Deben garantizar un formato accesible y asistencia necesaria para personas vulnerables de fraudes o estafas
El plan bonifica a aquellas grandes industrias que apuesten por las energías renovables
La empresa sancionada realizó 40.000 llamadas no solicitadas con información captada de la red social
El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, permite la suspensión extraordinaria de desahucios de arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica. También protege los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de la vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo y garantiza el suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables
La justicia europea subraya que la etiqueta quedará desprovista de utilidad práctica si no está redactada en una lengua comprensible para las personas a las que esta está destinada
Afectará a empresas industriales con un alto consumo eléctrico. Tendrán obligacion de apliar criterios de eficiencia
El CGAE ve urgente ofrecer asesoramiento jurídico a productores y consumidores en la materia, cada vez más presente en nuestras vidas. Así se expuso en la sesión formativa 'Objetos conectados y Abogacía', que contó con la coorganización de Wolters Kluwer
La Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria ha planteado una cuestión prejudicial al TJUE sobre la compatibilidad entre la Ley de la Usura y el principio de libre prestación de servicios en el mercado común del crédito
Análisis de la Directiva (UE) 2020/1828 de 25 de noviembre de 2020, que pretende garantizar que los Estados miembros dispongan de un mecanismo de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos
Defiende que a estos pasajeros se le abonen sólo los gastos de transporte hasta el destino final. Existe compensación si hay más de tres horas de retraso
El Reglamento sentará las bases para una nueva forma europea de gobernanza de los datos que esté en consonancia con los valores y principios de la UE, como la protección de los datos personales (RGPD), la protección de los consumidores y las normas de competencia
La Justicia comunitaria avala la validez de la cesión de los derechos de cobro y establece que la empresa que gestiona la reclamación se encuentra en la misma posición que el consumidor
Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada. Aunque la clausula de renegociación haya sido redactada por el banco, el alto tribunal dicta que es válida si cumple los requisitos de transparencia
La compañía aérea de bajo coste tendrá que retirar del listado de restricciones en el equipaje la prohibición de llevar objetos perecederos, dinero en efectivo, aparatos electrónicos o documentos de identidad, entre otros. Además, los magistrados han acordado eliminar la cláusula por la que se prohibía llevar en el equipaje aquellos objetos que, a juicio del transportista, no fuera adecuado transportar debido a su peso, configuración, tamaño, forma o carácter.
En este artículo vamos a analizar las consecuencias jurídicas que tiene, para una persona consumidora, presentar una demanda judicial desde el ámbito del derecho civil o presentar una reclamación de consumo desde el ámbito del derecho administrativo, las posibles conexiones y consecuencias procesales de ambas acciones y los distintos tipos de asesoramiento jurídico que puede recibir la persona consumidora, ya sea por parte del sector profesional de la abogacía como por parte de los técnicos y las técnicas de consumo de las Oficinas Municipales de Información al Consumidor
Nuestros planes de futuro se desvanecían ante un futuro incierto. Confinados en casa nos vimos obligados a anular o, en el mejor de los casos, retrasar nuestros viajes y escapadas
El presente trabajo analiza la modificación operada por el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio en las medidas de protección a los consumidores residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado.
Así lo ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una reciente sentencia
Mediante su Recomendación la Comisión Europea insta a establecer, para el caso de viajes combinados y servicios de transporte cancelados por la pandemia del Covid-19, un sistema de bonos ofrecidos por los transportistas u organizadores, en lugar del reembolso del dinero, siempre que el pasajero o viajero los acepte de forma voluntaria. Deberán establecerse las garantías necesarias para proteger los bonos contra la insolvencia del transportista o del organizador.
La Orden SND/399/2020, de 9 de mayo, impide anunciar o realizar acciones comerciales que puedan dar lugar a aglomeraciones de público en los establecimientos o sus inmediaciones. La restricción no afecta a las ofertas o promociones a través de páginas web.
El TJUE considera que la aerolínea Ryanair ocultó parte del coste “inevitable y previsible” del billete al inicio de la venta online
El problema que planteaban estas cláusulas financieras referenciadas al IRPH era que, a pesar de que se presentaban a los consumidores como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor “estable” (publicado por el Banco de España), la realidad es que su aplicación encarecía el precio de la hipoteca, pues se trata de un índice bastante más alto que el Euribor
La compañía aérea tiene la obligación de compensar al pasajero aún cuando no haya contrato de por medio. El tribunal europeo señala que el afectado puede demandar en el lugar de salida del vuelo
Analizamos la nueva normativa, que establece nuevas medidas sociales y económicas frente a la crisis sanitaria del coronavirus, entre ellas la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la renovación automática de los contratos de alquiler y los microcréditos para inquilinos en situación vulnerable
El presente artículo analiza las medidas de protección a los consumidores en materia contractual residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado
No basta con que en el contrato se remita a una disposición nacional que, a su vez, remita a otras disposiciones
Estas directrices pretenteden aclarar cómo han de aplicarse determinadas disposiciones de la legislación de la UE en lo que respecta a los derechos que tienen los pasajeros que viajan en avión, en tren, en autobús, en autocar o en barco, así como las correspondientes obligaciones de los transportistas, particularmente en lo relativo a las cancelaciones y los retrasos.
El presente artículo estudia el derecho de reembolso al viajero del precio del viaje por cancelación ante la circunstancia de pandemia global por Covid-19, de acuerdo con nuestro marco legal actual.
El juez nacional podrá sustituir el IRPH por otro índice legal para proteger a los consumidores de las consecuencias perjudiciales que podría conllevar la anulación del contrato de préstamo.
La entidad ya fue condenada en costas por el Juzgado de Primera Instancia 9 por su “comportamiento fraudulento” al no atender la reclamación de los consumidores en contra de la doctrina del Tribunal Supremo
El consumidor reclamante fue suministrado durante un año por una compañía con la que nunca firmó nada
Los eurodiputados quieren facilitar la vida de los consumidores y reducir los residuos electrónicos mediante la introducción de un cargador común para todos los dispositivos móviles.
Las nuevas reglas garantizarán, entre otras cosas, una mayor transparencia de los mercados en línea: será más claro si los productos son vendidos por un comerciante o un particular, y se prohibirá la presentación de revisiones o avales falsos.
La Directiva faculta a las entidades cualificadas, que incluyen a las organizaciones de consumidores pero no a los despachos de abogados como tales, a buscar, además de las medidas cautelares, medidas de reparación, incluida la compensación o el reemplazo, en nombre de un grupo de consumidores que ha sido perjudicado por un comerciante por un acto recogido en el anexo de la futura Directiva.
