El juzgado exonera a la joven de abonar el importe íntegro del vestido tal y como pretendía el establecimiento demandado
La llegada de la pandemia hizo que el contrato fuese imposible de cumplir para el empresario, que regentaba un negocio de pisos turísticos
La condena penal del donatario por la acción no supone una causa de ingratitud en vista de los años previos de cuidados y visitas
El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, permite la suspensión extraordinaria de desahucios de arrendatarios en situación de vulnerabilidad económica. También protege los hogares afectados por procedimientos de lanzamiento de la vivienda habitual que no se deriven de contratos de arrendamiento, cuando existan personas dependientes, víctimas de violencia sobre la mujer o menores de edad a cargo y garantiza el suministro de agua y energía a los consumidores vulnerables
Es completamente previsible que un trabajador coja vacaciones o descanse. La utilización del contrato eventual no es viable en estos supuestos, apunta el alto tribunal
La clave está en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de 2006 que somete a tributación como rendimiento del trabajo las prestaciones percibidas por los beneficiarios de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social, y las integra en la base imponible general
Si una sociedad mercantil es declarada en concurso, los contratos laborales no se extinguen automáticamente. Para los contratos de alta dirección, la Ley Concursal dedica los artículos 186, 187 y 188 a su regulación. En ese articulado se permite que los administradores concursales puedan extinguir o suspender los contratos de los altos directivos de la empresa. Seguidamente, el Juez concursal podrá moderar la -normalmente cuantiosa- indemnización económica pactada en tales contratos
La Ley 11/2020, de 18 de septiembre, regula la contención y moderación de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda cuando ésta esté destinada a residencia permanente del arrendatario y se halle en área declarada con mercado de vivienda tenso. Este régimen de contención de rentas persigue el equilibrio entre el interés patrimonial del arrendador y la función social de la propiedad urbana y se instrumenta mediante la aplicación del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas.
Cataluña limita el precio de los alquileres
La referida Sentencia reviste de un especial interés debido a que ilustra el tema de los contratos de concesión de servicios, las autorizaciones administrativas y los conceptos jurídicos de servicio público y libre competencia en el mercado para la prestación de servicios económicos.
El diagnóstico definitivo de la enfermedad se produjo casi un año después de celebrado el contrato, por lo que no se aprecia la omisión de datos de salud en el cuestionario por malicia o negligencia grave que liberaría a la aseguradora.
El juez nacional debe aplicar los mismos filtros de transparencia que a los contratos hipotecarios originales y decidir sobre su legalidad
Ante la falta de regulación de las repercusiones del silencio administrativo por parte la autoridad laboral en el RD 1483/2012, Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, o en el RD-ley 8/2020, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, se ha de acudir a lo regulado en el art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, que, como regla general, tiene carácter positivo
Se cumple un año de entrada en vigor de la Ley reguladora de contratos de crédito inmobiliario, que ha reforzado la protección al consumidor y la seguridad jurídica en la fase precontractual de los préstamos hipotecarios
El presente trabajo analiza la modificación operada por el Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio en las medidas de protección a los consumidores residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado.
Descubre las cuestiones clave en este informe
Resumimos las medidas del RDL en el ámbito laboral, como las nuevas prestaciones para supuestos de extinción de contratos durante el periodo de prueba y para trabajadores que abandonaron su empleo por una oferta laboral frustrada, así como la facultad de instar ERTES parciales por fuerza mayor en actividades esenciales, entre otras.
El tribunal ve "difícil" que en un contrato de esta duracción y en el mercado de inserción de la publicidad en TV pueda aplicarse la doctrina de las circunstancias imprevistas
La resolución trata de unas compras de acciones en la que la actora instaba la nulidad las adquisiciones por error - vicio en la prestación del consentimiento. Títulos que fueron adquiridos de dos formas, unas en una oferta pública y otras en el mercado secundario, pero todas las acciones eran de la misma entidad bancaria, la demandada, y tanto las primeras acciones como las restantes fueron adquiridas a través de la misma entidad (como intermediaria). Respecto a las adquiridas en el mercado secundario, se niega que dicha entidad estuviera legitimada pasivamente, al no ser parte en los contratos de compraventa.
El problema que planteaban estas cláusulas financieras referenciadas al IRPH era que, a pesar de que se presentaban a los consumidores como el índice que más les favorecía por tratarse de un valor “estable” (publicado por el Banco de España), la realidad es que su aplicación encarecía el precio de la hipoteca, pues se trata de un índice bastante más alto que el Euribor
Analizamos la nueva normativa, que establece nuevas medidas sociales y económicas frente a la crisis sanitaria del coronavirus, entre ellas la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la renovación automática de los contratos de alquiler y los microcréditos para inquilinos en situación vulnerable
El presente artículo analiza las medidas de protección a los consumidores en materia contractual residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado
No basta con que en el contrato se remita a una disposición nacional que, a su vez, remita a otras disposiciones
Además, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, agiliza el acceso a la prestación por desempleo, persigue el fraude en los ERTEs, interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales y facilita a las cooperativas la adopción de acuerdos sobre suspensión de contratos. También ordena que mantengan su actividad los centros sanitarios y los de atención a personas mayores y amplía la tramitación de emergencia para la contratación relacionada con el COVID-19 en todo el sector público.
El presente artículo analiza las normas y principios del derecho a considerar para dar respuesta a las incidencias que pueden plantearse en los contratos de tracto sucesivo con ocasión de la crisis del coronavirus, adentrándose en el estudio de cómo abordar la solución en determinados contratos de tracto sucesivo como los de prestaciones de servicios, arrendamiento de local y contratos de financiación.
El tribunal europeo ha dictado sentencia sobre varios asuntos que afectan a interinos del servicio madrileño de salud con más de diez años de servicio. Deja en manos de los jueces españoles decidir, conforme a Derecho, si se convoca un proceso selectivo, se les considera indefinidos-no fijos o se les concede una indemnización por despido improcedente.
