Legislacion

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Es compatible con el Derecho de la UE limitar la indemnización de los daños morales derivados de accidentes de tráfico

06 de febrero de 2014 Jurisprudencia Accidentes de tráfico

El Derecho de la Unión no se opone a una legislación nacional que establece un régimen particular de indemnización de los daños inmateriales derivados de lesiones corporales leves causadas por accidentes de tráfico que limitan la indemnización de estos daños si se compara con lo aceptado en materia de indemnización de daños idénticos derivados de causas distintas a dichos accidentes.

Una legislación nacional puede establecer la nulidad de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional que contenga una cláusula abusiva si ello garantiza una mejor protección del consumidor

La Directiva 93/13 dispone que las cláusulas abusivas de un contrato celebrado entre un consumidor y un profesional formuladas por éste no vinculan al consumidor. A este respecto, una cláusula debe considerarse abusiva si, pese a las exigencias de la buena fe, causa en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. No obstante, el contrato que contenga tal cláusula sigue siendo obligatorio para las partes si puede subsistir sin ella.

Los establecimientos hoteleros que difundan fonogramas en las habitaciones deben abonar una remuneración equitativa a los productores

El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer, en su legislación, un derecho destinado a garantizar que el usuario de un fonograma publicado con fines comerciales que se utilice para su radiodifusión o para cualquier tipo de comunicación al público pague una remuneración equitativa y única. Sin embargo esta remuneración equitativa no se adeuda en caso de «uso privado».

Un dentista que difunde gratuitamente fonogramas en su consultorio privado no lleva a cabo una «comunicación al público» en el sentido del Derecho de la Unión

El Derecho de la Unión obliga a los Estados miembros a establecer, en su legislación, un derecho destinado a garantizar que el usuario de un fonograma publicado con fines comerciales que se utilice para la radiodifusión o para cualquier tipo de comunicación al público pague una remuneración equitativa y única.

Un calendario de partidos de fútbol no puede estar protegido por el derecho de autor cuando su constitución es dictada por reglas o exigencias que no dejan lugar a la libertad creativa

La Directiva sobre la protección jurídica de las bases de datos (Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos) reconoce a éstas últimas la protección del derecho de autor si la selección o la disposición de su contenido constituyen una creación intelectual de su autor.

La prescripción en los delitos y las infracciones urbanísticas, algunas cuestiones de interés en la nueva legislación urbanística valenciana

Este artículo presenta un breve y sintético desarrollo competencial y cronológico sobre los órdenes jurídicos que desarrollan el instituto de la prescripción de las infracciones y delitos urbanísticos para de este modo poner en evidencia, al menos, dos situaciones; la disparidad prescriptiva y la reserva administrativa, de carácter indefinido, en determinados supuestos infractores

La multa no debe ser un instrumento recaudatorio

28 de abril de 2014 Artículos doctrinales Multa

Una de las medidas aplicadas durante los últimos tiempos para incrementar los ingresos de las Administraciones públicas lo constituye el aumento del número de imposiciones de sanciones pecuniarias, comúnmente conocidas como multas, así como un aumento de la cuantía de las mismas a través de las modificaciones que se están operando en la legislación. Sin embargo esta práctica supone una distorsión que provoca deformidades en nuestro sistema jurídico.

La fusión de sociedades desde el punto de vista del derecho mercantil

En este trabajo se analiza la fusión de sociedades como modificación estructural, estudiando la legislación vigente, las opiniones de la doctrina y las aportaciones que ha realizado la jurisprudencia sobre esta operación desde el punto de vista del Derecho Mercantil, teniendo en cuenta que esta figura tiene incidencia en otras ramas del ordenamiento jurídico como el Derecho Financiero o el Derecho del Trabajo.

Mediación Concursal tras la nueva Ley de Emprendedores.

17 de octubre de 2013 Artículos doctrinales

La Ley de Emprendedores aprobada en el congreso, institucionaliza la llamada Mediación Concursal para ello introduce los artículos 231 a 242 de la Ley Concursal y también dos disposiciones adicionales la séptima referida a los créditos de derecho público y la octava referida a la remuneración del Mediador Concursal. Se crea la figura del Mediador Concursal, cuya finalidad será la consecución de la aprobación de un acuerdo de pagos que permita la supervivencia de la empresa. También, como hecho relevante, se introduce en esta ley una limitación de la responsabilidad universal por deudas que tradicionalmente regía en nuestro derecho y que tenía su reflejo en el artículo 1.911 del Código Civil. Así nuestro derecho de insolvencia se equipara a otras legislaciones como la alemana o la norteamericana que recogían instituciones como el fresh start discharge o la liberación por deudas, recogido en el derecho alemán y otras instituciones europeas.

Las nuevas tecnologías en las relaciones laborales: Control empresarial del correo electrónico y de Internet.

Es de sobra conocido por todos que las nuevas tecnologías se han implantado definitivamente en las relaciones laborales. Esta progresiva incorporación ha ido generando incontables problemas para una legislación laboral que, no lo olvidemos, proviene en sus aspectos generales de mediados del siglo pasado. Multitud de cuestiones que en estos momentos son, por decirlo de una manera coloquial, del día a día; en el momento de la promulgación del Estatuto de los Trabajadores, allá por marzo de 1980, no se podían ni siquiera imaginar. El vertiginoso proceso de implantación de estas tecnologías ha provocado que la legislación laboral española, a pesar de sus múltiples reformas y contrarreformas, no ha sabido o no ha podido adaptarse a la nueva realidad de las empresas y los trabajadores.

Flexibilidad interna y Reforma Laboral

Entre la reforma del mercado de trabajo del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio hasta la última del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, ha pasado poco más de un año y medio durante el que se ha incorporado también en nuestra legislación una modificación de la regulación de la negociación colectiva por Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, superada en parte, y a su vez, por la última disposición sobre el mercado de trabajo de 10 de febrero de 2012.

Volatilidad legal

La palabra volatilidad ha adquirido amplia difusión en los últimos tiempos. Vinculada a la crisis económica, se predica del estado de incertidumbre e imprevisión generado por rápidos y desorientados cambios en el que los mercados se encuentran desde que aquella llegó para quedare por años. Pero en realidad la volatilidad puede aplicarse a muchas facetas tanto de la vida social cuanto de la situación individual de cada uno. Entre aquellas es predicable de la legislación de nuestro país.

El deber de conservación de la urbanización y responsabilidad patrimonial: especial referencia al régimen urbanístico de Andalucía

01 de noviembre de 2011 Artículos doctrinales URBANISMO

La legislación urbanística estatal vigente en Andalucia hasta la entrada en vigor de la Ley 7/02 (LOUA), y que continúa en vigor en lo que no la contradiga por DT 9ª LOUA en tanto no se produzca su desplazamiento por desarrollo reglamentario de la misma, en el art. 67 RGU obliga al mantenimiento de las obras de urbanización y dotaciones y servicios públicos...

El contrato de concesión de obras públicas

El contrato de concesión de obras públicas, cuyos antecedentes pueden ser encontrados en la legislación española sobre obras públicas del siglo XIX, es, junto con el nuevo contrato de colaboración entre el sector público y el sector privado, que se nutre de su régimen jurídico cuando el objeto de su prestación principal se corresponde con la de aquel, la figura más compleja que se recoge en nuestra normativa actual sobre contratación del sector público.

Breve comentario sobre los aspectos del proyecto de ley de agilización procesal que conciernen al ámbito contencioso

El pasado mes de marzo el Gobierno, haciendo uso de sus facultades de iniciativa legislativa (artículos 87.1 y 88 de la Constitución), presentó en la Mesa del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley denominado “de medidas de agilización procesal”. El objetivo de esta iniciativa —su nombre es absolutamente clarificador— es abordar la enésima reforma de la legislación procesal que permita obtener un funcionamiento más rápido de la Justicia.