Legalidad

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Webinar GRATUITO “La facultad de control del empresario y la prueba en el proceso social. Especial referencia al informe de detective privado”

07 de septiembre de 2020 El sector legal WEBINAR

La facultad de control del empresario alcanza el poder descubrir conductas fraudulentas que le puedan ocasionar perjuicios. Sin embargo, sin una prueba que las acredite la empresa no podrá tomar decisiones efectivas para salvaguardar sus intereses. En este webinar se analizarán las posibilidades, cada vez más sofisticadas por el desarrollo de la tecnología y de la informática, que tiene el empresario para probar dichas conductas y la legalidad de las mismas

El Tribunal General de la UE desestima la acción indemnizatoria interpuesta por casi 1.500 personas a raíz del reglamento europeo sobre las emisiones contaminantes de los vehículos

04 de mayo de 2018 Noticias

Sin pronunciarse acerca de la legalidad de ese reglamento, adoptado por la Comisión en 2016 y cuya anulación solicitan varias capitales europeas en otros asuntos, el Tribunal General considera que esas cerca de 1.500 personas no han demostrado el carácter real y cierto o personal de los perjuicios invocados.

Un juez de Zaragoza cuestiona la legalidad del certificado de antecedentes penales sexuales para trabajar con menores

02 de marzo de 2018 Jurisprudencia Delito sexual

El magistrado del Juzgado Contencioso administrativo nº 3 de Zaragoza ha cuestionado la legalidad del Real Decreto 1110/2015, que regula el Registro de Delincuentes Sexuales, al considerar que alguna de las medidas que establece son contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico, y anula la exigencia que le hacía la administración aragonesa a una profesora para que presentase un certificado negativo de antecedentes penales por delitos sexuales.

El Constitucional anula la sanción impuesta a un profesor que explicó a sus alumnos por qué iba a secundar una huelga

13 de febrero de 2018 Jurisprudencia Principio de legalidad

El Tribunal Constitucional ha decretado que la conducta del profesor de Educación Primaria consistente en emplear diez minutos de la clase a explicar a sus alumnos los motivos por los cuáles iba a particpar en una huelga no constituye una infracción por la que pueda ser sancionado. En base a esta decisión, el tribunal ha anulado la sanción de un mes de suspensión de empleo y sueldo impuesta por la administración de Castilla-La Mancha al educador. 

Los tribunales de un Estado UE pueden controlar la legalidad de las solicitudes de información fiscal dirigidas por otro

El TJUE ha dictado una interesante sentencia en la que establece que dicho control se limita a verificar que la información solicitada no parezca carecer manifiestamente de toda pertinencia previsible respecto a la investigación fiscal de que se trate. Los Estados miembros no pueden emprender investigaciones aleatorias ni solicitar información que probablemente no sea pertinente para la situación fiscal del contribuyente de que se trate.

¿Es posible aplicar el tipo penal de prevaricación administrativa a los docentes? Análisis de la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de fecha 10 de febrero de 2017

El vigente Código Penal responde a la filosofía de establecer una nítida frontera entre la respuesta que corresponde al derecho penal y las respuestas de otras ramas del ordenamiento jurídico en esta materia de control de la legalidad de la actuación pública. Lo relevante de la sentencia del Tribunal Supremo analizada es que se trata de la primera condena a un docente, en concepto de autor de un delito de prevaricación administrativa, con ocasión de “falsear” o en puridad, “crear” parte del expediente académico de una alumna, concediéndole el aprobado con sobresaliente sin acreditar ésta los méritos exigidos para aprobar la asignatura impartida por dicho profesor.

Las directivas de la UE son vinculantes antes de su transposición cuando el Estado incumple el plazo previsto para ello

10 de febrero de 2017 Noticias DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA

El Tribunal Constitucional declara que la Directiva 2012/13/UE que consagra el derecho de acceso por la persona detenida y por su abogado al expediente para poder impugnar de manera “efectiva” la legalidad de la detención, resultaba de obligado cumplimiento pese a no estar transpuesta en la legislación española .