Conocimiento Artículos doctrinales

Efectos de la STC nº 143/2017, de 14 de diciembre de 2017, en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana

El régimen competencial del Urbanismo en España encontró un antes y un después desde la STC 61/1997 de 20 de marzo, si por un aparte reconocía al Estado competencias legislativas sobre materias directamente vinculadas al urbanismo. El presente artículo analiza la impugnación de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas y los efectos sobre la regulación del Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de suelo y rehabilitación urbana.

Las ordenanzas locales y sus limitaciones

20 de abril de 2018 Artículos doctrinales

La Constitución Española (CE, 1978), contiene en su Título VIII, la Organización Territorial del Estado, el cual dispone el listado de competencias que son exclusivas de éste, y las que las Comunidades Autónomas, en base a una ley marco, han ido asumiendo a lo largo del tiempo. Respecto a las entidades locales la Constitución guarda silencio, quedando definidas de forma básica  en la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local (LBRL). En este trabajo se anlizan y describen en qué ámbitos los entes municipales ejercen la potestad reglamentaria, a través de la elaboración de ordenanzas, así como la potestad sancionadora.

IBI de bienes inmuebles considerados urbanos pero sin desarrollo urbanístico efectivo. Propuesta administrativa y judicial para acabar con esta situación.

19 de abril de 2018 Artículos doctrinales

Hablamos de suelos urbanos sin desarrollar que han sido valorados como urbanos y que, por tanto, generan cuantiosos recibos de IBI y liquidaciones de Plusvalía. Las actuales vías de reclamación administrativa y de litigios contencioso-administrativos no están dando los resultados apetecidos en orden a acabar con esta lacra, sino que se presume que esta problemática, ciertamente injusta, y me atrevo a decir inconstitucional, se dilatará enormemente en el tiempo.

El precio del atestado: la tasa por la expedición de informes derivados del accidente de tráfico.

A lo largo de estos últimos 10-15 años la tasa que grava la expedición de atestados ha experimentado un incremento significativo. Sus efectos se han dejado notar en infinidad de municipios. En unos casos a través un incremento sustancial de la cuota tributaria, en otros con la publicación de la correspondiente ordenanza fiscal. ¿Si se trata de un servicio público prestado por miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en todo caso, inherente a su misión más significativa  de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, por qué se grava con una tasa? El autor responde a ésta y otras cuestiones en este análisis.

El delito de acusación y denuncia falsa. Fundamento, requisitos y supuestos de hecho

El artículo 456 del Código Penal vigente  sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Jurisprudencia y doctrina han señalado, generalmente, que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento) y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos (que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal).

Anuncio de la interposición de recurso contencioso-administrativo en diario oficial: ¿cuándo procede, quién asume el coste y qué ocurriría si se omitiese indebidamente?

16 de marzo de 2018 Artículos doctrinales

En los epígrafes destinados a publicaciones de la Administración de Justicia en boletines oficiales aparecen anuncios de interposición de recursos contencioso-administrativos. Este trabajo aborda el régimen jurídico aplicable a dichos anuncios a partir del art. 47 LRJCA. Dentro del precepto se contemplan tres situaciones distintas: anuncio a solicitud del recurrente, anuncio de oficio por decisión del Letrado de la Administración de Justicia y anuncio de oficio por mandato legal. Todas ellas suscitan cuestiones interpretativas acerca de las que el TS se ha visto obligado a pronunciarse, ofreciendo el presente estudio un análisis sistematizado de las correspondientes resoluciones del Alto Tribunal. 

Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad y su revocación tras la reforma del Código Penal por la LO 1/2015

Objetivos y finalidades pretendidos por el legislador con la reforma de la institución de la suspensión de las penas privativas de libertad tras los cambios introducidos por la L.O. 1/2015. Desde una perspectiva práctica se realiza un análisis sintético del nuevo régimen legal que regula la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad así como su revocación.

Entrada en vigor de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro VI del Código Civil de Catalunya

16 de febrero de 2018 Artículos doctrinales CONTRATOS

La autora hace un análisis de las modificaciones más relevantes que afectan al derecho Inmobiliario en el territorio desde la entrada en vigor del libro VI del Código Civil de Cataluña, el pasado 1 de enero de 2018. A día de hoy, a pesar de que continúa en marcha el proceso por el cual el TC tendrá que decidir sobre la constitucionalidad o no de los preceptos recurridos, la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI no está suspendida y, por tanto, despliega sus efectos.

