Administrativo

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Los juicios y declaraciones serán preferentemente telemáticos hasta junio de 2021

21 de septiembre de 2020 Noticias JUICIOS TELEMÁTICOS

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, establece la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19 y regula medidas en el ámbito concursal y societario orientadas a mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos y a incentivar su financiación. También dispone medidas de carácter organizativo y tecnológico frente a las consecuencias de la crisis sobre la Administración de Justicia, que serán aplicables hasta el 20 de junio de 2021  

La Audiencia Nacional aplica el silencio positivo a los ERTE por Covid-19 solicitados a la autoridad laboral

25 de junio de 2020 Jurisprudencia EMPLEO

Ante la falta de regulación de las repercusiones del silencio administrativo por parte la autoridad laboral en el RD 1483/2012, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, o en el RD-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, se ha de acudir a lo regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, como regla general, tiene carácter positivo  

El delito de prevaricación urbanística

20 de mayo de 2020 Artículos doctrinales URBANISMO

El delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP no es sino una especialidad del delito más genérico de prevaricación penado en el 404 del mismo texto legal, a cuya penalidad remite en parte y de cuya naturaleza y requisitos participa. El Derecho Administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora de primer grado, reservándose el Derecho Penal para las infracciones más graves

La justicia recuerda que los despidos improcedentes "pactados" tributan en Hacienda

01 de octubre de 2019 Jurisprudencia DESPIDO IMPROCEDENTE

La Audiencia Nacional confirma la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central sobre la obligación de las empresas de retener el IRPF sobra la indemnización entregada a los trabajadores, y la obligación de éstos de tributar las cantidades recibidas como rendimientos del trabajo. Y no es la única resolución de la Sala dictada al respecto.

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