Relación entre la facultad de suspender el pago del precio en la compraventa y la exceptio non adimpleti contractus 26 de junio de 2013 Jurisprudencia Suspensión del pago del precio en la compraventa La facultad de suspender el pago del precio prevista en el art. 1502 del Código Civil solo procede cuando el riesgo de perturbación de la posesión o dominio del comprador afecta a a una obligación esencial del contrato. Por eso no procede cuando la situación de riesgo se conoce en el momento de celebrar el contrato, ni cuando se ha afianzado la devolución del precio.
El Tribunal Supremo eleva la pena a seis narcos al apreciar la ‘hiperagravante’ de usar un submarino para meter droga 10 de diciembre de 2012 Jurisprudencia Agravantes en tráfico de drogas El Alto Tribunal aplica el artículo 370.3 del Código Penal. Dicho artículo eleva la pena cuando se hayan utilizado buques o aeronaves como medio de transporte específico para intentar introducir droga. El submarino debió de ser considerado un buque a estos efectos, aunque carezca de cubierta.
Desestimación del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio 16 de noviembre de 2012 Jurisprudencia Tribunal Constitucional Recurso de inconstitucionalidad contra la totalidad de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, en concreto el primer apartado del artículo único de la Ley, que añade un segundo párrafo al art. 44 CC, en virtud del cual “el matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos cuando ambos contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
El Tribunal Supremo aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja y eleva su condena 27 de marzo de 2012 Jurisprudencia AGRAVANTE DE PARENTESCO La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado la sentencia STS 136/2012, en la que aplica la agravante de parentesco a un homosexual que degolló a su pareja. El Supremo eleva la condena de 10 a 13 años de prisión por homicidio al apreciar que entre ambos existía una “relación sentimental de carácter estable”, a la que se refiere el agravante del artículo 23 del Código Penal.
La falta de diligencia de las autoridades aduaneras nacionales puede dar lugar a una situación especial que justifique la condonación de una deuda aduanera 22 de marzo de 2012 Jurisprudencia ADUANAS Toda mercancía no comunitaria que entra en el territorio de la Unión Europea debe, en principio, ser despachada en aduana a su llegada. A fin de no congestionar las fronteras de la Unión y de permitir un despacho lo más cerca posible de la empresa destinataria de las mercancías, el Código aduanero de la Unión 1 permite colocar tales mercancías bajo el régimen de tránsito comunitario externo.
La prenda de los derechos de pesca y su inscripción registral. Breve comentario a la SAP de A Coruña de 15 de marzo de 2013 08 de mayo de 2014 Artículos doctrinales Derechos de pesca Las licencias para la actividad extractiva, en cuanto son susceptibles de enajenación a terceros en el mercado, pueden ser objeto de prenda ordinaria del Código Civil, sin que resulte exigible la inscripción registral de la misma para que sea oponible frente a terceros.
La futura reforma del Código Penal y los delitos racistas o xenófobos 02 de abril de 2014 Artículos doctrinales Delitos de racismo y xenofobia Los delitos de racismo y xenofobia son objeto de especial modificación y regulación en el Proyecto de Ley de reforma del Código Penal, concretamente los preceptos 510 y 607. De esta manera, se dota de una nueva regulación a la materia en base principalmente a dos fuentes del derecho: la negativa, representada por la STC 235/2007, de 7 de noviembre y la positiva, consecuencia de la Decisión Marco 2008/913/JAI, de 28 de noviembre.
Mediación Concursal tras la nueva Ley de Emprendedores. 17 de octubre de 2013 Artículos doctrinales La Ley de Emprendedores aprobada en el congreso, institucionaliza la llamada Mediación Concursal para ello introduce los artículos 231 a 242 de la Ley Concursal y también dos disposiciones adicionales la séptima referida a los créditos de derecho público y la octava referida a la remuneración del Mediador Concursal. Se crea la figura del Mediador Concursal, cuya finalidad será la consecución de la aprobación de un acuerdo de pagos que permita la supervivencia de la empresa. También, como hecho relevante, se introduce en esta ley una limitación de la responsabilidad universal por deudas que tradicionalmente regía en nuestro derecho y que tenía su reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Así nuestro derecho de insolvencia se equipara a otras legislaciones como la alemana o la norteamericana que recogían instituciones como el fresh start discharge o la liberación por deudas, recogido en el derecho alemán y otras instituciones europeas.
Concurso de Acreedores de Persona Física, Fresh Start y Mediación Concursal. La rehabilitación del Deudor. 11 de septiembre de 2013 Artículos doctrinales Concurso de Acreedores de Persona Física, Fresh Start Una de las exigencias mas unánimes de los que nos dedicamos al derecho de la insolvencia es la de la rehabilitación del deudor de buena fe. Es decir el que debido a circunstancias imprevistas se ve incurso en una situación de insolvencia, debido a una situación de desempleo inesperada, una enfermedad, separación matrimonial etc... Hasta la fecha el artículo 1.911 del Código Civil establece la responsabilidad universal por deudas al tener que responder el deudor con todos sus bienes presentes y futuros.
Lineas de defensa ante una acusación por conducción etílica 02 de enero de 2013 Artículos doctrinales Conducción etílica Cuando los abogados nos encontramos ante una acusación por el delito de conducción etílica tipificado y penado por el art. 379.2 del Código Penal, solemos encontrar en las actuaciones un atestado policial donde figura un informe de los agentes de la autoridad intervinientes así como unas pruebas de alcoholemia que, habitualmente, están claramente por encima de los límites previstos en el tipo de dicho delito. Con estos fundamentos las posibilidades del Fiscal de conseguir una condena parecen bastante evidentes y suele parecer aconsejable intentar llegar a un acuerdo con él para minimizar, en lo posible, la pena que va a recaer sobre nuestro cliente ya que se puede rebajar hasta en un tercio la pena mínima según lo normado por el art. 801.2 de la LECrim.
