Contratación pública

Wolters Kluwer organiza el próximo jueves 25 de junio de 17:00 a 18:30 un encuentro online gratuito sobre la contratación pública frente a la crisis y las posibilidades del contrato menor, con Jaime Pintos, abogado-consultor experto en contratación pública.

Afronta con éxito la ley de contratos con este programa de especialización.

Llega una nueva edición del evento pionero que da la palabra a los profesionales de la contratación pública.

El Gobierno contempla, entre otras medidas, la inclusión de cláusulas sociales dirigidas a prevenir y reducir el Desempleo de Larga Duración.

El hecho de que estos dos miembros del Jurado, secretaria y suplente, no tuvieran derecho de voto no desvirtúa la nulidad del procedimiento por infracción del requisito de anonimato de las proposiciones.
 

El próximo 29 de marzo Reino Unido saldrá, en principio, de la Unión Europea y tanto la primera ministra británica, Theresa May, como los responsables europeos maniobran a contrarreloj para evitar un Brexit forzoso.
 

Imprescindible para comprender los aspectos propios del fraude y anticiparse a las nuevas tendencias. Conocerás herramientas, mecanismos y estrategias para fortalecer las capacidades de respuesta contra el fraude de tu organización y prevenir, detectar y contrarrestar todas las posibles amenazas a tiempo.

La VIII edición del Congreso Internacional de Contratación Pública ha sido espacio de estudio, debate y práctica profesional.

El eje central de esta edición será la aplicación práctica de la Ley de Contratos del Sector Público, -que echó a andar el 9 de marzo- y la resolución de los problemas que a los gestores se le plantean con mayor frecuencia.

La Ley 8/2018, de 8 de octubre, pretende reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, reducir el riesgo de los impactos del cambio climático e impulsar la transición energética hacia un modelo basado en fuentes de energía renovables.

Wolters Kluwer alcanza un acuerdo de colaboración con la World Compliance Association.

La entrada en vigor de la LCSP 2017 el pasado 9 de marzo ha supuesto una revolución en el sector de la contratación pública. Descárgate ya la guía más completa para afrontar estos cambios.

El próximo 13 de abril tendrá lugar en Santiago de Compostela la celebración de una jornada en la que se debatirán los aspectos clave de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Hoy entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, cuya novedad principal es la obligatoriedad de la contratación electrónica para todas las administraciones públicas españolas. La normativa se pretende implantar una serie de medidas encaminadas a lograr una mejor transparencia en los procedimientos.

En el evento, presentado bajo el título «Ya está aquí la LCSP 2017 ¿Y ahora qué?», se han dado cita más de 500 asistentes y 38 ponentes con el objetivo de abordar, desde diversas perspectivas, la nueva LCSP 2017.

Ya está aquí la nueva Ley de Contratos ¿y ahora qué?. Los próximos días 18 y 19 de enero se celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una nueva edición, la séptima, del evento referente en materia de contratación pública, -Congreso Internacional de Contratación Pública-, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación Pública y Wolters Kluwer , con la colaboración de Redicop y Noticias Jurídicas.

El Congreso Internacional de Contratación Pública ha sido foro de debate, aprendizaje e intercambio de experiencias a raíz de la inminente Ley de Contratos del Sector Público.Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación Pública y Wolters Kluwer, y con la colaboración de Noticias Jurídicas y el Instituto Iberoamericano de Contratación Pública.

El Congreso Internacional de Contratación Pública, en el que Noticias Jurídica es medio colaborador, arrancó en Cuenca el martes 24 de enero en la Facultad de Ciencias Sociales UCLM con cerca de 200 participantes y 20 expertos en la materia para afrontar la que pronto será la nueva Ley de Contratos del Sector Público.

Hacia la nueva Ley de contratos en el sector público. 

Noticias Jurídicas se hace eco de la convocatoria de este premio convocado por la Revista Contratación Administrativa Práctica (Wolters Kluwer) y el Máster en Contratación Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha . Las bases contemplan también una mención al «mejor post» sobre la materia. Consulta las bases aquí.

 

La reforma prevé una reducción general de los plazos de tramitación, la utilización preferente de medios electrónicos, la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables", la división de los contratos en lotes y la limitación de la utilización de los llamados "medios propios". También se establece una regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía y se regula un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado "de asociación para la innovación".

Este artículo trata de explicar la problemática todavía existente para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos del sector público cuando se producen rupturas sustanciales de la economía. Inexplicablemente esta importante figura jurídica y en especial sus condiciones de aplicación y su alcance siguen sin perfilarse lo suficiente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni tampoco en la jurisprudencia, lo que sigue provocando a día de hoy inseguridad jurídica en un doble sentido: por uno, el tener que acudir a los tribunales para resolver un concepto técnico (no tanto jurídico) y por otro, desalentar a posibles licitadores por no conocer de forma suficiente las consecuencias que puedan derivarse en casos de ruptura sustancial. Finalmente se plantea la necesidad de regular esta cuestión de forma más específica en la ley, para que esta inseguridad jurídica no repercuta indirecta y negativamente en el interés público.

La contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo sino que constituye una herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o de sus políticas públicas. Es por ello, que en los últimos tiempos, el legislador ha apostado por la incorporación de criterios sociales, medioambientales o de investigación en la contratación pública, de forma que la contratación constituye un instrumento con el que los poderes públicos intervienen en la vida económica, social y política del país.

Podemos decir que dos han sido las estrategias que tradicionalmente se han seguido para alcanzar este objetivo. Por un lado, la proliferación de "organismos públicos" hacia los que derivar el endeudamiento de las Administraciones de las que dependían y, por el otro, mediante la modificación de las normas de contratación pública ampliando la gama de contratos posibles siempre con el ánimo, bien de diferir y/o limitar el pago de la contraprestación económica, bien de enmascarar su cómputo en el Presupuesto. Veamos, pues, qué estrategia se ha llevado el gato al agua.

En España, la legislación en materia de contratación pública ha sufrido cambios llamativos en los últimos años para adecuarse al sistema de revisión previsto en la Directiva 2007/667/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2007, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea de 20 de diciembre de 2007.

La legislación europea en materia de contratación pública está de aniversario este año. Hace cuarenta años, el 26 de julio de 1971, entró en vigor la primera Directiva de contratos públicos, concretamente, la Directiva 71/305/CEE, de obras. Este evento se menciona muy pocas veces.

Tal y como ha señalado la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma de Aragón (Informe 17/08), la contratación pública no puede ser considerada como un fin en si mismo sino que debe ser visualizada como una potestad o herramienta jurídica al servicio de los poderes públicos para el cumplimiento efectivo de sus fines o sus políticas públicas.

La implementación práctica de los contenidos de la Tercera Vía1 en el Reino Unido dieron lugar a la aparición de nuevos vínculos entre la Administración Pública y la iniciativa privada que se denominaron Public-Private Partnerships (PPP) o Asociaciones Público-Privadas (APP). Las relaciones surgidas de esta unión compartían una filosofía en la que cada agente, público y privado, participaba en los proyectos llevando a cabo aquellas tareas para las que cada uno contaba con una ventaja comparativa mayor.

Algunos de los que trabajamos diariamente en contratación administrativa pusimos el grito en el cielo cuando se aprobó la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público porque entendimos que con la misma se había perdido una oportunidad magnífica para darle definitivamente a las modificaciones contractuales o ius variandi el tratamiento que, desde un punto de vista comunitario y jurisprudencial, se merecían.

A falta de una definición precisa y concreta del contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado en el ordenamiento jurídico español, aparte, claro está, de la conceptualización que ofrece del mismo la Ley de Contratos del Sector Público en su art. 113, debemos plantearnos si este contrato administrativo aparentemente nuevo tiene su origen precisamente en dicha Ley o si, por el contrario, ya existía antes.

Especialidades y novedades del procedimiento de contratación por medios electrónicos. Perfil del contratante y registro electrónico. Subasta electrónica. Sistema dinámico de adquisición. La factura electrónica. El “eProcurement”.

Este nuevo ámbito del Derecho que debería implantarse y fomentarse en los próximos años si el Sector Público pretende adecuarse a las nuevas oportunidades que la tecnología brinda al mundo jurídico, es el objeto principal de este artículo. Y es que lo jurídico no se encuentra disociado de la realidad, sino que la acompaña y va tras ella, adaptándose a lo que las circunstancias exigen.

Las administraciones públicas de carácter estatal deberán adjudicar sus contratos de suministro de productos y servicios únicamente a las ofertas más eficientes energéticamente, siempre y cuando sea "coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica y una competencia suficiente".

Los ministros de Industria de los Veintiocho han alcanzado este lunes un acuerdo político sobre una norma cuyo objetivo es facilitar la facturación electrónica en la contratación pública mejorando la interoperatividad entre los diferentes sistemas nacionales.

La UE está revisando la directiva europea sobre contratación pública con el fin de simplificarla y hacerla más eficiente. El objetivo de este estudio es también el de promover la inversión e impulsar la actividad económica. Durante la tarde del martes la comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo celebró una audiencia pública para plantear estos objetivos y promover medidas para alcanzarlos.

Las normas comunitarias sobre contratación pública deben reformarse para facilitar el acceso de las pymes a las licitaciones, según un informe aprobado hoy por el pleno de la Eurocámara. Los diputados defienden que las autoridades puedan adjudicar contratos no sólo al mejor postor, sino a los más innovadores, o a aquellos que ofrezcan mayores beneficios sociales o medioambientales.

El proyecto de reforma de la Ley de Contratos del Sector Público establece la creación del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que tendrá naturaleza administrativa.

Se reducen cargas administrativas a las empresas y se refuerzan las garantías de objetividad, imparcialidad, transparencia y seguridad jurídica en la contratación pública.

En una carta dirigida a la Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, la Patronal solicita su pronta intervención para paliar este grave problema cada vez más acuciante dada la actual coyuntura económica.

Cofinanciará un proyecto piloto, liderado por ocho países europeos, que creará las condiciones necesarias para conectar los sistemas nacionales ya existentes y simplicará la contratación transfronteriza.