Administrativo

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El TS rechaza el recurso de Monedero y declara incompatible ser profesor a tiempo completo con otras actividades

28 de octubre de 2020 Jurisprudencia ADMINISTRATIVO

El Alto Tribunal avala la resolución del Rector de la Universidad Complutense de marzo de 2015 que denegó la solicitud de compatibilidad por parte del político. La Sala destaca que como profesor titular a tiempo completo está sometido a una incompatibilidad absoluta para realizar otras actividades en el sector público o privado. 

La Junta de Andalucía impone la tramitación electrónica obligatoria de procesos selectivos de personal y bolsas de trabajo

23 de octubre de 2020 Noticias MEDIDAS COVID-19

En el contexto de la pandemia del Covid-19 y para minimizar el riesgo de contagio, el Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, establece la obligación de relacionarse exclusivamente a través del uso de medios electrónicos con la Administración General de la Junta de Andalucía en los procedimientos selectivos de acceso, provisión de puestos y bolsas de trabajo.

La Comunidad de Madrid sustituye licencias urbanísticas por declaraciones responsables para impulsar la actividad en la región

16 de octubre de 2020 Noticias ADMINISTRATIVO

La Ley 1/2020, de 8 de octubre, modifica la Ley regional del Suelo con la finalidad de impulsar y reactivar la actividad urbanística. Para ello revisa los procedimientos de intervención administrativa en los actos de construcción, edificación y uso del suelo, priorizando el mecanismo de la declaración responsable con el fin de reducir los dilatados plazos de espera para la realización de actuaciones urbanísticas, que actualmente elevan su coste y ahuyentan la inversión.

Regulado el teletrabajo para la Administración Pública: el nuevo artículo 47 bis del TREBEP

Publicado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, su finalidad principal es asegurar el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas, impulsando una nueva forma de organización y estructuración del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales. Regulado el teletrabajo para las AAPP: el nuevo artículo 47 bis del TREBEP

Concesiones de servicios, autorizaciones, servicio público y libre competencia: Comentarios y aportación personal a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional nº 5245/2018, de 28 de noviembre

La referida Sentencia reviste de un especial interés debido a que ilustra el tema de los contratos de concesión de servicios, las autorizaciones administrativas y los conceptos jurídicos de servicio público y libre competencia en el mercado para la prestación de servicios económicos.

Cataluña aprueba mediante decreto-ley la posibilidad de confinar a la población ante la pandemia

16 de julio de 2020 Noticias ANÁLISIS DE NORMATIVA

El Decreto Ley 27/2020, de 13 de julio, modifica la Ley catalana de salud pública para permitir a las autoridades sanitarias competentes adoptar medidas de limitación a la actividad, del desplazamiento de las personas y la prestación de servicios en determinados ámbitos territoriales en situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes, como la actual derivada del coronavirus

La Audiencia Nacional aplica el silencio positivo a los ERTE por Covid-19 solicitados a la autoridad laboral

25 de junio de 2020 Jurisprudencia EMPLEO

Ante la falta de regulación de las repercusiones del silencio administrativo por parte la autoridad laboral en el RD 1483/2012, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, o en el RD-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, se ha de acudir a lo regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, como regla general, tiene carácter positivo  

¿Cómo quedan finalmente los plazos en la jurisdicción contencioso-administrativa?

15 de junio de 2020 Noticias PLAZOS Y COVID-19

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que prorroga por quinta vez el estado de alarma, acuerda también alzar desde el 4 de junio la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones que estableció el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Levantamiento de la suspensión de plazos procesales en la jurisdicción contencioso-administrativa

Se reanudan los plazos procesales, ¿qué dice exactamente el Real Decreto 537/2020?

25 de mayo de 2020 El sector legal PROCESALISTAS

El Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, que prorroga por quinta vez el estado de alarma, acuerda también alzar desde el 4 de junio la suspensión de los plazos procesales y de los plazos de prescripción y caducidad de derechos y acciones que estableció el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. Asimismo dispone la reanudación o, en su caso, el reinicio, a partir del 1 de junio, del cómputo de los plazos administrativos suspendidos.  

El delito de prevaricación urbanística

20 de mayo de 2020 Artículos doctrinales URBANISMO

El delito de prevaricación urbanística del artículo 320 CP no es sino una especialidad del delito más genérico de prevaricación penado en el 404 del mismo texto legal, a cuya penalidad remite en parte y de cuya naturaleza y requisitos participa. El Derecho Administrativo realiza una función preventiva y también sancionadora de primer grado, reservándose el Derecho Penal para las infracciones más graves

La justicia recuerda que los despidos improcedentes "pactados" tributan en Hacienda

01 de octubre de 2019 Jurisprudencia DESPIDO IMPROCEDENTE

La Audiencia Nacional confirma la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central sobre la obligación de las empresas de retener el IRPF sobra la indemnización entregada a los trabajadores, y la obligación de éstos de tributar las cantidades recibidas como rendimientos del trabajo. Y no es la única resolución de la Sala dictada al respecto.

El TC avala la constitucionalidad del recurso de casación contencioso administrativo por infracción de normas autonómicas

07 de diciembre de 2018 Noticias Contencioso-administrativo

El Pleno del Tribunal Constitucional comunica que ha decidido desestimar la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra los párrafos segundo y tercero del artículo 86.3 de la Ley 29/1988 reguladora de la Jurisdicción Contencioso administrativa, que se refieren al recurso de casación fundado en infracción de normas autonómicas.

