El mercado del arte en España enfrenta una serie de desafíos estructurales que limitan su desarrollo y competitividad en el contexto internacional. A pesar de contar con una sólida infraestructura artística y un ecosistema creativo diverso, persisten problemas fiscales, laborales y contractuales que afectan tanto a los artistas como a las galerías y otros actores clave del sector.

Durante el mes de marzo, Madrid se convirtió en el epicentro de la oferta cultural nacional e internacional por la celebración de ARCO, la feria internacional de arte contemporáneo. El evento contó con la participación de más de 200 galerías de 36 países, más de 95.000 visitantes y cerca de 40.000 profesionales del arte. La venta más alta de la feria la alcanzó la escultura del artista inglés Antony Gormley vendida por 550,000 euros, mientras que el artista español mejor cotizado fue Daniel Canogar, cuya instalación se vendió al Whitney Museum of American Art de Nueva York por 40,000 euros. 

Pero, ¿qué retos jurídicos evidenció en el ecosistema del arte local?

Uno de los problemas de fondo que enfrenta el sector del arte en España es, sin duda, el alto porcentaje del Impuesto sobre el Valor Añadido del 21% en las compras de arte. Durante el evento, el secretario de Estado de Cultura Jordi Martí reiteró estar "totalmente a favor" de bajar el IVA. Una medida que se desprende de la Directiva 2022/542 y permite a los Estados Miembros introducir tipos reducidos para el arte pero que todavía está pendiente de transposición en España.

Actualmente, la Ley 37/1992 establece un IVA del 10% por la venta directa del artista. Sin embargo, las galerías deben aplicar el 21%, mientras que países como Francia y Alemania han establecido impuestos del 5,5% y 7%, respectivamente. Esto implica que un artista puede vender a precios muy diferentes en función de la ubicación de la galería que lo represente, afectando drásticamente la competitividad de las galerías españolas.  

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo entiende este ajuste como “un paso imprescindible para reforzar la presencia internacional de nuestros artistas, aumentar la competitividad de las galerías y democratizar el acceso a la creación contemporánea.” De hecho, el último reporte de Art Basel reveló que las galerías siguen siendo el primer mecanismo de adquisición y circulación de arte para el 95% de los compradores. Sin esta medida, las galerías españolas, responsables del mercado primario de las artes visuales y canal principal para la compra de arte en el país, siguen operando en una clara posición de desventaja.

Otro de los retos legales en el sector creativo es el actual Estatuto del Artista. La propuesta de modificación, liderada por la Unión de Artistas Contemporáneos de España UNIÓN ACC, busca promover un marco jurídico actualizado que reconozca las particularidades del trabajo artístico y logre atender las necesidades de los creadores visuales. 

Esta organización, que agrupa más de 10 asociaciones de artistas que operan en el territorio español, propone un amplio debate sobre el rol del artista y las medidas estructurales para mejorar sus condiciones laborales. Las propuestas van desde la actualización de la definición de creación visual hasta la modificación de las cuotas de la seguridad social de los autónomos de las artes visuales, la reducción del IVA y la deducción de los gastos de producción en la declaración de la renta.

Además, sugiere un mayor control de las empresas transnacionales de servicios digitales y redes sociales; la regulación de la IA para evitar la reproducción, apropiación y circulación no autorizada de las obras, así como fortalecer el rol de las sociedades de gestión para recaudar las regalías en este nuevo escenario digital. Aunque estos son solo algunos de los cambios estructurales que se plantean, la iniciativa permite vislumbrar los retos que enfrentan los artistas, la informalidad de las relaciones contractuales en el arte y la necesidad de fortalecer su posición en el mercado. 

La industria del arte español necesita reformas legales urgentes. Sin un marco jurídico robusto que proteja a los artistas, actores centrales de esta cadena de valor, y las galerías encargadas de la circulación de sus obras, el sector creativo español difícilmente estará en condiciones de desarrollarse de forma sostenible y competitiva en el mercado internacional.