Deberes

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El CGPJ considera actividad compatible la colaboración habitual de los jueces con un medio de comunicación

16 de abril de 2020 El sector legal MAGISTRADOS

La colaboración puntual u ocasional con un medio de comunicación no precisa de autorización por el CGPJ, según un informe aprobado hoy por la Comisión Permanente. La autorización será concedida si la actividad se realiza fuera del horario de audiencia, no impide el cumplimiento de los deberes judiciales y no compromete la independencia e imparcialidad del/la juez/a o magistrado/a.

Los diputados se someterán a un Código de Conducta que desarrolla los deberes recogidos en el Reglamento del Congreso

12 de abril de 2019 Noticias

Este código, que será de aplicación durante la próxima legislatura, establece una serie de principios de comportamiento, como actuar con respeto a la Constitución, con integridad y responsabilidad, de forma desinteresada para la consecución del interés general, y con respeto hace los demás miembros de la Cámara y a la ciudadanía en general, y con plena transparencia en su actividad pública. Normativa aplicada

El Tribunal Supremo rechaza el recurso de un exdirector de sucursal bancaria que pedía que le devolvieran su inversión en preferentes

11 de octubre de 2018 Jurisprudencia Preferentes

Abanca no tendrá que devolver la cuantía de las compras de participaciones preferentes que realizó el cliente, en contra de lo que estableció la Audiencia de Las Palmas, que consideró que sí existió error porque el banco incumplió los deberes de información. El Supremo repone la sentencia dictada con anterioridad por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de San Bartolomé de Tirajana, que desestimó la demanda del cliente, exdirector de sucursal bancaria.

El derecho del progenitor no custodio a obtener información acerca de sus hijos

Aún en situaciones de crisis de pareja, aunque los padres vivan separados, la patria potestad es por lo general compartida. Para poder cumplir con los deberes inherentes a dicha patria potestad, el progenitor que no ostenta la guardia y custodia, y que por ello tiene durante una menor fracción de tiempo a sus hijos en su compañía, necesita ser informado por parte del otro progenitor sobre todo aquel detalle que puede influir en el desarrollo y bienestar de los menores. Dicho deber de información al no custodio también recae sobre instituciones como centro educativos y sanitarios.

La Ley de muerte digna de Valencia permite rechazar tratamientos y elegir el lugar donde recibir cuidados paliativos

03 de julio de 2018 Noticias Derechos y garantías

La Ley 16/2018, de 28 de junio, regula el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para asegurar el respeto a su dignidad, autonomía e intimidad. Reconoce el derecho a rechazar intervenciones y tratamientos, a realizar la declaración de voluntades anticipadas, a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde recibirlos. Establece también los deberes que en este contexto han de cumplir las instituciones y centros sanitarios y sociales y su personal.

Madrid aprueba la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir

22 de marzo de 2017 Noticias

La Ley 4/2017, de 9 de marzo tiene por objeto la regulación y protección del ejercicio de los derechos de las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, así como el establecimiento de los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en esta situación y la definición de las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer con respecto a ese proceso.

Los deberes de los empleados públicos. Hacia una ética indolora

11 de noviembre de 2016 Artículos doctrinales

En el ámbito de lo público, algunos de los numerosos cambios que nuestras sociedades están experimentando en los últimos años están traduciéndose en la determinación de un principio de responsabilidad que ya no es sólo jurídica, sino también ética. Este artículo aborda como está afectando ese nuevo paradigma al macromundo de los empleados públicos, un espacio  aparentemente poco propicio para la evaluación normativa de esta adaptación ética.

Corresponde al administrador de una sociedad que cierra de facto probar el destino de los bienes

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo indica que en estos casos, se debe aplicar la regla de facilidad probatoria y no puede imponerse al deudor la carga de la prueba. El alto tribunal concreta en una reciente sentencia los requisitos para que prospere la acción individual de responsabilidad contra el administrador de una sociedad que cierra de hecho, incumpliendo de sus deberes legales de liquidación y disolución.