Nos encontramos ante un desafío cuyo éxito o fracaso dependerá únicamente de la capacidad de adaptación del empresario a las nuevas circunstancias generadas por el impacto de la pandemia. Una adaptación que a su vez dependerá de un correcto cumplimiento de la normativa y una adecuada organización y planificación tanto de los empresarios como de los trabajadores
Al hablar del derecho al olvido, y teniendo en cuenta que no se trata de un derecho ilimitado ni absoluto, se debe llevar a cabo siempre una ponderación de los derechos fundamentales afectados, teniendo en cuenta que, como señala el Supremo al delimitar la jurisprudencia sentada en su sentencia de 11 de enero de 2019
El artículo está referido a la distancia de seguridad y uso obligatorio de mascarilla y en el que se expresa que “las reuniones sociales no podrán superar el número de cincuenta personas, cuando tengan lugar en espacio o local cerrado, ni el de cien personas, cuando se produzcan al aire libre”
La facultad de control del empresario alcanza el poder descubrir conductas fraudulentas que le puedan ocasionar perjuicios. Sin embargo, sin una prueba que las acredite la empresa no podrá tomar decisiones efectivas para salvaguardar sus intereses. En este webinar se analizarán las posibilidades, cada vez más sofisticadas por el desarrollo de la tecnología y de la informática, que tiene el empresario para probar dichas conductas y la legalidad de las mismas
La sentencia refrenda esta forma de comunicación porque la necesaria adaptación a la realidad social imperante en ese momento obligaba a apartarse de lo que son los hábitos y usos ordinarios en las comunicaciones entre empresario y trabajador.
El presente artículo analiza las medidas de protección a los consumidores en materia contractual residenciadas en el artículo 36 del Real Decreto Ley 11/2020, de 31 de marzo, que afectan a los contratos de compraventa y prestación de servicios de tracto único y sucesivo, y a los contratos de viaje combinado
El empresario debe cargar con los gastos por estas bajas igual que cualquier otra dolencia
La Inspección recomienda que se acuerden entre el empresario y los trabajadores, qué pausas son consideradas tiempo efectivo de trabajo. Los registros se podrán guardar telemáticamente siendo accesibles en cualquier momento en que puedan ser requeridos.
Según el tribunal europeo es la única manera de respetar la Directiva sobre tiempo de trabajo. Corresponde a los Estados miembros definir los criterios concretos de aplicación de ese sistema, especialmente la forma que éste debe revestir, teniendo en cuenta, en su caso, las particularidades propias de cada sector de actividad de que se trate e incluso las especificidades de determinadas empresas, como su tamaño.
Su situación es similar a la de un trabajador despedido de forma improcedente. Por tanto, como debiera haber estado de alta en la Seguridad Social desde que solicitó el reingreso hasta que se le despidió, es un escenario asimilable a un alta.
Si el convenio no establece regulación expresa al respecto, el empleador no puede despedir a un trabajador que no se presenta a trabajar hasta que no acumule, al menos, tres faltas injustificadas. Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declara improcedente por este motivo el despido de una mujer que no se incorporó a su puesto tras una baja médica.
La protección de la mujer no se limita a la de su condición biológica durante el embarazo y después de éste, sino que se extiende a las potestades organizativas del empresario que debe evitar las consecuencias físicas y psíquicas que pueden tener las medidas discriminatorias que adopte, como es la negativa empresarial injustificada a avenirse a la concreción solicitada junto a la reducción de jornada compatible con la guardería del menor.
Los trabajadores cedidos tienen derecho a percibir, no solo las retribuciones fijadas en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria, sino el salario total que la empresa abona a sus propios trabajadores, ya que el recurso a la mano de obra de las ETT debe ser un medio para atender a necesidades temporales y no un medio de reducir costes salariales.
Como los hechos han sucedido fuera del entorno laboral, y aunque el autor ha sido condenado penalmente por un delito de coacciones, el empresario no tiene poder de dirección en estos supuestos.
Ofrecía servicios de rotulación y publicidad, actividad concurrente con la que realizaba en la empresa, en la red social Facebook, y aunque los realizara una vez finalizada su jornada laboral semanal, o tenía absolutamente prohibido en su contrato de trabajo conforme al art. 21 del ET.
