

El autor aborda en este artículo la tipicidad o atipicidad de las distintas conductas a través de las cuales se manifiesta uno de los mayores problemas que afronta España en estos días, como es el de la inmigración ilegal.

El presente trabajo estudia el carácter estructural y los parámetros interpretativos de las dilaciones indebidas y sus consecuencias en el proceso penal.

El presente trabajo analiza las dificultades que presenta la responsabilidad penal de la persona jurídica en el ámbito procesal o técnico-jurídico a la luz de la jurisprudencia y la legislación vigente.

El presente trabajo analiza los criterios diferenciadores existentes entre delito de apropiación indebida y de administración desleal a partir de su naturaleza y delimitación, y plantea qué precepto aplicar a la luz de la reforma legislativa y la jurisprudencia reciente.  

La polémica Sentencia 38/2018 de 20 de marzo, dictada por la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de Navarra ha generado una reacción nunca antes vista en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Este artículo pretende partir de los hechos declarados probados en la Sentencia y ponerlos en relación con lo que establece el Código Penal y  la doctrina del Tribunal Supremo respecto a los delitos contra la libertad sexual para analizar, en términos generales, si pudo apreciarse la intimidación y por tanto la existencia del delito de agresión sexual.