Una nueva edición del Cuadro de Indiciadores sobre Consumidores de la Comisión Europea muestra un aumento en la concienciación de los consumidores en cuestiones mediambientales
La Directiva (UE) 2019/1937, garantiza la protección efectiva de los denunciantes cuando informen, entre otras, sobre infracciones en materia de contratación pública, productos financieros, mercado interior, prevención del blanqueo de capitales, protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, salud pública, bienestar animal, protección de los consumidores y privacidad.
El juzgado de lo mercantil nº 13 de Madrid considera que el cambio en la política de equipaje de Ryanair es “abusivo” y contrario a la normativa nacional y europea
La Abogada ve necesario ampliar el grado de protección de los consumidores ante posibles abusos con acreedores en otros estados miembros por vía de estos procedimientos
Considera que puede propiciar error en los consumidores en relación con la Indicación Geográfica Protegida y la Denominación de Origen.
Aunque algunas Comunidades Autónomas han avanzado en la materia, en la mayoría de ciudades de España sigue siendo costumbre servir una botella cuando se pide agua y no una jarra del grifo gratuita. ¿Están los hosteleros obligados a servirla?
Una excursión que cambia a última hora, una ducha que no funciona, un hotel con vistas que finalmente no las tiene. En verano son habituales las reclamaciones por vacaciones que no se corresponden a las del folleto. ¿Qué desperfectos son reclamables en vía judicial? ¿Cuál es el régimen de responsabilidad del organizador? Repasamos las sentencias más relevantes al respecto
El verano es tiempo de vacaciones, pero también de huelgas, retrasos, cancelación, y por tanto de reclamaciones. La normativa europea ofrece una amplia gama de derechos e indemnizaciones para proteger a los consumidores de incidentes indeseados con aerolíneas. Estas son las reclamaciones más importantes
La Sala Tercera del Supremo establece que esta información debe ser tratada siguiendo la normativa de Protección de Datos si de una asociación sencilla se puede identificar al individuo con su consumo eléctrico, algo que puede arrojar información sensible como cuándo estamos en casa o cuándo nos vamos a dormir
No indicar el precio con IVA en la carta, el importe de las bebidas o cobrarte por los cubiertos son solo algunas de las actividades ilícitas realizadas por ciertos locales de restauración.
El reglamento europeo 26/2004 otorga un amplio rango de garantías y derechos de reclamación para aquellos pasajeros que puedan verse perjudicados por cancelaciones y retrasos, entre otros incidentes. Estas son las claves esenciales a tener en cuenta para reclamar indemnización, reembolso u asistencia en este tipo de situaciones.
Airbnb ha dado respuesta a todas las peticiones formuladas por la Comisión Europea y las autoridades nacionales de protección de los consumidores.
Obtener un artículo a precio rebajado no implica perder los derechos básicos de todo consumidor como el desistimiento o la devolución.
Endesa habría estado emitiendo facturas con publicidades ilegales para redirigir a consumidores domésticos de forma desleal y contraria a la buena fe a un servicio de calefacción del mismo grupo, pero gestionado por otra mercantil en un mercado no regulado.
El Ministerio de Justicia, a través del director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, ha emitido dos instrucciones que clarifican el régimen transitorio para el trámite de información que deben cumplimentar los notarios con los clientes de las entidades de crédito antes de que estos formalicen sus contratos de préstamo. Ambas Instrucciones han sido publicadas hoy, 15 de junio, en el BOE.
La Directiva (UE) 2019/770, de 20 de mayo que se aplicará, entre otras cosas, a programas informáticos, aplicaciones, archivos de vídeo, archivos de audio, archivos de música, juegos digitales, libros electrónicos u otras publicaciones electrónicas, entra en vigor el 11 de junio de 2019 y su plazo de transposición finaliza el 1 de julio de 2021. Se aplicará a partir del 1 de enero de 2022.
La Directiva (UE) 2015/2302 amplia la protección de los viajes combinados tradicionales, organizados por operadores turísticos o agencias de viajes, para incluir los viajes que se combinan a petición del consumidor.
A partir del 15 de mayo se aplica un nuevo precio máximo a todas las llamadas y los mensajes SMS internacionales dentro de la UE. En consecuencia, los consumidores que llamen desde su país a otro país de la UE pagarán una cantidad máxima de 19 céntimos por minuto (más IVA) y 6 céntimos por mensaje SMS (más IVA).
Según el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Lugo debe aplicarse el plazo de prescripción genérico de 5 años del art. 1964 CC, y el inicio del cómputo se sitúa en el 23 de enero de 2019, fecha de la sentencia en la que el Tribunal Supremo sienta en plenitud doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma.
Deja en manos del juez nacional las consecuencias de la nulidad de la cláusula
A raíz de una petición de la Comisión Europea y de las autoridades de defensa de los consumidores de la UE, cinco empresas líderes del sector (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz y Sixt) han modificado la presentación de los precios de alquiler de coches, de modo que sean totalmente transparentes para los consumidores.
Analiza las novedades de la norma pero también sus puntos oscuros o problemáticos, poniendo al lector en alerta de los posibles problemas a los que puede tener que enfrentarse. En esta tarea es fundamental la aportación de los autores, figuras de primer nivel reconocidos por la comunidad jurídica y habituales conferenciantes y ponentes en la materia. Junto al análisis experto, dos elementos prácticos: un cuadro con las 15 claves de la nueva regulación y una tabla comparativa de las normas que se ven afectadas con su publicación. Además se incluye el texto de la norma.
El legislador, al incluir este nuevo apartado en la ley general de defensa de consumidores y usuarios, genera cierta confusión sobre los distintos controles a los cuales debe ser sometida una condición general de contratación.
Tras la sentencia del Supremo de 2015 que declaró abusivas este tipo de cláusulas no negociadas, se han ido dictando otras resoluciones que entienden que es válido el reparto de determinadas comisiones entre banco y cliente. Para el juzgado, se ha de unificar un criterio que otorgue seguridad jurídica en el mundo de los consumidores y usuarios.
Después de la sentencia europea del Banco Primus, si el consumidor invoca que es abusiva una cláusula, es preceptivo el control judicial siempre que no hubiera sido examinada anteriormente. Por eso, entender que el plazo del ejecutado ha precluido porque plantea la cuestión después de la sentencia, vulnera su tutela judicial efectiva.