El silencio administrativo. Últimas modificaciones: especial incidencia en los procedimientos que puedan afectar al medio ambiente

El objeto del presente artículo es ofrecer un análisis de las principales novedades introducidas por la nueva normativa en el ámbito administrativo; fundamentalmente por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en lo relativo al silencio administrativo, como institución jurídica propia del Derecho Administrativo; sus particularidades y las principales cuestiones que surgen en la práctica.

Reflexiones sobre el sector público desde una perspectiva procesal

La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.  

El Supremo anula la autorización del ERE de las Cámaras Agrarias andaluzas

12 de abril de 2018 Jurisprudencia ERE

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anula la resolución del Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que autorizó a las Cámaras Agrarias de esta Comunidad a extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores al considerar que esta autoridad no constató debidamente que el suceso calificado como de ‘fuerza mayor’ imposibilitara definitivamente la prestación de trabajo.

El delito de acusación y denuncia falsa. Fundamento, requisitos y supuestos de hecho

El artículo 456 del Código Penal vigente  sanciona a quien imputare a alguna persona hechos que de ser ciertos constituirían infracción penal si lo hiciere con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio por la verdad ante funcionario judicial o administrativo que tenga el deber de proceder a su averiguación. Jurisprudencia y doctrina han señalado, generalmente, que el bien jurídico protegido en este delito es doble: de un lado el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia (que se perjudica al verse en la precisión de llevar a cabo actuaciones procesales penales basadas en hechos cuya falsedad consta desde el inicio a quien los pone en su conocimiento) y de otro el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos (que se ve afectado negativamente al aparecer como imputado en una causa penal).

Un juez de Zaragoza cuestiona la legalidad del certificado de antecedentes penales sexuales para trabajar con menores

02 de marzo de 2018 Jurisprudencia Delito sexual

El magistrado del Juzgado Contencioso administrativo nº 3 de Zaragoza ha cuestionado la legalidad del Real Decreto 1110/2015, que regula el Registro de Delincuentes Sexuales, al considerar que alguna de las medidas que establece son contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico, y anula la exigencia que le hacía la administración aragonesa a una profesora para que presentase un certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales.

Reflexiones sobra la Directiva (UE) 2016/343 y el derecho a la presunción de inocencia en el ámbito administrativo sancionador

20 de octubre de 2017 Artículos doctrinales EXTRANJERÍA

El presente estudio expone un análisis jurisprudencial, desde la perspectiva nacional y comunitaria, sobre la presunción de inocencia en el Derecho penal y su necesaria traslación a los procedimientos administrativos sancionadores, especialmente en materia de extranjería, por ser un ejercicio del poder punitivo que ha de ser controlado en aras de garantizar un procedimiento justo y la protección de los derechos humanos. 

Los codemandados en el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Su intervención en el proceso y en el procedimiento administrativo. Referencia obligada a la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para entender el papel del litisconsorcio pasivo en el orden contencioso-administrativo es necesario superar las carencias de la ley reguladora de esta jurisdicción, en una precisión conceptual que nos permitirá conocer su alcance, determinando tanto su necesariedad como la eventual exclusión de otros órdenes de la jurisdicción. La figura del codemandado presenta una íntima relación con el instituto de la responsabilidad patrimonial, lo que exige analizar su intervención desde el mismo procedimiento administrativo. Del mismo modo, se destacan las peculiaridades del pronunciamiento de la sentencia en relación a los codemandados, con expresa mención a las costas procesales.

Una pionera sentencia reconoce la indemnización por cese del funcionario interino

El Juzgado de lo contencioso administrativo nº 2 de La Coruña ha reconocido el derecho de un profesor interino a ser indemnizado con 20 días por año trabajado, que reclamó tras su cese como docente sustituto. El juez entiende que no hay razón para discriminar a este colectivo respecto del personal laboral temporal, al que si se le había reconocido esta indemnización.  

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Madrid limita el recurso de casación autonómica a la unificación de jurisprudencia

En un auto dictado el pasado 17 de mayo los magistrados limitan enormemente la recurribilidad de las sentencias y autos, hasta el punto de que solo podrá admitirse el recurso contra las resoluciones de esta propia Sala cuando se incurra en la fijación de jurisprudencia contradictoria. El auto dictado establece notables diferencias entre el recurso de casación ante el Tribunal Supremo y el recurso de casación autonómica, del que conoce una Sección Especial de Casación de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

¿Qué documentos que debe aportar un administrador único si quiere recurrir en nombre de su sociedad de capital?

El Tribunal Supremo aclara en una reciente sentencia que para promover un recurso contencioso-administrativo en nombre de la sociedad no basta con acreditar simplemente la condición de administrador, sino que se debe aportar documentación añadida, como la copia de los estatutos sociales, a fin de acreditar que ostenta facultades para ello.

El TC anula parcialmente la regulación estatal del impuesto de Plusvalía para que no tributen las transmisiones sin incremento de valor

17 de mayo de 2017 Noticias PLUSVALÍA

Después de anular los preceptos correlativos en las normas fiscales forales, el Tribunal Constitucional ha dictado la esperada sentencia sobre la regulación estatal de esta impuesto, estimando la cuestión de inconstitucionalidad que había interpuesto el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Jerez de la Frontera contra el artículo 107 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, por posible infracción del principio de capacidad económica del artículo 31 CE.