Las últimas medidas tomadas en Madrid y País Vasco para frenar el avance del coronavirus suponen el cierre de centros educativos, lo que, de manera indirecta afecta a la actividad laboral de padres y tutores.
La Sala explica que el Convenio impugnado, a efectos de antigüedad, solo valora los servicios continuados, y entiende como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es nuevamente contratado. Añade que se trata de una regla “indirectamente discriminatoria de quienes están vinculados por sucesivos contratos de trabajo temporales”.
Las condiciones generales de los contratos de Meliá con los operadores turísticos contenían una cláusula con arreglo a la cual los contratos eran válidos únicamente para reservas de clientes residentes en ciertos países concretos
A diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato por lo que no resulta procedente la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional en casos en que el contrato no pueda subsistir y su nulidad resulte perjudicial para el consumidor.
La empleada nunca recibió formación y realizó tareas propias de cualquier trabajador.
Afronta con éxito la ley de contratos con este programa de especialización.
Señala la Instrucción que la Ley 5/2019 es aplicable a los préstamos concertados con una persona física consumidora que actúe en concepto de prestataria, fiadora o garante, cuya finalidad sea adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos o por construir, con independencia de que el destino del inmueble construido o por construir sea o no residencial.
El tribunal ha condenado a la empresa a que opte entre su readmisión, con abono de los salarios de tramitación, o el pago de una indemnización de 11.088 euros.
La sentencia llega a esta conclusión al entender, por una parte, que los contratos de compraventa, permuta, mandato y gestión de negocios ajenos que regula la normativa impugnada guardan conexión con instituciones de su derecho civil catalán existentes a la entrada en vigor de la Constitución.
La actividad puede ser complementaria a la prevista en el contrato de arrendamiento de negocio
Los acusados han reconocido ser administradores o apoderados de las sociedades y haber firmado los contratos de trabajo.
Los hechos probados recogen que el marido formalizó con el entonces Banco Español de Crédito (Banesto) varios contratos de préstamo al consumo y de tarjeta de crédito a nombre de su mujer, sin que ella lo supiera, entre el 2007 y el 2011.
El pasado día 11 de septiembre se publicó la sentencia del Tribunal Supremo 463/2019 que fija el criterio a seguir en las ejecuciones hipotecarias con cláusulas de vencimiento anticipado declaradas nulas. El Alto Tribunal, con una buena técnica jurídica ha salvado la imposibilidad de aplicar la ley 5/2019 a los contratos hipotecarios en los cuales ya se hubiere vencido anticipadamente el crédito con anterioridad a la entrada en vigor de la norma, en aras de la salvaguarda de los derechos de los consumidores.
El Pleno de la Sala de lo Civil extiende las nuevas garantías de la ley de crédito inmobiliario a los préstamos anteriores a su entrada en vigor para permitir continuar con la ejecución iniciada.
El Consejo de Ministros ha anunciado el desarrollo de dos nuevos planes de choque contra la temporalidad fraudulenta y los abusos en la contratación a tiempo parcial por parte del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Requerirá a miles de empresas para que en el plazo de un mes regularice los contratos fraudulentos.
La utilización de medios electrónicos en esta tramitación es obligatoria desde este 1 de agosto.
El TACRC flexibiliza la interpretación de los arts. 13 y 15 LCSP y entiende que es suficiente con presentar una declaración responsable de estar al corriente de tales obligaciones
El Ministerio de Industria y el Ayuntamiento de Valladolid han presentado dos guías para fomentar el acceso de la pyme a los contratos públicos.
Tres Instrucciones de la DGRN han precedido inmediatamente a la entrada en vigor, el domingo 16 de junio, de la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Una sobre el depósito de las condiciones generales de la contratación y su reflejo en las escrituras de préstamo y en el Registro de la Propiedad. Y otras dos relativas a la moratoria en el envío telemático de documentación hipotecaria y a los préstamos negociados antes de la entrada en vigor de la nueva ley pero escriturados después, respectivamente.
La ley impulsa el Registro de Condiciones Generales de la Contratación para luchar contra las cláusulas abusivas e incrementar la transparencia y la seguridad en la contratación de préstamos hipotecarios. A las escrituras otorgadas a partir de hoy, se les exigirá el cumplimiento de la nueva Ley. Los Registradores manifiestan su compromiso con la aplicación de la nueva ley.
El Ministerio de Justicia, a través del director general de los Registros y del Notariado, Pedro Garrido Chamorro, ha emitido dos instrucciones que clarifican el régimen transitorio para el trámite de información que deben cumplimentar los notarios con los clientes de las entidades de crédito antes de que estos formalicen sus contratos de préstamo. Ambas Instrucciones han sido publicadas hoy, 15 de junio, en el BOE.
La nueva Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario tiene como objetivo potenciar la seguridad jurídica, proteger al consumidor financiero, promover una actuación responsable en el contexto de la contratación hipotecaria.
Este código de soft law ofrece artículos de lectura sencilla y rápida sobre cuestiones contractuales básicas. Su objetivo es armonizar la interpretación de los contratos mercantiles internacionales frente a la globalización
El nuevo Decreto Ley 9/2019 podrá imponer limitaciones en el precio de la renta a aquellas áreas calificadas como “mercado tenso”. Los contratos realizados con anterioridad mantendrán no se verán afectados salvo que se produzca la novación de los mismos.
El tribunal analiza la regulación nacional y europea en materia de protección de datos, y concluye que la cláusula controvertida “no es abusiva, sino, más bien, informativa y a la par receptora de un consentimiento expreso que no era preciso requerir” a la vista de esos preceptos.
El Tribunal Supremo da la razón a un trabajador que se había adherido a un Plan de bajas incentivadas en la empresa tras 40 años como indefinido. Según la Sala debe computarse a efectos de antigüedad el tiempo que estuvo contratado como aprendiz para calcular la indemnización, pues el lapso de dos meses entre la finalización del contrato de aprendizaje y la firma del contrato indefinido no se considera significativa. Aplica la doctrina contenida en sentencias del TS relativas a sucesivos contratos temporales.
