Administracion publica

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Apuntes prácticos sobre las costas procesales en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo desde el punto de vista de la Administración pública

El artículo pretende ofrecer un análisis de alguna de las principales cuestiones prácticas que se producen en relación con las Administraciones y las costas procesales en el derecho español, centrándose en los órdenes jurisdiccionales civil y contencioso-administrativo, y todo ello analizando algunas cuestiones que suelen plantearse en el ejercicio práctico de la abogacía.

Análisis de la reclamación administrativa previa

La reclamación administrativa previa a la vía judicial, regulada por los arts. 120 y ss. de la Ley 30/1992, es un requisito para toda acción judicial que, sustentándose en Derecho Privado o Laboral, se vaya a ejercitar contra una Administración pública. Siendo una garantía para la Administración, implica una carga para el ciudadano que quiera interponer una demanda ante ella, en la medida en que tiene que llevar a cabo una actividad preceptiva que no tendría que realizar en el caso de que deseara demandar a otro sujeto de carácter privado, ya fuera persona física o persona jurídica.

Acceso a los expedientes administrativos y la protección de datos personales

El derecho de acceso de los ciudadanos a los documentos de los expedientes y de los archivos y registros de la Administración Pública conlleva ponderar conceptos tan relevantes jurídicamente como son la información y la protección de datos personales, y a la vez permite que nos adentremos en el complejo ejercicio de confrontar las leyes correspondientes a cada ámbito para entender en qué supuestos y cuándo debe hacerse efectivo este derecho.

Los trabajos de colaboración social: evolución de la doctrina jurisprudencial

Los artículos 38 y 39 del Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio, sobre Medidas de Fomento del Empleo, con las modificaciones operadas por el Real Decreto 1809/1986, de 28 de junio, regulan los trabajos de colaboración social como aquéllos celebrados entre la administración pública y los perceptores de prestación o subsidio de desempleo y que, conforme al artículo 38 del citado RD

La gestión de las reclamaciones de consumo después de la entrada en vigor del Código de consumo de Cataluña

01 de febrero de 2011 Artículos doctrinales CONSUMO

¿Que espera una persona consumidora cuando acude a un servicio público de consumo con una queja provocada por una mala prestación de un servicio por parte de una empresa o por la compra de un producto que no es conforme con el contrato de compra venta? ¿Sabe realmente el ciudadano cuales son sus derechos ante la administración pública y cual va a ser el curso de su reclamación o denuncia? ¿Saben las empresas ante que procedimiento se encuentran cuando se tramita contra ellas una denuncia o reclamación de consumo y cuales pueden ser sus consecuencias?

Hacia un modelo social de Administración Pública: de la burocracia a la gobernanza

Después de la Revolución Francesa y a lo largo del siglo XIX se fueron consolidando en Occidente los denominados "Estados nacionales". En Europa y en los Estados Unidos de América se adecuaron los poderes del Estado y las formas de gobierno a las necesidades de un capitalismo emergente que le demandaba inversiones públicas, seguridad jurídica e igualdad de oportunidades. Dicho de otro modo, un Estado encaminado fundamentalmente a proporcionar la "procura existencial" de sus ciudadanos.

Private Finance Initiative en el ordenamiento jurídico español: tres modelos asociativos de contratación pública

La implementación práctica de los contenidos de la Tercera Vía1 en el Reino Unido dieron lugar a la aparición de nuevos vínculos entre la Administración Pública y la iniciativa privada que se denominaron Public-Private Partnerships (PPP) o Asociaciones Público-Privadas (APP). Las relaciones surgidas de esta unión compartían una filosofía en la que cada agente, público y privado, participaba en los proyectos llevando a cabo aquellas tareas para las que cada uno contaba con una ventaja comparativa mayor.

Revisión de oficio de los actos nulos en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Teniendo la consideración de Administración Pública las Diputaciones Forales de los Territorios Forales que integran la Comunidad Autónoma del País Vasco, se analizará cada una de las Normas Forales de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los respectivos Territorios Forales en aras a determinar el órgano competente para llevar a cabo la referida revisión en el ámbito de su respectiva Diputación foral.

La frontera entre el contrato administrativo especial y el contrato privado celebrado por una Administración Pública. El criterio de la directa o inmediata satisfacción de una finalidad pública

Un contrato a priori privado que, no obstante, integre en su causa una finalidad pública de la específica competencia de la Administración contratante, y además lo haga de manera no sólo directa e inmediata, sino también inequívoca, principal y vinculada o integrada en el propio objeto contractual, tiene la consideración objetiva de administrativo especial.

El personal eventual: Análisis jurisprudencial. Concepto y Evolución Histórica (I)

La Administración Pública, como toda organización, requiere para el cumplimiento de sus fines, el empleo de unos medios materiales, unos recursos financieros y unos medios o recursos humanos. Estos medios personales están constituidos por el conjunto de personas que prestan sus servicios en las distintas Administraciones Publicas, conjunto que, evidentemente, no es homogéneo sino todo lo contrario, por cuanto dentro de él podemos encuadrar tanto al personal político como a los trabajadores o empleados públicos, y dentro de éstos últimos a todas aquellas personas que prestan sus servicios profesionales de una forma u otra en la propia Administración.

Algunas Notas sobre la Discrecionalidad Política y su control sobre ella

Se precisa que la discrecionalidad es el arbitrio, esto es la toma de decisiones sobre un asunto determinado, que se encuentra motivado por la búsqueda constante del interés público. Tal es el norte que sigue la discrecionalidad. De igual manera, ella se asocia de modo vinculante con las decisiones que en todo momento y por la propia razón de su génesis, desarrollo y vida futura presenta la Administración Pública.

La Administración pública estatal deberá contratar los productos y servicios más eficientes energéticamente

07 de febrero de 2014 Noticias Contratación pública

Las administraciones públicas de carácter estatal deberán adjudicar sus contratos de suministro de productos y servicios únicamente a las ofertas más eficientes energéticamente, siempre y cuando sea "coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica y una competencia suficiente".

Agenda Digital: Nueva estrategia para impulsar las empresas europeas y la productividad de la administración pública gracias a la computación en nube

28 de septiembre de 2012 Noticias Computación en nube en Europa

La «computación en nube» consiste en el almacenamiento de datos (tales como archivos de texto, imágenes y vídeo) y de software en ordenadores remotos a los que los usuarios acceden via Internet a través de los dispositivos de su elección. Este sistema es más rápido, barato, flexible y, potencialmente, seguro, que las tecnologías informáticas in situ. Muchos servicios de gran utilización como Facebook, Spotify o el correo electrónico por Internet recurren a tecnologías de computación en nube; pero las verdaderas ventajas económicas vendrían de la mano de un uso masivo de sistemas en nube por parte de las empresas y el sector público.

Gobierno y Generalitat acuerdan el traspaso de los servicios de trenes regionales a Cataluña

18 de noviembre de 2010 Noticias TRANSPORTE POR FERROCARRIL

El traspaso del servicio de Regionales de Renfe a Cataluña será efectivo a partir del próximo 1 de enero. La reunión de la Comisión ha estado presidida por el vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial y Administración Pública, Manuel Chaves, y el conseller d'Interior, Relacions Institucionals i Participació, Joan Saura.