Aplicación práctica de la nueva legislación de régimen jurídico del sector público y del procedimiento administrativo. Cuestiones fundamentales

Universidad de Santiago de Compostela, 5 de mayo de 2017.- La Jornada se presenta como un foro de debate en el que se analizará la aplicación práctica de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público , en vigor desde hace más de un año.

Transparencia bancaria y reclamaciones

Un trabajo sobre las normas de transparencia en la contratación bancaria, que junto con las buenas prácticas y usos bancarios, son el objeto de examen por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (antes Servicio de Reclamaciones) a través del mecanismo de reclamaciones, quejas y consultas que se regula en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España. Como indica el autor, aunque el informe con el que finaliza este procedimiento no tiene el carácter de acto administrativo recurrible ni es vinculante para las entidades de crédito (evidentemente tampoco para los tribunales) representa un medio idóneo de solución extrajudicial de conflictos, especialmente cuando se trata de reclamaciones de pequeña cantidad.

El Tribunal Supremo decidirá si Uber debe someterse a la normativa de transporte

03 de abril de 2017 Noticias UBER

El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación que interpuso la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de un juzgado que absolvió a la plataforma de la multa que le había sido impuesta por carecer de licencia de transporte. La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado que la cuestión planteada tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la futura sentencia decidirá el régimen jurídico aplicable en nuestro país a esta empresa internacional.

El TEAC unifica criterio y establece que las prestaciones por maternidad tributan en el IRPF

Tras la polémica surgida después de que el TSJ de Madrid diera la razón a una contribuyente que solicitó la devolución, el Tribunal Económico Administrativo Central comparte plenamente la interpretación literal del artículo 7 h) LIRPF que realizó en su día la Dirección General de Tributos. Considera que la exención solo será de aplicación a las prestaciones por maternidad satisfechas por las Comunidades Autónomas y entidades locales, excluyendo las abonadas por la Seguridad Social.

El TS rechaza la suspensión cautelar del Real Decreto que regula las reválidas en ESO y Bachillerato

18 de noviembre de 2016 Jurisprudencia REVALIDAS

Para el Supremo, no procede adoptar en este momento la medida cautelar que solicitan en su recurso las Comunidades Autónomas de Extremadura y Aragón, porque ni han puesto de manifiesto la concurrencia de una apariencia de buen derecho susceptible de justificar la suspensión que pretende ni tampoco ha justificado que la vigencia del Real Decreto origine perjuicios de imposible o difícil reparación.

Las repercusiones fiscales de la nueva Ley del Procedimiento Administrativo, en el próximo Foro Asesores Wolters Kluwer

04 de noviembre de 2016 Noticias Foro Asesores

El 21º Foro Asesores Wolters Kluwer tendrá lugar en Madrid el próximo 15 de noviembre bajo el lema “El Camino de la Excelencia”. Entre otras materias, en esta edición se analizarán las repercusiones fiscales de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, recientemente entrada en vigor.

Entra en vigor la reforma del recurso de casación contencioso-administrativo

22 de julio de 2016 Noticias REFORMA CASACIÓN

A partir de hoy, los recursos de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS se limitan a 25 folios. Esta es solo una de las novedades de la profunda reforma que entra en vigor hoy 22 de julio. Para su mejor comprensión, hemos preparado un video y un resumen con todas las novedades: cuales son las resoluciones recurribles, las formalidades del escrito de casación, la tramitación, la sentencia y el interés casacional.

Las solicitudes de nacionalidad por residencia se podrán presentar electrónicamente por los gestores administrativos

18 de julio de 2016 Noticias Gestores administrativos

En virtud de un acuerdo suscrito entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General de Gestores Administrativos, los ciudadanos podrán optar entre la presentación de las solicitudes de nacionalidad española, bien en papel en los Registros Civiles y oficinas de la Administración General del Estado o bien telemáticamente, en la sede electrónica del Ministerio de Justicia, bien por el propio interesado o a través de un representante legal o voluntario.

Los ciudadanos pueden solicitar el certificado de penados en los registros de cualquier órgano administrativo del Estado

26 de enero de 2016 Noticias Certificado de penados

Quienes pretendan acceder o ejercer profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, tienen la obligación de acreditar que no tienen antecedentes penales por haber cometido delitos sexuales. Hasta la entrada en funcionamiento del Registro Central de Delincuentes Sexuales, el próximo 1 de marzo, la ausencia de antecedentes se acreditará mediante el certificado de penados.

Contenido y novedades de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas

02 de octubre de 2015 Noticias Procedimiento administrativo

Esta Ley regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos. Pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación.   La norma establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas.

Entra en vigor la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana

Esta ley regula aspectos como la documentación e identificación de las personas, el control administrativo de armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o la previsión de la necesidad de adoptar medidas de seguridad en determinados establecimientos, con el correlato de un régimen sancionador actualizado imprescindible para garantizar el cumplimiento de los fines de la Ley.