El Gobierno ha completado la transposición de la Directiva comunitaria sobre Contratos de Crédito Inmobiliario con la aprobación del Real Decreto y la Orden Ministerial que desarrollan la Ley de Crédito Inmobiliario aprobada por el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero.
El Consejo de Ministros autoriza dos contratos por 64,3 y 99,7 millones de euros para la transformación digital de sedes judiciales y sistemas de apoyo a juzgados y fiscalías.
La cláusula que exige que la domiciliación de las cuotas en la entidad prestamista no es abusiva, sino que lo es el uso que hace la entidad bancaria al cargar al consumidor en la cuenta abierta para pagar el préstamo hipotecario comisiones de mantenimiento indebidas, al tratarse de una cuenta instrumental para dicha finalidad.
Analiza las novedades de la norma pero también sus puntos oscuros o problemáticos, poniendo al lector en alerta de los posibles problemas a los que puede tener que enfrentarse. En esta tarea es fundamental la aportación de los autores, figuras de primer nivel reconocidos por la comunidad jurídica y habituales conferenciantes y ponentes en la materia. Junto al análisis experto, dos elementos prácticos: un cuadro con las 15 claves de la nueva regulación y una tabla comparativa de las normas que se ven afectadas con su publicación. Además se incluye el texto de la norma.
Google ha abusado de su posición dominante en el mercado al imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos con sitios web de terceros que impidieron a los competidores de Google colocar sus anuncios de búsqueda en esos sitios web.
La UCM, bajo la dirección de Matilde Cuena Casas, organiza un curso de especialización sobre contratos de préstamo hipotecario, con especial referencia a la nueva Ley de crédito inmobiliario.
Las nuevas condiciones para la concesión de hipotecas entrarán en vigor finalmente a medios del mes de junio, tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) este pasado sábado, 16 de marzo, de la Ley 5/2019, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.
El Notario Ricardo CABANAS TREJO ofrece en este artículo unas primeras reflexiones de urgencia sobre algunas de las novedades más destacadas de orden contractual y procesal que introduce la nueva ley.
Son varias las medidas que se articulan en torno al concepto de igualdad entre las que destacan: equiparación de las semanas de suspensión de trabajo por nacimiento para ambos progenitores, elaboración de planes de igualdad, y cotización para los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia
Esta medida cautelar adoptada en el marco del procedimiento judicial de Idental, consiste en la suspensión cautelar de las reclamaciones judiciales o extrajudiciales que se hayan formulado por las entidades financieras que hayan suscrito contratos de crédito vinculados a los tratamientos odontológicos firmados con las clínicas del Grupo Idental.
La DGT solventa dudas sobre el tratamiento fiscal que debe dar el arrendador a las cantidades que perciba en concepto de renta mensual y de opción de compra, y sobre cómo deberá calcular la ganancia patrimonial en caso de que llegara a ejercerse la opción de compra.
Se convocarán 2.528 plazas correspondientes a 2018, de las que 2.041 se destinan a estabilizar personal laboral con contratos temporales. El 58% de las plazas se destinarán a reducir la temporalidad en los organismos de investigación.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, reunida en pleno, ha dictado varias sentencias fijando doctrina sobre algunas cuestiones relativas a cláusulas abusivas en contratos con consumidores sobre las que aún no se había pronunciado.
Se trata de una empresa con un 60% de clientela de origen británico, por ese motivo alega la empresa una disminución de las reservas por el efecto Brexit, sin embargo, se ha probrado que tras la extinción del contrato de la trabajadora, realizó unas 90 altas, algunas nuevas contrataciones y otros contratos fijos discontinuos.
El eje central de esta edición será la aplicación práctica de la Ley de Contratos del Sector Público, -que echó a andar el 9 de marzo- y la resolución de los problemas que a los gestores se le plantean con mayor frecuencia.
Se ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler que comprende modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley sobre Propiedad Horizontal, la Ley de Enjuiciamiento Civil, el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
El Supremo confirma la nulidad, entre otras, de la cláusula que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un enlace.
El Acuerdo marco anexo a la directiva comunitaria de 1999 establece que “no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.
El contrato se destinaba al estacionamiento de transportistas, lo que implica que la vigilancia y custodia del vehículo estacionado se extendía también a la mercancía transportada.
La cuestión que se plantea en el presente es la relativa a la legitimación activa del socio o partícipe, para impugnar judicialmente los negocios, contratos o actos celebrados por la sociedad de la que es socio o partícipe, por lo tanto, la posibilidad de acudir directamente a los tribunales para defender sus intereses, sin tener que acudir a otro tipo de acciones (impugnación de acuerdos sociales, acción individual contra los administradores, etc.).
El Acuerdo marco contiene medidas mínimas destinadas a evitar la precarización de los asalariados y los Estados miembros deben adoptar al menos una de estas medidas para evitar y, en su caso, sancionar la utilización abusiva de contratos de duración determinada sucesivos.
El presidente del TS y del CGPJ presidirá la reunión, en la que participarán el secretario general de Justicia y representantes de País Vasco, Cataluña, Andalucía, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Canarias, Galicia, Asturias, Cantabria, Aragón y La Rioja.
El Supremo declara nulo el cese de interinos al considerar abusiva la utilización masiva de contratos de duración determinada y reconoce su derecho a mantenerse en sus puestos de trabajo, percibiendo las retribuciones no abonadas, mientras la Administración no cumpla con la normativa vigente.
El 96,9 % de las 17.485 sentencias dictadas entre los pasados 1 de abril y 30 de junio fueron favorables al cliente.
Los Estados miembros pueden prever que, cuando la persona que estaba sujeta a la obligación de suscribir un seguro de responsabilidad civil respecto de un vehículo implicado en un accidente ha incumplido esta obligación, el organismo de indemnización nacional pueda dirigirse contra dicha persona aunque no sea civilmente responsable del accidente.
Conforme a este criterio, son abusivas las cláusulas no negociadas de los contratos de préstamo que fijen un interés de demora superior en dos puntos porcentuales al interés remuneratorio pactado.
