Constitucional

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Breve comentario a la Ley de Protección de datos de Carácter Personal

Lo primero que quiero significar es que la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, entronca con dos ramas fundamentales de nuestro Derecho, como son la rama constitucional y la rama penal. Y esto se desprende, sin lugar a dudas, nada más comenzar a leer la misma puesto que en su artículo 1 se consagra el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar, precepto que a todas luces entronca con el consagrado en el artículo 18 de nuestra Constitución. De igual modo y a lo largo de la Ley Orgánica 15/99, se pueden entrever diversos preceptos que se relacionan con el Código Penal, como más adelante pasaré a analizar.

El Consejo Audiovisual de Andalucía

El artículo 16.1. del Estatuto de Autonomía para Andalucía, aprobado mediante Ley Orgánica 6/1981, de 30 de diciembre, atribuía a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencias exclusivas en materia de protección del cumplimiento de la normativa audiovisual vigente en el ámbito de los medios de comunicación social de Andalucía. Asimismo, el artículo 16.2. reconoce a la Comunidad Autónoma de Andalucía competencia de desarrollo legislativo y ejecución en materia de “medios de comunicación social”, que han de ejercitarse en el marco de las normas básicas del Estado, cuya previsión constitucional viene recogida en el artículo 149.1.27.ª que reserva al Estado las “normas básicas del régimen de prensa, radio y televisión y, en general, de todos los medios de comunicación social, sin perjuicio de las facultades que en su desarrollo y ejecución correspondan a las Comunidades Autónomas”.

Naturaleza y límites constitucionales de la compensacion equitativa por copia digital privada establecida en la Ley 23/2006 de modificacion del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual

El examen de los antecedentes del proceso de elaboración de disposiciones legislativas depara, a veces, sorpresas, cuando se consideran aspectos abordados inicialmente en el mismo que finalmente han sido relegados, o cuestiones relativas a una deficiente instrumentación técnica tendente a evitar desventajas asociadas a determinadas medidas. Este ha sido el caso, en nuestra opinión, de la Ley 23/2006 de 7 de Julio, por la que se modifica el Texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril en lo que se refiere, sobre todo, a la regulación de la compensación por copia privada realizada mediante equipos y soportes digitales.

La futura Ley del Suelo

De acuerdo con el preámbulo del proyecto de ley en trámite, el objetivo de esta nueva ley es establecer las bases comunes en las que las Comunidades Autónomas puedan aplicar sus competencias en materia urbanística, ciñéndose a no crear una Ley urbanística -evitando de este modo los conflictos competenciales que esto generaría- y refiriéndose únicamente al régimen del suelo y a la igualdad en el ejercicio de los derechos constitucionales a él asociados, en lo que atañe a los intereses cuya gestión está constitucionalmente encomendada al Estado.

Viabilidad jurídico-constitucional de la implantación del sistema de elección directa en las elecciones al Congreso de los Diputados

01 de febrero de 2007 Artículos doctrinales ELECCIONES

El artículo 166.1 de la Ley 5/1985, de 19 de junio, de Régimen Electoral General prevé el sistema de elección directa para elegir a los Senadores en las circunscripciones provinciales, insulares y en Ceuta y Melilla. Según este sistema, los electores pueden dar su voto a un máximo de tres candidatos (dos en las islas mayores Ceuta y Melilla, y uno en las restantes circunscripciones insulares) siendo proclamados electos aquellos candidatos que obtengan mayor número de votos hasta complementar el de Senadores asignados a la circunscripción.

La Ley de Tasas Judiciales cumple dos años, entre el rechazo general y a la espera de que se resuelvan los recursos sobre su constitucionalidad

12 de marzo de 2015 Noticias

Mañana jueves se cumplirán dos años de la publicación en el BOE de la polémica Ley 10/2012, de tasas judiciales. Durante este tiempo, la norma ha sido objeto del rechazo general de todos los sectores implicados; ha sido objeto de una reforma para suavizarla; está pendiente de cinco recursos de inconstitucionalidad y de varias cuestiones de inconstitucionalidad y ha visto como un acuerdo no jurisdiccional de la Sala Cuarta del TS limitaba su aplicación en el ámbito laboral. En la actualidad se encuentra a la espera de una nueva reconsideración antes de que finalice esta legislatura.

El Tribunal Constitucional suspende también la consulta alternativa del 9N en Cataluña

04 de noviembre de 2014 Noticias Cataluña

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la impugnación presentada por el Gobierno contra el denominado "proceso participativo", convocado por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, para el próximo 9 de noviembre. La decisión conlleva la suspensión de la convocatoria, así como la de sus actos de preparación, al igual que ocurrió a finales de septiembre con el decreto de convocatoria que se amparaba en la Ley de Consultas de Cataluña.