Sin embargo, al consumidor debe garantizársele la posibilidad de elegir entre varios medios de comunicación, así como que pueda ponerse en contacto y comunicar de forma rápida y eficaz, y la información relativa a dichos medios debe ser accesible, clara y comprensible.
La Comisión Europea ha dado a conocer un informe en el que considera “abusivos” los acuerdos que los consumidores firmaron con su banco comprometiéndose a no reclamar retroactivamente lo cobrado por la cláusula suelo. La Comisión considera que hubo un “desequilibrio” entre clientes y bancos.
Se aprecia una conducta dolosa por parte del asegurado que ocultó datos sobre su salud que le eran conocidos al tiempo de suscribir la póliza y cuya influencia en la valoración del riesgo podía intuir.
Solo a la aseguradora le es imputable el hecho de que el tomador no le comunicara todos los datos conocidos y relevantes para la correcta valoración del riesgo. El tomador conocía sus episodios de epilepsia y no informó sobre ellos al suscribir la póliza, pero no le puede ser imputable dicha omisión por cuanto no consta que se le hicieran preguntas específicas al respecto.
Esta medida cautelar adoptada en el marco del procedimiento judicial de Idental, consiste en la suspensión cautelar de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo Idental.
Estamos a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el carácter abusivo o no, de la cláusula de Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). El índice IRPH Entidades es uno de los índices oficiales y el índice IRPH Cajas lo era hasta que desapareció de forma definitiva de conformidad con lo dispuesto en el D.A. 15 ª de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre. Las demandas que solicitan la nulidad de las cláusulas que incorporan este índice de referencia alegan normalmente falta de información suficiente sobre su funcionamiento y falta de comprensibilidad real por parte del cliente.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.
El Juzgado considera acreditada la conducta colusoria efectuada por el cártel consistente en acuerdos colusorios sobre la fijación de precios e incrementos de los precios brutos de los camiones, retraso en la introducción de nueva tecnología más limpia de emisión de gases y traslado a los consumidores de los costes de la adopción de dicha tecnología.
Un Juzgado de lo Mercantil ha declarado nulas cuatro de las cláusulasde de las condiciones generales de transporte de una compañía aérea: circunstancias excepcionales en supuestos de intervención quirúrgica o fallecimiento del pasajero, Ley aplicable y jurisdicción territorial, derecho de la compañía a inspeccionar el equipaje y a denegar el transporte a los pasajeros.
El Abogado General propone que el Tribunal de Justicia declare que, conforme a la Directiva de Protección de Datos, el administrador de una página web que ha insertado en su página web un plug-in de un tercero que genera la recogida y transmisión de datos personales del usuario debe ser considerado corresponsable del tratamiento, conjuntamente con dicho tercero.
Esa legitimación especial y el correlativo derecho de asistencia jurídica gratuita tienen sentido siempre que los derechos de los asociados "guarden relación directa con bienes o servicios de uso o consumo común ordinario y generalizado". No puede litigar por cuenta de sus asociados para evitar los riesgos derivados de una eventual condena en costas.
La sala de lo civil del Supremo estudió desde 2015 el control de abusividad de los intereses de demora en los préstamos personales e hipotecarios firmados por consumidores, considerando que el interés de demora no podía exceder de dos puntos porcentuales sobre el interés remuneratorio. Esa cuestionada doctrina jurisprudencial fue declarada conforme con el Derecho de la Unión Europea por el TJUE.
"Lo más preocupante, con mucho, es la imagen que de nosotros mismos estamos proyectando a la sociedad", dice uno de los magistrados.
La Audiencia Provincial de Madrid ha fallado a favor de la asociación de consumidores ADICAE condenando a la banca a devolver las cantidades indebidamente cobradas por las cláusulas suelo desde la firma de la hipoteca.
El Supremo confirma la nulidad, entre otras, de la cláusula que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un enlace.
La Ley 10/2018, de 9 de noviembre, regula, entre otros aspectos, las infraestructuras industriales y turísticas, el abastecimiento y sostenibilidad energética, la intervención urbanística y medioambiental, el cooperativismo, el comercio, la protección de los consumidores y usuarios y los espectáculos públicos.
El BOE publica el Real Decreto-Ley 17/2018, por el que se modifica el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Modifica los artículos 29 y 45.I.B) del Texto Refundido, y el artículo Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
La normativa sobre la protección a consumidores del sector energético pretende reducir la factura energética de los consumidores y acelerar la transición a una economía descarbonizada mediante una mayor integración de las energías renovables. Amplía el bono social eléctrico, crea un nuevo bono social térmico, promueve el autoconsumo eléctrico eliminando el denominado impuesto al sol e incentiva el uso del vehículo eléctrico.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha determinado que publicar anuncios de venta en Internet puede considerarse una «práctica comercial» si la persona actúa con un propósito relacionado con su actividad económica, negocio, oficio o profesión.
El Juzgado de primera instancia nº4 de Córdoba ha declarado nulo el contrato de tarjeta de crédito Citibank/Visa/Cepsa por contener un interés usurario y condena a Wizink Bank a reintegrarle al cliente las cantidades abonadas durante la vida del crédito que excediesen de la cantidad dispuesta.
El Tribunal Supremo explica que para apreciar la existencia o no de vínculo entre las marcas se ha de atender a la naturaleza de los productos o servicios para los que se registraron las marcas en conflicto y a la existencia de un riesgo de confusión por parte del público consumidor.
Airbnb se ha comprometido a ofrecer el precio total de las reservas, que comprende cargos adicionales como los suplementos por limpieza o mantenimiento. En los casos en los que no sea posible calcular el precio final con antelación, la empresa se ha comprometido a informar claramente al consumidor de que se podrían aplicar cargos adicionales.
La presentación actual de los precios de Airbnb y algunas de sus condiciones no cumplen la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos, así como el Reglamento relativo a la competencia judicial en materia civil y mercantil.
La Comisión Europea y las autoridades de consumo están de acuerdo en que las medidas adoptadas por Volkswagen han tenido hasta ahora como resultado una evolución positiva en lo que respecta a la información facilitada a los consumidores.
Presentación de la colección Anuarios 2018. Prácticas para Abogados.
Las nuevas normas, que se aplican a la combinación de al menos dos tipos de servicios de viaje, beneficiarán tanto a los consumidores como a las empresas.
El Consejo General del Poder Judicial, con el informe favorable del Ministerio de Justicia, ha prorrogado hasta final de año el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas.
Liberbank deberá anular el contrato de la tarjeta "revolving" y devolver 6 000 euros al afectado.