La extensión que se viene produciendo en la aplicación del Derecho administrativo al ámbito de las entidades de Derecho privado integrantes del Sector Público plantea numerosos problemas en relación al conocimiento de sus actuaciones por la jurisdicción contencioso-administrativa, habida cuenta de la tradicional limitación de esta jurisdicción a los actos de las Administraciones Públicas en sentido estricto. Igualmente, se suscitan interesantes interrogantes acerca de la naturaleza de sus actos de aplicación de ese Derecho administrativo; todo lo cual debe ser analizado a la luz de la regulación contenida en la nueva Ley de Contratos del Sector Público de 2017.
El Consejo General del Poder Judicial, con el informe favorable del Ministerio de Justicia, ha prorrogado hasta final de año el plan de especialización de Juzgados en materia de cláusulas abusivas.
La Ley 5/2018, de 19 de junio , reconoce además el derecho de acceso a la vivienda a las personas en situación de especial vulnerabilidad y garantiza el mantenimiento de los suministros energéticos básicos, para lo que crea un fondo específico de atención solidaria. La duración del régimen de protección de las viviendas protegidas, tanto de promoción pública como privada, calificadas a partir de la entrada en vigor del nuevo texto, será permanente, sin posibilidad de descalificación voluntaria.
La cifra de asuntos ingresados cae un 26,5 % y es la más baja de los tres trimestres completos de funcionamiento de estos órganos judiciales.
Los contratos de arrendamiento suscritos con anterioridad al 9 de mayo de 1985 están sujetos a las normas relativas al contrato de inquilinato, es decir a la LAU de 1964, por la cual existe un régimen de prorroga forzosa o lo que es lo mismo, que el alquiler tiene un carácter indefinido para el inquilino de la vivienda (art. 57 LAU 1964). Sin embargo, existen una serie de causas que pueden hacer que el propietario del inmueble tenga el derecho a solicitar la resolución de este tipo de alquileres, las cuales se desarrollan en el siguiente trabajo.
El juez nacional está obligado a apreciar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas contenidas en los contratos comprendidos en la Directiva celebrados entre las instituciones educativas y los estudiantes.
El Tribunal Supremo ha anulado cinco contratos de swaps contraídos con el Banco Santander por error en el consentimiento y condena a la entidad bancaria a reintegrar el saldo de las sumas percibidas durante su ejecución. Los contratos incluían una cláusula según la cual los clientes declaraban que habían sido informados por el banco de que la operación no era «conveniente ni adecuada» para ellos.
La entrada en vigor de la LCSP 2017 el pasado 9 de marzo ha supuesto una revolución en el sector de la contratación pública. Descárgate ya la guía más completa para afrontar estos cambios.
Las cláusulas suelos en los contratos hipotecarios generan muchas dudas entre los contratantes, tanto en cuanto a su legalidad como al proceso legal de reclamación. En este artículo se resuelven las cuestiones que puedan derivar de esta práctica abusiva.
La Ley 1/2018, de 21 de marzo , regula la transparencia de la actividad pública en su doble vertiente de publicidad activa y de derecho de acceso de los ciudadanos a la información pública, así como la reutilización de ésta. Incluye en su ámbito de aplicación no sólo al sector público de la Comunidad Autónoma de Cantabria, sino también a las personas privadas que ejerzan potestades administrativas, adjudicatarios de contratos públicos, partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades privadas que perciban subvenciones. La ley contempla, entre otras, la transparencia en la contratación pública, en las cuentas bancarias y en la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente.
El próximo 13 de abril tendrá lugar en Santiago de Compostela la celebración de una jornada en la que se debatirán los aspectos clave de la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos del Congreso de los Diputados contra el artículo 289.2, la Disposición Adicional 43ª y las Disposiciones Finales 9ª, 11ª y 12ª de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
Hoy entra en vigor la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017, cuya novedad principal es la obligatoriedad de la contratación electrónica para todas las administraciones públicas españolas. La normativa se pretende implantar una serie de medidas encaminadas a lograr una mejor transparencia en los procedimientos.
La autora hace un análisis de las modificaciones más relevantes que afectan al derecho Inmobiliario en el territorio desde la entrada en vigor del libro VI del Código Civil de Cataluña, el pasado 1 de enero de 2018. A día de hoy, a pesar de que continúa en marcha el proceso por el cual el TC tendrá que decidir sobre la constitucionalidad o no de los preceptos recurridos, la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del Libro VI no está suspendida y, por tanto, despliega sus efectos.
En su sentencia del pasado 14 de diciembre de 2017, el Supremo dio la razón a Kutxabank y marcó un precedente en los litigios sobre contratos con estas cláusulas, estableciendo que la mera referenciación de una hipoteca al IRPH no supone falta de transparencia o abusividad.
En su sentencia, el Tribunal Supremo ha sentado doctrina al resolver que las empresas no podrán beneficiarse de la “tarifa plana” para reducir la cotización a la Seguridad Social por empleados subrogados con contratos indefinidos.
El tribunal europeo ha resulto la cuestión planteada por el Supremo sobre la demanda interpuesta por Gasorba que pide la nulidad del contrato de arrendamiento con Repsol por ser contrario a la regulación europea sobre competencia.
Los Juzgados de Primera Instancia especializados en los litigios relacionados con acciones individuales sobre cláusulas suelo en contratos hipotecarios, tienen señaladas más de 6.000 vistas o audiencias previas para los meses de noviembre y diciembre. Desde su entrada en funcionamiento el pasado 1 de junio, estos órganos judiciales ya han celebrado casi 5.000 vistas o audiencias previas y dictado cerca de 3.500 sentencias. El CGPJ evalúa hoy con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias transferidas en esta materia las necesidades del plan de urgencia.
Tras un largo periodo de espera, la Ley de Contratos del Sector Público se ha hecho realidad. Con su publicación, comienza una nueva era para la contratación pública española. Repleta de grandes novedades y algo complicada, la aplicación exitosa de esta norma va a requerir un gran esfuerzo conjunto por parte de todos los que por ella se ven afectados.