El Gobierno aprueba la modificación del Reglamento de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal

Esta reforma del Reglamento de las ETT pretende adaptarlo a los cambios normativos producidos desde su publicación, adecuando su contenido a las modificaciones introducidas en el régimen de autorización y constitución de las ETT por la Ley 18/2014, e implantar además la administración electrónica en todo el procedimiento administrativo en relación con las mismas.

Cumplimentación extemporánea de trámites por los interesados en el procedimiento administrativo

¿Qué hacer cuando los administrados cumplimentan un trámite, pero fuera del plazo legal que les fue concedido? Este artículo trata sobre los efectos de la cumplimentación extemporánea de trámites por parte de los administrados en procedimientos administrativos, tanto incoados de oficio como a instancia de parte, examinando la normativa de aplicación y su desarrollo en los Tribunales para determinar la efectividad de tales actuaciones y el proceder administrativo correcto en cada caso.

El Gobierno aprueba el Proyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común

Habrá un único procedimiento común, en vez del abundante número actual de procedimientos especiales, y se prevé un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad. Se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, tampoco será preciso que los ciudadanos presenten fotocopias de documentos. Se habilitará la presentación de escritos en cualquier momento en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad. Se fija con carácter general una fecha común (enero y junio) de entrada en vigor de las normas que impongan obligaciones a profesionales y empresas para el desarrollo de su actividad económica o profesional

El Congreso aprueba definitivamente la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

27 de marzo de 2015 Noticias Seguridad ciudadana

Esta ley regula aspectos como la documentación e identificación de las personas; los registros corporales externos; las medidas que deberán adoptar las autoridades para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, así como para restablecer la normalidad de su desarrollo en casos de alteración de la seguridad ciudadana; las medidas de control administrativo que el Estado puede ejercer sobre las actividades relacionadas con armas, explosivos, cartuchería y artículos pirotécnicos o las obligaciones de registro documental para actividades relevantes para la seguridad ciudadana. Se exime de responsabilidad a los menores de catorce años y se prevé que cuando sea declarado autor de los hechos cometidos un menor de dieciocho años no emancipado o una persona con la capacidad modificada judicialmente responderán solidariamente con él de los daños y perjuicios ocasionados sus padres, tutores, curadores, acogedores o guardadores legales o de hecho. La norma entrará en vigor el 1 de julio de 2015.

El Gobierno aprueba el Anteproyecto de Ley de Procedimiento Administrativo Común

Habrá un único procedimiento común y un procedimiento administrativo "exprés" para supuestos de menor complejidad. Se habilitará la presentación de escritos en cualquier momento y en el registro electrónico de cualquier Administración, con independencia de a quien se dirijan. Se establece como regla general la no solicitud de documentos originales, sino que, registrados éstos electrónicamente, la Administración elaborará las copias que necesite. Se simplifican los medios de identificación y de firma electrónica que se pueden utilizar para los trámites administrativos. Se generaliza para todos los procedimientos administrativos la posibilidad de reducir el importe de las sanciones por pronto pago o por reconocimiento de la responsabilidad.

El Congreso aprueba la Ley de seguridad ciudadana y lo remite al Senado

12 de diciembre de 2014 Noticias Seguridad ciudadana

Una parte significativa de la nueva norma se refiere a la regulación de las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, aunque se incluyen otras materias, como las obligaciones de registro documental o de adopción de medidas de seguridad por las personas físicas o jurídicas que realicen actividades relevantes para la seguridad ciudadana, o el control administrativo sobre armas y explosivos.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Un juzgado anula una multa de tráfico al entender que los fotogramas captados por las cámaras de tráfico no gozan de garantía de veracidad

23 de junio de 2014 Jurisprudencia Tráfico

Según el juzgado, los fotogramas que se acompañan al expediente administrativo no permiten reputar acreditada la infracción puesto que no gozan de suficiente garantía de veracidad ya que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial alguno. En consecuencia anula la sanción impuesta.

Una sentencia permite a un funcionario compaginar su p uesto con un trabajo asalariado para compensar los recortes salariales

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de Barcelona ha dictado sentencia favorable a un funcionario que quería compaginar su puesto con una actividad asalariada, al considerar que el trabajador ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años, en los que el colectivo ha sufrido rebajas salariales y congelaciones, que hace necesaria una interpretación más flexible de la regulación sobre incompatibilidades en el sector público.

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de 2012 a los funcionarios

21 de febrero de 2014 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012.

Nulidad de determinados preceptos del Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña

03 de julio de 2012 Jurisprudencia Lengua Vehicular

Sentencia de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012. Recurso de casación contra Sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, de fecha18 de julio de 2012, contra el Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que estableció la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil. Impugnación de los artículos 4.1, 4.3, 4.4, 14.3, y conjuntamente a los artículos 4.5, 8 y 10.1.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Un juzgado anula una multa de tráfico al entender que los fotogramas captados por las cámaras de tráfico no gozan de garantía de veracidad

23 de junio de 2014 Jurisprudencia Tráfico

Según el juzgado, los fotogramas que se acompañan al expediente administrativo no permiten reputar acreditada la infracción puesto que no gozan de suficiente garantía de veracidad ya que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial alguno. En consecuencia anula la sanción impuesta.

Una sentencia permite a un funcionario compaginar su p uesto con un trabajo asalariado para compensar los recortes salariales

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de Barcelona ha dictado sentencia favorable a un funcionario que quería compaginar su puesto con una actividad asalariada, al considerar que el trabajador ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años, en los que el colectivo ha sufrido rebajas salariales y congelaciones, que hace necesaria una interpretación más flexible de la regulación sobre incompatibilidades en el sector público.

