Mayte Gómez Roldán.- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado liberaron en 2025 a 1.869 víctimas de trata y explotación en España, un 4 % más que el año anterior. Las cifras publicadas recientemente por el Ministerio del Interior reflejan un incremento de las actuaciones policiales contra esta forma de criminalidad, con 413 operaciones, la desarticulación de 112 organizaciones criminales y la detención de 1.056 personas.

Sin embargo, más allá de los datos policiales, entidades especializadas advierten de que persisten importantes carencias en la protección jurídica de las víctimas. La identificación temprana, el acceso efectivo a los derechos o la excesiva vinculación de la protección a la colaboración con el procedimiento penal siguen siendo algunos de los principales retos.

La identificación de las víctimas

Una de las mayores dificultades es la identificación de las víctimas. Desde APRAMP (Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida), una de las entidades de referencia en la atención a víctimas de trata, explican que muchas mujeres ni siquiera se reconocen como víctimas de trata. Los procesos de violencia, manipulación, amenazas y dependencia a los que han sido sometidas les impiden dar ese paso.

Con los años, la explotación ha evolucionado hacia entornos cada vez más difíciles de detectar. El uso de medios digitales complica aún más la actuación de las instituciones.

En este contexto, la abogada y directora ejecutiva de APRAMP, Rocío Mora, sostiene que la identificación "debe entenderse, ante todo, como una herramienta de protección y garantía de derechos" y no quedar condicionada exclusivamente a la existencia de una investigación penal.

Protección vinculada al proceso penal

"La protección de las víctimas sigue estando excesivamente vinculada a su colaboración con los procedimientos penales", advierte Rocío Mora.

A su juicio, una persona debe ser protegida por haber sufrido una grave vulneración de derechos humanos, con independencia de la utilidad que pueda tener para una investigación penal.

APRAMP considera que uno de los principales déficits del sistema español es que la protección de las víctimas continúa dependiendo, en gran medida, de su colaboración con los procedimientos judiciales.

Ley Integral contra la Trata

España tiene pendiente la aprobación definitiva de una Ley Integral contra la Trata y la Explotación. Aunque el Consejo de Ministros aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley en marzo de 2024, la norma aún se encuentra en trámite.

APRAMP reclama la aprobación de una Ley Integral contra la Trata que incorpore plenamente los estándares internacionales y europeos de protección de las víctimas.

Una norma que cobra especial relevancia tras la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/1712, el 14 de julio de 2024. Esta normativa modifica la Directiva 2011/36/UE, refuerza la protección y el apoyo a las víctimas de trata desde un enfoque centrado en los derechos humanos y la perspectiva de género. Los Estados miembros tienen hasta el 15 de julio de 2026 para su transposición al derecho nacional.

Recuperación de las víctimas

La organización insiste en que la recuperación de las víctimas no termina cuando cesa la explotación. Así lo explicó Rocío Mora durante una entrevista concedida a Legal Today con ocasión del reconocimiento Mujeres por Derecho otorgado a APRAMP por la Fundación Aranzadi LA LEY. La directora ejecutiva de APRAMP defendió que la recuperación de las víctimas no termina cuando cesa la situación de explotación, sino cuando estas pueden reconstruir su proyecto de vida y ejercer plenamente sus derechos. En este proceso, el acceso a la vivienda, la asistencia sanitaria y psicológica, la formación, el empleo y la reparación integral resultan elementos esenciales.

En este sentido, Mora concluye que el gran reto consiste en avanzar hacia un modelo plenamente garantista de derechos humanos, en el que ninguna víctima quede desprotegida por miedo, por falta de identificación o por su situación administrativa.