Grupo Zubizarreta con la colaboración de Wolters Kluwer organiza esta jornada en la que se obsequiará a todos los asistentes con un ejemplar en formato electrónico de la monografía perteneciente a la Revista de Derecho Concursal y Paraconcursal, «La rehabilitación de contratos de financiación» de Cristina Asencio Pascual.
Ya está aquí la nueva Ley de Contratos ¿y ahora qué?. Los próximos días 18 y 19 de enero se celebrará en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), una nueva edición, la séptima, del evento referente en materia de contratación pública, -Congreso Internacional de Contratación Pública-, organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación Pública y Wolters Kluwer , con la colaboración de Redicop y Noticias Jurídicas.
La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como doctrina legal que la Administración tiene potestad para sancionar la utilización de cláusulas abusivas en los contratos con consumidores y usuarios “sin necesidad de previa declaración judicial del orden civil” sobre la abusividad de dichas cláusulas.
La nueva Ley tiene como objetivo implementar en España una contratación pública basada en los principios de integridad, transparencia, igualdad y competencia.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado la validez de la revisión de oficio llevada a cabo por el Juez a quo en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, contenida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, en base a la reciente doctrina del TJUE que posibilita el control de oficio parte de los órganos jurisdiccionales de las cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores y usuarios.
La Comisión Europea sigue estudiando con los sindicatos y las organizaciones patronales de la UE la manera de modernizar la normativa sobre contratos laborales, de modo que todas las categorías de trabajadores disfruten de contratos más justos y predecibles.
Aunque los contratos de trabajo se rijan por el derecho irlandés y contengan un acuerdo atributivo de competencia a favor de los tribunales irlandeses, el TJUE sentencia que es competente el Estado miembro en el que se ubica el lugar de trajo del personal de cabina.
La Audiencia Nacional señala que el compromiso de permanencia que exigen a las pymes les permite beneficiarse de descuentos que obedecen a razones económicas competitivas.
Mediante dos contratos para la adquisición de nuevo equipamiento y servicios de operación de las aplicaciones de la Administración de Justicia. El Gobierno aprueba el reparto de seis millones de euros entre las comunidades autónomas para la modernización tecnológica de la Justicia y para avanzar hacia un sistema de gestión procesal común.
El procesado ideó un plan que controló y del que se lucró, contratando como becarios a multitud de abogados jóvenes que eran despedidos al poco tiempo, para cursar cientos de solicitudes en nombre de extranjeros no residentes legalmente en España, a quienes prometió la obtención de permisos de residencia y trabajo.
Según declaró el presidente del Consejo General del Notariado en la inauguración del seminario 'Protección del consumidor en la contratación hipotecaria', de la UIMP. Los notarios han propuesto soluciones para incrementar la transparencia de los contratos que esperan sean contempladas en el anteproyecto de la Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario.
El juzgado de los Mercantil número 1 de Vitoria ha condenado a Iberdrola a eliminar de sus contratos de suministro de electricidad o de gas natural una cláusula relativa al servicio adicional para la reparación a domicilio de electrodomésticos. La cláusula obligaba a darse de baja expresamente de este servicio complementario una vez finalizado el contrato principal.
El Consejo General de la Abogacía Española pide que, como medida cautelar, se suspenda la atribución a determinados juzgados de la competencia exclusiva sobre contratos hipotecarios, porque el acuerdo del CGPJ se ha adoptado sin la necesaria dotación de medios ni presupuestos, lo que está provocando graves disfunciones.
Al Premio, con una dotación de 1.500 euros, podrán concurrir personas físicas de cualquier nacionalidad, mediante la presentación de uno o varios artículos doctrinales que versen sobre cualquier aspecto relacionado con la contratación pública, valorándose especialmente las aportaciones personales innovadoras y originales. Las bases contemplan también una mención al «mejor post» sobre la materia.
La Audiencia Nacional anula un precepto del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Industrias de Aguas de Bebidas Envasadas que permitía que los contratos eventuales se remitiesen al apartado concreto del Convenio que regula esa modalidad contractual, sin necesidad de identificar las razones.Con esta redacción, que no supera el test de legalidad.
Un trabajo sobre las normas de transparencia en la contratación bancaria, que junto con las buenas prácticas y usos bancarios, son el objeto de examen por el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España (antes Servicio de Reclamaciones) a través del mecanismo de reclamaciones, quejas y consultas que se regula en la Orden ECC/2502/2012, de 16 de noviembre, por la que se regula el procedimiento de presentación de reclamaciones ante los servicios de reclamaciones del Banco de España. Como indica el autor, aunque el informe con el que finaliza este procedimiento no tiene el carácter de acto administrativo recurrible ni es vinculante para las entidades de crédito (evidentemente tampoco para los tribunales) representa un medio idóneo de solución extrajudicial de conflictos, especialmente cuando se trata de reclamaciones de pequeña cantidad.
El objeto de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, es establecer la estructura del libro sexto del Código civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, aprobar la regulación de los contratos de compraventa, de permuta y de mandato, modificar e incorporar los contratos regulados por leyes especiales y sustituir la Compilación del derecho civil de Cataluña. Modifica también los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto del mencionado Código.
Así consta en el Anteproyecto de Ley reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario, cuyo informe ha estudiado este viernes el Consejo de Ministros y que tiene como objetivo reforzar la protección al consumidor y mejorar la transparencia en los préstamos inmobiliarios.
El Congreso Internacional de Contratación Pública ha sido foro de debate, aprendizaje e intercambio de experiencias a raíz de la inminente Ley de Contratos del Sector Público.Organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha, el Observatorio de Contratación Pública y Wolters Kluwer, y con la colaboración de Noticias Jurídicas y el Instituto Iberoamericano de Contratación Pública.
El Congreso Internacional de Contratación Pública, en el que Noticias Jurídica es medio colaborador, arrancó en Cuenca el martes 24 de enero en la Facultad de Ciencias Sociales UCLM con cerca de 200 participantes y 20 expertos en la materia para afrontar la que pronto será la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Hacia la nueva Ley de contratos en el sector público.
En su sentencia, el tribunal europeo concluye que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario es incompatible con el Derecho de la Unión.
La reforma prevé una reducción general de los plazos de tramitación, la utilización preferente de medios electrónicos, la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables", la división de los contratos en lotes y la limitación de la utilización de los llamados "medios propios". También se establece una regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía y se regula un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado "de asociación para la innovación".
Según el TS, nada impide que un convenio señale que no se tendrán en cuenta las rupturas del vínculo contractual superiores a tres meses siempre y cuando tal régimen se aplique de modo igual a todos los trabajadores que hayan estado vinculados a la empresa mediante diversos contratos de trabajo, con independencia de la naturaleza temporal de los mismos.
El Gobierno ha aprobado el gasto para tres contratos destinados a mejorar la implantación de las nuevas tecnologías en el ámbito de la Administración de Justica; el sumistro de los certificados y tarjetas criptográficas necesarias para el uso del expediente electrónico, así como la implantación de medidas seguridad que garanticen la protección de los equipos de soporte de estas redes de datos.
La Generalidad de Cataluña justifica la aprobación del Decreto Ley 3/2016, de 31 de mayo, de medidas urgentes en materia de contratación pública, en la situación de necesidad inusual e imprevisible a que ha dado lugar la falta de transposición de las directivas comunitarias en la materia, teniendo en cuenta que otros estados miembros de la Unión Europea ya han procedido a realizar la transposición a su derecho interno de las mismas y que el anteproyecto de ley de contratos del sector público que se creó con la misma finalidad, no ha sido finalmente aprobado.
El TJUE establece que el juez nacional tiene que proteger de oficio al consumidor en procedimientos concursales. En virtud de esta obligación, el juez nacional también debe comprobar, en el curso de un procedimiento concursal, si la información que ha de mencionarse en los contratos de crédito al consumo se ha hecho constar de forma clara y concisa.
El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha dictado una sentencia, de fecha de 7 abril de 2016, por la que declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por 45 entidades bancarias con consumidores, por falta de transparencia, y ha condenado a dichas entidades a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente.
La sentencia del TJUE en el asunto C-422/14 valida las soluciones que los Tribunales españoles ya han venido adoptando en estos supuestos, al establecer que la finalización de los contratos temporales en fraude de ley, deberá computar a efectos del despido colectivo. Y en todo caso, la cuestión se aclara en este punto definitivamente.
El TJUE se ha pronunciado por primera vez sobre aquellos casos en los que el proceso monitorio va seguido de un procedimiento de ejecución forzosa, declarando que la normativa española al respecto es contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.
El TS ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes, debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública y ha rechazado, igualmente, que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil.
La Sala sostiene que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, pues la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad.
El TS considera la tasa de recogida de basuras como una cantidad asimilada a la renta en los términos del art. 114.1ª LAU de 1964, cuyo impago, en cuanto supone el incumplimiento de una obligación dineraria añadida a la esencial de abono de la renta, faculta al arrendador para instar la resolución del contrato.
El TJUE declara que el Derecho de la UE relativo al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de transmisiones de empresas, es aplicable a estos supuestos siempre que se aprecie que en la operación continúa la identidad de la entidad económica, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica.
Su objetivo principal es simplificar la regulación de la clasificación de empresas y la solvencia y eliminar obstáculos que dificulten la participación de las PYMES en la contratación pública
Los contratos de permuta financiera o swap son productos financieros complejos que precisan para su contratación una información detallada y clara por parte de las entidades financieras a los clientes sobre el producto. La reciente Sentencia del Tribunal Supremo 491/2015, de 15 de septiembre, analiza la jurisprudencia sobre el error vicio en la contratación de los swap y afirma que en la contratación de los swap no existió tal vicio con base en el desconocimiento que tenía la demandante sobre la evolución que iban a tener los tipos de interés, puesto que tal incertidumbre es connatural al componente aleatorio del contrato del swap.
Si en la redacción del contrato no se distingue que los compradores queden excluidos de la posibilidad de invocar la resolución del mismo por denagación de la subrogación hipotecaria por oposición de la entidad acreedora, debe entenderse que se ejercitó legítimamente y con buena fe la facultad de resolución pactada.
Una reciente sentencia del TJUE concluye que un abogado que pide un préstamo personal -fuera de su ámbito profesional- actúa como consumidor, lo cual abre la posibilidad de reclamar a muchos autónomos que hasta ahora no estaban protegidos al ser etiquetados como profesionales.
Este órgano administrativo independiente es el competente para resolver los recursos que se planteen en relación con los contratos públicos en el ámbito estatal.
La norma elimina la obligatoriedad de clasificación en los contratos de servicios. Sin embargo, las empresas podrán seguir utilizando facultativamente la clasificación como modo de acreditar su solvencia en aquellos tipos de contratos que son recurrentes y tienen unas características comunes como son los de limpieza, seguridad o mantenimiento de instalaciones pero con un esquema más sencillo.
Además, no será necesario acreditar la solvencia técnica, económica y financiera del contratista cuando el valor de los contratos no exceda de 80.000 euros (en obras) o 35.000 euros (en servicios).
Los datos de este Informe, sobre los actos, acuerdos y contratos realizados por los ciudadanos en las notarías entre 2007 y 2014, muestran la evolución y tendencias tanto de la actividad en el ámbito familiar y personal como profesional o empresarial.
La propuesta de informe al Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público avala la que constituye su principal novedad: la obligación de los partidos políticos, organizaciones sindicales y organizaciones empresariales de someterse a la Ley con el fin de mejorar la integridad y la transparencia en la contratación pública, y evitar posibles actos de corrupción.