El Sindicato de Secretarios Judiciales lamenta que Justicia siga con su plan de ceder el Registro Civil a los registradores

20 de octubre de 2014 Noticias Registro Civil

Según el sindicato, se está ante una verdadera privatización controlada del servicio, pues, señalan, mientras su régimen legal no se modernice, las oficinas de los denominados "registros vinculados a la fe pública" funcionan como empresas que contratan y despiden trabajadores en un régimen corporativo priviliegiado heredado de la etapa preconstitucional, que constituye una anomalía en los países de nuestro entorno.  

El TC declara constitucional la regla establecida para integrar lagunas de cotización

06 de octubre de 2014 Noticias Jubilación

Según el alto tribunal, "no es posible afirmar que la regla establecida por el legislador para proceder a la integración de lagunas cuando se trata de trabajadores contratados a tiempo parcial sea irrazonable o falta de justificación, en un sistema en el que la distribución de medios escasos requiere ponderar cuidadosamente las situaciones de necesidad que han de ser protegidas estableciéndose los requisitos que han de reunirse a este efecto."

El TC admite a trámite los recursos del Gobierno y suspende la Ley de consultas catalana y la convocatoria del 9-N, así como sus actos de preparación

29 de septiembre de 2014 Noticias Consulta catalana

El TC ha explicado que la rapidez en la admisión de los recursos se ha debido a "la trascendencia constitucional y política de las cuestiones planteadas, para la sociedad española en su conjunto y, en particular, para la catalana" y que su decisión se ha limitado a "comprobar la concurrencia de las condiciones procesales de admisibilidad de los recursos, sin consideración alguna respecto al fondo de los mismos". Las providencias explicitan que la suspensión alcanza también a las "actuaciones de preparación para la convocatoria de dicha consulta o vinculadas a ellas", así como a los actos o resoluciones que hayan podido dictarse en aplicación de los preceptos de la Ley de consultas.

El Consejo de Estado aprueba por unanimidad el dictamen para que el Gobierno recurra la Ley catalana de consultas y la convocatoria de consulta del 9N

29 de septiembre de 2014 Noticias Consulta catalana

Según el alto órgano consultivo,  existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Cataluña 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana, y contra el el Decreto 129/2014, de 27 de septiembre, del President de la Generalitat, por el que se convoca una consulta popular no referendaria para el próximo 9 de noviembre, por cuanto comportaría el reconocimiento a una fracción del pueblo español de una capacidad que excede de las competencias autonómicas, al llamársele  a decidir sobre una cuestión --la constitución de Cataluña como Estado independiente-- que está reservada a la decisión del pueblo español como titular del poder soberano

El TC avala la constitucionalidad de la Ley del suelo de 2008

25 de septiembre de 2014 Noticias Ley del suelo

El TC afirma que el Estado “no puede imponer un determinado modelo territorial o urbanístico a las Comunidades Autónomas, pero sí incidir o encauzar el mismo mediante directrices y normas básicas que éstas han de aceptar”. Así, considera plenamente constitucional la previsión de la norma recurrida según la cual el uso de los recursos económicos y naturales (como es el suelo) debe realizarse “conforme al interés general” y guiarse por el “principio de desarrollo sostenible”.

Gallardón anuncia que pospone la reforma de la regulación del aborto para 'centrar los esfuerzos' de su departamento en Cataluña

17 de septiembre de 2014 Noticias Notas de prensa

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado este martes que pospone el proyecto de reforma de la ley del aborto porque su departamento debe "centrar todos los esfuerzos" en responder en las iniciativas soberanistas de Cataluña, que exigirán la presentación de uno o varios recursos ante el Tribunal Constitucional.

El magistrado del TC Juan Antonio Xiol pide un 'esfuerzo' legislativo para concretar el alcance de la libertad de expresión en internet

08 de septiembre de 2014 Noticias Notas de prensa

El magistrado del Tribunal Constitucional y ex presidente de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, ha reclamado un "esfuerzo" legislativo para concretar el alcance del derecho a la libertad de expresión, al honor, a la intimidad o la propia imagen en internet y las redes sociales, que ocupan un porcentaje alto del total de recursos que se reciben en el TS.

Gallardón propone reducir el número de aforados de más de 17.000 a 22

29 de agosto de 2014 Noticias Aforamientos

Según el ministro de Justicia, los aforamientos que deberían subsistir en España son los que ostentan "los titulares de los poderes del Estado": el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas y la Familia Real, "y esto suma 22 personas".