Durante el transcurso del 2024 y de los años anteriores, la regulación del juego ha sufrido cambios significativos, especialmente en materia de publicidad en el último tiempo.
Es lógico, con el crecimiento sostenido del sector, su respectiva demanda en constante expansión y un público cada vez más diverso que descubre las mejores ruletas en vivo online, el marco normativo se ve obligado a actualizarse al nuevo paradigma. Así, de cara a 2025, se plantean desafíos que impactarán tanto a jugadores como a operadores por igual, todos ellos focalizados en reforzar la seguridad en el sector.
Eso siempre ha sido el enfoque de la ley: la prevención de las actitudes perjudiciales en el juego. Por ello, ya en 2024 se introdujeron medidas como la prohibición del uso de tarjetas de crédito para los perfiles considerados de riesgo. Del mismo modo, para este 2025 se prevé una intensificación en la vigilancia, de tal forma que podrían implementarse sistemas de alerta automática que notifiquen a los usuarios cuando su gasto alcance niveles críticos, contribuyendo a prevenir conductas de juego compulsivo.
Además, los operadores se verán obligados a integrar algoritmos de detección que, en tiempo real, identifiquen patrones irregulares para así poder poner en marcha medidas preventivas.
Por otro lado, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, aunque ha significado un avance en años anteriores, podría sufrir un endurecimiento en sus controles.
Ello viene motivado por la búsqueda por parte de las autoridades de evitar que jugadores autoexcluidos encuentren la forma de entrar en las plataformas mediante identidades falsas o haciendo uso de otras plataformas que no cumplan con las leyes nacionales. Como incentivo para que los operadores refuercen dichos mecanismos de verificación, se barajan ciertos beneficios fiscales, lo que se traduciría en un impulso en la implementación de tecnologías de autenticación más avanzadas.
Y hablando de la fiscalidad, este continúa siendo un tema con bastante protagonismo en la regulación del sector. Así, es posible que las tasas actuales –20% en apuestas deportivas, 25% en casinos y 15% en póker– se vean modificadas para instaurar un sistema fiscal progresivo que alivie la carga de los operadores más pequeños, permitiendo su crecimiento, mientras que los grandes contribuyentes asumirían una mayor responsabilidad tributaria.
Por otro lado, el uso de criptomonedas, el cual se encuentra en un limbo legal, podría verse sometido a una regulación más estricta que la actual. De hecho, para 2025 se predice la exigencia de verificaciones obligatorias de identidad, el uso exclusivo de billeteras digitales registradas y límites específicos, todo con el objetivo de combatir el blanqueo de capitales.
Además, el surgimiento de casinos y apuestas en entornos inmersivos plantea nuevos retos a las autoridades pertinentes. La integración de la tecnología blockchain y de criptomonedas en estos espacios dificulta el control normativo, lo que llevaría a la necesidad de licencias específicas en estos espacios, como restricciones en el tiempo y en el gasto para los usuarios. Además, la protección de menores en estos entornos será un punto clave, impulsando el desarrollo de sistemas de autenticación más robustos.
La complejidad de regular el juego online no se limita únicamente a España. Es más, la tendencia apunta hacia una cooperación más estrecha entre países europeos para combatir el fraude existente y la actividad ilegal. De llegar a darse la creación de una base de datos compartidos, esto se traduciría en un seguimiento más efectivo de los operadores ilegales y permitirá una homogeneidad de las leyes, reduciendo las brechas que actualmente permiten que algunos actores operen en vacíos legales.
Con todo ello, para el 2025, por lo que se sabe hasta el momento, mientras los jugadores se beneficiarán de mayores protecciones, también se enfrentarán a nuevas restricciones y procesos de verificación. Por su parte, los operadores deberán adaptarse rápidamente a un marco regulatorio cada vez más exigente, apostando por la innovación tecnológica para garantizar el cumplimiento normativo y la sostenibilidad de sus negocios. De todos modos, habrá que ver qué medidas se acaban implantando finalmente y cómo evoluciona la discusión entre las distintas autoridades.