Este artículo trata de explicar la problemática todavía existente para determinar el equilibrio económico-financiero en los contratos del sector público cuando se producen rupturas sustanciales de la economía. Inexplicablemente esta importante figura jurídica y en especial sus condiciones de aplicación y su alcance siguen sin perfilarse lo suficiente en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, ni tampoco en la jurisprudencia, lo que sigue provocando a día de hoy inseguridad jurídica en un doble sentido: por uno, el tener que acudir a los tribunales para resolver un concepto técnico (no tanto jurídico) y por otro, desalentar a posibles licitadores por no conocer de forma suficiente las consecuencias que puedan derivarse en casos de ruptura sustancial. Finalmente se plantea la necesidad de regular esta cuestión de forma más específica en la ley, para que esta inseguridad jurídica no repercuta indirecta y negativamente en el interés público.
El TS ha declarado la nulidad del apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, así como parte del art. 35.3 del mismo Real Decreto.
La selección de trabajadores en función de su edad próxima a la jubilación es un criterio adecuado y proporcionado siempre que se adopten medidas efectivas para evitar o minimizar los daños que la extinción de los contratos de trabajo produce en los afectados, de acuerdo con lo exigido por la propia legislación laboral.
La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 28 de abril de 2015, en la que superando una interpretación literal con la de sistematización del contexto normativo y finalidad de la norma, establece como doctrina jurisprudencial que «en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sujetos a la Ley 42/1998, la nulidad del contrato de financiación, a instancia del adquirente, también está comprendida en el artículo 12 de dicho Texto legal».
El Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre el carácter abusivo de los intereses de demora en los contratos de préstamo sin
garantía hipotecaria celebrados con consumidores, resolviendo, con base en la doctrina del TJUE que en estos préstamos personales es abusiva la condición general que establece un interés de demora que supere en más de dos puntos porcentuales el interés remuneratorio, por lo que el préstamo devengará exclusivamente el interés remuneratorio, eliminando completamente el incremento porcentual en que consiste el interés de demora abusivo.
Se pretende que, cuando los contratos que contengan condiciones generales sean otorgados o elevados a instrumento público, el notario vele porque se cumpla la obligación de transparencia exigida por la legislación de consumidores.
El TJUE ha establecido que la Directiva 93/13/CEE, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, es aplicable a los contratos tipo de servicios jurídicos concluidos por un abogado con una persona física que actúa con un propósito ajeno a su actividad profesional.
El TJUE ha sentado una consolidada jurisprudencia sobre la Directiva 1993/13/CEE, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. En este artículo se comentan de manera pormenorizada y sistemática dichas sentencias, que han obligado al legislador español a realizar sendas reformas del procedimiento de ejecución hipotecaria, el cual, según el propio Tribunal, se opone frontalmente en varios aspectos a la Directiva comunitaria, en detrimento del consumidor ejecutado, especialmente, cuando el bien hipotecado es su vivienda habitual.
El Pleno del Congreso debatirá y votará hoy la propuesta socialista de reforma legal sobre las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios, con la se pretenden fijar los requisitos obligatorios que deben cumplir todas las entidades financieras que quieran mantener este tipo de condiciones, precisando que, de no hacerlo, serán declaradas nulas y conllevarán la devolución del dinero al deudor.
El control de transparencia de las cláusulas suelo hipotecarias se enmarca en el control general de abusividad de los contratos con consumidores, lo que implica que la entidad bancaria debe cumplir necesariamente unos especiales deberes a la hora de configurar estos contratos, que permitan que el consumidor comprenda realmente las consecuencias jurídicas y económicas del producto o servicio ofertado. Y este control de transparencia no se reduce a la necesidad de que las cláusulas sean simplemente claras desde el punto de vista gramatical.
El 1 de enero de 2015 expira la moratoria que estableció la disposición transitoria tercera de la LAU para los contratos de arrendamiento de local de negocio otorgados antes del 9 de mayo de 1985 y vigentes bajo el régimen legal de prórroga forzosa. Esta situación obligará a los arrendatarios que quieran mantener sus negocios abiertos en esos locales a actualizar las condiciones de su alquiler antes de fin de año.
El Tribunal Supremo fija como doctrina jurisprudencial que el mediador encargado de la venta de una vivienda tiene derecho a la retribución íntegra de la comisión pactada cuando su gestión resulta decisiva o determinante para el "buen fin" o "éxito" del encargo realizado, con independencia de que la venta se lleve a cabo sin su conocimiento y del precio final que resulte de la misma.
Según la asociación, es incomprensible que estas cláusulas siga siendo comercializadas, que perdure en contratos anteriores y que los ciudadanos hayan de acudir, de manera masiva, a los tribunales, para que sea retirada, cuando el TS, desde su sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró abusiva la práctica de incluirla sin informar a quienes decidían adquirir una vivienda y constituían hipoteca para garantizar el préstamo destinado a ese fin.
La Secretaría General de Consumo de la Junta de Andalucía ha impuesta multas por importe superior a los dos millones de euros a 30 entidades financieras que operan en esa comunidad, por las cláusulas abusivas que estas entidades aplicaron a sus clientes en los contratos bancarios que suscribieron. Las infracciones más frecuentes han sido fijar unos intereses de demora desproporcionadamente elevados en préstamos hipotecarios y no hipotecarios; comisiones por servicios, operaciones y gastos repercutibles en contratos de libreta ahorro, en los contratos de apertura de cuenta o de depósito, o la cláusula que obliga a comunicar a la entidad en caso de sustracción o extravío en las tarjetas.
El texto sustuirá al Código del Comercio vigente que se promulgó en 1885. Su eje es el concepto de mercado, ámbito en el que se entablan relaciones jurídico-privadas entre los protagonistas del tráfico de bienes y servicios. Regula instituciones que no tenían normas específicas como la empresa y los negocios sobre la misma o modalidades contractuales muy extendidas en la actualidad. Compila las numerosas leyes que se han ido promulgando sobre el mercado desde hace casi 130 años, como algunos tipos de contratos y las normas sobre contabilidad de los empresarios.
Este Consejo Arbitral canaliza la solución de conflictos surgidos en los contratos de alquiler, como alternativa a la vía judicial, minimizando los riesgos y ayudando a resolver conflictos en el arrendamientos de viviendas en general.