La Ley de Usura de 1908 se aplica no solo al contrato de préstamo civil o mercantil, sino también a toda operación sustancialmente equivalente a un préstamo de dinero, cualquiera que sea la forma que revista el contrato y la garantía ofrecida para su cumplimiento. Les ofrecemos las líneas maestras y algunos casos analizados por los tribunales.
El Abogado General del TJUE concluye que la utilización de los servicios preinstalados equivale a su aceptación implícita.
El Gobierno ha presentado un Proyecto de Ley que transpone la directiva comunitaria, estableciendo un nuevo marco legal. Prevé la modificación de la ley para la defensa de los consumidores y se contempla la nueva forma de contratación a través de Internet, al tiempo que aumenta la transparencia, introduce nuevos conceptos y colma las lagunas legislativas existentes. Como novedad, si el aumento de precio excede del 8 por 100 del precio del viaje combinado por gastos específicos, el viajero podrá poner fin al contrato. Además, los viajeros tendrán derecho al reembolso del dinero en 14 días cuando se ponga fin al contrato.
El Tribunal Supremo ha publicado este lunes las dos sentencias que resuelven dos recursos de casación relacionados con reclamaciones de consumidores contra cláusulas de sus hipotecas que les atribuían el pago de todos los gastos e impuestos generados por la operación. Anque reconoce la abusividad de la cláusula, tal y como ya anunció el pasado 28 de febrero el Alto tribunal ha resuelto que es el cliente el que tiene que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.
Hoy, 15 de marzo, se celebra el Dia del Consumidor. En el último año más de 17 millones de personas han realizado operaciones de comercio electrónico, pero muchos consumidores desconocen todavía algunos de los derechos básicos con los que cuentan. Periodos de garantía y de desistimiento, protección de datos y el no suministrar información innecesaria para la compra son algunos de ellos.
El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto la cuestión más polémica de las ultimas batallas de los consumidores contra la banca. Los prestatarios tienen que pagar el impuesto de actos jurídicos documentados.
La Comisión ha adoptado normas que aumentarán la seguridad de los pagos electrónicos realizados en los establecimientos comerciales y en línea, y permitirán a los consumidores acceder a las soluciones más prácticas, económicas e innovadoras ofrecidas por los proveedores de servicios de pago.
Según las conclusiones del Abogado General Bobek, el interesado puede demandar a Facebook Ireland ante los tribunales de su lugar de residencia invocando su condición de consumidor, pero no puede hacerlo cuando otros consumidores le hayan cedido sus acciones para combatir las mismas violaciones.
El BOE de 4 de noviembre publica esta ley, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo. Conoce las respuestas a todas las dudas sobre la nueva regulación.
El plazo de transposición de una Directiva comunitaria, que deroga la anterior regulación, finaliza el 1 de enero de 2018, por lo que el Consejo de Ministros ha aprobado también la tramitación urgente de este Anteproyecto de Ley para cumplir con el citado plazo. Entre otras cuestiones, los viajeros podrán poner fin al contrato sin pagar ninguna penalización en caso de no ejecución de los servicios cuando ello afecte sustancialmente a la ejecución del viaje.
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado la validez de la revisión de oficio llevada a cabo por el Juez a quo en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, contenida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, en base a la reciente doctrina del TJUE que posibilita el control de oficio parte de los órganos jurisdiccionales de las cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores y usuarios.
La Comisión Europea ha decidido este miércoles llevar a España ante el Tribunal de Justicia de la UE por no haber notificado las disposiciones para la plena aplicación de la Directiva sobre las cuentas de pago de la UE (Directiva 2014/92/UE).
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu llamará a declarar a los expresidentes Ángel Ron y Emilio Saracho.
Tras la resolución del contrato de compraventa de la vivienda, el particular reclamó las cantidades entregadas a cuenta a la entidad bancaria donde se abrió la cuenta especial para su ingreso. El Supremo considera que no corresponde a la entidad de crédito las obligaciones propias de un avalista o asegurador.
Si debido a la conexión, la distancia efectivamente recorrida por ese vuelo resulta superior a la distancia entre los aeropuertos de salida y de llegada no tiene consecuencias en el cálculo de la compensación.
El arbitraje de consumo es el sistema extrajudicial de resolución de conflictos llamado a descongestionar a nuestros juzgados de muchos de los litigios que afectan, cada día más, a las personas consumidoras. Lo cierto es que el arbitraje, con un fuerte arraigo desde ya hace muchos años en las administraciones públicas de consumo, sigue siendo hoy por hoy poco utilizado por las empresas y existe aún un cierto desconocimiento de este sistema por parte de estas empresas, de los consumidores y también por parte de algunos operadores jurídicos. El objetivo del artículo es analizar brevemente el funcionamiento del procedimiento arbitral.
Los juzgados siguen anulando las cláusulas que atribuyen a los prestatarios la obligación de pagar todos los gastos
Según declaró el magistrado José Mª Fernández Seijó en un curso organizado por el Notariado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Además, la SETSI inicia los trámites previos a un procedimiento administrativo sancionador que podría conllevar una multa de hasta 20 millones de euros.
La vía electrónica de comunicación con el órgano jurisdiccional que conocía del litigio se facilitó únicamente a los abogados de la circunscripción territorial de dicho tribunal. El TJUE justifica dicha restricción si con ello se pretende proteger a los consumidores y garantizar una buena administración de justicia.
El uso de la lengua catalana no puede proscribir el uso de la lengua castellana, ni tampoco se debe olvidar la obligación de pleno respeto al deber de disponibilidad lingüística. El derecho de las consumidores a recibir en catalán determinados documentos e informaciones, debe ejercitarse con pleno respeto al deber de disponibilidad lingüística.
La Ley 13/2017, de 6 de julio, considera el consumo de cannabis por parte de adultos, en el ámbito privado, por motivos lúdicos o terapéuticos, como una opción que forma parte del ejercicio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, del derecho a la libertad de conciencia y de disposición del propio cuerpo, así como del derecho a la salud. El Gobierno presentará un proyecto de ley con el fin de crear nuevas tasas relacionadas con el régimen jurídico de las asociaciones de consumidores de cannabis y estudiará la viabilidad técnica y económica de crear un nuevo impuesto propio sobre el cannabis.
El juzgado de los Mercantil número 1 de Vitoria ha condenado a Iberdrola a eliminar de sus contratos de suministro de electricidad o de gas natural una cláusula relativa al servicio adicional para la reparación a domicilio de electrodomésticos. La cláusula obligaba a darse de baja expresamente de este servicio complementario una vez finalizado el contrato principal.
