El Consejo de Ministros del martes 24 de noviembre de 2020 aprobó un nuevo Anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal. En este artículo analizamos su texto y las novedades que introduce
El ministro de Justicia ha explicado que el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento criminal posiciona a la víctima en el centro del proceso judicial y limita la dispensa a declarar, lo que favorecerá a víctimas de violencia de género y a menores.
Análisis crítico de las novedades que se introducen en el proceso penal tras la reciente reforma del art. 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 2/2020, de 27 de julio, y su incidencia en el sistema de plazos implementado por la Ley 41/2015, así como en el proceso penal en su conjunto
Juan Carlos Campo encarga la coordinación de los trabajos a Juan José López Ortega, magistrado de la Audiencia de Madrid y miembro del Comité sobre Desapariciones Forzadas de la ONU
Juan Carlos Campo se ha comprometido a someter al consenso de operadores jurídicos y grupos parlamentarios la hoja de ruta del Plan Justicia 2030 que pretende llevar al Consejo de Ministros en el plazo máximo de tres meses para su inmediata puesta en marcha. Este año se ofertará un incremento de plazas para jueces y fiscales.
El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico? Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social y sin eludir el compromiso ideológico. El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales.
El Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones derivadas de la denuncia anónima contra Carmen Montón al no quedar acreditada la perpetración de infracción penal.
Jordi Cuixart había solicitado que se expulsase al partido político Vox en el ejercicio de la acción popular en el procedimiento por los hechos que culminaron con la declaración unilateral de independencia de Cataluña.
La Fiscalía General del Estado propone en su última Memoria una reforma del artículo 383 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) que afecta al enjuiciamiento de personas con anomalías psíquicas.
El acto tendrá lugar el próximo día 23 de mayo en el salón de actos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
En el presente artículo se abordará el estado de la cuestión en relación a la práctica de la tasación de costas en el procedimiento para el juicio sobre delitos leves, regulado en el Libro VI de la vigente Ley de Enjuiciamiento Criminal (arts. 962 a 982).
Análisis de la problemática relativa al alcance del art. 416 LECrim en supuestos de violencia de género, referenciando las distintas posiciones sobre el particular con las correlativas propuestas de reforma del referido precepto y su examen crítico teniendo en cuenta el engarce constitucional y práctico en aras a garantizar la mayor protección posible de las víctimas de tan execrable lacra.
El Pleno de la Sala de lo Penal ha dictado una sentencia que inaugura una modalidad de recurso de casación introducida en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2015, y con la que ha podido unificar doctrina en esta materia. Los magistrados recalcan que dos mediciones de alcohol deben considerarse dos fases de una única prueba, y que la segunda medición es obligatoria y no potestativa.
La comparecencia de Rafael Catalá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados este lunes 5 de diciembre, definió cuáles serán las claves y grandes proyectos en esta materia. El ministro de Justicia se comprometió a impulsar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal con la figura del fiscal investigador como protagonista en la instrucción de las causas. Te contamos cuáles son los proyectos legislativos que se están preparando.
La última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha supuesto una controvertida restricción a la privacidad de nuestras comunicaciones, algunas reflexiones a este respecto.
La última gran reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ya ha entrado en vigor (el 6 de diciembre de 2015). Este trabajo explica en qué medida afectan todas estas modificaciones al trabajo de los abogados en la defensa penal de sus clientes.
La Fiscalía general del Estado ha dictado su Circular 5/2015, de 13 de noviembre de 2015, para informar a los fiscales sobre los plazos para la instrucción penal introducidos en la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que entrará en vigor el próximo 6 de diciembre.
Hoy se ha publicado la Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la regulación de las medidas de investigación tecnológica y la Ley 41/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la agilización de la justicia penal y el fortalecimiento de las garantías procesales, de las que resumimos conjuntamente sus contenidos más relevantes.