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de 2012 a los funcionarios

21 de febrero de 2014 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012.

Nulidad de determinados preceptos del Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña

03 de julio de 2012 Jurisprudencia Lengua Vehicular

Sentencia de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012. Recurso de casación contra Sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, de fecha18 de julio de 2012, contra el Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que estableció la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil. Impugnación de los artículos 4.1, 4.3, 4.4, 14.3, y conjuntamente a los artículos 4.5, 8 y 10.1.

El anuncio de la extinción de un organo administrativo nos justifica el despido de su personal cuando dicha extinción no se ha producido jurídicamente

03 de septiembre de 2014 Jurisprudencia Despido colectivo

El despido colectivo que afectó a toda la plantilla de la Agencia de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid se inició sobre la base de un mero proyecto de ley de extinción de su personalidad jurídica, pese a que dicha extinción jurídicamente todavía no se había producido, lo que determina la existencia de un fraude de ley y la correspondiente nulidad de los despidos.

Un juzgado anula una multa de tráfico al entender que los fotogramas captados por las cámaras de tráfico no gozan de garantía de veracidad

23 de junio de 2014 Jurisprudencia Tráfico

Según el juzgado, los fotogramas que se acompañan al expediente administrativo no permiten reputar acreditada la infracción puesto que no gozan de suficiente garantía de veracidad ya que no hay constancia que las imágenes hayan sido captadas y manipuladas por funcionario policial alguno. En consecuencia anula la sanción impuesta.

Una sentencia permite a un funcionario compaginar su p uesto con un trabajo asalariado para compensar los recortes salariales

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº7 de Barcelona ha dictado sentencia favorable a un funcionario que quería compaginar su puesto con una actividad asalariada, al considerar que el trabajador ha sufrido una pérdida de poder adquisitivo durante los últimos años, en los que el colectivo ha sufrido rebajas salariales y congelaciones, que hace necesaria una interpretación más flexible de la regulación sobre incompatibilidades en el sector público.

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de 2012 a los funcionarios

21 de febrero de 2014 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012.

Nulidad de determinados preceptos del Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña

03 de julio de 2012 Jurisprudencia Lengua Vehicular

Sentencia de la sala Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de junio de 2012. Recurso de casación contra Sentencia desestimatoria del recurso contencioso administrativo del Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia en Cataluña, de fecha18 de julio de 2012, contra el Decreto 181/2008 del Departamento de Educación del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que estableció la ordenación de las enseñanzas del segundo ciclo de la enseñanza infantil. Impugnación de los artículos 4.1, 4.3, 4.4, 14.3, y conjuntamente a los artículos 4.5, 8 y 10.1.

Las causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo deben ser objeto de decisión preferente a las de nulidad de pleno derecho del acto impugnado (a propósito de la STS de 20 de diciembre de 2013)

En el caso de que en el proceso contencioso-administrativo la parte recurrente invoque causas de nulidad de pleno derecho del acto administrativo impugnado y la Administración alegue, por su parte, causas de inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo ¿que debe ser objeto de examen y decisión en primer lugar, las causas de inadmisibilidad o las de nulidad? La STS de 20 de diciembre de 2013 vuelve a pronunciarse sobre la cuestión

Plazo de pago e interés de demora actuales en los contratos administrativos anteriores al TRLCSP

Dado el rápido y sucesivo cambio legislativo que se ha producido en la contratación administrativa, los contratos o concesiones llevadas a cabo con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva normativa y que aún se encuentran vigentes y desplegando sus efectos por mor de su duración o de sucesivas prórrogas se encuentran en una situación que puede generar confusión, no solo por la sucesiva modificación de las normas que los rigen, sino por las disposiciones transitorias que se han ido introduciendo en las mismas.

El doble silencio administrativo a la luz de la jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia

Conviene precisar de principio el artículo 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que lleva como rúbrica general: “Silencio administrativo en procedimientos iniciados a solicitud del interesado”, y en virtud del cual se dispone expresamente: 1.-“En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa legitima al interesado o interesados que hubieran deducido la solicitud para entenderla estimada o desestimada por silencio administrativo, según proceda, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 4 de este artículo”.

El silencio administrativo en las licencias urbanísticas: ¿una cuestión de pasado?

27 de febrero de 2013 Artículos doctrinales Urbanismo

Cuando el silencio administrativo de carácter positivo originado de forma automática tras la falta de resolución de una solicitud de licencia urbanística, era una cuestión legal, doctrinal y jurisprudencialmente asentada en nuestro Ordenamiento Jurídico, entra en vigor "ex novo" el RD Ley 8/2011, de 1 de julio, cuyo artículo 23.2 cambia radicalmente el criterio mantenido hasta entonces, entendiendo desestimada todo licencia urbanística que, instada por un administrado, no haya sido resuelta en plazo por la Administración competente. El citado RD Ley, cuya constitucionalidad queda en entredicho, se opone frontalmente al posicionamiento que sobre esta materia mantienen, hasta la fecha, prácticamente la totalidad de leyes autonómicas en vigor. Se genera un conflicto de normas que intentaremos despejar haciendo uso de los principios doctrinales creados al efecto.

