Ejecución de sentencia

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La normativa sobre la fase de ejecución del proceso monitorio, que impide controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas, es contraria al Derecho de la Unión

18 de febrero de 2016 Noticias Proceso monitorio

El TJUE se ha pronunciado por primera vez sobre aquellos casos en los que el proceso monitorio va seguido de un procedimiento de ejecución forzosa, declarando que la normativa española al respecto es contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El TC admite a trámite los recursos interpuestos contra la reforma de su Ley Orgánica por la LO 15/2015

08 de febrero de 2016 Noticias Tribunal Constitucional

La Generalidad de Cataluña cuestiona en su recurso que la reforma permita multar a cargos y empleados públicos que incumplan sus resoluciones, mientras que la impugnación del Gobierno Vasco se centra en el hecho de que, en último término, la reforma permita al tribunal de garantías sancionar a quienes incumplan sus sentencias e intervenir en las autonomías, sin garantías".

La responsabilidad por la información facilitada por los acreedores anteriores y preferentes en el marco de la ejecución

Dentro del ámbito de la ejecución, el acreedor anterior y preferente, que tiene inscrito o anotado su crédito en el Registro de la Propiedad, puede verse compelido por el Juzgado, para que manifieste el importe real de su crédito en ese momento. Dicha declaración implica una responsabilidad del acreedor que hace esa manifestación, en cuanto que puede afectar tanto al propio acreedor, como al ejecutante o a terceros que participen en la subasta.

Reglamento UE 1215/2012: Reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil en la UE

El comienzo de la aplicabilidad del Reglamento (UE) 1215/2012, supone un auténtico avance en las relaciones comerciales entre países de la UE pues, en lo sucesivo, los acreedores que vean reconocido un derecho de crédito cuya ejecución deba ser efectiva en otro Estado, ya no tendrán que acudir al costoso procedimiento de exequatur.

La averiguación patrimonial del ejecutado, el artículo 95 de la Ley General Tributaria y la cesión de datos a los tribunales

Ni desde el punto de vista de la protección de datos, ni desde ámbito tributario existe problema alguno en la cesión al Juzgado de datos sobre los bienes y derechos del ejecutado, ni si quiera cuando se trata de datos de terceros no intervinientes en el proceso, por lo que no puede entenderse el recelo, que en muchas ocasiones, muestra la AEAT a dicha cesión, cuya solicitud viene amparada por una resolución judicial, que previamente habrá ponderado todas las circunstancias concurrentes para adoptar la solicitud.