El incómodo ambiente laboral en el que permaneció un trabajador del departamento financiero que había reclamado mayor salario y categoría y al que se le sustituyó en casi todas las funciones relevantes que venía desempeñando, provocó un estado de ansiedad con baja laboral que tiene como nexo causal el trabajo. No hay acoso laboral, sino riesgos psicosociales que el empresario debe prevenir.
En cambio, si el empresario demuestra que el trabajador se abstuvo deliberadamente y con pleno conocimiento de tomar sus vacaciones anuales retribuidas tras haber podido ejercer efectivamente su derecho a estas, el Derecho de la Unión no se opone a la pérdida de este derecho ni, en caso de extinción de la relación laboral, a la consiguiente falta de compensación.
El Tribunal de Justicia de la UE responde a las cuestiones prejudiciales en relación con la solicitud de reintegración en el empleo de un profesor de música que trabajaba para una empresa que gestionaba la Escuela Municipal de Música de Valladolid.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) debe cubrir indemnizaciones impagadas por empresario insolvente a trabajadores que no acepten traslado que implique cambio domicilio.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determina que los agentes comerciales pueden ser indemnizados por terminación de un contrato aunque dicho fin se produzca durante el periodo de prueba. El TJUE basa su decisión en en que debe compensarse al agente comercial por sus prestaciones anteriores de las que el empresario sigue beneficiándose con posterioridad a la terminación del contrato o por los gastos en que haya incurrido a efectos de dichas prestaciones.
El Tribunal Supremo ha resuelto el recurso de casación interpuesto por un empresario que se oponía a la pensión compensatoria por divorcio. El Supremo aconfirma la sentencia del tribunal anterior y establece una pensión de 500 euros que se elevaría a 1.900 en caso de que el hombre despidiese a su exmujer, que trabaja en la empresa que él dirige.
El TJUE declara que no es disciminatoria ni abusiva una norma que establezca la posibilidad de aplazar el fin del contrato de un trabajador una vez que ha superado la edad de jubilación, supeditándolo al consentimiento del empresario otorgado por una duración determinada. La sentencia se refiere al caso de un profesor al que denegaron una segunda prolongación de su contrato, tras haber autorizado que pudiera terminar el curso 2014/2015 a pesar de haber superado la edad de jubilación.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que la obligación de permanecer presente físicamente en el lugar determinado por el empresario y la restricción que supone la necesidad de presentarse en el lugar de trabajo en un plazo de tiempo breve limitan considerablemente las posibilidades que tiene un trabajador de dedicarse a otras actividades, por lo que la guardia domiciliaria ha de ser considerada como tiempo de trabajo.
La empresa había solicitado dos años de prisión y una multa de 14.600 euros para el acusado, y que su empresa asumiera una sanción situada entre el doble y el triple del beneficio obtenido por la venta de esas joyas.
El artículo analiza los datos personales que la empresa puede exigir o no al trabajador para dar lugar al cumplimiento del contrato del trabajo y las obligaciones laborales que de él se deriven.
El demandante era un trabajador británico que denunciaba a la empresa para la que trabajó doce años sin vacaciones, solicitando que se le retribuyeran posteriormente en el momento de la jubilación.
El Derecho de la Unión se opone a que el trabajador tenga que tomar vacaciones antes de saber si tiene derecho a que dichas vacaciones sean remuneradas
La Abogada General Sharpston señala que la Directiva no obliga a la persona que sufre una discapacidad a comunicar su estado, pero si el empresario o bien lo sabe, o bien debiera razonablemente ser consciente de ello, tendrá la obligación de adoptar medidas adecuadas para realizar ajustes. Si no lo hace, el despido del trabajador por faltas reiteradas será discriminatorio.
Si bien el empresario puede establecer una vigilancia sobre la forma en que los trabajadores utilizan los medios de comunicación puestos a su disposición, este hecho no elimina su derecho a la intimidad y el deber del empresario de advertir claramente del establecimiento de esos sistemas de vigilancia y de su alcance.