¿Merece la pena recurrir multas? Guión práctico.

Para desgracia de los particulares/empresas, en el procedimiento administrativo sancionador, por el cual se imponen sanciones generalmente de contenido pecuniario, vulgarmente llamadas "multas", la Administración es juez y parte. A propósito de la anterior afirmación, hace unos días un amigo me preguntó sobre si, siendo que, la Administración, al imponer una multa será la "encargada" de tramitar y resolver todo el procedimiento, y por lo tanto estaremos bajo su "poder decisorio"; merece o no la pena recurrir las sanciones que se nos imponen o bien lo mejor es agachar la cabeza y pagar.

La autorización judicial de entrada en domicilio para la ejecución forzosa de los actos de la Administración

El principio de autotutela administrativa, en virtud del cual la Administración tiene potestad para proceder a la ejecución forzosa de sus propios actos, sin necesidad de auxilio judicial, tuvo en la época preconstitucional un alcance ilimitado, pues si bien el art. 102 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 dejaba a salvo el caso de que por Ley se exigiera la intervención de los Tribunales, no existía tal previsión legal.

Sobre la prescripción de las infracciones administrativas en vía de recurso

La postura tradicional del Tribunal Supremo en materia de prescripción de infracciones administrativas es que sólo puede producirse antes del dictado de la resolución sancionadora, de tal forma que si contra élla cabe recurso de alzada, la demora de la Administración en la resolución del recurso administrativo no determina la prescripción de la infracción, o lo que es lo mismo, no es jurídicamente admisible apreciar la prescripción de la infracción en vía de recurso.

La apariencia de buen derecho en el Contencioso-Administrativo. Casuística más reciente sobre su apreciación

Se trata de un presupuesto conformado por la jurisprudencia, pues la norma legal, es decir, el artículo 139 de la Ley de la jurisdicción, no lo contempla expresamente. Aunque el proyecto de Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa recogía explícitamente el criterio de la apariencia de buen derecho, el mismo fue suprimido en trámite parlamentario sin que alcanzara por tanto el rango de norma allí positivizada. Sin embargo, posteriormente se plasmará en la LEC 1/2000 (artículo 728) como uno de los requisitos de la protección cautelar el campo del orden jurisdiccional civil.

Procedimiento sancionador administrativo en materia forestal en Andalucía; el instituto prescriptivo en relación con la acción de la administración para exigir la reparación del daño

La Constitución afirma el derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado y el deber de conservarlo, considerándose un derecho-deber de carácter general pues se refiere a “todos”, encomienda a los poderes públicos el deber de velar porque los recursos naturales se utilicen racionalmente con el fin de mejorar y proteger la calidad de vida, establece igualmente, como principio rector de las políticas de los poderes públicos la defensa y restauración del medio ambiente con apoyo en la solidaridad colectiva, y finalmente, en el apartado tercero dispone sanciones tanto penales como administrativas para quienes violen las leyes de protección del medio ambiente, afirmando la obligación de reparar el daño causado.

Comentarios sobre el desistimiento como forma de terminación anormal del procedimiento administrativo: especial consideración al desistimiento en el recurso de reposicion

El desistimiento se conceptúa como una forma anormal de terminación del procedimiento administrativo y, una vez se haya realizado una breve introducción sobre el procedimiento administrativo así como algunas consideraciones críticas sobre el desistimiento, por así interesarme en particular, centraré la atención en argumentar su aplicación dentro del procedimiento del recurso de reposición, habida cuenta que algún autor niega dicha posibilidad.

Sobre la inexistencia de plazo para recurrir en vía contencioso-administrativa las desestimaciones por silencio administrativo : Breve comentario a la STC 149/2009, de 17 de junio de 2009

La STC 149/2009, de 17 de junio de 2009 (sección 1ª, rec. 4509/2005, ponente Excmo. Sr. D. Manuel Aragón Reyes), concluye que la interpretación de las resoluciones impugnadas, imponiendo al recurrente la obligación de reaccionar en vía judicial contra la desestimación presunta de su solicitud, so pena de incurrir en extemporaneidad, supone una interpretación irrazonable que choca frontalmente con la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), en su vertiente de acceso a la jurisdicción.

La requisa militar

Cuando hablamos de las limitaciones a la propiedad en caso de guerra, de conflicto o de desastre, desde el punto de vista administrativo e internacional se suelen distinguir varias figuras afines a la requisa. Esto es normal por parte de la doctrina. Tiene una utilidad no sólo intelectual: el esclarecimiento del distinto alcance de una posible responsabilidad estatal que también en su caso con ellas se pueda contraer, por lo que se hace oportuno, preventivo y conveniente distinguirlas.

Los orígenes remotos del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado

A falta de una definición precisa y concreta del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en el ordenamiento jurídico español, aparte, claro está, de la conceptualización que ofrece del mismo la Ley de Contratos del Sector Público en su art. 113, debemos plantearnos si este contrato administrativo aparentemente nuevo tiene su origen precisamente en dicha Ley o si, por el contrario, ya existía antes.

Procedimiento básico para la obtención de licencia de apertura de establecimientos para actividades calificadas : el caso de Vélez Málaga

Son actividades calificadas aquellas que están sometidas al procedimiento de calificación ambiental, con la finalidad de analizar las posibles consecuencias ambientales de dichas actuaciones, comprobando su adecuación a la normativa ambiental vigente y determinando las medidas correctoras y condiciones necesarias para prevenir o compensar sus posibles efectos negativos sobre el medio ambiente.

El contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en el ordenamiento jurídico español: orígenes, características y naturaleza de una experiencia exitosa

Como todo el mundo sabe, no existe en el ordenamiento jurídico comunitario una definición precisa del contrato de colaboración público-privada que vincule a los Estados Miembros en cuanto a su regulación, ni siquiera se ha llegado a consenso en lo que respecta a su verdadera denominación.

El principio de proporcionalidad y el derecho administrativo sancionador de extranjería: material y procedimental

El concepto de migraciones ha devenido históricamente, ya que el fenómeno de las migraciones ha existido desde los comienzos de la Historia, entendiéndose en cada época de un modo u otro pero siempre siendo el pilar básico de este fenómeno las razones económicas. Sin embargo, ha sido en los últimos años, este conepto ha sufrido un cambio radical.

Revisión de oficio de los actos nulos en los Territorios Históricos de la Comunidad Autónoma del País Vasco

Teniendo la consideración de Administración Pública las Diputaciones Forales de los Territorios Forales que integran la Comunidad Autónoma del País Vasco, se analizará cada una de las Normas Forales de organización, funcionamiento y régimen jurídico de los respectivos Territorios Forales en aras a determinar el órgano competente para llevar a cabo la referida revisión en el ámbito de su respectiva Diputación foral.

La frontera entre el contrato administrativo especial y el contrato privado celebrado por una Administración Pública. El criterio de la directa o inmediata satisfacción de una finalidad pública

Un contrato a priori privado que, no obstante, integre en su causa una finalidad pública de la específica competencia de la Administración contratante, y además lo haga de manera no sólo directa e inmediata, sino también inequívoca, principal y vinculada o integrada en el propio objeto contractual, tiene la consideración objetiva de administrativo especial.

El personal eventual: Análisis jurisprudencial. Concepto y Evolución Histórica (I)

La Administración Pública, como toda organización, requiere para el cumplimiento de sus fines, el empleo de unos medios materiales, unos recursos financieros y unos medios o recursos humanos. Estos medios personales están constituidos por el conjunto de personas que prestan sus servicios en las distintas Administraciones Publicas, conjunto que, evidentemente, no es homogéneo sino todo lo contrario, por cuanto dentro de él podemos encuadrar tanto al personal político como a los trabajadores o empleados públicos, y dentro de éstos últimos a todas aquellas personas que prestan sus servicios profesionales de una forma u otra en la propia Administración.

El Consejo Audiovisual de Andalucía

El artículo 16.1. del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, atribuía a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas en materia de protección del cumplimiento de la normativa audiovisual vigente en el ámbito de los medios de comunicación social de Andalucía. Asimismo, el artículo 16.2. reconoce a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de “medios de comunicación social”, que han de ejercitarse en el marco de las normas básicas del Estado, cuya previsión constitucional viene recogida en el artículo 149.1.27.ª que reserva al Estado las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas”.

El TS rechaza suspender el segundo recurso del Gobierno ante el TC contra la consulta del 9N

06 de noviembre de 2014 Noticias Cataluña

La Sala de lo Contencioso Administrativo del TS ha rechazado la pretensión de suspensión del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 31 de octubre, que aprobó impugnar ante el TC el proceso participativo sobre el futuro político de Cataluña previsto para el próximo 9 de noviembre, tal y como le había solicitado la Generalidad, pues el acuerdo del Consejo de Ministros controvertido no es un acto susceptible de recurso contencioso-administrativo ni ordinario ni especial.

El Gobierno crea una nueva plataforma electrónica común para todo el sector público administrativo estatal

19 de septiembre de 2014 Noticias Cl@ve

Denominada Cl@ve, será la plataforma común del sector público administrativo estatal para la identificación, autenticación y firma electrónica. Con ello se sustituye el actual sistema de acceso electrónico en la red basada en la obtención de un certificado de firma electrónica por un sistema de claves concertadas más ágil y eficiente de fácil obtención y utilización.

Un colegio de abogados no puede oponerse al embargo de las retribuciones del turno de oficio de un letrado ordenado por Hacienda

12 de septiembre de 2014 Noticias Recaudación tributaria

Según  una consulta vinculante de la DGT,  las diligencias de embargo deben ejecutarse en sus estrictos términos, por lo que no corresponde al Colegio de abogados que satisface la retribución a un letrado por el turno de oficio, entrar a valorar si el acto administrativo o la actuación tributaria que determina la deuda o la diligencia recibida se ajustan o no a Derecho o si incurren en errores materiales.

El Gobierno simplifica el procedimiento para reclamar al Estado los salarios de tramitación en los juicios por despido

06 de junio de 2014 Noticias Salarios de tramitación

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se modifica el procedimiento administrativo que se ha de seguir en las reclamaciones al Estado por los salarios de tramitación en los juicios por despido improcedente, introduciendo  una simplificación de los trámites para agilizar la gestión de estos expedientes y reducir demoras en el abono de estas cantidades.