En una sentencia dictada por el tribunal de justicia europeo se establece además que las compañías aéreas deben ser transparentes en la oferta de precios en internet, que debe indicar por separado los distintos conceptos que componen el precio final que debe pagar el consumidor.
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha adoptado este como criterio uniforme para todos los recursos pendientes en materia de cláusulas suelo declaradas abusivas que los bancos pagen las costas de las instancias. Considera que si el consumidor, a pesar de vencer el litigio, tuviera que pagar sus gastos en las instancias, se produciría un efecto disuasorio inverso, para que los consumidores no promovieran litigios por cantidades moderadas.
Hoy se ha publicado el reglamento europeo que garantiza que todos los consumidores puedan utilizar los servicios de contenidos audiovisuales on-line, tales como música, juegos o películas que han contratado en su Estado de residencia, también cuando se encuentran temporalmente en otro Estado de la UE por motivos de ocio, viaje, viajes de negocios o estudios. Esta norma será aplicable a partir del 20 de marzo de 2018.
La Ley de Presupuestos Generales ya está vigente. Entre números, porcentajes y partidas presupuestarias, rescatamos las novedades que harán un poquito más felices a los ciudadanos. Desde hoy comprar unas gafas o acudir a un concierto será un poco más barato. Te lo contamos.
A propósito de la mediática sentencia dictada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, el autor reflexiona sobre el difícil encaje de la normativa protectora de los derechos de los consumidores y usuarios estatal en contraposición a la comunitaria, lo que, a su juicio, ha conducido a la situación actual en la que los tribunales nacionales, a través de cuestiones prejudiciales remitidas al Tribunal de Luxemburgo, se convierten en los verdaderos impulsores de su aplicación.
Desde hoy, 15 de junio de 2017, desaparece por fin el roaming, y las tarifas de itinerancia dejarán de aplicarse en la Unión Europea. Las nuevas normas de la UE engloban los servicios de datos, llamadas de voz y SMS. Estas son las respuestas a las preguntas que todos nos hacemos ¿cómo nos afecta? ¿qué países se incluyen en el acuerdo? ¿hay excepciones o límites?
El TJUE interpreta la directiva sobre los litigios en los que son parte los consumidores. Lo relevante no es el carácter obligatorio o facultativo del sistema de mediación, sino el hecho de que, como prevé expresamente la Directiva, se preserve el derecho de las partes a acceder al sistema judicial.
Es por tanto aplicable el nuevo régimen fiscal que estableció Reino Unido para determinados impuestos sobre juegos de azar, que obliga a los proveedores gibraltareños a pagar un impuesto por los juegos de azar a distancia que ofrezcan a consumidores del Reino Unido.
El juez solo podrá resolver en un sentido diferente, esto es, solo podrá negar el carácter abusivo de la cláusula, cuando consten en el litigio circunstancias excepcionales referidas al perfil del cliente o a la información suministrada por el banco.
La declaración del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios en la contratación bancaria con consumidores requiere la aplicación de parámetros de abusividad que en los últimos cuatro años han sido objeto de interpretaciones muy diferentes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español. Dichas divergencias también han existido y existen respecto a cuáles deban ser las consecuencias de la declaración de nulidad de dicha cláusula. El presente artículo estudia la postura actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español en cuanto a criterios de abusividad y a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios.
Comentamos el contenido y novedades del Real Decreto-ley 9/2017, de 26 de mayo, por el que se transponen directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero, mercantil y sanitario, y sobre el desplazamiento de trabajadores (B.O.E. de 27 de mayo de 2017).
El Gobierno ha aprobado un Real Decreto que crea y regula esta comisión prevista en el RD Ley del 20 de enero de 2017. Las entidades de crédito deberán dar información detallada sobre las solicitudes presentadas por los consumidores afectados.
El Tribunal de Justicia europeo ha dictado una sentencia en la que señala la obligación de informar al pasajero al menos con dos semanas de antelación respecto a la hora de salida prevista cuando exista cancelación, correspondiéndole la carga de la prueba, pues en caso contrario, deberá pagarle una compensación. Esto es así cuando el contrato de transporte se concluye directamente entre compañía y pasajero y también cuando es a través de una agencia de viajes por internet.
Según denuncia en su escrito la Fiscalía Anticorrupción, Iberdrola ganó 20 millones de beneficio con un "sistema para incrementar el precio de la energía que vendía", lo que pudiera ser constitutivo de un delito relativo al mercado y a los consumidores del artículo 281 del Código Penal.
Cada vez es más habitual contratar nuestro viaje de relax o descanso a través de ofertas online, pero, al encontrar un "chollo" a veces nos preguntamos.. ¿Es una oferta o solo un cebo? Pues bien, según un análisis coordinado de 352 páginas web de comparación de precios y reservas de viajes en la UE, en la quinta parte de los casos las ofertas promocionales no estaban realmente disponibles. La Comisión Europea y las autoridades de protección de los consumidores toman cartas en el asunto.
Los magistrados concluyen que el impuesto que grava la operación de préstamo de garantía hipotecaria corresponde al prestatario, es decir, el cliente. Sin embargo los gastos derivados de la inscripción en el Registro de la Propiedad deben ser asumidos por la entidad bancaria.
El fallo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza revoca la resolución del Juzgado de Primera Instancia que absolvió a la clínica del pago a la viuda
El fallo de la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Zaragoza, que revoca la resolución del Juzgado de Primera Instancia, afirma la legtimación de la viuda ya que la reclamación de la cantidad es “un genuino acto de administración realizado en beneficio de la herencia yacente y por extensión de los herederos del causante, fuesen quienes fuesen”.
La Agencia publica esta nueva sección para conmemorar el Día mundial de los derechos de los consumidores que se celebra hoy 15 de marzo, con el fin de fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y cómo ejercerlos. Existen varios organismos competentes en esta materia, por lo que resulta fundamental que el ciudadano sepa ante cuál tiene que presentar su reclamación en función de las circunstancias concretas y cómo debe hacerlo.
Las nuevas tecnologías se han incorporado a nuestra vida de manera global, y también en nuestros hábitos de consumo. Además las prácticas empresariales están cambiando, y existe actualmente una globalización que incide sobre manera en los hábitos de consumo. Por ello es importante que los consumidores conozcan cuáles son sus derechos, y como protegerse ante prácticas comerciales o cláusulas contractuales abusivas.
