Según el ministerio, este compromiso renueva el objetivo de proteger a las personas trabajadoras y a las empresas siendo la tercera prórroga que alcanza el consenso con los interlocutores sociales
No es necesaria la existencia de una paralización o suspensión total de la actividad, sino la existencia acreditada de "pérdidas de actividad"
Personas en paro, en ERTE o que han perdido su negocio tienen difícil sustentar dos unidades familiares a la vez, subraya la AEAFA
Los concursos de personas físicas presentados durante el tercer trimestre del año aumentan un 63,4 % como consecuencia de la crisis económica causada por el COVID-19
¿Puede un administrador agobiado por las deudas acumuladas durante la pandemia recurrir a la venta de activos esenciales sin permiso de los socios? Un reciente artículo publicado en CISS Contable Mercantil responde a la cuestión
En los registros mercantiles se recogen menos constituciones de sociedades y más concursos. También caen las ampliaciones de capital
Nuevo Real Decreto-ley de medidas urgentes para apoyar la liquidez y solvencia de empresas y trabajadores autónomos en los ámbitos financiero y concursal
Desde el 30 de enero de 2020 hasta 30 de abril de 2021, quedan suspendidos los derechos de aduana y el IVA sobre la importación de productos necesarios para combatir los efectos del brote de COVID-19
La necesaria reconfiguración del gasto público por la crisis sanitaria y socioeconómica y la suspensión de la mayoría de los eventos, jornadas de trabajo y congresos cuya realización constituye el objeto del contrato, justifican sobradamente la renuncia a la celebración del contrato
El tribunal reprueba a la administración autonómica, no solo que no se hayan dirigido al órgano judicial competente, la Sala de lo Contencioso del TSJA, sino que se pidiera la ratificación de las medidas al juzgado de lo contencioso de Teruel cuatro días después de que la orden se hubiera hecho efectiva, por lo que califican las medidas adoptadas de “ilegitímas"
Publicado el Real Decreto-ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes en materia de teletrabajo en las Administraciones Públicas y de recursos humanos en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, su finalidad principal es asegurar el normal funcionamiento de las Administraciones Públicas, impulsando una nueva forma de organización y estructuración del trabajo para el mejor servicio a los intereses generales.
Regulado el teletrabajo para las AAPP: el nuevo artículo 47 bis del TREBEP
La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, establece la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19 y regula medidas en el ámbito concursal y societario orientadas a mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos y a incentivar su financiación. También dispone medidas de carácter organizativo y tecnológico frente a las consecuencias de la crisis sobre la Administración de Justicia, que serán aplicables hasta el 20 de junio de 2021
Una crisis matrimonial, de la que deriva una liquidación de régimen económico con afectación a bienes registrales, merece encontrar por parte del Derecho y de todos sus operadores jurídicos la certeza suficiente que evite la incertidumbre que supone la legal expectativa no cumplida
En el acto de apertura del Año Judicial que el rey ha presidido en el Tribunal Supremo, Carlos Lesmes ha destacado la “sólida respuesta” del Poder Judicial durante la pandemia de COVID-19
El ministerio público se muestra preocupado por la situación ante el inminente comienzo del curso escolar 2020/2021. Solo se deberán comunicar los casos de repetida y no justificada asistencia a clase
Padres y madres divorciados se excusan en la alta incidencia del coronavirus en el país para incumplir los regímenes de custodia
Las actividades formativas se desarrollarán de forma telemática hasta el próximo 31 de diciembre, en sustitución de las presenciales previstas hasta fin de año en el Plan Estatal de Formación Continua, que quedan suspendidas.
Concurre el fumus boni iuris o apariencia de buen derecho y el periculum in mora o peligro de la mora procesal dado el evidente riesgo de desahucio que existe en el caso de autos y que puede ser evitado con la adopción de las medidas cautelares solicitadas.
Se extiende hasta el 30 de septiembre la moratoria de hipotecas, alquileres y las medidas de protección por impago de suministros básicos (agua, luz y gas)
El Tribunal Supremo respondió en 2019 una cuestión que ahora es de plena actualidad por la crisis del Covid-19
La crisis del coronavirus ha generado a los abogados/as, un terremoto emocional inesperado y un abrumador incremento en el nivel de exigencia y presión profesional. La digitalización y el trabajo desde casa se han precipitado, la litigación se multiplica, la economía y el empleo están en grave riesgo. Ahora más que nunca la gestión de las emociones se ha convertido en una necesidad inaplazable en la dirección de equipos jurídicos. En este webinar, tres reconocidas profesionales compartirán algunas herramientas prácticas para conseguir una adecuada gestión de las emociones
Los lanzamientos derivados del impago del alquiler, el 71,4 por ciento del total, disminuyeron un 33,1 por ciento; los derivados de ejecuciones hipotecarias se redujeron en un 45,1 por ciento; los concursos de personas físicas aumentaron un 40,9 por ciento y los presentados en los juzgados de lo mercantil, un 1,4 por ciento; los expedientes de regulación de empleo sufrieron un incremento del 105 por ciento y las demandas por despido, del 4,1 por ciento
El magistrado estima en su resolución la demanda presentada por el sindicato de sanitarios FASAMET
El evento, bajo el patrocinio de Santander y Mutualidad de la Abogacía, y la colaboración de Wolters Kluwer y Ontime, constará de ocho paneles distribuidos a lo largo de la jornada, que estarán centrados en los principales temas que debe abordar la profesión de la abogacía en estos momentos
El Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, mantiene el uso obligatorio de mascarillas y establece medidas sobre prevención e higiene; transportes; medicamentos y productos sanitarios; detección precoz de contagios y garantía de las capacidades del sistema sanitario. Serán de aplicación en las provincias, islas o unidades territoriales que hayan superado la fase 3 del Plan de desescalada y, una vez finalizada la última prórroga del estado de alarma, en todo el territorio nacional, hasta que el Gobierno declare la finalización de la situación de crisis sanitaria.
A efectos del plazo de dos años previsto para la reinversión en una nueva vivienda del importe obtenido en la venta de la vivienda antigua, se paraliza el cómputo de dicho plazo desde el 14 de marzo de 2020
Wolters Kluwer organiza el próximo jueves 25 de junio de 17:00 a 18:30 un encuentro online gratuito sobre la contratación pública frente a la crisis y las posibilidades del contrato menor, con Jaime Pintos, abogado-consultor experto en contratación pública.
Se deroga así la disposición adicional segunda del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, relativa a la suspensión de plazos procesales
La Sala ha estimado el recurso de IDCQ HOSPITALES contra la sentencia de la Sala de lo contencioso del TSJ de Canarias
El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley de medidas urgentes que prorroga la vigencia de algunas de las normas ya adoptadas para paliar el impacto económico causado por el COVID-19 y establece otras nuevas para diferentes sectores.
El ministro de Justicia se compromete también con los colegios de abogados de Cataluña a prolongar las vistas telemáticas más allá de la situación desatada por la crisis sanitaria.
Entre otras cuestiones, el documento aclara las dudas relativas a la movilidad y aborda los aspectos fiscales, tributarios o laborales de la crisis actual
Los plazos y términos previstos en las leyes procesales quedaron suspendidos como consecuencia de la declaración del estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 con la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
La Comisión de Coordinación de Crisis del Covid-19 decide consensuadamente continuar en el primer estadio de la reincorporación para seguir evaluando las medidas de seguridad necesarias en cada sede
La norma introduce la categoría de ERTE por fuerza mayor parcial para que las empresas puedan reiniciar su actividad combinando trabajadores activos y suspendidos y mantiene las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad de Social.
Corresponde a los 17 Colegios Notariales el levantamiento de las restricciones según las fases en la que se halle su Comunidad Autónoma
Encuentro online en directo. 14 de mayo a las 17.00 horas para tratar los efectos de la crisis en las administraciones públicas
El Pleno del Consejo se pronunciará sobre los criterios generales de las reformas normativas propuestas y sobre las medidas organizativas que sean competencia del CGPJ
Este nuevo texto refundido estará dividido en tres libros, entrará en vigor en septiembre y servirá de base para incorporar modificaciones en materia de transposición de directivas y reformas normativas derivadas del impacto económico de la pandemia.
El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril ha creado ex novo un procedimiento especial y sumario para resolver las principales cuestiones familiares que puedan surgir durante la crisis sanitaria, tales como la imposibilidad de desarrollar el régimen de custodia o las visitas a los hijos, las modificaciones de medidas de ámbito económico y la solicitud de una prestación de alimentos entre parientes. Todo ello en apenas tres artículos y con una técnica legislativa manifiestamente mejorable.
