La reciente reformulación del Anteproyecto de Ley de Servicers por parte del Ejecutivo, todavía pendiente de su tramitación parlamentaria, permitiría un acercamiento necesario entre el Gobierno y los administradores de crédito encargados de gestionar los “activos tóxicos” de la banca española.
Este texto, en proceso de desarrollo, pretende ajustar así aspectos clave relacionados con los deudores vulnerables, resolviendo controversias que inicialmente amenazaban con desestabilizar el mercado de compraventa de deuda.
Uno de los puntos más susceptibles de debate del texto inicial era la posibilidad de que los deudores vulnerables pudieran redimir su deuda, pagando el precio de venta al fondo comprador, antes de la transferencia. Por ejemplo, si un banco vendía una deuda de 10.000 € por 1.000 €, el cliente podía liquidar toda la deuda abonando esos 1.000 €.
La medida en cuestión generaba preocupación en el sector financiero, ya que podía incentivar el incumplimiento de los pagos por parte de los deudores, quienes esperarían descuentos considerables o condonaciones.
Según el último borrador conocido, la propuesta evoluciona hacia exigir a los servicers que ofrezcan planes de pago personalizados a los deudores vulnerables, en lugar de permitir la redención de la deuda al precio de venta.
Estas medidas podrían incluir quitas parciales, prórrogas en los vencimientos e, incluso, condonaciones totales en casos extremos. En este sentido, aunque se ha avanzado significativamente, es necesario que se sigan desarrollando criterios claros y consistentes para garantizar una aplicación uniforme de estas medidas.
Otro aspecto relevante de esta normativa en discusión es la definición de “deudor vulnerable”, que sería perfilada con esta reforma. Se consideraría vulnerable a aquel que percibiese el IMV (604,21 € al mes o o más, según el tamaño del hogar). Además, en lugar de exigir a los bancos identificar a los deudores vulnerables antes de vender las deudas, la nueva normativa otorgaría esta responsabilidad al propio deudor, quien debería demostrar su situación tras ser notificado de la intención de venta. Con este cambio, se resolvería así una de las mayores preocupaciones iniciales del sector financiero, al trasladar la carga de prueba al deudor y evitar complicaciones administrativas para las entidades.
Impacto
Aunque todavía se desconoce el texto definitivo, el impacto potencial de estas regulaciones es significativo. Según datos de la Asociación Nacional de Empresas de Gestión de Crédito (ANGECO), el sector gestionó en 2023 la impresionante cifra de 463.973 millones de euros en créditos dudosos, de los cuales se recuperaron y reintegraron al ciclo económico más de 12.000 millones de euros, lo que representa cerca del 1% del PIB nacional.
A medida que este anteproyecto avance en su tramitación, el desafío estará en encontrar un equilibrio entre la protección de los deudores vulnerables y la viabilidad operativa del sector financiero. Esto requerirá un diálogo continuo entre los agentes implicados para afinar las medidas propuestas y garantizar un marco normativo sólido y funcional.