A diferencia de las acciones colectivas, en el caso de las acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación el tribunal puede tener en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto, en el caso de una empresa alemana que ponía a disposición de sus clientes una línea telefónica de asistencia postventa, que no procede que el coste de las llamadas a esta línea sea superior al de una llamada estándar a fin de no disuadir a los consumidores del uso de este servicio.
Así consta en el Anteproyecto de Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo informe ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.
Las irregularidades en la comercialización de las preferentes se deberán plantear en acción individual no a través del planteamiento abstracto de una acción colectiva. La sentencia deja abierta la posibilidad de que los consumidores obtengan la restitución de lo invertido si ejercitan las acciones individuales, circunstancia que existía desde que el juzgado declaró su falta de competencia objetiva para conocer de la misma.
La Comisaria de Justicia de la UE ha concedido una exclusiva entrevista en la que realiza declaraciones tan interesantes como que, en su opinión, los sistemas de inteligencia artificial jamás podrán sustituir a los jueces. Accede aquí a la entrevista completa.
El alto tribunal comparte con la Audiencia de Cantabria que la cláusula insertada por Telefónica en las facturas “no suponía una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio nuevo”.
Las reacciones al Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo aprobado el pasado 20 de enero en Consejo de Ministros no se han hecho esperar.
Os ofrecemos un análisis del contenido y novedades del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, que establece un cauce extrajudicial para resolver las reclamaciones de los consumidores derivadas de las últimas sentencias judiciales sobre cláusulas suelo.
Noticias Jurídicas ha tenido acceso al borrador del RD Ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo que, previsiblemente, será en Consejo de Ministros mañana día 20 de enero. Estas son sus claves.
Recientes resoluciones de tribunales menores empiezan a aplicar una sentencia del TS de 23 de diciembre de 2015, que considera abusiva la cláusula de atribución al cliente de los gastos del contrato de préstamo hipotecario. Un nuevo frente abierto para las entidades bancarias
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para establecer un nuevo mecanismo de financiación del bono social y profundizar en las medidas de protección a los consumidores de energía eléctrica considerados vulnerables.
La sentencia del TJUE sobre los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, ha despertado de inmediato múltiples preguntas sobre qué pueden hacer ahora los consumidores que se han visto afectados por dichas cláusulas. En este documento ofrecemos algunas pautas.
Entre otros objetivos, el nuevo presidente impulsará un acuerdo con entidades financieras, judicatura, asociaciones de consumidores y Banco de España para elaborar minutas sencillas y respetuosas con los derechos de los consumidores.
Se considera información esencial aquella que no permita al consumidor valorar el alcance de su compromiso contractual, como la TAE o las condiciones generales aplicables al contrato.
Una sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Valladolid condena al concesionario vendedor del vehículo, y al grupo Volkswagen, por engañar al cliente al ocultarle información sobre la instalación en su vehículo de un software destinado a alterar los datos de emisiones contaminantes. Por ello les obliga a indemnizarle con 5.006 euros, el 10% del precio de venta del modelo adquirido.
En ese día los ciudadanos podrán visitar las sedes de la mayoría de los colegios notariales, muchas de ellas ubicadas en edificios de gran valor arquitectónico; asistir a una charla sobre La función notarial, los derechos de los consumidores y los servicios notariales, en la que podrán plantear sus dudas, o concertar un encuentro privado, cara a cara, con un notario.
Según las conclusiones de la abogada general del Tribunal de Justicia, los antiguos secretarios judiciales deben poder comprobar de oficio los honorarios de los abogados en un procedimiento de jura de cuentas. Al mismo tiempo les considera "órgano jurisdiccional" a efectos de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE.
El TJUE señala además que la falta de indicación del precio de cada uno de los programas preinstalados no constituye una práctica comercial engañosa.
El Abogado General considera que las repercusiones macroeconómicas que tendría el hacer retroactivos los efectos de la anulación de las cláusulas suelo desde el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, pueden justificar, excepcionalmente, la limitación en el tiempo de estos efectos.
El TS anula un interés de demora del 19% en una hipoteca por abusivo, aplicando la normativa sobre protección de consumidores a un crédito hipotecario inicialmente destinado a la adquisición de vivienda habitual pero que más tarde fue ampliado para otros usos.
La Comisión Europea facilitará las compras on line, reforzando los derechos de los consumidores, evitando el bloqueo geográfico y abaratando el envío de paquetería
Tras la celebración en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la vista oral sobre tres asuntos prejudiciales (acumulados) sobre la irretroactividad de las cláusulas suelo, nos planteamos cómo afectará a las entidades bancarias y a los consumidores la futura decisión del tribunal europeo en los procesos aún pendientes.
El TJUE establece que el juez nacional tiene que proteger de oficio al consumidor en procedimientos concursales. En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar, en el curso de un procedimiento concursal, si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa.
La reforma pretende devolver a los ciudadanos el control de sus datos personales y garantizar en toda la UE unos estándares de protección elevados y adaptados al entorno digital. También incluye nuevas normas mínimas sobre el uso de datos para fines judiciales y policiales.
La Directiva 93/13/CEE no permite que la apreciación por el juez del carácter abusivo de unas cláusulas de un contrato de préstamo hipotecario que fijan el tipo de los intereses de demora y determinan las condiciones del vencimiento anticipado de dicho préstamo quede limitada a criterios como los definidos en los arts. 114 de Ley Hipotecaria y 693 de la LEC.
Hoy, 15 de marzo, se celebra el día internacional de los derechos del consumidor con la realización de diversos actos y campañas que exigen el respeto de los derechos de los consumidores en todo el mundo. En este artículo encontrará las últimas novedades y acciones para la defensa de los consumidores.
La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios recuerdan los pasos básicos que debe seguir un ciudadano que haya sido víctima de ello.
El TJUE se ha pronunciado por primera vez sobre aquellos casos en los que el proceso monitorio va seguido de un procedimiento de ejecución forzosa, declarando que la normativa española al respecto es contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
La OCU ha denunciado que el retraso en la trasposición en España de la Directiva 2013/11/UE, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo, hace que a día de hoy no esté disponible para el consumidor la lista de entidades españolas de resolución alternativa de conflictos que prevé el art 20.4 de la Directiva.
Esta plataforma de resolución de litigios en línea (RLL) ofrece una ventanilla única que permite a los consumidores y comerciantes de la UE resolver sus litigios en el caso tanto de las compras nacionales como de las transfronterizas.
El artículo plantea cuestiones importantes con respecto a la protección de datos y la legislación aplicable a la prestación de los servicios complementarios a los pagos por Internet.
