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01/02/2007 07:00:00 ELECCIONES 5 minutos

Viabilidad jurídico-constitucional de la implantación del sistema de elección directa en las elecciones al Congreso de los Diputados

El artículo 166.1 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General prevé el sistema de elección directa para elegir a los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla. Según este sistema, los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos (dos en las islas mayores Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares) siendo proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.

Carlos Borao Mateo

El artículo 166.1 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General (en adelante, LOREG) prevé el sistema de elección directa para elegir a los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla. Según este sistema, los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos (dos en las islas mayores Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares) siendo proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.

Sin embargo, este sistema no fue el elegido por nuestro legislador electoral a la hora de diseñar el sistema electoral del Congreso de los Diputados, que, en desarrollo de los principios contenidos en la Constitución (art. 68), se decanta por un sistema de listas cerradas y bloqueadas en el que no hay ninguna posibilidad de elegir individualmente a los candidatos presentados por los diferentes partidos políticos.

Este sistema de listas cerradas y bloqueadas ha sido muy criticado por cuanto desvirtúa uno de los principios básicos de cualquier fórmula electoral, como es el que las elecciones tengan lugar mediante sufragio directo (art. 68.1 CE), además de universal, libre, igual y secreto. El sistema previsto en la LOREG convierte, en la práctica, las elecciones en indirectas, ya que son los partidos políticos (y, más particular, sus jerarquías) los que controlan férreamente el acceso a estas listas, privando así a los electores de su derecho a elegir directamente a los candidatos que mejor consideren que les pueden representar.

Este sistema provoca que se desvirtúe el sentido de la representación política, y, en consecuencia, la esencia misma de la democracia, construida sobre la base de una relación de confianza entre los electores y sus representantes, que, si bien pudo tener su sentido al comienzo de nuestro régimen democrático, para consolidar un sistema de partidos, hoy en día no parece que sea el sistema de listas cerradas y bloqueadas el sistema electoral más adecuado para garantizar la efectividad del sufragio directo. En consecuencia, se hace preciso avanzar en nuevas fórmulas que garanticen un equilibrio entre el necesario control de los partidos políticos en la confección de las listas electorales y la libertad del ciudadano para votar directamente a sus representantes.

La fórmula que parece más adecuada para lograr este objetivo es, precisamente, la de la elección directa de los Diputados mediante un sistema de listas cerradas y no bloqueadas, como ocurre en el Senado, en el cual el elector puede elegir a los candidatos que desee de entre los propuestos por los diferentes partidos políticos y sin atender a un orden de prelación preestablecido por los “aparatos” de los partidos políticos.

La implantación de este sistema plantea, no obstante, algunos problemas de encaje constitucional en la medida en la que la elección de los Senadores en cada circunscripción no responde expresamente a criterios de representación proporcional, como ocurre en el Congreso de los Diputados (art. 68.3 CE), al estar aquél configurado constitucionalmente como “Cámara de representación territorial” (art. 69.1 CE).

Sin embargo, en nuestra opinión, a pesar de que muchos autores hayan calificado al sistema electoral del Senado como “sistema electoral mayoritario en su modalidad de voto múltiple restringido que implica una presencia mínima de las minorías” (ALVAREZ CONDE, por todos ellos), lo que determinaría su inviabilidad para ser aplicado en las elecciones al Congreso de los Diputados por no responder a criterios de representación proporcional, no pensamos que sea ésta una crítica del todo acertada por las razones siguientes:

a) En primer lugar, no estamos ante un sistema mayoritario en la medida en la que los escaños se reparten entre los candidatos más votados en lugar de ir a parar al partido más votado, lo que es propio de los sistemas mayoritarios. Esto es debido a que en nuestro sistema constitucional la circunscripción electoral (la provincia) no es uninominal sino plurinominal.

b) En segundo lugar, la supuesta infrarepresentación de las minorías como consecuencia de la aplicación del sistema de la elección directa es un problema del tamaño de la circunscripción más que de las características de dicho sistema electoral, por cuanto es conocido que para que un sistema electoral tenga auténticos efectos proporcionales debe contar con un mínimo de seis diputados por circunscripción. En consecuencia, sólo las elecciones al Congreso de los Diputados celebradas en una circunscripción con un número de diputados superior a ese número pueden considerarse auténticamente proporcionales, es decir, que en el resto de circunscripciones da igual que se celebren según la Ley D´Hondt (tal y como ocurre en España en virtud de la LOREG) a los efectos de obtener una mayor proporcionalidad.

c) En tercer lugar, atribuir al sistema de elección directa un carácter marcadamente mayoritario nos parece que da por sentado la falta de criterio del elector a la hora de votar, quien, según este corriente, valora más las función representativa de los partidos que la de sus propios candidatos. Sin embargo, esta concepción partidista de la política parece desconocer el hecho de que los electores tengan formada una opinión personal de cada uno de los candidatos, que, lejos de concluir necesariamente en un fortalecimiento de los candidatos presentados por los partidos mayoritarios, puede dar lugar a un apoyo popular a favor de los candidatos con un mayor crédito personal independientemente de los partidos políticos por los que se presenten.

En conclusión, el sistema de elección directa nos parece la mejor fórmula para asegurar la efectividad del principio de sufragio directo en el sistema electoral del Congreso de los Diputados, sin necesidad de modificar la Constitución española, siempre y cuando se modifique el sistema de reparto de los Diputados entre las diferentes circunscripciones a fin de que su tamaño, en número de escaños, se corresponda a la población que tenga cada una de ellas a partir de la asignación de un mínimo inicial (art. 68 CE).

Carlos Borao Mateo.
Licenciado en Derecho y Administrador Superior de la Administraci?n de la Comunidad Aut?noma de Arag?n.

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