El Pleno del Congreso ha aprobado de forma definitiva nueve leyes: de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil; las dos reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; de Régimen Jurídico del Sector Público; de Carrera Militar; de Código Penal Militar; del Tercer Sector de Acción Social; del Voluntariado y de Sociedades Laborales;
Además, se han remitido al Senado las reformas de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de la Ley Orgánica sobre inmunidades y privilegios de los Estados extranjeros y las organizaciones internacionales.
La reforma de la LECrim incluye también la enmienda para reducir la 'pena de telediario' por difusión de imágenes de los detenidos.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que va a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción de las causas a 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses máximos para las causas complejas, todo ello con el fin de agilizar la justicia y el proceso judicial de las macrocausas.
El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado hoy por unanimidad su informe al Anteproyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, partiendo de una valoración global positiva del texto, solicita que se establezca con claridad la naturaleza jurídica de los plazos de instrucción de los procedimientos y las consecuencias que tendría el incumplimiento por parte del juez instructor de los mismos,
La versión inicial del dictamen del CGPJ sobre la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal parte de una valoración "necesariamente positiva" en términos generales del texto remitido por el Gobierno, ya que es el resultado "de una concepción ágil y moderna de la justicia penal", sin embargo, considera que lo referido a la intervención de las comunicaciones sin autorización judicial previa prevista para determinados casos, plantea "serias dudas de encaje constitucional".
El presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, apoyó este viernes, en el marco de un Foro celebrado en Aragón, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para adaptar los procesos penales a la realidad del siglo XXI.
A fin de evitar la formación de macroprocesos por acumulación de causas, la regla será que cada delito dará lugar a la formación de una única causa
La reforma prevé un plazo máximo de seis meses para la instrucción de las causas, o de 18 cuando la investigación sea compleja
Se regulan las medidas de investigación tecnológica que carecían de marco legal.
Las sentencias de las Audiencias Provinciales serán revisadas en segunda instancia por los TSJ y las de la Audiencia Nacional por una Sala de Apelación propia.
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado hoy que antes de fin de año se aprobarán las principales reformas de la legislatura: la que modificará la Ley de Enjuiciamiento Criminal y el Proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regulará los medios de investigación en el proceso penal. La nueva oficina judicial se extenderá a toda España. La Ley Orgánica del Poder Judicial mantendrá los partidos judiciales.
La obligación de comparecencia apud acta es uno de los efectos asociados por la Ley de Enjuiciamiento Criminal al estatus de libertad provisional del imputado que, por su condición de medida cautelar, procede el abono del tiempo durante el que ha estado vigente la medida de libertad provisional, con la consiguiente obligación de comparecencia por el imputado.
La Fiscalía Antidroga propondrá a la Fiscalía General del Estado que traslade al Gobierno central una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que se regulen las grabaciones de los detenidos en calabozos o dependencias policiales y, de esta manera, evitar que se anule la validez probatoria de esas documentos, como recientemente ha hecho el TC, al declarar que la grabación de las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos vulnera su derecho al secreto de las comunicaciones.
El presidente del TS y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha manifestado este martes que la actual Ley de Enjuiciamiento Criminal está "pensada para el robagallinas, no para el gran defraudador", lo que supone una gran traba para la lucha contra la corrupción.
El nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá ha fijado el "análisis" y la "mejora" en la aplicación de las nuevas tasas judiciales, la revisión del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Registro Civil entre sus prioridades al frente del Ministerio.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha anunciado este miércoles que la futura Ley de Enjuiciamiento Criminal ya no permitirá a los cargos públicos la posibilidad de negarse a declarar ante el juez cuando sea citado como testigo. Esto es, pretende acabar con el "privilegio" que, a su juicio, supone poder hacerlo por escrito o en su despacho, como ocurre en la actualidad. La futura norma prohibirá también que aquellas personas a las que se les haya abierto juicio oral por delitos por corrupción puedan ser candidatos en una lista electoral.