El Tribunal Constitucional considera que la Comunidad de Madrid carece de competencias para crear este tipo de barreras
El plan bonifica a aquellas grandes industrias que apuesten por las energías renovables
Parece claro que la consideración de la condición de trabajadores temporales versus la condición de trabajadores indefinidos no es (ni fue nunca) un hecho meramente anecdótico
La ADP anuncia que recurrirá ante el Tribunal Supremo y en su caso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la inadmisión de su recurso de casación y agotará todas las instancias nacionales e internacionales en relación con dicha disposición
La Sección 1ª de la Sala de lo de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, ha dictado con fecha 1 de octubre providencia de inadmisión del Recurso de Casación preparado por la Asociación para la Defensa del Procurador
El reglamento otorga herramientas técnicas para la materialización de la igualdad recogida en la Constitución y en el Estatuto de los Trabajadores
El tribunal considera que el Gobierno ha dictado la citada disposición en ejecución de la potestad que le otorgaba el Estatuto de los Trabajadores
En una reciente sentencia, el Alto Tribunal dicta que estos días se devengan con el "sometimiento del enfermo al régimen de vida" del hospital
La Sala considera que, a la fecha del juicio, celebrado la semana pasada, el Convenio no había sido objeto de publicación en el BOE por lo que no reúne los requisitos de validez del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores para tener la consideración de convenio estatutario
En el acto de presentación participarán la OCDE, la CNMC, profesionales del compliance, magistrados y medios de comunicación.
La Junta de Gobieron recuerda que el artículo 25 del Estatuto de la Abogacía Española y el artículo 6 del Código Deontológico proscriben prácticas publicitarias que inciten al pleito y que se dirijan, por sí o mediante terceros, a víctimas directas o indirectas de catástrofes, calamidades públicas u otros sucesos que hubieran producido un número elevado de personas afectadas y a sus herederos y causahabientes, en momentos o circunstancias que condicionen la libre elección de abogado
Una reciente sentencia ha declarado inconstitucional el cese forzoso de cinco facultativos catalanes, ya que dicha competencia le corresponde al Estado.
La Recomendación CM/Rec(2018) ánima a las autoridades judiciales, organismos de justicia restaurativa y justicia penal a que desarrollen modelos restaurativos innovadores que puedan quedar fuera del procedimiento penal. Alude a la necesidad de dar protagonismo a las víctimas del delito, éstas no tienen adecuado acceso a la informacio?n sobre estos servicios y su implementacio?n no satisface sus necesidades.
Espan?a carece de regulación en materia de justicia restaurativa y sigue dando un escaso papel a las víctimas en esta materia, pese al gran avance que ha supuesto el Estatuto de las víctimas.
El Decreto 5/2020, de 10 de enero, se dicta en desarrollo de la Ley valenciana de turismo, ocio y hospitalidad y tiene por objeto regular los criterios que deben cumplir y las obligaciones que deben asumir los municipios para obtener y mantener la consideración de municipio turístico, así como los derechos que tal reconocimiento comprende.
Acuerdan aprobar un ingreso mínimo vital y reformar la Seguridad Social extrayendo gastos impropios y revisando bonificaciones.
La clínica buscaba prescindir de los servicios del doctor sin cumplir los requisitos de la normativa de trabajadores
El TC establece que estos despidos está justificado en la “protección de la productividad de la empresa” y la “eficiencia en el trabajo”
La empresa le había propuesto mantener los turnos rotativos pero adaptándolos con los del otro progenitor mediante un horario espejo entre ambos, alegando que era necesario que en semanas alternas la trabajadora prestara sus servicios en el turno de tarde que es en el que hay mayor afluencia de clientes.
El juzgado rechaza que se tratara de una represalia por su actividad contra la empresa porque no es el único despedido por este motivo
El Estatuto de los Trabajadores exige que el despido se haga por escrito, pero no especifica si los mensajes por medio de mensajería instantánea pueden constituir una carta de despido
La Audiencia Nacional confirma la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central sobre la obligación de las empresas de retener el IRPF sobra la indemnización entregada a los trabajadores, y la obligación de éstos de tributar las cantidades recibidas como rendimientos del trabajo. Y no es la única resolución de la Sala dictada al respecto.
El alto tribunal analiza casos concretos en los que los empleados no pueden negarse porque no prevalece su derecho a la intimidad.
El TSJA dicta que la indemnización por despido improcedente no es suficiente cuando existe un daño a la integridad moral de la persona
Una novedosa sentencia declara nulo el despido de una madre ocho días después de finalizar el periodo de protección legal. El Tribunal concluyó que, al no aportar datos fehacientes de una disminución del rendimiento de la empleado, el despido es a todas luces discriminatorio, incluso fuera del periodo de protección
El tribunal concluye que no responde a la finalidad de la norma reconocer una prestación por paternidad por un reconocimiento que se produce ocho años después del nacimiento, pues no ha existido vínculo paterno-filial a proteger o fomentar y la madre ha asumido la responsabilidad del cuidado del menor hasta la fecha.
No se puede despedir a una administrativo de la compañía Iberia por sufrir brotes agresivos con clientes y compañeros, ya que no fue culpable de desarrollar un trastorno afectivo de tipo bipolar durante esas fechas. La empresa debe indemnizarla o readmitirla
Advierte que la nueva figura de “profesional de la abogacía” plantea riesgos para la competencia y restringe el acceso y ejercicio de la profesión.
Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias establece que la prueba testifical, si bien goza de menos valor que la documental, es suficiente para probar que se está prologando la jornada de trabajo, en especial cuando la empresa no dispone de otra forma para comprobar las horas trabajadas.
La Audiencia Nacional admite dicha práctica y concluye que no puede considerarse una multa de haber, prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores. Como no existe trabajo realizado mientras que se llega tarde, no existe remuneración para el empleado posible.
Las vacaciones anuales se regirán preferentemente por lo que se establezca en el convenio colectivo de aplicación o en el contrato individual de trabajo (siempre con unas condiciones iguales o superiores a lo previsto en la norma).
El art. 34.8 ET tras su modificación del RDL 6/2019 amplía el derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral, pero su nueva redacción puede dar lugar a muchos litigios.
Un asesor de proyectos de un gran almacén de bricolaje fue pillado dos veces dormido en los sofás de la zona de jardinería al rato de fichar. El juzgado acepta que el despido es procedente, pero se niega a no retribuir las horas extras, pues la conducta ha sido ya castigada con el despido.
Un trabajador se negó a no llevar pantalón corto en verano porque “son bonitos y hacía calor”. Un Tribunal le dio la razón. La sentencia determinó que no existía norma interna que hablase de pantalones cortos en concreto, sólo de “vestimenta adecuada”. Estas son las sentencias más relevantes sobre conflictos por órdenes de indumentaria y lugar de trabajo.
En una sentencia de Pleno, la Sala ha establecido que los futbolistas profesionales, sean o no considerados de élite, tienen derecho a cobrar la indemnización legalmente prevista en el artículo 49.1.c del Estatuto de los Trabajadores.
La Inspección recomienda que se acuerden entre el empresario y los trabajadores, qué pausas son consideradas tiempo efectivo de trabajo. Los registros se podrán guardar telemáticamente siendo accesibles en cualquier momento en que puedan ser requeridos.
Respondemos a las dudas más frecuentes sobre la suspensión del contrato del progenitor distinto de la madre biológica por nacimiento.
El Juzgado de lo Social nº de Palma de Mallorca ha condenado a la aerolínea a aceptar la reducción e indemnizar a la trabajadora. La demandante no pudo cumplir con el deber de custodia de su hija menor puesto que su petición de reducción de jornada fue rechazada injustificadamente en el periodo de Navidad.
Desestima el recurso interpuesto por una asociación, así como un grupo de procuradores.
La empresa reclamaba al trabajador 55.000 euros del complemento de su contrato derivado por la cláusula de no competencia. Tras su baja, el empleado había realizado servicios con otra empresa, pero no pueden ser considerados como una violación de la no competencia, según el TSJ de Madrid.
La última reforma del Estatuto de los Trabajadores refuerza el derecho a adecuar la jornada de trabajo para hacer efectivo el derecho a la conciliación. Teletrabajo, reducción o jornada a la carta (adaptación del horario), esta es la vía y los pasos para pedirlo en la empresa.
El progenitor no biológico tendrá desde hoy un permiso de 8 semanas. Este lunes también entran en vigor la retribución de 588 euros por hijo para las familias en situación de pobreza y las bonificaciones a la contratación de parados de larga duración.
A partir del 16 de marzo entra en vigor el nuevo Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF) que regula las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales, estableciendo así una nueva modalidad contractual, en desarrollo del art. 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.
El Estatuto del Personal Investigador en Formación (EPIF) regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales, estableciendo así una nueva modalidad contractual.
El Real Decreto-ley 26/2018, de 28 de diciembre, permite la continuación de los artistas de espectáculos públicos en el Régimen General de la Seguridad Social durante sus periodos de inactividad y prevé la compatibilidad entre prestaciones por jubilación e ingresos por derechos de autor.
Incorpora una modificación del Estatuto de los Trabajadores mediante la cual se habilita a los convenios colectivos para establecer cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación, -la conocida como "jubilación obligatoria"-
La sentencia recurrida consideró acreditado que cuando fue nombrada en los concursos de estas dos mercantiles la recurrente ordenó al despacho que le facturasen “unas cantidades inferiores a las que ella había percibido por honorarios, ocultando el importe realmente cobrado de las mercantiles concursadas”.
Los magistrados argumentan que admitir los estatutos supondría también asumir que, de forma colectiva, la organización demandada y los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en las que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución.
Se trata de una actividad molesta pues con carácter periódico se producen incidentes que alteran la normal convivencia. Igualmente, obligar a los comuneros a acceder a un espacio cerrado con desconocidos, como paso inexorable para acceder a sus viviendas, es peligroso.
El presente artículo puede servir de utilidad a estudiantes universitarios que cursen la materia de derecho procesal laboral como apunte introductorio o esclarecedor a la propia materia en cuestión. La intención de este apunte es pedagógico y no pretende otorgar formación a los ya expertos en la rama social del derecho.
Un candidato cuya lengua materna no es el inglés, el francés o el alemán estaría en desventaja con respecto a candidatos que fueran capaces de expresarse sin dificultad en esos idiomas.
La Sala considera que la norma ignora la realidad plurilingüe de la Comunidad Valenciana reconocida en el Estatuto de Autonomía. Declara contrarios a Derecho los preceptos que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en las notificaciones, la rotulación de edificios y la comunicación entre los empleados públicos y con los ciudadanos. También considera nulos los artículos relativos al uso del valenciano en publicaciones y publicidad institucional, en los concursos públicos con proveedores, en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependiencias y servicios de interés público que depende de entidades locales.
La Ley 8/2018, de 28 de junio, pretende proteger la identidad aragonesa y dar un nuevo impulso al proceso de construcción de su autogobierno mediante la actualización de sus derechos históricos. Declara que las decisiones relevantes que afecten a Aragón no podrán ser adoptadas unilateralmente por el Estado o entidades supraestatales, sino que deberán ser negociadas. Insta a suscribir en el plazo de seis meses un acuerdo bilateral económico-financiero con el Estado y clama por la recuperación del patrimonio aragonés expoliado.
Dado que la decisión de denegar o revocar el estatuto de refugiado no afecta a la condición de refugiado, un Estado miembro está obligado a garantizar al refugiado de que se trate el respeto de los derechos que le confiere la Convención de Ginebra.
La Sala de lo Civil y Penal del TSJM da la razón a Telecinco y Música Aparte al entender que el régimen jurídico de la Sociedad General de Autores de España no autoriza a que las controversias entre la entidad y sus asociados sean resueltas por la vía arbitral.
La cuestión suscitada en el recurso de casación para la unificación de doctrina se centra en determinar si es posible acumular el permiso de lactancia atendiendo a la hora de ausencia cuando tal derecho de acumulación se recoge en el convenio colectivo aplicable, pero sin fijar los términos de tal acumulación o si, en ese caso, se debe atender a la práctica empresarial de acumulación en función de la media hora de reducción de jornada.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo anula la resolución del Director General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía que autorizó a las Cámaras Agrarias de esta Comunidad a extinguir las relaciones laborales de sus trabajadores al considerar que esta autoridad no constató debidamente que el suceso calificado como de ‘fuerza mayor’ imposibilitara definitivamente la prestación de trabajo.
La exigencia de previsión estatutaria del carácter retribuido del cargo de administrador y del sistema de remuneración afecta a todos los administradores, sean o no consejeros delegados o ejecutivos. La relación entre los arts. 217 a 219, de una parte, y el 249 LSC, de otra, es de carácter cumulativo, no alternativo. El régimen remuneratorio general se contiene en los arts. 217 a 219, aplicables a todos los administradores. El art. 249 contiene las especialidades aplicables a los consejeros delegados o ejecutivos.
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso interpuesto por el Gobierno en 2011 contra la Ley 35/2010 sobre el uso del aranés y ha declarado nulos los preceptos en los cuales se establecía la preferencia de esta lengua hablada en Vall d'Arán (Lleida) sobre el resto de las lenguas oficiales, catalán y castellano.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto que corresponde al juez nacional valorar si la discriminación indirecta que pueden sufrir las personas con discapacidad, al tener más riesgo de acumular las faltas previstas en el Estatuto de los trabajadores que motiven su despido, puede justificarse como medio para alcanzar la finalidad legítima de combatir el absentismo laboral o si por el contrario estos medios previstos en la regulación laboral van más allá de lo necesario para lograr este objetivo.
En esta nueva resolución de 10 de enero de 2018, el Juez manifiesta que los querellantes “no han ofrecido indicios que justifiquen la reapertura de unas actuaciones ya sobreseídas provisionalmente” y que existe “ausencia de elementos indiciarios novedosos”.
Confirma la nulidad de las medidas llevadas a cabo por la empresa en mayo de 2015 por no respetar el procedimiento previsto en el Estatuto de Trabajadores para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La sentencia ha condenado a la empresa a reponer a los trabajadores en las condiciones que disfrutaban antes de dicha fecha.
Te ofrecemos el contenido y las novedades del Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo, segundo intento del Gobierno para regular el régimen de los estibadores conforme a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el Asunto C-576/13. La norma prevé un proceso transitorio de tres años que permita un tránsito ordenado al nuevo régimen de libertad de contratación, facilitando que los trabajadores de las SAGEP conserven sus derechos laborales preexistentes en el nuevo escenario de libertad competitiva.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictado una sentencia que considera contrario al derecho de la Unión denegar el derecho de residencia a los progenitores extranjeros de un menor si existe el riesgo de que éste tenga que abandonar el territorio UE, y pierda así el disfrute efectivo del contenido esencial de los derechos conferidos por su estatuto como ciudadano europeo.
La Audiencia Nacional anula un precepto del Convenio Colectivo Estatal del Sector de Industrias de Aguas de Bebidas Envasadas que permitía que los contratos eventuales se remitiesen al apartado concreto del Convenio que regula esa modalidad contractual, sin necesidad de identificar las razones.Con esta redacción, que no supera el test de legalidad.
La Sala de lo Social del Tribunal Supremo confirma así la decisión de la Audiencia Nacional y declara que la ampliación de la jornada laboral de los controladores aéreos de Enaire en 15 minutos para formación no supone una modificación sustancial de las condiciones de trabajo y por tanto, no vulnera el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha declarado que la participación en actividades de una red terrorista, aunque no supongan actos de terrorismo, es causa suficiente para que se le niegue el estatuto de refugiado a un demandante de asilo.
En esta entrevista, el presidente de Cumplen (Asociación de Profesionales de Cumplimiento Normativo), nos comenta los aspectos más relevantes que en estos momentos afectan a la figura del responsable de cumplimiento y la prevista aprobación del estatuto del Compliance Officer, que será presentado en el Encuentro.
A partir del 1 de enero de 2017 se puede realizar la actividad autónoma o por cuenta propia a tiempo parcial, no solo a tiempo completo.
¿Qué conceptos están incluidos y excluidos de esa gratificación extraordinaria? Resolvemos esta y otras dudas en este artículo con referencias a la legislación y jurisprudencia aplicable.
Los Jueces de Adscripción Territorial se han convertido en el instrumento para remediar las carencias estructurales del sistema. Con ellos se asegura una respuesta profesional ante situaciones puntuales o accidentales de falta de cobertura de plazas o de necesidad de refuerzo.
En su discurso de toma de posesión como ministro de Justicia, Rafael Catalá se refirió a la necesidad de una gran pacto nacional sobre Justicia, que incluya aspectos como una nueva ley procesal penal, una ley orgánica reguladora del derecho de defensa y un nuevo Estatuto del ministerio fiscal. Todo ello dentro del gran objetivo general de efectuar una reforma estructural de la Justicia para hacerla más moderna y eficiente.
La moción insta al Gobierno a constituir "de forma inmediata una mesa de diálogo y de negociación con las diferentes formaciones políticas y los agentes sociales y económicos con el objeto de que se actualice la legislación laboral española a las sentencias pronunciadas por el TJUE el 14 y el 21 de septiembre de 2016".
El TJUE declara contrario al Derecho de la Unión el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud, por permitir la contratación temporal sucesiva de personal para atender necesidades permanentes, ya que el uso de tales nombramientos sólo puede estar justificado para atender necesidades temporales.
Las reformas legales de los últimos meses, como la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, que ya incluye a los menores como víctimas directas de la violencia de género, y las modificaciones del Estatuto de la Víctima, que dispone que el juez debe pronunciarse de oficio sobre las medidas civiles que afecten a los menores y su protección, han conducido a dotar de un mayor amparo jurídico al menor.
El ministro de Justicia en funciones ha señalado que se trata de una reforma de amplia alcance, por lo que "no es tan fácil", ya que "hay que cambiar todo nuestro modelo de organización, las competencias de los fiscales, el estatuto orgánico o las plantillas de jueces y fiscales".
La propuesta prevé un único tribunal para juzgar delitos graves (más de 15 años de prisión) en cuya comisión concurran adultos y menores. En él se integrarían magistrados de la Audiencia Provincial y magistrados especialistas en menores.
Con este acuerdo, ambas partes consideran solventadas las discrepancias competenciales suscitadas en relación con el art. 117 de la Ley de Derecho Civil vasco, que establece que la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco sustituye como beneficiaria al Estado y a la Diputación foral correspondiente, en todos los casos de sucesión legal o intestada.
Se ha publicado el Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, del que reseñamos sus aspectos más relevantes.
El actual presidente, Carlos Carnicer, anunció en el mes de octubre que no se presentaría a la reelección, después de haber cumplido 3 mandatos consecutivos.
El nuevo Real Decreto desarrolla el Estatuto de derechos de las víctimas, previendo un régimen de protección y asistencia específico para los colectivos de víctimas más vulnerables. Se regulan los servicios proporcionados por las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, que serán gratuitos y confidenciales, y se orientarán al apoyo legal, psicológico y familiar de quienes hayan sufrido un delito.
La última gran reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya ha entrado en vigor (el 6 de diciembre de 2015). Este trabajo explica en qué medida afectan todas estas modificaciones al trabajo de los abogados en la defensa penal de sus clientes.
El texto refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 tiene por objeto integrar en su contenido, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las determinaciones legales que lo han modificado o afectado a su ámbito material, contribuyendo así, como se reconoce en su exposición de motivos, a dotar de seguridad jurídica a nuestro ordenamiento jurídico.
Hoy se ha publicado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que entrará en vigor mañana.
La norma aprueba un texto refundido en el que se integran, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las más de 50 modificaciones realizadas en la norma en los últimos 20 años. El nuevo Estatuto de los Trabajadores entrará en vigor el 13 de noviembre de 2015.
El nuevo texto refundido del Estatuto de los Trabajadores mantiene íntegramente la estructura y el número de artículos actuales, 92, pero no así las disposiciones de la parte final, que se reestructuran por completo, al suprimirse buena parte de las mismas.
El Gobierno ha aprobado también el nuevo texto refundido de la Ley de Empleo, y en breve lo aprobará también el de la Ley General de la Seguridad Social.
El TJUE señala que los términos en los que se habían redactado los compromisos asumidos por España muestran que deben ejecutarse en el marco de la legislación nacional vigente, que establece para el caso de que el despido sea declarado improcedente un importe superior al inicialmente pactado con los sindicatos.
Así lo declara La Sala de lo Social del TS en una reciente sentencia, en la que concluye que la empresa puede imponerles la obligación de denunciar las “fugas”, toda vez que el Convenio Colectivo no impide que se les encomiende esa tarea.
El CGPJ considera que cuestiones como el acceso a la profesión o la clasificación de los concursos en función de su tamaño deberían regularse por ley y no en un reglamento, y que el diseño de la prueba de acceso no favorece que la profesión de administrador concursal se abra a titulados en materias que no sean jurídicas o económicas.
Ante la avalancha legislativa de los últimos meses ¿qué grandes reformas están todavía pendientes de publicación? Aquí las reseñamos.
La interposición del recurso suspenderá automáticamente la tramitación del proyecto, y la sentencia estimatoria tendrá como consecuencia la imposibilidad de seguir el procedimiento en tanto los proyectos declarados inconstitucionales no hayan sido suprimidos o modificados por las Cortes Generales.
Se realiza en el presente trabajo un estudio detallado de las prestaciones derivadas de la maternidad y de la protección de la mujer trabajadora en tales casos. Desde una visión retrospectiva, se destaca la evolución de la atención a la maternidad en la legislación histórica, para conseguir así una mayor comprensión de la institución. La Constitución de 1978, y la normativa posterior, así como la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se analizan a continuación, para llegar a la concreción y detalle de las diferentes situaciones protegidas en la fecha actual. En consonancia con ello se estudian las diferentes prestaciones y los requisitos necesarios para tener derecho a las mismas. De modo tangencial, también se toca la defensa de la mujer en las normas sustantivas, sobre todo en el Estatuto de los Trabajadores. Por último se hace mención también a las últimas tendencias legales y doctrinales en esta cuestión y un análisis de derecho comparado.
Hoy 13 de septiembre entran en vigor el RD 421/2015, por el que aprueba la constitución telemática de sociedades limitadas y los modelos de estatutos aplicables a las mismas y la Orden JUS/1840/2015, que aprueba el modelo de escritura pública para la constitución telemática de las sociedades de responsabilidad limitada.
El proyecto de Estatuto de la Administración Concursal prevé que el Registro Público Concursal incluirá en su página web información sobre empresas tanto en venta como en liquidación, con la intención de mejorar la publicidad sobre compañías en estas circunstancias para que mejore el número de pujas y las posibilidades de salvar unidades productivas.
La Asociación Profesional de Administradores Concursales en España considera que tanto la Ley 25/2015, de 29 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, así como algunos artículos de la propuesta del Estatuto de los administradores concursales, recientemente aprobado por Justicia, ponen en riesgo la especialización y profesionalización de la administración concursal, con consecuencias muy negativas para los acreedores y la economía.
Según Rafael Catalá, se trata de una reforma tan profunda, que no puede hacerse en el último minuto de la legislatura, pues requeriría cambios en el Estatuto Fiscal y dotaciones de plantilla en la Fiscalía.
Reseñamos las principales novedades de la LO 9/2015, que, siguiendo la línea marcada por el Estatuto Básico del Empleado Público, regula de manera ordenada, completa y adaptada a la realidad actual el régimen estatutario general de sus funcionarios, adecuándolo a sus necesidades organizativas y funcionales y a las demandas del colectivo que lo integra.
El pasado viernes 24 de julio se publicó la Resolución de 22 de julio de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2012, actualizando y adaptando el régimen de jornada y horarios de los empleados públicos a lo establecido en materia de ordenación del tiempo de trabajo por el ordenamiento jurídico comunitario, de la que reseñamos sus aspectos más relevantes.
El Ministerio de Justicia ha hecho público el borrador de Real Decreto por el que se desarrolla el Estatuto de la Administración Concursal.
Reflexionamos sobre cuál es el perfil que debe tener el mediador que gestione este tipo de acuerdos, al recogerse en dicha reforma la nueva causa de suspensión de la condena en el procedimiento penal, pero no se define el estatuto del mediador que dirija tal modalidad de mediación. Por ello, entiendo que es muy importante definir cuál sería el perfil profesional de la persona mediadora en el conflicto existente entre la víctima y el victimario, en aquellos tipos de delitos donde la mediación sea posible, ni tampoco su formación y cualificación profesional.
Según el TJUE, la normativa europea se opone a una normativa nacional, como es la Ley 7/2007, por la que se aprueba el Estatuto Básico del Empleado Público, que excluye, sin justificación alguna por razones objetivas, al personal eventual del derecho a percibir los trienios que se conceden, entre otros, a los funcionarios de carrera, siempre que ambas categorías de trabajadores se hallen en situaciones comparables en relación con la percepción de dicho complemento salarial.
La norma impone a las autoridades nacionales la obligación de informar al miembro nacional de España en Eurojust de los posibles casos en que pueda existir un conflicto de jurisdicción, incorpora al ordenamiento jurídico español el contenido de la Decisión Marco 2009/948/JAI del Consejo, de 30 de noviembre, sobre la prevención y resolución de conflictos de ejercicio de jurisdicción en los procesos penales, y regula un sistema de consultas y decisión entre las autoridades competentes de los países afectados por el eventual conflicto de jurisdicción.
El presente trabajo analiza y estudia desde un punto de vista práctico, con referencias doctrinales y de la jurisprudencia, la naturaleza, concepto y características de los trabajos familiares, benévolos, amistosos y de buena vecindad. Tales trabajos se encuentran excluidos de la relación laboral por disposición del art. 1 apados. 3d) y e) del Estatuto de los Trabajadores y tienen gran incidencia, entre otros, en los procedimientos administrativos sancionadores de orden social. La delimitación de los mismos, como se verá, es objeto de estudio frecuente, y al contrario de lo que pudiera parecer, reviste una especial problemática.
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Real Decreto por el que se regula la constitución telemática de sociedades de responsabilidad limitada y los modelos de estatutos y de escritura pública de constitución aplicables a las mismas.
El Tribunal Supremo soluciona como puede la inseguridad jurídica y problema insoluble generado por la reforma laboral con la Ley 3/2012, de 6 de julio, en la redacción dada al art. 86.3 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Disposición Transitoria Cuarta, optando por la lógica de la seguridad jurídica con el reconocimiento de los derechos laborales adquiridos por los trabajadores en su reciente Sentencia dictada por el Tribunal Supremo, en Pleno, el 17 de diciembre de 2014 (rec. núm. 264/2014), relativa a la ultraactividad de los Convenios Colectivos, pese a reconocerse la extinción de efectos del Convenio Colectivo de referencia, y entre un maremágnum de votos particulares de los magistrados del Pleno de la Sala.
Hoy se ha publicado la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, de la que resumimos sus principales contenidos.
La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados ha aprobado este lunes por unanimidad su dictamen sobre el Proyecto de Ley por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.
La regulación de un estatuto de la víctima del delito es ya ineludible y, dada su transcendencia, es necesaria cuanto antes una conversación científica y social sobre la materia lo más amplia posible para que al menos intentemos crear debate para contribuir a la elaboración de un mejor Estatuto de la Víctima del Delito; debate que podrá tener tanta más utilidad cuanta más amplia participación y difusión consiga
El Senado ha aprobado hoy el Proyecto de Ley del Estatuto de la Víctima del delito, que incluye, entre otras novedades, la prohíbición de que abogados y procuradores puedan dirigirse a las víctimas de catástrofes o sucesos que hayan provocado un número elevado de perjudicados, para ofrecerles sus servicios, en los primeros 30 días posteriores al mismo.
Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera, que principalmente introduce una amplia modificación de la Ley Concursal, del Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y de la Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
Medidas en el ámbito tributario y administrativo, orientadas a introducir diversas modificaciones en la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público; en el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad y en la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
Medidas de fomento del empleo, centradas en la reducción de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes en determinados supuestos; en la reducción del número mínimo de jornadas reales cotizadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o a la renta agraria en favor de los trabajadores eventuales agrarios de las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura, así como en la modificación de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajo Autónomo.
Medidas en el ámbito de la Administración de Justicia, concretadas, especialmente, en una modificación de La Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia, para eximir de las mismas a las personas físicas.
El Tribunal Constitucional confirma la constitucionalidad de los artículos 41, 51, 84.2 y disp. adic. 10.ª del Estatuto de los Trabajadores, en su redacción dada por la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha desestimado por unanimidad el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha que estableció la reducción del número de diputados autonómicos de los 53 actuales a un número que puede oscilar entre 25 y 35. El TC rechaza que dicha medida vacíe de contenido la autonomía política de la
Comunidad Autónoma.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha reclamado en el Congreso de los Diputados una regulación "más detallada" del estatuto jurídico del imputado "con el fin de precisar las garantías" que han de rodear esta figura procesal, así como una potenciación de la actividad investigadora del Fiscal que le permita desplegar su estrategia procesal con eficacia.
El Código Civil en su art. 1 enumera como fuentes del ordenamiento jurídico español la ley, la costumbre y los principios generales del Derecho, añadiendo a continuación (apdo. 4) que estos últimos se aplicarán en defecto de ley o costumbre, sin perjuicio de su carácter informador del ordenamiento jurídico.
La regulación de la figura del despido objetivo por causa económica inicialmente, (y que en sentido amplio podía incluir otras), y posteriormente también por causas técnicas, organizativas o de producción, a lo largo de prácticamente un siglo, se ha ido enriqueciendo con las aportaciones de la doctrina y la jurisprudencia, que han configurado un "corpus" jurídico de importante valor. Se ha pasado de un inicialmente extremado intervencionismo administrativo, a la actual ausencia de autorización, y de unas causas genéricamente definidas a un detalle pormenorizado de las mismas. Las vicisitudes económicas han ido marcando el desarrollo de esta figura, tan proclive a los vaivenes de las mismas. Apreciamos por tanto una clara tendencia hacia la erradicación de los obstáculos preexistentes para facilitar la decisión empresarial (ampliando la definición de las causas p. ej.), y una minoración también de la gravedad del incumplimiento de requisitos formales (improcedencia en lugar de nulidad), como ya ocurría con el despido disciplinario, amén de la citada innecesaria autorización en despidos colectivos.
2013 se cerró con el mayor número de solicitudes de estatuto de apatridia de la última década: 1.142 casos de personas que por no tener un país que les reconozca como ciudadanos, se ven obligados a solicitar protección a terceros Estados, como España, donde reciben un documento que da derecho a trabajar y circular libremente por el territorio. En su pasaporte no hay una nacionalidad, son los ciudadanos XXA.
Ley 20/2014, de 29 de octubre, autoriza al Gobierno para aprobar, en el plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor de esta ley, sendos textos refundidos en los que se integren, debidamente regularizadas, aclaradas y armonizadas, las siguientes normas: Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores; Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal; la Ley General de la Seguridad Social; la Ley del Estatuto de los Trabajadores; Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales; la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo; el EBEP y la Ley del Suelo de 2008;
La norma constituye un catálogo general de los derechos procesales y extraprocesales de las víctimas a la vez que un refuerzo de sus derechos y garantías procesales. Se considera víctima a toda persona que sufra un perjuicio físico, moral o económico a consecuencia de un delito, así como a sus familiares.
Según Ruíz Gallardón, el texto del Estatuto de la Víctima que está elaborando el Ministerio de Justicia, prohibirá específicamente la difusión de datos o imágenes que permitan la identificación de un menor de edad víctima o testigo en un procedimiento judicial, como enseñar el portal de la vivienda de su familia o los alrededores de su centro escolar.
Esta autoridad ejercerá sus funciones en todo el territorio español de forma única y exclusiva, y con respecto a todos los sujetos integrantes del sector público. Informará sobre el establecimiento de los objetivos individuales para las Comunidades Autónomas, los planes económicos-financieros y planes de reequilibrio de la Administración Central y las Comunidades Autónomas, y los proyectos y líneas fundamentales de los presupuestos de las Administraciones Públicas.
La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado ha elaborado una propuesta de estatuto de la Agencia Tributaria, en la que incluyen algunos aspectos novedosos como que se permita a este colectivo realizar sus primeras inspecciones de incógnito y realizar pagos a confidentes para obtener informaciones de las que se deriven el afloramiento o la recuperación de cuotas defraudadas.
El pasado día 11 de febrero tuvo lugar en el Auditorio Cuatrecasas de Madrid, la presentación de la tercera edición de la obra “Estatuto de los trabajadores. Comentado y con jurisprudencia”, publicada por La Ley (grupo Wolters Kluwer) bajo la dirección de Salvador del Rey Guanter y la coordinación de Rubén Agote Eguizábal, Carolina Gala Durán y Manuel Luque Parra. La presentación contó con la participación de tres reconocidos expertos en Derecho laboral: los catedráticos Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y María Emilia Casas Baamonde y el ex subdirector de empleo y actual responsable de personas de Bankia, Juan Chozas Pedreño, de los que recogemos sus principales declaraciones.
El próximo jueves 11 de febrero tendrá lugar la presentación de la 3.ª edición de la obra "Estatuto de los Trabajadores. Comentado y con jurisprudencia", dirigida por Salvador del Rey Guanter.
El TSJ del País Vasco ha plateado cuestión de inconstitucionalidad sobre el artículo 5.3 de la Ley 3/2012, que prevé un período de prueba de un año en el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores, cuando el Estatuto de los Trabajadores establece un máximo de seis meses, lo que podría vulnerar el principio constitucional de igualdad ante la ley.
El ICAM ha recomendado a sus abogados que en las asistencias letradas al detenido, en sede policial, se ajusten siempre con pleno respeto a su libertad e independencia reconocida en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y en el Estatuto General de la Abogacía (EGAE). La medida se adopta tras las irregularidades ocurridas en febrero de 2012, n los cuales los agentes encargados de la toma de declaraciones en una serie de detenciones ocultaron sus rasgos con diferentes tipos de prendas.