Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada. Aunque la clausula de renegociación haya sido redactada por el banco, el alto tribunal dicta que es válida si cumple los requisitos de transparencia
Los magistrados consideran que "con esta maniobra la entidad bancaria pretendía obtener una notable ventaja económica”
Se debe acudir a la ley nacional para suplir el vacío contractual y decidir quién paga estos conceptos
Las entidades utilizarán un lenguaje sencillo y fácil de comprender, evitando la inclusión de información ambigua, sesgada, incompleta o contradictoria, que pueda inducir a confusión, y no omitirán u ocultarán información necesaria para que el destinatario adopte o pueda adoptar una decisión relativa a su comportamiento económico con el debido conocimiento de causa
Cuando esta formación es impuesta a los trabajadores, siendo también obligatoria la realización de una prueba en un determinado plazo máximo porque el puesto de trabajo desarrollado así lo exija, el tiempo empleado en obtenerla debe considerarse como tiempo de trabajo efectivo.
La procesada cobró, al menos, 142.027 euros desde agosto de 1992 hasta septiembre de 2015
El alto tribunal sienta jurisprudencia sobre las cláusulas de comisión de reclamación de posiciones deudoras
Este sábado 14 de septiembre entra en vigor en España la segunda directiva europea sobre servicios de pago (PSD2) que pretende incrementar la seguridad en los pagos electrónicos.
El tribunal estima el recurso de casación interpuesto por los demandantes contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid.
Las cuentas de pago básicas están disponibles para la mayoría de los españoles por 3 euros al mes desde el pasado 25 de marzo. Y aún más, a partir del 23 de abril, justo casi un mes después, serán gratuitas para personas en situación de vulnerabilidad o con riesgo de exclusión financiera.
La cláusula que exige que la domiciliación de las cuotas en la entidad prestamista no es abusiva, sino que lo es el uso que hace la entidad bancaria al cargar al consumidor en la cuenta abierta para pagar el préstamo hipotecario comisiones de mantenimiento indebidas, al tratarse de una cuenta instrumental para dicha finalidad.
Las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas entrarán en vigor finalmente a medios del mes de junio, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado sábado, 16 de marzo, de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
El Notario Ricardo CABANAS TREJO ofrece en este artículo unas primeras reflexiones de urgencia sobre algunas de las novedades más destacadas de orden contractual y procesal que introduce la nueva ley.
La Comisión Europea ha dado a conocer un informe en el que considera “abusivos” los acuerdos que los consumidores firmaron con su banco comprometiéndose a no reclamar retroactivamente lo cobrado por la cláusula suelo. La Comisión considera que hubo un “desequilibrio” entre clientes y bancos.
La lista se ha confeccionado sobre la base del análisis de 54 países y territorios prioritarios realizado por la Comisión en consulta con los Estados miembros.
Si la paternidad queda menos protegida que la maternidad, como ocurre en este caso en el que la norma interna la equipara con una incapacidad temporal sin cobrar en ese tiempo los objetivos, implica desincentivar el reparto equilibrado de las cargas familiares y un perjuicio económico para quienes tienen y quieres compartir el cuidado de la familia.
Esa legitimación especial y el correlativo derecho de asistencia jurídica gratuita tienen sentido siempre que los derechos de los asociados "guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común ordinario y generalizado". No puede litigar por cuenta de sus asociados para evitar los riesgos derivados de una eventual condena en costas.
"Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad", dice uno de los magistrados.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores ADICAE condenando a la banca a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca.
En su resolución indica que la decisión del CGPJ se ampara en el artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala Tercera no aprecia que el Acuerdo impugnado haya incurrido en infracción del derecho constitucional al juez ordinario predeterminado por la ley.
Abanca no tendrá que devolver la cuantía de las compras de participaciones preferentes que realizó el cliente, en contra de lo que estableció la Audiencia de Las Palmas, que consideró que sí existió error porque el banco incumplió los deberes de información. El Supremo repone la sentencia dictada con anterioridad por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Bartolomé de Tirajana, que desestimó la demanda del cliente, exdirector de sucursal bancaria.
Basándose únicamente en la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales, una cláusula contractual no puede ser declarada inválida, aunque haya sido acordada entre las partes del contrato sobre la base de una práctica comercial desleal.
El banco, a petición de la mujer y empleada de la entidad, bloqueó de forma unilateral y sin comunicarlo al esposo la cuenta "especial empleados" que mantenía conjuntamente con su marido, mientras se hallaban en proceso de divorcio.
En su auto, acuerda el sobreseimiento respecto de nueve personas investigadas a petición de la Fiscalía.
La Comisión Europea ha adoptado una Comunicación en la que expone la actividad en curso de preparación frente a todas las consecuencias de la retirada del Reino Unido de la Unión Europea.
El Consejo General del Poder Judicial, con el informe favorable del Ministerio de Justicia, ha prorrogado hasta final de año el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas.