La responsabilidad penal por las lesiones deportivas 30 de octubre de 2012 Artículos doctrinales Lesiones deportivas ¿Quién no se ha indignado cuando ve cómo un futbolista que, con total intencionalidad, lesiona a otro de gravedad, juega el partido siguiente, sin más sanción que la que le corresponda en materia disciplinaria deportiva, expresada generalmente en partidos sin jugar por sanción? Parece claro que si un deportista agrede a otro, aunque se enmarque dentro de una competición deportiva, causándole unas lesiones tipificadas como delito por el Código Penal, debería ser merecedor del reproche penal.
Fraudes alimentarios. ¿Qué comemos? 03 de octubre de 2012 Artículos doctrinales Derecho de alimentos El derecho de la alimentación, desde sus orígenes, ha evolucionado en función de los conocimientos cotidianos, de las experiencias personales y de las ideas imperantes. En muchas ocasiones, las cuestiones de higiene alimentaria estuvieron supeditadas a profundas creencias religiosas convertidas en ley. A lo largo de la historia, las diferentes autoridades se han preocupado, principalmente, de las adulteraciones y fraudes alimentarios. La necesidad de proteger a los ciudadanos de los perjuicios derivados de estas conductas no es una invención de la sociedad moderna. El Código Babilónico de Hammurabi ya sancionaba, hace unos 4.000 años, las adulteraciones alimentarias.
Delitos de peligro abstracto en el Código Penal español y la jurisprudencia 01 de marzo de 2012 Artículos doctrinales DERECHO PENAL Dentro de los calificados como delitos de peligro abstracto, una de las principales novedades que introdujo el Código Penal de 23 de noviembre de 1995, fue incluir el Título XVII del Libro II, que ha sido modificado por la Ley 5/2010. Este Título lleva por rúbrica “De los delitos contra la seguridad colectiva”, incluyéndose bajo la misma los delitos de riesgo catastrófico, los delitos de incendio, los delitos contra la salud pública y los delitos contra la seguridad vial.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas: societas delinquere et puniri potest 01 de febrero de 2012 Artículos doctrinales DERECHO PENAL La Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010, de 23 de junio, de modificación del Código Penal, hace una muy vaga alusión a las motivaciones que han llevado al legislador español a introducir en nuestro ordenamiento un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, limitándose a una remisión genérica a los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas.
La responsabilidad penal de las personas jurídicas 01 de diciembre de 2011 Artículos doctrinales DERECHO PENAL En nuestro ordenamiento jurídico-penal y hasta el actual Código de 1995, la responsabilidad penal de los entes grupales no estaba regulada, salvo las referencias ya vistas, pero con la promulgación del texto vigente se constata un tímido inicio de admisión de una tal responsabilidad...
La prueba de drogas en conductores (art. 379.2 CP) tras la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal 01 de septiembre de 2011 Artículos doctrinales DERECHO DE TRÁFICO De conformidad con lo establecido en el Reglamento General de Circulación (art. 28) y en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 796.1.7ª), se puede establecer el siguiente protocolo de actuación (Muñoz Garrido, 2010) orientado a la homogeneización de la realización de las pruebas de detección de drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas en los diferentes supuestos.
El delito de bigamia en el Código Penal español. Consideraciones penales y criminológicas 01 de julio de 2011 Artículos doctrinales BIGAMIA Antes de comenzar con el estudio de la bigamia, tenemos que empezar estudiando lo que significa la familia y el matrimonio. Estamos en uno de los supuestos en derecho penal en que hemos de convertirnos en civilistas, ya que el artículo 217 del Código Penal nos habla sobre “el que contrajere segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior” por lo que nos remite a las normas civiles a la hora de examinar los requisitos para contraer matrimonio y para conocer cuando subsiste válidamente el anterior.
Los conflictos societarios y el arbitraje: pasado, presente y futuro 01 de mayo de 2011 Artículos doctrinales ARBITRAJE El arbitraje tiene sus orígenes en el Derecho romano y fue reconocido por la Constitución Española de 1812. Nace del principio de autonomía de la voluntad (Artículo 1255 del Código Civil) con su concreción societaria en el actual artículo 26 del RD 1/2010, de la voluntad de las partes de someter un asunto presente o futuro controvertido a arbitraje, configurada como forma alternativa a la vía jurisdiccional, siempre que como indica el Artículo 2.1 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre de Arbitraje, se trate de una controversia sobre materias de libre disposición conforme a derecho.
Supuesto legal de “culpa quae praecesserit casum” en el contrato de comodato, según el art. 1744 del Código Civil 01 de mayo de 2011 Artículos doctrinales CONTRATO DE COMODATO El art. 1744 CC “Si el comodatario destina la cosa a un uso distinto de aquel para que se prestó, o la conserva en su poder por más tiempo del convenido, será responsable de su pérdida, aunque ésta sobrevenga por caso fortuito”. Este precepto recoge dos hipótesis distintas: 1. La del comodatario que contraviene la obligación usando la cosa en modo diverso al pactado. 2. Y la del comodatario que incurre en mora.
Sobre el Derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita de las Personas Jurídicas 01 de mayo de 2011 Artículos doctrinales ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA La recentísima Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha suscitado, como en sus predecesoras, un elevado número de artículos doctrinales relativos a diversos caracteres y deficiencias de la que adolece dicha reforma. Muchas de las críticas sobre la reforma se han centrado en la posibilidad de que, en virtud del artículo 31 bis del texto aprobado, pueda determinarse en sentencia la responsabilidad penal de las personas jurídicas.