El derecho a la tutela judicial efectiva impide que el impago de la tasa judicial limite la admisión a trámite de una demanda

15 de mayo de 2014 Noticias Tasas judiciales

Una sentencia del TSJ Cataluña establece que el derecho de todas las personas a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión, determina la imposibilidad de que el impago total o parcial de cualquier tasa pueda impedir por sí solo el acceso del interesado a aquella tutela a través de la promoción del correspondiente proceso o recurso, o al trámite y resolución de cualesquiera escritos presentados en su seno. Y ello sin perjuicio de que la falta de presentación de la correspondiente autoliquidación, siendo exigible, pudiera ser comunicada, a los efectos procedentes, al organismo administrativo encargado de la gestión de la indicada tasa. 

El TC establece que no hay plazo para recurrir decisiones desestimatorias adoptadas por silencio Administrativo

28 de abril de 2014 Noticias Silencio administrativo

Conforme a la nueva ordenación del silencio administrativo introducida por la Ley 4/1999, "ya no tienen encaje en el concepto legal de 'acto presunto' los supuestos en los que el ordenamiento jurídico determina el efecto desestimatorio de la solicitud formulada". Y, en consecuencia, "la impugnación jurisdiccional de las desestimaciones por silencio no está sujeta al plazo de caducidad previsto en el artículo 46.1 LJCA".

Publicada la Ley 5/2014, de seguridad privada

06 de abril de 2014 Noticias Ley de Seguridad Privada

La nueva ley regula el ámbito de actuación de las agencias de seguridad privada de las empresas de detectives privados. Define su ámbito de actuación, requisitos de establecimiento y ejercicio, la formación y  las competencias de su personal y su régimen administrativo y disciplinario. Se dota al personal de seguridad privada de una protección jurídica análoga a la de los agentes de la autoridad frente a las agresiones o desobediencias de que pueden ser objeto cuando desarrollen, debidamente identificados, las actividades de seguridad privada en cooperación y bajo el mando de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad sobre la retirada de la paga extra a los funcionarios en 2012

04 de marzo de 2014 Noticias Funcionarios públicos

El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad respecto de los artículos 2.1, 2.2.1 y 3.1 del Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, que suprimió la paga extraordinaria a los funcionarios, por posible infracción de la prohibición de retroactividad, garantizada en el artículo 9.3 de la Constitución, respecto de las normas restrictivas de derechos individuales.

El Gobierno aprueba la regulación del Tribunal Administrativo del Deporte, para unificar todas las competencias revisoras en materia deportiva

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto por el que se desarrolla la composición, organización y funciones del Tribunal Administrativo del Deporte. Con este nuevo órgano se unifican en uno único todas las funciones y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, disciplina deportiva y de garantía de la legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en las entidades deportivas españolas.

El Gobierno extenderá los actuales incentivos a la contratación a los beneficiarios de la Garantía Juvenil

17 de enero de 2014 Noticias Empleo juvenil

Esta iniciativa se enmarca en la intención del Gobierno de que en el primer semestre de 2014 se hayan materializado las transformaciones necesarias para aplicar la Garantía Juvenil, como el desarrollo del procedimiento administrativo de aplicación, los desarrollos normativos necesarios, la adaptación de los servicios públicos de empleo y la puesta en marcha de los sistemas de información y bases de datos. Este plan europeo persigue que jóvenes parados o que hayan terminado la educación formal puedan acceder a un puesto de trabajo, a prácticas o a formación continua en un plazo de cuatro meses.

El expediente judicial electrónico se implanta en los juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional

Este segundo despliegue afecta a los doce juzgados centrales de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, e implica a más de un centenar de profesionales entre magistrados, secretarios judiciales y demás funcionarios de los cuerpos generales de la Administración de Justicia (Gestión Procesal, Tramitación Procesal y Auxilio Judicial).

La Agencia Tributaria aclara los términos de la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central que anula la liquidación anual de IVA

27 de agosto de 2010 Noticias IVA

Indica que estamos ante un caso de interpretación técnica y jurídica de un proceso administrativo de control que aumentará parcialmente la carga de trabajo administrativo de la Agencia Tributaria durante los próximos meses y que obliga a revisar las aplicaciones informáticas y los procedimientos, pero que es perfectamente asumible.

La Seguridad Social adopta medidas cautelares en Mutua Universal Mugenat

02 de agosto de 2007 Noticias SEGURIDAD SOCIAL

La Secretaría de Estado de Seguridad Social ha iniciado, a la vista de los informes de la Intervención, procedimiento administrativo para adoptar medidas cautelares respecto a Mutua Universal Mugenat, con el objetivo de subsanar la situación e irregularidades detectadas por la Intervención General de la Seguridad Social y con independencia de las actuaciones que se puedan llevar a cabo por el Tribunal de Cuentas.

Tener antecedentes penales no es motivo para expulsar a un extranjero

Tener antecedentes penales, aunque sea por un delito grave, no es motivo para decretar la expulsión de un extranjero. Éste es el argumento que utiliza la magistrada titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Badajoz para conceder la tarjeta de residencia a un inmigrante. La Subdelegación del Gobierno se la había negado basándose precisamente en esos antecedentes.

La Audiencia Nacional anula una multa del TDC a Telefónica de 57 millones de euros

07 de febrero de 2007 Noticias AUDIENCIA NACIONAL

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia anulando una multa de 57 millones de euros impuesta a Telefónica por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en abril de 2004. La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia estima el recurso interpuesto por la operadora contra la resolución del TDC, que tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel).