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El TS desestima íntegramente el recurso de casación interpuesto por José Bretón contra su condena por el asesinato de sus hijos

29 de julio de 2014 Jurisprudencia

El TS resuelve que la exigencia de que el escenario del crimen esté precintado desde el momento en que éste se comete y, caso contrario, las evidencias allí encontradas no pueden ser tomadas en consideración, carece de toda fuerza persuasoria y la tesis de que sólo lo que ha sido previamente precintado puede proporcionar vestigios de interés para la investigación, carece de apoyo normativo. La eventual coincidencia del fallo del jurado con un cierto estado previo de opinión pública sobre el caso no tiene porqué ser prueba del menoscabo de la imparcialidad cuando el veredicto aparece como resultado natural, lógico y coherente con lo sucedido en el debate del juicio.

Alcance y límites de la cautela socini o prohibición por el testador de que sus herederos acudan a la intervención judicial en la testamentaria

25 de junio de 2014 Jurisprudencia Cautela socini

La cautela socini no incluye toda impugnación de la ejecución testamentaria llevada a cabo por los herederos, sino solo aquéllas que se dirigen a combatir el ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el testador. Por tanto, no quedan comprendidas en la prohibición aquellas impugnaciones que se dirijan a denunciar irregularidades del proceso de ejecución testamentaria.

Responsabilidad civil del abogado que no informó a sus clientes de la necesidad de acudir a la vía contenciosa para reclamar una indemnización, provocándoles un daño patrimonial

Lo relevante para determinar la responsabilidad del letrado en este caso es que este vulneró las reglas de su profesión al incumplir la obligación de informar a su cliente del cierre del proceso penal cuya dirección le había sido encomendada y de la posibilidad de encauzar desde ese instante su reclamación por otras vías, como la reclamación de responsabilidad patrimonial a la Administración. La personación como perjudicado en unas actuaciones penales mediante procurador y bajo la dirección técnica de abogado, con la consiguiente retribución de sus servicios a ambos profesionales, comporta, en lógica contrapartida, que no tenga que ser el propio perjudicado quien deba estar pendiente de la defensa de sus derechos manteniéndose al tanto del estado de las actuaciones penales.

La declaración de nulidad de una cláusula suelo tiene carácter retroactivo y obliga al banco a devolver las cantidades abonadas de más por su aplicación

07 de abril de 2014 Jurisprudencia Cláusulas suelo

Una vez establecida la nulidad de la cláusula suelo, pues la falta de información efectiva supone que el consumidor no ha prestado un consentimiento efectivo al precio del contrato --sin que obste a ello el hecho de que el notario haya dado lectura a escritura en el acto de la firma--, procede dotar de efectos retroactivos a dicha declaración e imponer la devolución de las cantidades abonadas de más, pues si el pacto era nulo por no haber sido consentido por el consumidor (error en el consentimiento), el art. 1303 CC establece que dicha cláusula es como si no hubiera existido y deberá devolverse lo que se percibió en base a ella.

El TJUE establece que la trabajadora que ha tenido un hijo mediante un vientre de alquiler no tiene derecho a al permiso de maternidad

La atribución de un permiso de maternidad con fundamento en el artículo 8 de la Directiva 92/85 requiere que la trabajadora que se beneficie de él haya estado embarazada y haya dado a luz al niño. Por tanto una trabajadora que en su calidad de madre subrogante ha tenido un hijo gracias a un convenio de gestación por sustitución, no entra en el ámbito de aplicación del artículo 8 de la Directiva 92/85, incluso cuando puede amamantar a ese niño tras su nacimiento o lo amamanta efectivamente. Ello no excluye la facultad de los Estados miembros para instaurar disposiciones legislativas más favorables para la protección de la seguridad y la salud de las madres subrogantes que hayan tenido un hijo.

Absuelto de un delito de quebrantamiento de condena un hombre condenado por maltrato que volvió a vivir con su mujer, al 'no tener donde ir'

La AP de Jaén tiene en cuenta para ello el "estado subjetivo de necesidad" del acusado, derivado de su avanzada edad, su deterioro físico y psíquico y el consentimiento e interés de su esposa en convivir con él, dado que no tenía a donde ir y viéndolo todos los días deambulando por el pueblo.

El Tribunal Supremo reconoce a una mujer homosexual la maternidad del hijo que tuvo su pareja por reproducción asistida

06 de marzo de 2014 Jurisprudencia Filiación

Aunque la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida exige a las homosexuales que exista matrimonio con la madre biológica, existe compatibilidad entre la regulación de la filiación por posesión de estado del Código Civil y los principios inspiradores de la ley mencionada. En el caso, esta posesión de estado resulta acreditada, cumpliéndose así el interés legítimo exigido por la ley para reclamar la filiación, cuyo éxito vendrá determinado por la ponderación del interés superior del menor, requisitos ambos que se entiende que también concurren.

Primera condena en firme a la Administración General del Estado por la retirada de la paga extra de 2012 a los funcionarios

21 de febrero de 2014 Jurisprudencia Funcionarios públicos

El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 4 de Madrid ha condenado al Ministerio del Interior a devolver a un funcionario la parte proporcional de la paga extra y del complemento específico, devengados entre el 1 de junio y el 14 de julio de 2012, cuando entró en vigor el Real Decreto-ley 20/2012.

Anulada una sanción a un Guardia Civil por haberse vulnerado su derecho a la libertad de expresión dentro de los límites legales

11 de febrero de 2014 Jurisprudencia Guardia Civil

Los guardias civiles tienen derecho a la libertad de expresión "en los términos establecidos por la Constitución, con los límites que establece su régimen disciplinario, el secreto profesional y el respeto a la dignidad de las personas, las Instituciones y los Poderes Públicos". Por lo que no procede una sanción por unas manifestaciones realizadas sin utilizarse términos irrespetuosos , ofensivos o considerados hacia mandos o autoridades del Estado, ni exponiendo nada que no fuera ya de público conocimiento.

Condena a un ayuntamiento a indemnizar a un motorista por el accidente sufrido a causa del mal estado de la calzada

La causa directa del accidente sufrido fue que el abultamiento de importantes dimensiones que existía en la calzada por la que circulaba la motorista. Tal desperfecto un anormal funcionamiento del servicio público municipal" y supone un incumplimiento de las obligaciones municipales en cuanto a la conservación de las vías públicas que da lugar a la responsabilidad patrimonial del Ayuntamiento demandado.

El Estado no es responsable patrimonial de la indemnización reconocida en favor de los padres de la víctima de un delito, en caso de insolvencia de su autor

El Tribunal Supremo establece que en la actualidad, no existe normativa vinculante que extienda al Estado la obligación de garantizar la indemnización para las víctimas de un delito, ni siquiera en casos de insolvencia del autor. Tampoco puede extenderse el régimen legalmente previsto para las víctimas del terrorismo al resto de delitos violentos, por muy abominables que sean.

Interpretación del art. 10 del Convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas

No puede pretenderse que la aplicación del principio de proporcionalidad de la pena en el caso concreto con arreglo a nuestro sistema jurídico imponga una adecuación cuantitativa de la pena al marco legal en vigor en nuestro ordenamiento jurídico, de forma que cuando el ciudadano español que delinque en otro país es autorizado por el Estado de condena a cumplir la pena en el de su nacionalidad, ello suponga una adecuación automática de los marcos legales vigentes en nuestro texto punitivo.

Anulada una disposición de la Seguridad Social que incluía el número de altas médicas concedidas como criterio para la paga de productividad

La AN considera inadmisible que el índice general de productividad quede determinado por las altas médicas y por la iniciación de oficio del procedimiento de valoración de la incapacidad permanente, pues el único criterio que debe regir la actuación del funcionario es el estado de salud del trabajador.