La Orden TMA/378/2020, de 30 de abril, establece las condiciones de acceso a los préstamos en favor de arrendatarios de vivienda habitual en situación de vulnerabilidad económica como consecuencia de la crisis del coronavirus. Su cuantía podrá alcanzar hasta el 100% del importe de seis mensualidades, con un máximo de 5.400 euros y tendrán un plazo de amortización de hasta 6 años. Deberán solicitarse antes del 30 de septiembre de 2020.
Expertos en financiación de litigios analizan el funcionamiento de los fondos de litigación o 'litigation funds', de creciente implantación en nuestro país
La Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa ha publicado una Resolución de 23 de abril de 2020, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.
El ministerio plantea habilitar parte de agosto, establecer turnos de mañana y tarde y permitir la movilidad de los funcionarios entre órganos judiciales de misma localidad y jurisdicción durante los tres meses posteriores al estado de alarma
La prueba estaba fijada para el 28 de marzo pero el Ministerio pospuso la cita por la crisis sanitaria. Más de 6.780 aspirantes permanecen atentos para superar el trámite que les permite ejercer
El Banco Santander ofrece a los profesionales de la Justicia un plan de ayudas en distintos ámbitos, de acuerdo con las necesidades que se han ido identificando a raíz de la crisis del coronavirus
Con el fin de evitar condiciones económicas abusivas, la Orden SND/354/2020, de 19 de abril, regula el procedimiento para determinar el precio máximo de venta de mascarillas, guantes, geles y soluciones hidroalcohólicas y otros productos que reduzcan el riesgo de contagio por el Covid-19. También determina la información exigible en el etiquetado de las mascarillas higiénicas y limita a las farmacias el lugar de venta unitaria al público de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente.
Mediante Acuerdo de 15 de abril de 2020, el Consejo de Gobierno ha aprobado las normas reguladoras y el procedimiento de concesión directa del Programa Continúa, para sufragar el coste de las cotizaciones sociales de los trabajadores autónomos en dificultades como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, correspondientes a los meses de marzo y abril de 2020.
Repasamos el criterio publicado por la Dirección General de Trabajo sobre el Real Decreto-ley 9/2020 y el DA 6ª del Real Decreto-ley 8/2020
El médico responsable le advirtió del peligro que representa para la salud pública y la conveniencia de permanecer ingresado para recibir tratamiento
El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, recientemente convalidado por Acuerdo del Pleno del Congreso de los Diputados de fecha 9 de abril de 2020 que, además, ha aprobado su tramitación urgente como proyecto de Ley, establece una moratoria arrendaticia para aliviar la situación de ciertos arrendatarios de vivienda afectados por la crisis del COVID-19, aunque lo hace de manera un tanto confusa y en ocasiones contradictoria, por mor de una redacción apresurada. Esta guía pretende arrojar cierta luz sobre los requisitos que deben concurrir, su acreditación y sobre el procedimiento de aplicación y sus plazos.
Ante la situación de emergencia provocada por el COVID-19 y su incidencia en la liquidez de empresas y autónomos, la Resolución de la TGSS de 6 de abril de 2020 eleva las cuantías de las deudas aplazables por debajo de las cuales no será exigible la constitución de garantías para asegurar los aplazamientos. También modifica las cuantías que determinan la competencia de los órganos de la Seguridad Social para concederlos, con el fin de descentralizar la gestión y resolver con mayor rapidez las solicitudes.
Competencia ha dejado claro que se debe garantizar los suministros de fármacos en mitad de la crisis
La Orden SND/326/2020, de 6 de abril, autoriza a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios a establecer las garantías sanitarias exigibles y a valorar las ofrecidas por cada fabricante. El Estado asume la responsabilidad patrimonial que del uso de estos productos pudiera derivarse, siempre que hayan sido entregados al Ministerio de Sanidad para la atención de los afectados por la pandemia sin la obtención de ningún beneficio empresarial.
El Consejo General de Procuradores de España ha enviado al Ministro de Justicia y al Presidente del Consejo General del Poder Judicial un paquete de medidas a implementar para agilizar la Justicia española en los momentos que vivimos en relación a la crisis sanitaria provocada por el COVID-19
La medida viene dicatada por la Orden SND/297/2020, de 27 de marzo, por la que se encomienda a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el desarrollo de diversas actuaciones para la gestión de la crisis sanitaria
La Orden TED/320/2020, de 3 de abril, desarrolla aspectos del derecho a la percepción del bono social y modifica el modelo de solicitud incorporando el consentimiento del interesado y de los miembros de su unidad familiar mayores de 14 años para el tratamiento de datos personales y el acceso del Ministerio a la información sobre rentas a partir de los datos introducidos por la comercializadora en la aplicación implementada al efecto.
Analizamos la nueva normativa, que establece nuevas medidas sociales y económicas frente a la crisis sanitaria del coronavirus, entre ellas la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la renovación automática de los contratos de alquiler y los microcréditos para inquilinos en situación vulnerable
El Colegio ha estimado una partida de 1.000.000 ede euros, una medida que se suma al aplazamiento de la cuota del segundo trimestre.
Existen sectores del tráfico jurídico mercantil que han sido olvidados por el Gobierno y que también precisan de la adopción de medidas o pautas tan necesarias en estos momentos. Por ejemplo, la situación en la que quedan aquellos empresarios que, a raíz de la orden de cerrar todo tipo de negocios o comercios que no sean esenciales (bares, restaurantes, hoteles, chill out), van a dejar de percibir ingresos, pero aún así deben seguir haciendo frente a la renta del alquiler del local en el que desarrollan su actividad.
Se analizará de la mano de un especialista cómo afecta la crisis sanitaria del COVID-19 a las relaciones contractuales de arrendamiento de viviendas, locales de negocio, oficinas, vacacionales, vivienda de uso turístico y hotelero.
El despacho ofrece consejo legal en materia laboral, tributaria y contractual por la crisis del COVID-19
¿Qué empresan continúan con su actividad? ¿Cómo se recupera el tiempo no trabajado? ¿Qué es un permiso retribuido recuperable? Resumen y comentario de los postulados del Real Decreto 10/2020, que paraliza la actividad económica no esencial del país en medio de la crisis por el COVID-19
Además, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, agiliza el acceso a la prestación por desempleo, persigue el fraude en los ERTEs, interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales y facilita a las cooperativas la adopción de acuerdos sobre suspensión de contratos. También ordena que mantengan su actividad los centros sanitarios y los de atención a personas mayores y amplía la tramitación de emergencia para la contratación relacionada con el COVID-19 en todo el sector público.
El auto llama a la Administración a garantizar la seguridad del personal fiscal en actuaciones 'in situ'
El Consejo General de la Abogacía Española designará a un único representante por cada territorio
El alto tribunal señala que son notorias las manifestaciones de responsables públicos insistiendo en que se están desplegando toda suerte de iniciativas para satisfacer esa petición
El Ministerio de Trabajo ha publicado una guía práctica con las dudas más habituales de empresas y trabajadores afectados por un ERTE derivado de la crisis sanitaria por el Covid-19
Madrid opta por retrasar el pago de los meses de marzo, abril o mayo, pero no por perdonar la deuda. El Colegio de Álava, en cambio, condona a sus letrados el cien por cien de la deuda del semestre.
El Colegio de Madrid también ha acordado suspender el pago de las cuotas colegiales correspondientes al segundo trimestre del año a aquellos colegiados y colegiadas que lo soliciten expresamente
Análisis de la Orden SND/265/2020, de 19 de marzo, de adopción de medidas relativas a las residencias de personas mayores y centros socio-sanitarios, ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
El presente artículo analiza las normas y principios del derecho a considerar para dar respuesta a las incidencias que pueden plantearse en los contratos de tracto sucesivo con ocasión de la crisis del coronavirus, adentrándose en el estudio de cómo abordar la solución en determinados contratos de tracto sucesivo como los de prestaciones de servicios, arrendamiento de local y contratos de financiación.
Se podrá solicitar que no se suspenda un determinado plazo si así se evitan perjuicios para terceros.
El Gobierno moviliza 200.000 millones para su "escudo económico y social". Lo está haciendo el mundo, lo está haciendo Europa, lo está haciendo España.
Análisis de la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo, por la que se restablecen los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19
El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, un Real Decreto Ley que incluye varias medidas para aliviar la situación de las personas trabajadoras afectadas por la declaración del estado de alarma. El objetivo de las mismas es paliar los efectos del COVID-19 tanto para los trabajadores y trabajadoras por cuenta propia como ajena.
Unas horas después de declararse el estado de alarma como consecuencia de la crisis sanitaria del coronavirus, los ministros de Defensa, Interior, Transportes y Sanidad aprobaron, como autoridades competentes delegadas en sus respectivos ámbitos de responsabilidad, un primer grupo de instrucciones y órdenes para dar cumplimiento al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
El Consejo establece que no se procederá al cierre de ningún órgano judicial salvo disposición de la autoridad sanitaria competente
La norma con rango de ley establece medidas de refuerzo del sistema sanitario, de protección de las familias y de apoyo a las empresas afectadas por la crisis del coronavirus, en particular a las del sector turístico y a las PYMEs. Prevé asimismo la posibilidad de que las reuniones del Consejo de Ministros, las Comisiones Delegadas del Gobierno y otros órganos se celebren a partir de ahora a distancia, por medios electrónicos.
Las últimas medidas tomadas en Madrid y País Vasco para frenar el avance del coronavirus suponen el cierre de centros educativos, lo que, de manera indirecta afecta a la actividad laboral de padres y tutores.
Anula las previsiones sobre movilizar el suelo público para la promoción de la vivienda de alquiler social, porque no ve extraordinaria urgencia en regular esta cuestión
A pesar de la situación de insolvencia que atravesaba la compañía, el socio aparentó que todo iba bien frente a terceros para seguir obteniendo mercancías
Los concursos presentados en los juzgados de lo mercantil aumentan un 28,9 por ciento y los de personas físicas se duplican en relación con los presentados hace un año
En el juicio se practicó prueba para saber con quién de los dos litigantes sentía más afinidad la mascota de la que se concluyó que con el demandante se mostraba “nervioso y temeroso”. Además, el veterinario apuntó que separarlo de la demandada podría ser considerado maltrato animal por la ansiedad que podría sufrir el can.
La esposa carecía de ingresos económicos, que sí percibía el esposo, lo que da a entender que en realidad el préstamo se le concedía a él. Los acuerdos alcanzados durante el matrimonio no pueden quedar sin efecto por voluntad de uno solo de los esposos sin aquiescencia del otro.
Por el contrario, los que son consecuencia de ejecuciones hipotecarias han disminuido un 16,2 por ciento en el mismo periodo.
No se trata de un litigio en «materia civil o mercantil» en el sentido de dicho Reglamento.
Aún en situaciones de crisis de pareja, aunque los padres vivan separados, la patria potestad es por lo general compartida. Para poder cumplir con los deberes inherentes a dicha patria potestad, el progenitor que no ostenta la guardia y custodia, y que por ello tiene durante una menor fracción de tiempo a sus hijos en su compañía, necesita ser informado por parte del otro progenitor sobre todo aquel detalle que puede influir en el desarrollo y bienestar de los menores. Dicho deber de información al no custodio también recae sobre instituciones como centro educativos y sanitarios.
Grecia recibirá otros 20 millones. La ayuda de emergencia a España se añade a los 692 millones de euros ya asignados a España para la gestión de migración, fronteras y seguridad.
El Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación interpuesto por un empresario que se oponía a la pensión compensatoria por divorcio. El Supremo aconfirma la sentencia del tribunal anterior y establece una pensión de 500 euros que se elevaría a 1.900 en caso de que el hombre despidiese a su exmujer, que trabaja en la empresa que él dirige.
La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, cuyos resultados muestran que el número de lanzamientos practicados el año pasado fue de 60.754, lo que supone un descenso del 3,6 por ciento respecto a los 63.037 de 2016.
La Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, cuyos resultados muestran que el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas en 2017 descendieron casi un 40% respecto a las de 2016, los concursos subieron el 7,9% y las demandas por despido aumentaron un 6%.
Según los datos estadísticos del CGPJ, correspondientes al primer trimestre de 2017, el número de lanzamientos practicados aumenta un 2,2 por ciento en el primer trimestre del año, aunque la cifra de ejecuciones hipotecarias iniciadas baja un 26,2 por ciento. Cataluña es la Comunidad Autónoma donde más se han incrementado los desahucios y Madrid en la que más demandas por despido se interpusieron.
Las principales cuestiones que plantea la asignación del derecho de uso de la vivienda familiar tras las crisis familiares a examen del 10 al 12 de mayo en Sevilla. Acceso libre hasta completar aforo.
El alto tribunal europeo se declara carente de competencia para resolver los recursos de tres solicitantes de asilo contra la Declaración UE-Turquía. En sus autos señala que este acto no fue adoptado por ninguna de las instituciones de la Unión Europea, sino por sus Estados miembros, como actores de Derecho internacional.
Con fecha ocho de enero del 2.001 entró en vigor la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 de 7 de enero (en adelante LEC), en la que se regula dentro del Libro IV dedicado a los procesos especiales, los procesos matrimoniales en el Capitulo IV del título I, del artículo 769 al 778. Con la entrada en escena de dicha Ley se acabo con la dispersión normativa que existía para la tramitación de los procesos sobre las crisis matrimoniales, evitando que el operador jurídico tenga que acudir a tres cuerpos legales, la Ley 30/1.981, la antigua Lec de 1.881 y el Código Civil.
El aumento del volumen de tramitación en sede judicial del procedimiento de ejecución hipotecaria a consecuencia de la crisis económica ha resultado en una tendencia proteccionista del consumidor, basada en la progresiva modificación del procedimiento de ejecución hipotecaria de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este fenómeno reformista ha difuminado los rasgos esenciales, característicos y necesarios del procedimiento, lo que obliga a valorar la situación actual en la que se encuentra este proceso, y lo más importante, cuál será el futuro el futuro que le espera, en atención a la deslegitimación social, e institucional, de que adolece.
Trabajo ganador del Primer Premio Noticias Jurídicas para Trabajos de Fin de Grado de estudiantes de Derecho. Su tutora fue la profesora Yolanda de Lucchi López-Tapia.
Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del CGPJ, correspondiente al segundo semestre de 20016, el número de lanzamientos practicados cae un 1,9 por ciento en el segundo trimestre del año, experimentando descensos superiores al 10 % en Castilla-La Mancha, Madrid, Navarra y La Rioja. También descienden más de un 17% las ejecuciones hipotecarias y lo hacen, aunque en menor medida las demandas por despido, las reclamaciones de cantidad y los procedimientos monitorios. Sin embargo han aumentado más de un 15% los concursos presentados, incluyendo los de personas naturales no empresarios, aumentan un 15,9 %.
El impacto de la crisis económica y de la evolución tecnológica ha afectado muy notablemente al ejercicio de la abogacía. Pero este proceso no ha concluido, pues todos los indicadores apuntan a que los cambios van a seguir, con lo que la profesión va a tener que seguir afrontando estos y otros nuevos retos en un futuro muy cercano.
Un reciente coloquio, celebrado con motivo de presentación de los Anuarios 2016 de Wolters Kluwer, ha puesto de manifiesto que la abogacía ya está experimentando los efectos positivos de la salida de la crisis, pero que, a la vez, comienza a enfrentarse a la incertidumbre derivada de la revolución tecnológica ya en curso.
Victoria Ortega calificó de “bochornosa” la reacción de la Unión Europea ante la crisis migratoria más importante de las últimas décadas. En el caso de España, se refirió a las “devoluciones en caliente”, que no cumplen con la normativa española de extranjería.
El objetivo de este documento es aportar un conjunto de recomendaciones que faciliten el planteamiento y la resolución de las crisis familiares, proponiendo además una serie de medidas de carácter previo, que simplificarían las consecuencias de la crisis para los miembros de la pareja y, sobre todo, para los hijos.
Invitación para la presentación del libro que tendrá lugar el próximo 27 de octubre en el salón de actos del despacho Cuatrecasas, Gonçalves Pereira.
Frente al desmesurado crecimiento de los procedimientos judiciales de carácter concursal, hipotecario y laboral en el período 2008-2013, desde 2014 se aprecia un descenso de esas cifras, que tiende a su normalización.
Las dificultades que la crisis económica está ocasionando en el cumplimiento de determinados negocios jurídicos concluidos en un contexto de bonanza, provocan que en la actual coyuntura su exacto cumplimiento se esté convirtiendo en una pesada e incluso inasumible carga, especialmente en el caso de los compradores de viviendas con problemas de acceso a la financiación, entre otros motivos por la propia depreciación del inmueble. La nueva concepción jurisprudencial de la cláusula rebus sic stantibus viene de la mano de la necesidad de dar respuesta a estas situaciones.
Las dificultades económicas derivadas de la crisis y la situación de la Justicia, como consecuencia de la interferencia de los poderes políticos son las dos principales preocupaciones de los abogados. Así se desprende del VI Barómetro Interno de la Abogacía, presentado ayer.
Entre otras las ideas finalistas proponen herramientas de gestión del turno de oficio, otra para informar a las personas con discapacidad sobre las leyes vigentes; crowdfunding para acciones colectivas; otra para conocer todas las subastas judiciales que se organizan pudiendo pujar en ellas; otra que permite que los progenitores en situación de crisis matrimonial gestionar el régimen de visitas y vacaciones con sus hijos comunes; otra para fomentar el conocimiento del Derecho aplicable y la jurisdicción asociada al régimen de inmigrantes; otra para permitir a los ciudadanos profundizar en el ejercicio de sus derechos y otra sobre la mediación intrajudicial.
La Sala Primera del TS ha dictado una sentencia 24 de junio de 2015, en la que desestima el recurso interpuesto por un hombre separado que solicitaba se declarase nulo el acuerdo prematrimonial que le obligaba a pagar una renta mensual vitalicia al otro cónyuge. La Sala aclara por primera vez, en base al art. 1325 CC, los límites legales y constitucionales de dichos pactos en previsión de crisis matrimoniales.
En la actual coyuntura económica, la eventual necesidad de los progenitores de liquidar el patrimonio común tras la crisis de su relación colisiona con la redacción actual del art. 96 del Código Civil, por el que se atribuye a los hijos durante todo el periodo de su minoría de edad el uso de la que fue vivienda familiar, negando el Tribunal Supremo que la redacción actual posibilite una limitación temporal si no hay acuerdo entre ellos. La proyectada reforma acoge las críticas generalizadas, introduciendo el arbitrio judicial y permitiendo que, ante el desacuerdo de los progenitores, se ponderen las concretas circunstancias concurrentes, para poder señalar el modo de satisfacer la necesidad de vivienda de los hijos menores cuyo superior interés es el que guiará la decisión.
En el marco de las VII Jornadas por el Interés de la Infancia y la Adolescencia, organizadas por EMIN, profesionales de distintos ámbitos profesionales debatieron sobre la problemática a la que miles de niños y niñas se ven sometidas en las crisis familiares.
Tras varios años de crisis financiera y económica en los que el mercado de las fusiones y adquisiciones quedó completamente estancado tanto en Estados Unidos como en Europa, la tendencia parece que finalmente está revirtiendo. Siendo tal la coyuntura, resulta conveniente recordar, desde un punto de vista jurídico, una modalidad de adquisición de empresas llevada a cabo, generalmente, por operadores de capital riesgo o private equity, como son las adquisiciones apalancadas o leveraged buyouts, así como las transformaciones a las que se han visto sometidas estas operaciones como consecuencia de la crisis.
Tras varios años de crisis financiera y económica en los que el mercado de las fusiones y adquisiciones quedó completamente estancado tanto en Estados Unidos como en Europa, la tendencia parece que finalmente está revirtiendo. Siendo tal la coyuntura, resulta conveniente recordar, desde un punto de vista jurídico, una modalidad de adquisición de empresas llevada a cabo, generalmente, por operadores de capital riesgo o private equity, como son las adquisiciones apalancadas o leveraged buyouts, así como las transformaciones a las que se han visto sometidas estas operaciones como consecuencia de la crisis.
Con ocasión de la grave crisis económica y financiera que ha atravesado nuestro país, se han multiplicado demandas ante los Tribunales de Justicia reclamando una solución ante los grandes y desorbitados desequilibrios creados entre los compradores de viviendas y las promotoras, sobre todo desde el punto de vista obligacional, alegando la denominada cláusula “rebus sic stantibus”.
Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” del CGPJ, en 2014 las ejecuciones hipotecarias disminuyeron un 2,3 %, las demandas por despido cayeron un 19,5 % y se presentaron un 25,7% menos concursos. Por contra, los lanzamientos practicados aumentaron un 1,3 %, sobre todo los derivados de arrendamientos urbanos.
En el actual contexto de la crisis siria, parece oportuno recordar la historia y el modo en que se regula la prohibición del uso de armas químicas en el derecho internacional. Una prohibición que no es cuestión reciente, pues ya el Derecho romano establecía que “no se debe hacer la guerra con armas envenenadas”.
En atención a la crisis por la que atraviesa nuestro país y a los diversos movimientos sociales que reclaman una solución para tal drama, las Cortes Generales han aprobado la Ley 1/2013 de 14 de mayo con la que se pretende paliar en cierta medida tal situación y que contiene una serie de reformas de la LEC para la protección de los deudores frente a las conductas en muchas ocasiones abusivas de los Acreedores, pasémos a su análisis
Según un estudio de la Fundación Adecco, el trabajo no es una barrera contra la violencia de género, pero sí se convierte en un escudo protector contra la misma, al eliminar el factor de dependencia económica, que muchas veces es el causante de que las situaciones de violencia se prolonguen en el tiempo.
Una de las principales novedades que introdujo la Ley Concursal de 2004 fue la de unificar en un solo procedimiento ante el juez mercantil tanto las insolvencias de sociedades mercantiles como de personas físicas. Diez años después de la entrada en vigor de esa Ley y tras una grave crísis económica que ha afectado a cientos de miles de familias, debe evaluarse muy negativamente el impacto de esta legislación en el ámbito familiar: la ley contiene pocas menciones que puedan ser realmente útiles a los particulares, y ninguna de las reformas introducidas en la misma a lo largo de los últimos 10 años ha permitido ofrecer a las familias un marco adecuado para afrontar su situación de crisis y paliar los efectos de la misma.
Una de las principales novedades que introdujo la Ley Concursal de 2004 fue la de unificar en un solo procedimiento ante el juez mercantil tanto las insolvencias de sociedades mercantiles como de personas físicas. Diez años después de la entrada en vigor de esa Ley y tras una grave crísis económica que ha afectado a cientos de miles de familias, debe evaluarse muy negativamente el impacto de esta legislación en el ámbito familiar: la ley contiene pocas menciones que puedan ser realmente útiles a los particulares, y ninguna de las reformas introducidas en la misma a lo largo de los últimos 10 años ha permitido ofrecer a las familias un marco adecuado para afrontar su situación de crisis y paliar los efectos de la misma.
El ministro de Justicia ha atribuido la protesta de los abogados contra el proyecto de ley de Asistencia Jurídica Gratuita a que este no incorpora un aumento de sus retribuciones. Gallardón ha hecho hincapié en que los casos de los que se encarga su Ministerio no se ha subido el salario en los últimos años a "consecuencia de la crisis económica" y ha asegurado que "cuando mejoren las circunstancias económicas", se hará el "esfuerzo necesario" para que aumenten.
En 2013 ingresaron en los tribunales españoles más de 8.600.000 nuevos asuntos: 1.670.000 en la jurisdicción civil, 6.300.000 en la penal, 191.000 en la contencioso-administrativa y 469.000 en la social.
Aumenta el número de los registrados en los Juzgados de Familia –cerca del 2 %-, de lo Mercantil –en torno al 20 %- y de lo Social –otro 20 %-, lo que evidencia los efectos de la crisis en los litigios que se siguen en este tipo de órganos judiciales.
A fin de año quedaban en trámite 2.680.000 asuntos, un 9 % menos que en el ejercicio anterior. Destaca la social como única jurisdicción en la que disminuyó la tasa de resolución y aumentó la de pendencia.
Según el INE, el número de nuevas sociedades mercantiles aumentó un 7% en 2013 respecto a 2012, registrando así su mayor crecimiento desde el estallido de la crisis económica.
La presidencia lituana de la UE y los negociadores de la Eurocámara han alcanzado hoy un acuerdo para adelantar de 2018 a 2016 la entrada en vigor de la directiva que obligará a los accionistas y los acreedores -incluidos bonistas sénior y grandes depositantes-, en lugar de a los contribuyentes, a asumir pérdidas en futuras crisis bancarias. La directiva mantiene la protección total sobre los depósitos de menos de 100.000 euros, mientras que los depósitos de más de 100.000 euros de particulares y pymes gozarán de preferencia.