Tres especialistas en la materia analizarán la delincuencia económica actual, señalando su importancia, peculiaridades y problemática
Una crisis matrimonial, de la que deriva una liquidación de régimen económico con afectación a bienes registrales, merece encontrar por parte del Derecho y de todos sus operadores jurídicos la certeza suficiente que evite la incertidumbre que supone la legal expectativa no cumplida
Analizamos la nueva normativa, que establece nuevas medidas sociales y económicas frente a la crisis sanitaria del coronavirus, entre ellas la suspensión de los desahucios durante seis meses desde la entrada en vigor del estado de alarma, la renovación automática de los contratos de alquiler y los microcréditos para inquilinos en situación vulnerable
El presente artículo analiza las medidas de protección a los consumidores en materia contractual residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado
El Gobierno moviliza 200.000 millones para su "escudo económico y social". Lo está haciendo el mundo, lo está haciendo Europa, lo está haciendo España.
El Abogado General estima que el TEAC no cumple los requisitos de independencia necesarios para constituir un «órgano jurisdiccional» a efectos de la remisión de cuestiones prejudiciales
El Tribunal Económico-Administrativo Central niega que las mercantiles puedan deducirse las cuotas soportadas en la compra de entradas de fútbol o clases de golf, y exige que el gasto sirva inmediatamente a los fines de la empresa, o para impulsar el negocio.
Son muchas las resoluciones judiciales que se pronuncia acerca de la ganancialidad o no de los premios de lotería, en situaciones en las que el matrimonio está en trámites de separación, surgiendo la duda de si tales cantidades deben contabilizarse o no en el activo de la sociedad ganancial. También las parejas de hecho, cuando rompen, tienen el mismo problema ¿es compartido o no? Les mostramos algunos ejemplos analizados por los tribunales en los últimos años.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales del Notariado ha remitido -desde 2006- 180.832 solicitudes de información a órganos judiciales, ministerio fiscal, Policía y Guardia Civil, y 5.547 operaciones sospechosas al SEPBLAC.
Desequilibrio económico desmesurado. Contribución de la esposa a las cargas del matrimonio realizando las funciones de organización y control de la vida familiar.
La Ley 10/2018, de 9 de noviembre, regula, entre otros aspectos, las infraestructuras industriales y turísticas, el abastecimiento y sostenibilidad energética, la intervención urbanística y medioambiental, el cooperativismo, el comercio, la protección de los consumidores y usuarios y los espectáculos públicos.
La DGRN nos recuerda el derecho del cónyuge a consentir o no que se grave la vivienda habitual de la familia, a tenor de lo establecido en el artículo 1320 del Código Civil. Si no se manifiesta en la escritura que la vivienda no es vivienda habitual, es necesario el consentimiento del otro cónyuge o una autorización judicial supletoria.
Los abogados son potenciales contribuyentes de impuestos y se hallan vinculados con la entidad requerida por razón de su actividad mercantil y/o económica, constatándose también, por el TEAC, que la información solicitada se acotaba en un ámbito temporal determinado.
El 2 de octubre de 2018, el Consejo ha alcanzado un acuerdo sobre una propuesta por la que se permite a los Estados miembros aplicar a las publicaciones electrónicas tipos del IVA reducidos, superreducidos o nulos, haciendo con ello posible la armonización de las normas del IVA aplicables a las publicaciones electrónicas con las de las publicaciones físicas.
La Dirección General de Registros y del Notariado insiste en que la homologación judicial del acuerdo no hace perder a éste su carácter de documento privado. Para inscribir es necesario otorgar la correspondiente escritura pública.
La Comisión impone a Google una multa de cerca de 4343 millones EUR por prácticas ilegales en relación con los dispositivos móviles Android para reforzar la posición dominante del motor de búsqueda de Google.
Al impulsar sus prioridades políticas, la Comisión presta atención no solo a proponer nueva legislación, sino también a garantizar que se aplique y se haga cumplir debidamente.
La aprobación de este Real Decreto estaba contemplada dentro de los compromisos de refuerzo de las instituciones públicas que se incluían en el Plan Presupuestario para 2017 y que se envió a la Comisión Europea el pasado mes de diciembre.
El cuadro europeo de indicadores de la innovación de 2018 de la Comisión que se publica hoy muestra que los resultados obtenidos por la UE en materia de innovación continúan mejorando, aunque son necesarios más esfuerzos para garantizar la competitividad de Europa a escala mundial.
El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid, en el Auditorio CECABANK el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association con la colaboración y apoyo de estamentos públicos, universidades, asociaciones empresariales y con la participación de expertos nacionales e internacionales.