Desde su nacimiento hace 35 años, Arquia Banca ha destacado por prestar un servicio personalizado a diversos colectivos profesionales frente a la estandarización del sector bancario. Ahora esta filosofía se pone al servicio de los abogados gracias a la adquisición de Caja Abogados por parte de Arquia Banca.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia en la que establece que el concepto de «directivo efectivo» se refiere a los miembros de la alta dirección, función que no puede acumularse a una función no ejecutiva de supervisión. En la sentencia, El órgano europeo desestima los recursos presentados por una entidad bancaria francesa y confirma la decisión del BCE.
El Tribunal Supremo ha anulado cinco contratos de swaps contraídos con el Banco Santander por error en el consentimiento y condena a la entidad bancaria a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución. Los contratos incluían una cláusula según la cual los clientes declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no era «conveniente ni adecuada» para ellos.
El tribunal canario sigue la más reciente jurisprudencia del Supremo. En una sentencia, la Audiencia Provincial de Las Palmas ha dictaminado que el cliente paga el impuesto de transmisiones patrimoniales, mientras los gastos de timbre corren a medias.
Una sentencia del Juzgado de 1º Instancia e Instrucción de Navalcarnero ha anulado el contrato multidivisa contraído entre Barcklays Bank y un bombero al considerar que faltó transparencia y diligencia en la información. La entidad bancaria deberá reconfigurar la deuda a euros y devolver la cantidad que haya cobrado al bombero de forma excesiva.
La Agencia Tributara ha divulgado un documento en el que explica a los clientes que aceptaron sus bonos de fidelizacion cómo se verá reflejada dicha decisión en la declaración de la renta, obligándoles a incluir el ingreso en el IRPF.
El Tribunal Supremo ya venía admitiendo la posibilidad de constituir prenda sobre imposiciones a plazo, prevaleciendo éstos frente a créditos tributarios amparados por el privilegio especial del artículo 77.1 LGT y posibilitando que se altere el orden del embargo.
La Comisión ha adoptado normas que aumentarán la seguridad de los pagos electrónicos realizados en los establecimientos comerciales y en línea, y permitirán a los consumidores acceder a las soluciones más prácticas, económicas e innovadoras ofrecidas por los proveedores de servicios de pago.
El Pleno del Tribunal dicta dos sentencias por las que obliga al banco a pagar los gastos registrales y el 50% de en la notaría
Sostiene que la entidad financiera prestamista no está legitimada para demandar al cliente por el impago del préstamo hipotecario. La Sección Tercera dicta una resolución novedosa que se aparta de la línea jurisprudencial mantenida por otras Audiencias Provinciales. Considera que la reclamación por el impago ha de hacerla la sociedad gestora representante del fondo al que se cedió el crédito.
Cerca de un millón de hipotecas en España siguen utilizando el IRPH como índice de referencia. La demanda comprende a todas las entidades que han sido absorbidas por Bankia, y sigue el camino de las presentadas contra BBVA y Caixabank.
El autor del trabajo analiza, en la situación actual en la que la tendencia judicial es la de proceder al sobreseimiento y archivo de multitud de procedimientos de ejecución hipotecaria, o subsidiariamente, a su suspensión, la vía a través de la cual las entidades bancarias han encontrado la manera de seguir declarando el vencimiento de los créditos hipotecarios: el procedimiento declarativo ordinario.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha adoptado este como criterio uniforme para todos los recursos pendientes en materia de cláusulas suelo declaradas abusivas que los bancos pagen las costas de las instancias. Considera que si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.
La Comisión Europea ha aprobado hoy el esquema de resolución para el Banco Popular en aplicación de la Directiva europea sobre recuperación y resolución bancaria en base a la propuesta de la Junta Única de Resolución (SRB en sus siglas en inglés).
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que crea y regula esta comisión prevista en el RD Ley del 20 de enero de 2017. Las entidades de crédito deberán dar información detallada sobre las solicitudes presentadas por los consumidores afectados.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha dictado la sentencia respecto al caso de Sommer c. Alemania (demanda nº 734607/13) concluyendo que la insepección de la cuenta bancaria personal del abogado demandante supone una violación del artículo 8 (derecho a la intimidad) establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Un trabajo sobre las normas de transparencia en la contratación bancaria, que junto con las buenas prácticas y usos bancarios, son el objeto de examen por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (antes Servicio de Reclamaciones) a través del mecanismo de reclamaciones, quejas y consultas que se regula en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España. Como indica el autor, aunque el informe con el que finaliza este procedimiento no tiene el carácter de acto administrativo recurrible ni es vinculante para las entidades de crédito (evidentemente tampoco para los tribunales) representa un medio idóneo de solución extrajudicial de conflictos, especialmente cuando se trata de reclamaciones de pequeña cantidad.
La Sala desestima el recurso de apelación interpuesto por la entidad bancaria, y le condena a dejar de cobrar comisiones por reclamación de descubiertos o "números rojos". Contra la sentencia cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la sanción impuesta en 2015 por el Consejo de Ministros al Banco de Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del grupo Nueva Rumasa.
El 11 de octubre ha entrado en vigor la Circular 6/2016 del Banco de España, por la que las entidades de crédito están obligadas a facilitar a cualquier autónomo o pyme que lo solicite información sobre su calificación de su riesgo de crédito, con un 'rating' similar al de las grandes empresas.
El Real Decreto-ley 2/2016, de 30 de septiembre, por el que se introducen medidas tributarias dirigidas a la reducción del déficit público, fija un pago fraccionado mínimo del 23 por 100 para empresas que facturen más de diez millones de euros. Este porcentaje se elevará al 25 por 100 para las entidades de crédito y las que se dediquen a la explotación de yacimientos de hidrocarburos.
Una sentencia considera a la entidad bancaria responsable de preservar la seguridad del acceso a las cuentas de los clientes.
Las compañías que ofrecen servicios esenciales, como energía, transporte, banca y sanidad, o digitales, como los motores de búsqueda y servicios en la nube, deberán tomar medidas ante potenciales ciberataques, en virtud de las primeras reglas comunitarias sobre seguridad cibernética, aprobadas por el Parlamento el miércoles. Las micro empresas y las compañías pequeñas estarán exentas.
Resulta incorrecto y desproporcionado imputar al cliente los efectos negativos de la falta de prueba sobre la autenticidad de la firma del ordenante, cuando este no podía disponer del original de la orden de transferencia que resultaba necesario para la práctica de dicha prueba.
El plazo para cumplir con la normativa de autorización de pagos finaliza el mes que viene. Los clientes podrán devolver los recibos de hasta 13 meses atrás de aquellas empresas que no dispongan de una orden firmada por el deudor para autorizar la domiciliación de los pagos.
La normativa SEPA no solo afecta a la utilización del código IBAN. Afecta también a transferencias, adeudos directos, anticipos de crédito, recibos en soporte magnético… Le invitamos a conocer las consecuencias prácticas de la implantación de la SEPA en las finanzas de las empresas.
Una reciente sentencia de la Sala Primera del TS, sintetiza, con ejemplar claridad, la reciente jurisprudencia sobre los deberes de información de la banca a los clientes de productos de inversión complejos, en particular por lo que se refiere al contrato de permuta financiera o “swap”.
Como consecuencia de esta nueva norma, la banca deberá identificar la residencia fiscal de los titulares o de quien ostente el control de todas las cuentas financieras y la Agencia Tributaria podrá acceder de forma automática a información sobre las personas o entidades que controlan las cuentas financieras abiertas en entidades españolas y de otros Estados o podrán conocer, de forma automática, los valores negociables o fondos de inversión que un residente en España tenga en una institución financiera en países como Luxemburgo, Austria o Irlanda.
Todo comienza, por lo general, cuando un usuario de la banca on line recibe un correo que supuestamente procede de su banco, que tiene la finalidad de inducir al cliente para que clique en un enlace que le redirige a una web maliciosa mediante la que se suplanta la identidad del banco para obtener las claves de acceso del usuario engañado, sus datos bancarios, etc.
Según la Sala, lo determinante en estos casos no es si existen o no diferentes relaciones jurídicas con algunos aspectos diferenciales, sino si existe una conexión entre las cuestiones controvertidas objeto de las acciones acumuladas en su aspecto fáctico con relevancia respecto de las pretensiones ejercitadas, que justifique el conocimiento conjunto de las acciones ejercitadas y evite de este modo la existencia de sentencias injustificadamente discordantes.
El TJUE declara que es contraria al Derecho de la UE la regulación del derecho de secreto bancario de manera incondicional e ilimitada, por entrañar una vulneración sustancial del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y, en definitiva, del derecho fundamental a la propiedad intelectual.
La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesta multas por importe superior a los dos millones de euros a 30 entidades financieras que operan en esa comunidad, por las cláusulas abusivas que estas entidades aplicaron a sus clientes en los contratos bancarios que suscribieron. Las infracciones más frecuentes han sido fijar unos intereses de demora desproporcionadamente elevados en préstamos hipotecarios y no hipotecarios; comisiones por servicios, operaciones y gastos repercutibles en contratos de libreta ahorro, en los contratos de apertura de cuenta o de depósito, o la cláusula que obliga a comunicar a la entidad en caso de sustracción o extravío en las tarjetas.
Como conclusiones de sus jornadas de Derecho Privado, la plataforma Jueces para la Democracia ha instado al Gobierno español y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas a controlar mediante inspecciones preventivas, las prácticas de las entidades financieras en la contratación con consumidores y a sancionar a aquellas que incurran reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas.
A fin de evitar potenciales conflictos de intereses o evitar la actuación que no persiga el mejor interés de los clientes, la Comisión Nacional del Mercado de Valores prohibirá a las entidades financieras que vinculen "de forma directa" el sueldo variable de sus trabajadores con la colocación de productos específicos o de categorías de productos muy limitadas.
La presidencia lituana de la UE y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado hoy un acuerdo para adelantar de 2018 a 2016 la entrada en vigor de la directiva que obligará a los accionistas y los acreedores -incluidos bonistas sénior y grandes depositantes-, en lugar de a los contribuyentes, a asumir pérdidas en futuras crisis bancarias. La directiva mantiene la protección total sobre los depósitos de menos de 100.000 euros, mientras que los depósitos de más de 100.000 euros de particulares y pymes gozarán de preferencia.