El proceso monitorio: ¿viable y eficaz?

Desde su promulgación y a raíz de su funcionamiento, el monitorio ha experimentado varios cambios, pero tras los mismos, el proceso ha ido perdiendo año tras año eficacia. Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico existen otros medios para reclamar deudas dinerarias y que el Monitorio es un proceso voluntario y el más utilizado en la actualidad ¿Es viable y eficaz? ¿Es el proceso que pretendía ser a día de hoy?

Garantía del principio de contradicción ante la imposibilidad de declarar la víctima de delito contra la indemnidad sexual

02 de febrero de 2018 Artículos doctrinales MENORES

Uno de los problemas fundamentales que se genera en este tipo delictivo es el referente al contenido de las pruebas y las dificultades de la misma atendiendo al hecho en sí mismo considerado, primero por la victima y sus circunstancias personales, menor, persona discapacitada... y dependencia con el autor en muchos casos, y segundo por la intimidad en la que se ejerce la conducta. Por tanto, es relevante fijar las directrices para poder probar la conducta delictiva, respetando en todo caso los derechos y garantías procesales tanto del juicio como de la persona del presuntamente agresor.

Novedades en Derecho del Mar: el Reglamento UE 2017/352 de 15 de febrero

El 24 de marzo de 2019 será obligatorio aplicar directamente este Reglamento Europeo, del que el autor expone una aproximación. Resume esta norma y sus aspectos más destacados para facilitar su conocimiento y difusión con la suficiente antelación entre los operadores portuarios implicados. Las cuestiones interpretativas sólo pueden, por el momento, conjeturarse ya que hasta que nos e inicie la aplicación de la norma no existirá jurisprudencia sobre la misma ni del TJUE ni de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

La responsabilidad civil de los padres por daños causados por sus hijos menores en supuestos de no convivencia

19 de enero de 2018 Artículos doctrinales DAÑOS

La responsabilidad civil de los padres por los hechos dañosos causados por sus hijos menores, tiene una doble regulación en el ordenamiento español. En el orden penal en el artículo 61.3 de la La ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de Responsabilidad Penal del Menor, y en el orden civil, en el artículo 1903 del Código Civil. Ambas regulaciones son diferentes, permitiéndose la moderación de la responsabilidad en el orden penal pero no en el civil, y respondiendo siempre ambos padres aunque no convivan en el orden penal, pero no en el civil.

El falso testimonio de peritos e intérpretes

29 de diciembre de 2017 Artículos doctrinales FALSEDADES

Un análisis sobre la regulación legal y fundamento de este tipo delictivo que se encuentra incardinado dentro del capítulo de los delitos de falso testimonio. La consecuencia de faltar a la verdad en la declaración que se presta como perito en un procedimiento judicial es delictiva porque el testimonio es uno de los medios de prueba sobre los que se puede basar la convicción del juzgador sobre los hechos que han de constituir la premisa menor del silogismo judicial.

Comunicaciones entre abogados y clientes: privilegios vs. protecciones

Entre abogados y clientes hay una relación muy estrecha basada en la confianza, elemento esencial de esta relación. Las comunicaciones entre ambos están protegidas por el secreto profesional (le sirven de fundamento el derecho a la intimidad y el derecho de defensa). Sin embargo,  el mismo no es absoluto, sino que en determinadas situaciones justificadas se limita o exceptúa  y, por tanto, se vulnera. Además, este secreto no sólo se aplica entre las partes (abogado y cliente), sino que tiene manifestaciones en los Juzgados.

¿Debe derogarse la dispensa a declarar contra los parientes del artículo 416 LECrim en los casos de violencia de género?

Análisis de la problemática relativa al alcance del art. 416 LECrim en supuestos de violencia de género, referenciando las distintas posiciones sobre el particular con las correlativas propuestas de reforma del referido precepto y su examen crítico teniendo en cuenta el engarce constitucional y práctico en aras a garantizar la mayor protección posible de las víctimas de tan execrable lacra.