Comentario a la Ley 5/2017, de 30 de noviembre, publicada en el Boletín oficial autonómico este lunes 11 de diciembre, que pretende corregir los desequilibrios económicos y sociales de Castilla-La Mancha en términos de renta y desempleo, promoviendo la actividad económica mediante la concesión de incentivos en aquellas zonas geográficas menos favorecidas y que atraviesan especiales dificultades. Entre sus objetivos también están la generación de empleo estable y de calidad, la captación de inversiones y la innovación empresarial.
Repasamos las últimas modificaciones operadas en la Compilación de derecho civil de las Illes Balears a través de la reciente Ley 7/2017, de 3 de agosto, y vigente desde el día 6. Entre otras novedades, se elimina el efecto de pérdida de legítima solo en los casos donde la separación matrimonial es simplemente “de hecho”.
Lo determinante no es si las prótesis eran o no necesarias sino si hubo consenso entre las partes en realizar el gasto.
Por su interés, reseñamos a continuación el principal contenido del Reglamento 2016/1103, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.
Esta normativa establece el tribunal competente y la legislación aplicable a los casos de divorcio, separación o fallecimiento de parejas de ciudadanos de diferentes Estados, y facilita el reconocimiento y la ejecución de sentencias sobre estas materias.
Un 26% de los trabajadores encuestados afirma tener instalado software no autorizado en los sistemas y equipos de sus empresas.
La sentencia explica que el Estado tiene atribuida, con carácter general, la competencia exclusiva en materia de legislación civil.
El TC ha dictado una sentencia por la declara inconstitucionales y nulos, los arts. 7 y 8.cinco de la Ley 1/2014, de 28 de febrero, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, que modificaron, respectivamente, los arts. 27.4 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo y el art. 48.5 de la LISOS.
Rectificando el criterio de Hacienda, el TS determina que la declaración de una compañía en concurso de acreedores voluntario no es sinónimo de insolvencia estructural, y que, por tanto, Hacienda no puede sustentar en esta presunción la negativa al aplazamiento en el pago de las deudas tributarias.
Con la reforma de la Ley General Tributaria se complementa el proceso de reforma fiscal iniciado a finales de 2014 y que desde enero de este año ha visto la entrada en vigor de las leyes de reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre Sociedades y el IVA, y los Impuestos Especiales.
Esta norma está directamente vinculada con la LO 10/2015, de 10 de septiembre, por la que se regula el acceso y publicidad de determinada información contenida en las sentencias dictadas en materia de fraude fiscal.
El Pleno del Congreso ha ratificado las enmiendas del Senado al proyecto de Ley de modificación parcial de la Ley General Tributaria, que concluye así su tramitación y queda listo para ser publicado en el Boletín Oficial del Estado.
La compensación o indemnización a que se refiere el art. 1438 CC no se concede a los matrimonios que se rigen por el régimen de gananciales o de participación. Tiene su razón de ser en paliar las consecuencias del régimen de separación de bienes al tiempo de la ruptura, ya que no existe comunicación alguna entre las masas patrimoniales de uno y otro cónyuge, a diferencia de los otros regímenes. Por el contrario, la pensión compensatoria que se regula en el art. 97 CC es aplicable a cualquier régimen matrimonial, al igual que es compatible con la indemnización del art. 1438 del CC, aplicable solo al régimen de separación de bienes. Las dos figuras contemplan el trabajo para el hogar y el trabajo para el otro cónyuge como factor de compensación económica. Ambos preceptos parten de una premisa fáctica, la “dedicación a la familia” o “trabajo para el hogar”. Pero el fundamento y finalidad de una y otra institución son distintos, por lo que exigen un tratamiento diferenciado.
Además de las exigencias formales y constitucionales ya descritas, que son comunes a todas las sentencias, el enjuiciamiento de la delincuencia económica, conlleva la necesidad de resolver una serie de cuestiones que aparecen en prácticamente todos los asuntos de esta clase. No podemos olvidar que estas sentencias se refieren a cuestiones meramente del orden civil, siendo fundamental, por un lado, el auxilio de los conocimientos económicos y contables y, por otro lado, manejar la jurisprudencia que va surgiendo continuamente, en la interpretación de las conductas y tipos delictivos de una materia, que, en más de una ocasión se presenta como una auténtica ingeniería financiera.
El Pleno del Consejo Económico y Social, ha aprobado el dictamen sobre el anteproyecto de ley de reforma del régimen jurídico de las mutuas, con numerosas objeciones al texto que le fue enviado por el Gobierno, entre ellas la posibilidad de que estas entidades puedan dar altas médicas en procesos de incapacidad temporal si los Servicios Públicos de Salud no responden en un plazo de cinco días.