La actuación del abogado en la tramitación del expediente de regulación de empleo fue negligente al prescindir de las normas esenciales del procedimiento, provocando la nulidad de los despidos. Según la AP de Valladolid, el abogado no puede ampararse en las necesidades puntuales de su cliente para justificar su actuación.
El empresario o profesional deberá llevar necesariamente el Libro registro de facturas recibidas, aun cuando la actividad realizada se encuentre totalmente exenta del Impuesto y no tenga derecho a deducción de las cuotas soportadas en la adquisición de bienes y servicios para la actividad. También se pronuncia respecto de las facturas recapitulativas de los servicios prestados al mismo empresario o profesional.
El Supremo apoya su decisión en la Ley del ruido y considera que el consistorio tiene competencia para adoptar una medida de este tipo. Sin embargo confirma la nulidad de la medida establecida en el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, y que exigía que las actividades nuevas en el Distrito Centro dispusieran, con carácter exclusivo, de un número de plazas de aparcamiento igual al 10% de su aforo en un radio máximo de 200 metros de su ubicación.
Aunque la empresa, una farmacia, disponía de un sistema automático de control de entrada y salida, la práctica habitual de los empleados había sido siempre obviarlo cuando se tomaban su tiempo de descanso. El TSJ de Murcia confirma la sentencia del juzgado que declaró la improcedencia del despido condenando al empresario bien a readmitir al trabajador o bien a extinguir la relación laboral con la indemnización procedente
El Tribunal Supremo ha inclinado en sus últimas sentencias la balanza a favor de los trabajadores, y señala cuáles han de ser los requisitos para que este detalle que el empleador ha tenido año tras año con sus trabajadores, se convierta en un derecho adquirido que no puede ser suprimido de forma unilateral.
La negociación colectiva deberá establecer las modalidades de ejercicio de este derecho. En las empresas de pequeño tamaño, será el empresario el que fije esta regulación, previa audiencia a los representantes de los trabajadores.
Ya es posible iniciar el mecanismo de segunda oportunidad presentando el formulario normalizado aprobado al efecto y que prevé la solicitud tanto de persona natural como jurídica y de deudores empresarios y no empresarios. Recordamos sus aspectos más relevantes.
El TEDH ha resuelto que un empresario puede controlar el correo electrónico profesional de su empleado, sin vincular con ello su derecho a la intimidad (art. 8 CEDH) y, en consecuencia, despedir al trabajador que incumple el código interno de conducta al respecto.
Según el Ejecutivo, este Real Decreto, ya aprobado pero pendiente de publicación a la fecha de publicarse esta noticia, favorece la segunda oportunidad de los empresarios mediante un sistema sencillo y rápido que les permita iniciar un nuevo proyecto empresarial lo antes posible. Se opta por empezar por los tipos de empresas más utilizados (sociedades limitadas y autónomos), con el objeto de ir ampliando este sistema a otras formas jurídicas más adelante.
Presentamos las novedades incorporadas en el RD 708/2015, de 24 de julio, que adapta la normativa en materia de liquidación e ingreso de cuotas de la Seguridad Social y que avanza en la aplicación de este sistema de liquidación directa.
En el nuevo modelo de formación, surgido tras el Real Decreto-ley 4/2015, de 22 de marzo, para la reforma urgente del Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, las organizaciones empresariales y sindicales no actuarán como gestores directos. La CECA ha decidido no presentar el próximo plan de formación y Cepyme se lo está pensando.
La nueva Instrucción de 1 de Julio de 2015 introduce una regulación complementaria para equilibrar los requerimientos del nuevo sistema instaurado por la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, y el derecho de los sujetos obligados a mantener la confidencialidad de determinados aspectos de la gestión empresarial, previendo los mecanismos técnicos precisos y permitiendo a los interesados decidir el grado de seguridad y confidencialidad que aplican en el cumplimento de sus obligaciones legales.
La sentencia considera causas de la declaración de nulidad la negociación del despido en calidad de empresario por un grupo de empresas sobre cuya constitución y efectos nunca se había informado ni negociado con los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas; la falta de información suficiente durante la negociación del periodo de consultas sobre las causas organizativas alegadas por la empresa y por “la desactivación ilícita” del derecho a la huelga de los trabajadores a través del “esquirolaje”.