La sentencia de la Sala de lo Social acoge la excepción de inadecuación de procedimiento planteada por el Consejo y desestima la demanda de conflicto colectivo.
Según los datos remitidos por los Tribunales Superiores de Justicia y los órganos centrales al Consejo General del Poder Judicial.
Los textos, que analizan la pérdida de poder adquisitivo de los miembros de la Carrera Judicial, el sistema de retribuciones variables o las prestaciones de jubilación, han sido elaborados por los diferentes servicios del CGPJ, entre ellos el Gabinete Técnico, el Servicio de Inspección, la Sección de Estadística y Gerencia e Intervención. El CGPJ, que ha expresado en reiteradas ocasiones su respaldo a las reivindicaciones judiciales, cumple así el compromiso adquirido con las asociaciones profesionales.
En relación con los incidentes ocurridos durante la jornada de paro convocada por las asociaciones judiciales el pasado día 22, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial declara sobre la actitud que mantuvieron los Secretarios de Gobierno y el Cuerpo de Letrados durante la jornada.
Los representantes de las siete asociaciones judiciales y de fiscales han tenido una reunión con el Ministro de Justicia y la Secretaria de Estado, en la que han asumido una serie de compromisos concretos a partir de las propuestas asociativas, y se fija fecha para la mesa de retribuciones.
El número de jueces y magistrados que han comunicado a las presidencias de sus respectivos Tribunales Superiores de Justicia, mediante las vías habilitadas al efecto en cada territorio, su decisión de secundar la jornada de paro convocada para el día de hoy por las asociaciones judiciales ha sido de 2.916.
Con ocasión de la pretendida aprobación de las leyes de ruptura de Cataluña, las asociaciones de jueces han manifestado su compromiso de hacer cumplir la ley.
En una nota hecha pública hoy demandan al Consejo General del Poder Judicial que se fijen unos módulos adecuados y compatibles con el derecho al descanso y a la conciliación de la vida personal y familiar. Por su parte el CGPJ acordó tomar en consideración, “como principios programáticos de su actuación en materia de protección social de la Carrera Judicial”, las 130 propuestas contenidas en el documento elaborado por el Grupo de Trabajo sobre protección social de la Carrera Judicial.
Con ocasión de los hechos ocurridos en el Ayuntamiento de Badalona, cuando un grupo de concejales con responsabilidades de gobierno rompieron la copia de la resolución judicial que adoptaba medidas en relación a la apertura de sus instalaciones el día 12 de octubre, las asociaciones judiciales hacen un llamamiento a la cordura a todas las fuerzas políticas.
Las cuatro grandes asociaciones de jueces se “alegran” del acuerdo alcanzado y lo consideran “un primer paso para un Pacto de Estado por la Justicia”. Por ello, esperan que sea apoyado por todas las fuerzas parlamentarias, porque es "una oportunidad que no se puede desaprovechar".
Diversas asociaciones judiciales han expresado críticas sobre el alcance que en materia de Justicia y lucha contra la corrupción, pueda cobrar el acuerdo que están negociando el Partido Popular y Ciudadanos para permitir la investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.
El colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha advertido este jueves de los diez errores más frecuentes que contienen los borradores del IRPF, por lo que recomienda a los contribuyentes que los revisen bien antes de confirmarlos porque dos de cada tres pueden contener omisiones e imprecisiones que impiden beneficiarse de reducciones y deducciones fiscales.
Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, han hecho público un comunicado en el que presentan una propuesta unitaria en relación con la Justicia.
Las asociaciones judiciales disponen ahora de un plazo de veinte días para realizar alegaciones al texto y, tras ello, la Sección de Riesgos Laborales elevará el documento a la Comisión Permanente durante el mes de diciembre. Finalmente, la Comisión Permanente activará la reunión de la Comisión de Seguimiento que integran el CGPJ y el Ministerio de Justicia para que el Plan de Prevención de Riesgos Laborales sea definitivamente aprobado antes del fin de enero de 2015.
La norma contempla la creación de 112 plazas para magistrados de órganos colegiados, 167 para jueces de adscripción territorial y tres nuevos juzgados de lo penal. El Ministerio de Justicia espera que estas unidades contribuyan a reforzar la lucha contra la corrupción. De hecho, dos plazas irán destinadas el próximo año a la sala de la Audiencia Nacional encargada de juzgar casos de corrupción. Las asociaciones judiciales acusan al Gobierno de "no decir la verdad" porque no se crean nuevas plazas sino que se regulariza la situación de quienes no tienen destino.
APM y Francisco de Vitoria piden una modificación sustancial y JpD insta a derogar la ley al considerar que un "mero retoque" es insuficiente
Las asociaciones Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente han hecho este martes, en rueda de prensa conjunta, una crítica valoración al proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, al tiempo que han lamentado que el Consejo General del Poder Judicial haya actuado como "correa de transmisión" de los partidos políticos y no en defensa de los intereses de la judicatura y los ciudadanos em esta materia.
El portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, precisó que el tipo penal invocado por la Fiscalía --delito contra las altas instituciones del Estado-- es antiguo y poco aplicado, además de prever penas graves, por lo que requiere un especial esfuerzo probatorio. Los acusados lo eran colectivamente, como autores de "delito masa", que castiga a los partícipes por el mero hecho de "estar ahí". Por tanto, el riesgo que se asumía al acusar por él es que se haya dictado un fallo absolutorio como éste, por no haberse contado con prueba suficiente y, además, en el actual entorno social.
El informe valora positivamente la creación de los tribunales provinciales de instancia, aunque critica la "inconcreción" de su regulación al suponer un "obstáculo" para su adecuado funcionamiento. Sobre la instrucción colegiada, opina que se aparta de las propuestas de los expertos sin que "ello suponga ningún beneficio en la eficacia del procedimiento investigador". Igualmente censura la prohibición a los jueces y asociaciones judiciales de valorar procesos en tramitación, advierte de que los tribunales colegiados no serán más eficaces al investigar los casos complejos.