Deberes

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El derecho del progenitor no custodio a obtener información acerca de sus hijos

Aún en situaciones de crisis de pareja, aunque los padres vivan separados, la patria potestad es por lo general compartida. Para poder cumplir con los deberes inherentes a dicha patria potestad, el progenitor que no ostenta la guardia y custodia, y que por ello tiene durante una menor fracción de tiempo a sus hijos en su compañía, necesita ser informado por parte del otro progenitor sobre todo aquel detalle que puede influir en el desarrollo y bienestar de los menores. Dicho deber de información al no custodio también recae sobre instituciones como centro educativos y sanitarios.

La Ley de muerte digna de Valencia permite rechazar tratamientos y elegir el lugar donde recibir cuidados paliativos

03 de julio de 2018 Noticias Derechos y garantías

La Ley 16/2018, de 28 de junio, regula el ejercicio de los derechos de la persona en el proceso final de su vida para asegurar el respeto a su dignidad, autonomía e intimidad. Reconoce el derecho a rechazar intervenciones y tratamientos, a realizar la declaración de voluntades anticipadas, a recibir cuidados paliativos integrales y a elegir el lugar donde recibirlos. Establece también los deberes que en este contexto han de cumplir las instituciones y centros sanitarios y sociales y su personal.

Madrid aprueba la Ley de derechos y garantías de las personas en el proceso de morir

22 de marzo de 2017 Noticias

La Ley 4/2017, de 9 de marzo tiene por objeto la regulación y protección del ejercicio de los derechos de las personas a una adecuada atención sanitaria en el proceso de morir, así como el establecimiento de los deberes de los profesionales sanitarios que atienden a los pacientes que se encuentren en esta situación y la definición de las garantías que las instituciones sanitarias están obligadas a ofrecer con respecto a ese proceso.

Los deberes de los empleados públicos. Hacia una ética indolora

11 de noviembre de 2016 Artículos doctrinales

En el ámbito de lo público, algunos de los numerosos cambios que nuestras sociedades están experimentando en los últimos años están traduciéndose en la determinación de un principio de responsabilidad que ya no es sólo jurídica, sino también ética. Este artículo aborda como está afectando ese nuevo paradigma al macromundo de los empleados públicos, un espacio  aparentemente poco propicio para la evaluación normativa de esta adaptación ética.

Corresponde al administrador de una sociedad que cierra de facto probar el destino de los bienes

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo indica que en estos casos, se debe aplicar la regla de facilidad probatoria y no puede imponerse al deudor la carga de la prueba. El alto tribunal concreta en una reciente sentencia los requisitos para que prospere la acción individual de responsabilidad contra el administrador de una sociedad que cierra de hecho, incumpliendo de sus deberes legales de liquidación y disolución.

Régimen de autorización de gran establecimiento comercial en Andalucía (I): Procedimiento originario de instalación de gran superficie comercial

El derecho de libertad de empresa se halla reconocido en el artículo 38 de la Constitución Española de 1978, incardinado en la Sección 2ª (De los derechos y deberes de los ciudadanos), del Capítulo II (Derechos y Libertades) del Título I (De los derechos y deberes fundamentales), actualización del clásico principio de libertad de comercio e industria. Pero este derecho, que tiene como contenido mínimo esencial la libertad de creación de empresas y la libertad de acceder al mercado, la libertad de organización de la empresa constituida y de dirección, no es absoluto.