El Abogado General del TJUE ha presentado sus conclusiones en un supuesto en el que el consumidor se opone a la ejecución hipotecaria pidiendo que se declaren abusivas algunas cláusula sobre los intereses de demora y vencimiento anticipado.
La Sala sostiene que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, pues la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad.
El Parlamento Europeo pide al Ejecutivo comunitario que ponga en marcha las iniciativas anunciadas para impulsar el mercado único digital, el fin al bloqueo geográfico de contenidos digitales, y respecto de servicios como Uber o Airbnb que se evalúe la protección que requieren los consumidores y se garantice que las regulaciones se adecuan al entorno digital.
El plazo para cumplir con la normativa de autorización de pagos finaliza el mes que viene. Los clientes podrán devolver los recibos de hasta 13 meses atrás de aquellas empresas que no dispongan de una orden firmada por el deudor para autorizar la domiciliación de los pagos.
El abogado general propone al TJUE que declare que la LEC no es contraria al Derecho de la UE cuando establece que, mientras no se resuelva la demanda colectiva de Adicae sobre cláusulas suelo, deban quedar suspendidas las reclamaciones posteriores de otros consumidores a título individual y sobre el mismo objeto, siempre que esta suspensión no sea ni obligatoria ni automática, y que el consumidor afectado pueda desvincularse de la acción colectiva.
La nueva plataforma, sencilla, multiidioma y accesible para todos, permitirá la resolución amistosa de conflictos de consumo, a través de un mediador. Los comercios 'online' estarán obligados a ofrecer un enlace a esta herramienta en sus sitios web.
Telefónica, condenada a abonar 7.500 euros a un cliente al que incluyó en una lista de morosos mientras se estaba tramitando un arbitraje de consumo sobre el importe de la deuda que le reclamaba
Con este acuerdo, ambas partes darán una mayor protección jurídica a los consumidores y asegurarán el cumplimiento de sus derechos tanto en la fase precontractual como en la contractual.
La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios han firmado un acuerdo de colaboración para difundir entre los ciudadanos el conocimiento y defensa de sus derechos en caso de que se utilicen sus datos personales para la contratación irregular de servicios y, por otro, para desarrollar acciones orientadas a fomentar las buenas prácticas empresariales.
El TJUE reconoce el riesgo de confusión para el público y anula la decisión del Tribunal General, que consideró que, aunque tienen el mismo significado literal, los consumidores no asociarían conceptualmente ambas marcas de modo inmediato, deduciendo que los consumidores hispanohablantes no tienen un especial conocimiento del inglés.
El TS expone que en una operación de financiación del consumo no puede justificarse un interés tan excesivo, y declara la nulidad del contrato de forma que el cliente sólo deberá devolver al banco la suma recibida.
Según el TJUE, pese al plazo de un mes establecido en la disp. trans. 4.ª de la Ley 1/2013 para oponerse a la ejecución en los casos en los que el plazo anterior ya había empezado a correr, existe un elevado riesgo de que el plazo expire sin que los consumidores afectados puedan hacer valer de forma efectiva y útil sus derechos por la vía judicial, debido en particular al hecho de que, en realidad, ignoran o no perciben la amplitud exacta de esos derechos.
En un informe, que recoge sus alegaciones en procedimiento prejudicial ante el TJUE, la Comisión se muestra contraria a que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula. Las asociaciones de consumidores confían en que finalmente el TJUE refrende esta postura.
Una reciente sentencia del TJUE concluye que un abogado que pide un préstamo personal -fuera de su ámbito profesional- actúa como consumidor, lo cual abre la posibilidad de reclamar a muchos autónomos que hasta ahora no estaban protegidos al ser etiquetados como profesionales.
Tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013, que declara la nulidad de la conocida como “cláusula suelo”, y la reciente reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2014 por la que se atribuye al Ministerio Fiscal legitimación para ejercitar “cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios”, el Ministerio Fiscal está llamado a abandonar su tradicional “clausura” en la jurisdicción penal para –especialmente en la actual coyuntura económica– desempeñar un importante papel de promoción del interés social en los diversos procedimientos civiles, tanto de oficio como a instancia de los interesados.
Conforme se desprende de la Directiva 93/13/CEE, los jueces nacionales están obligados únicamente a dejar sin aplicación la cláusula contractual abusiva, a fin de que ésta no produzca efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultados para modificar el contenido de la misma, por ejemplo reduciendo el importe de la pena convencional impuesta al consumidor.
Alejandro Fernández de Araoz, último ganador del Premio La Ley, que se entrega hoy en Madrid, reflexiona en su trabajo sobre la necesidad de replantear el régimen jurídico de la contratación mobiliaria en España, de forma que se puedan discernir con claridad los casos en los que la reclamación del inversor mal asesorado o maltratado por la entidad está justificada, de aquellos casos en los que inversores oportunistas pretendan que sea el banco quien pague los platos rotos de una mala operación.
La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 28 de abril de 2015, en la que superando una interpretación literal con la de sistematización del contexto normativo y finalidad de la norma, establece como doctrina jurisprudencial que «en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sujetos a la Ley 42/1998, la nulidad del contrato de financiación, a instancia del adquirente, también está comprendida en el artículo 12 de dicho Texto legal».
En el marco de la política comunitaria de protección de los consumidores, el 11 de mayo de 2005 se aprueba la Directiva sobre las prácticas comerciales desleales. Esta norma realiza una armonización completa de las prácticas comerciales engañosas que realizan las empresas en sus relaciones con los consumidores. A lo largo del presente trabajo, se lleva a cabo un análisis detallado de las disposiciones que la Directiva introduce en esta materia y de la interpretación de las mismas que ha venido realizando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea durante sus diez años de vigencia.
En sus conclusiones en el asunto C-8/14 BBVA (ES), el abogado general dice que el plazo preclusivo de un mes establecido por la disposición transitoria de la Ley española para los procedimientos ejecutivos en curso, imposibilitó o dificultó en exceso el ejercicio de los derechos conferidos a los consumidores por la Directiva 93/13.
El Órgano de Control de Cláusulas Abusivas del Consejo General del Notariado ha creado la página web http://www.occa.notariado.org, para ofrecer información sobre las cláusulas declaradas abusivas por ley o por una sentencia judicial. Asimismo incluye información específica sobre los medios al alcance de los notarios para proteger jurídicamente los derechos de los consumidores y sobre los servicios notariales útiles para este fin.
La entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2015, el pasado 1 de marzo, vino a poner fin a una de las demandas más unánimes e insistente de todos los profesionales relacionados con el ámbito de la Justicia: la supresión o limitación de las tasas judiciales.
Es cierto que con esta norma las tasas no han desaparecido en su totalidad, pues todavía subsiste esta figura para las personas jurídicas que no gocen del beneficio de justicia gratuita.
Pero, como ha señalado recientemente el CGAE, la desaparición de las tasas al menos para las personas físicas “es una victoria de los ciudadanos y de la Abogacía que durante tres años ha encabezado el clamor social y la batalla contra las tasas junto a todos los operadores jurídicos, partidos políticos, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y asociaciones y colectivos de abogados.”
En Noticias Jurídicas os hemos ido dando cuenta puntual de todos los acontecimientos que han tenido lugar alrededor de esta figura, desde su promulgación a su derogación, pasando por su modificación parcial en febrero de 2013 y la dimisión del ministro de Justicia que las impulsó.
Por eso creemos que puede ser interesante repasar ahora lo principal de esa cronología, como testimonio de lo que ocurrió y de cómo os lo contamos.
En este artículo hemos intentado recoger someramente algunos de los argumentos de mayor calado relacionados con la cláusula suelo, desde el punto de vista económico, de la regulación financiera y de la protección de los consumidores y usuarios, así como desde el estrictamente procesal. Sin duda, las cuestiones suscitadas son mucho más numerosas y complejas.
Cada cierto tiempo, saltan a los medios de comunicación noticias sobre fraudes masivos llevados a cabo por medio de empresas de estructura piramidal. Miles de personas que habían invertido su dinero en un negocio que consideraban seguro y que les ofrecía elevados intereses pierden su capital y arrastran consigo a conocidos, familiares o amigos que habían confiado en obtener unas ganancias similares a las conseguidas por aquel que les invitó a participar. Es entonces cuando los afectados intentan recuperar su inversión y, en muchas ocasiones, culpan a los gobiernos por una falta de regulación, sobre todo cuando las empresas piramidales cuentan con cierto reconocimiento. Sin embargo, al no tener estos negocios un respaldo de los organismos oficiales, a los consumidores les es imposible recuperar la totalidad de su capital. Con frecuencia los responsables son juzgados y condenados, algo que no alivia demasiado a los estafados, pues normalmente su dinero no aparece.
¿Es el panorama arbitral el más idóneo en la actualidad española? Una cuestión tan simple semeja poder ser contestada con una respuesta directa y sencilla, máxime si tenemos presente el contexto arbitral actual en el que no escasean las respuestas afirmativas y son numerosas las voces que preconizan y alaban las virtudes, ventajas y la situación avanzada y privilegiada que posee el sistema arbitral español vigente, como uno de los más innovadores y adaptados a la realidad jurídica, social y económica moderna y que, sin lugar a dudas, su regulación posibilita que así sea.
La UE ha aprobado finalmente este lunes la Directiva para facilitar las demandas por daños y perjuicios contra las empresas que participan en acuerdos ilegales para subir precios. El objetivo de esta iniciativa es permitir que los consumidores y pymes afectados puedan lograr indemnizaciones ante los tribunales nacionales. La directiva se publicará en las próximas semanas en el Diario Oficial de la UE y los Estados miembros dispondrán entonces de dos años de plazo para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacioanles.
El Gobierno ha aceptado mejoras en materia de empleo juvenil, impulso de la economía, comisiones a cargo de los consumidores cuando usan sus tarjetas de crédito, fomento de la eficiencia gasística y exención de la plusvalía municipal que genera la dación en pago.
La reforma introducida por la Ley 3/2014 introduce nuevas obligaciones a los oferentes de servicios y productos: amplía las obligaciones de información precontractual; introduce modificaciones en el derecho de desistimiento; introduce nuevas garantías a favor de los consumidores en materia de cláusulas abusivas e introduce modificaciones en la acción de cesación.
La reforma traspone al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, refuerza los derechos de información de los consumidores y usuarios, introduciendo importantes modificaciones en materia de contratos a distancia, contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil y contratos celebrados por teléfono; derecho de desistimiento del consumidor; plazo de entrega de bienes adquiridos; medios de pago y facultades de interpretación de las cláusulas abusivas por los jueces. Incluimos un resumen de sus principales contenidos.
Como conclusiones de sus jornadas de Derecho Privado, la plataforma Jueces para la Democracia ha instado al Gobierno español y a los gobiernos de las Comunidades Autónomas a controlar mediante inspecciones preventivas, las prácticas de las entidades financieras en la contratación con consumidores y a sancionar a aquellas que incurran reiteradamente en el uso de cláusulas abusivas.
La nueva Directiva, que ya ha sido aprobada por la Eurocámara y que lo fue ayer por los ministros de Economía de la Unión, impide que los Estados miembros se opongan a la dación en pago si las dos partes la acuerdan expresamente en el contrato de crédito. Además, exige a los bancos que se muestren "razonablemente tolerantes" en el caso de clientes con graves dificultades de pago y que hagan "todos los esfuerzos razonables para resolver la situación" antes de iniciar un procedimiento de desahucio.
El TJUE ha establecido que, para apreciar la existencia de un «desequilibrio importante» que determine el carácter abusivo de una cláusula contractual, no se requiere que los costes puestos a cargo del consumidor tengan una incidencia económica importante para éste en relación con el importe de la operación de que se trate, sino que basta con que se produzca una lesión suficientemente grave de la situación jurídica en la que ese consumidor se encuentra, como parte en el contrato, en virtud de las disposiciones nacionales aplicables, ya sea en forma de una restricción del contenido de los derechos que, según esas disposiciones, le confiere ese contrato, o bien de un obstáculo al ejercicio de éstos, o también de que se le imponga una obligación adicional no prevista por las normas nacionales; como puede ser imponer comprador el pago del IMIVBNU o del alta individualizada en los distintos suministros tales como agua, gas, energía eléctrica,
La normativa española hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados por los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva 93/13 pretende conferir a estos últimos. El Tribunal aporta criterio para determinar el carácter abusivo de una cláusula de vencimiento anticipado de un préstamo hipotecario.
Tras la subida en las tarifas de telefonía móvil anunciada para el 1 de marzo, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado a Movistar, Vodafone y Orange ante el Servicio de Defensa de la Competencia solicitando acuerde la suspensión cautelar de la misma por entender que responde a un acuerdo entre las operadoras contrario a las leyes de la competencia y que de llevarse a cabo causaría un serio perjuicio a los consumidores.