Según acaba de informar el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, el número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo se redujo en marzo en 16.620 personas respecto al mes anterior (-0,35%), su mayor descenso en este mes desde 2006. Aumenta también el número de contratos indefinidos. Por su parte, la Seguridad Social ganó 83.984 afiliados en el mismo período, su mejor dato en este mes desde 2007
La reforma traspone al derecho interno la Directiva 2011/83/UE, refuerza los derechos de información de los consumidores y usuarios, introduciendo importantes modificaciones en materia de contratos a distancia, contratos celebrados fuera del establecimiento mercantil y contratos celebrados por teléfono; derecho de desistimiento del consumidor; plazo de entrega de bienes adquiridos; medios de pago y facultades de interpretación de las cláusulas abusivas por los jueces. Incluimos un resumen de sus principales contenidos.
El 70 % de las propuestas de contratos tradicionales se frustran por motivos burocráticos, envío de documentación por vías físicas o desplazamientos. Con el contrato e-mail certificado, al enviarse la propuesta mediante un buzón certificador, la respuesta del cliente puede incluir anexos y genera un certificado con respuesta y propuesta en un solo documento con valor legal. Stamp ID, tecnología de Lleida.net que integra soluciones de ICAR, permite reducir el riesgo de fraude de identidad en un 82% tanto online como offline.
El Tribunal Constitucional ha declarado «inconstitucional y nulo» el art. 16.8 Real Decreto 1529/2012, que desarrolla el contrato para la formación y el aprendizaje, al entender que invade competencias autonómicas. Dicho artículo atribuía al Servicio Público de Empleo Estatal la competencia para autorizar la actividad formativa que una misma empresa pretenda realizar en más de una comunidad autónoma.
Expertos de Cuatrecasas y Garrigues creen que los empresarios tendrán difícil usar la 'tarifa plana' aprobada la pasada semana por el Gobierno para sustituir empleados con cierta antigüedad y, por tanto más caros, por nuevos trabajadores indefinidos, más baratos. La ministra de Empleo señala que esta 'tarifa plana' podrá aplicarse a los contratos de trabajadores fijos discontinuos.
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que el Consejo de Ministros de este viernes aprobará, con efectos desde hoy, una 'tarifa plana' de cotizaciones a la Seguridad Social de 100 euros mensuales durante los dos primeros años, para las empresas que contraten a trabajadores de manera indefinida y que se traduzca en un aumento de la plantilla.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha imputado al FC Barcelona como persona jurídica por un presunto delito contra la Hacienda Pública cometido en el fichaje del delantero brasileño Neymar da Silva ante las sospechas de que pudo defraudar 9,1 millones de euros y no tributado por un importe total 37,9 millones de contratos suscritos en 2011 y 2013.
Las administraciones públicas de carácter estatal deberán adjudicar sus contratos de suministro de productos y servicios únicamente a las ofertas más eficientes energéticamente, siempre y cuando sea "coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más amplio, la idoneidad técnica y una competencia suficiente".
El TSJ del País Vasco ha plateado cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 5.3 de la Ley 3/2012, que prevé un período de prueba de un año en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, cuando el Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de seis meses, lo que podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha señalado en unas declaraciones que en España la creación de empleo se hace a través de los contratos temporales y ha apostado por mejorar los derechos de éstos, recortando los de los trabajadores indefinidos: "Ojalá convenciéramos a los que tienen contrato indefinido de que se bajaran ciertos de sus derechos para que los pudiéramos incrementar a los temporales", ha manifestado.
El Fondo Monetario Internacional ha avisado de que el éxito de la reforma laboral en España dependerá de que los tribunales no hagan una "interpretación restrictiva" y ha recomendado al Gobierno de Rajoy que introduzca mejoras para armonizar la protección de contratos temporales e indefinidos y acabar con la prórroga automática de los convenios.
Esta norma, además de diversas medidas en materia de seguridad ferroviaria y del transporte, introduce varias medidas de interés económico, como la reducción del 21 al 10% el tipo del IVA aplicable a los objetos de arte y la equiparación en el Impuesto sobre Sociedades del porcentaje de retención o ingreso a cuenta aplicable respecto del existente en el IRPF, para el ejercicio 2014. En materia de cotizaciones a la Seguridad Social, se aproxima el tratamiento de los autónomos que en algún momento del año 2013 y de manera simultánea hayan contratado a diez o más trabajadores a lo establecido para los trabajadores del Régimen General, y se reduce en un 1% el tipo de cotización por desempleo para los contratos de duración determinada a tiempo parcial previsto en la LPGE 2014. También se establece una quinta convocatoria del Programa (PIVE-5) para favorecer al sector del automóvil.
El objeto de la nueva regulación es dar mayor margen a las autoridades públicas a la hora de adjudicar obras, bienes o servicios, para que no se vean limitadas a premiar a la oferta simplemente más competitiva y puedan tener en cuenta la calidad general del proyecto. Ello permite introducir, por ejemplo, criterios sociales o medioambientales en las licitaciones.
El Plan de Lucha contra el Empleo Irregular y el Fraude a la Seguridad Social, aprobado por el Consejo de Ministros el 27 de abril de 2012, ha tenido un impacto de 7.625,8 millones de euros y ha conseguido aflorar 161.381 empleos irregulares, ha anulado 2.078 empresas ficticias y más de 78.056 contratos falsos, cuyo fin era obtener indebidamente prestaciones de la Seguridad Social o autorizaciones administrativas para trabajar.
La calificación registral del contrato previa a su inscripción en el Registro de la Propiedad no puede comprender las cláusulas de vencimiento anticipado, pues según el art. 12 de la Ley Hipotecaria únicamente las cláusulas de trascendencia real son susceptibles de inscripción y de previa calificación, y entre ellas no se encuentran las financieras y las de vencimiento anticipado, que por tanto no pueden ser objeto de calificación registral; tan solo se han de hacer constar en el asiento en los términos que resulten de la propia escritura.