El Tribunal de Justicia señala que Bruselas debe abonar los intereses de demora por la anulación de la decisión por la que impuso una multa a la española Printeos y que fue pagada provisionalmente
La empresa sancionada realizó 40.000 llamadas no solicitadas con información captada de la red social
Sólo el relato de los agentes no es prueba suficiente para demostrar que se desobedeció una orden
La Administración no es capaz de demostrar que chequea el estado de las cajas protectoras que guardan los aparatos
En la Sentencia de 9 de diciembre de 2020, asunto C-132/19 P, el Tribunal de Justicia deja sin efectos el acuerdo entre Bruselas y Paramount para evitar una multa por abuso de posición dominante y revoca la sentencia del Tribunal General
La sentencia califica de arbitraria la actuación de la Administración cuando califica los hechos como constitutivos del tipo de desobediencia, construyendo un relato ilegal, abusivo, antijurídico y vulnerando el principio de tipicidad
El criterio penal no puede aplicarse al procedimiento administrativo de la misma forma. Resuelve así el caso de tres sanciones graves de la CNMC a un grupo periodístico.
A pesar de que la recurrente debía haber salido sola, la situación de su hijo, recién operado de la rodilla e imposibilitado para la conducción, justifica el desplazamiento conjunto
La persona denunciada, según señala el juez en el fallo, “no fue requerida de manera específica y concreta por una autoridad o sus agentes para que modificase un determinado comportamiento con sustento en las restricciones de movilidad
Tanto el acusado como su esposa son condenados además al pago de una multa de 60 euros por vender equipaciones deportivas de imitación
En la normativa comunitaria y nacional, según la sentencia, se explicita que si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km/h., como es el caso, no tiene la consideración de VMP
El Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm le condenó por un delito de falsedad y ahora el TSJ confirma la resolución. Deberá hacer frente a una multa de 1.620 euros La Audiencia de Alicante confirma un año de prisión para un hombre que aparcó en una plaza de discapacitados con una tarjeta falsa
La sentencia tiene como origen la condena en rebeldía del señor Chong Coronado a cinco años de prisión y una multa de 600.000 euros por blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal
Aunque no entra a valorar el fondo de la cuestión, la resolución abre la puerta a la anulación de todas las multas impuestas durante la vigencia de la ordenanza por defectos de forma
El Alto Tribunal desestima el recurso de la Liga y confirma la sentencia de la Audiencia Nacional que consideró la sanción ajustada a derecho
Condena al despacho de abogados a pagar 6.000 euros al estimar que su actuación ha conculcado las reglas de la buena fe procesal e incurrido en un manifiesto abuso de derecho
La Sala descarta que pueda aplicarse al caso, como quería la empresa, la exclusión de protección de datos por tratarse de actividades exclusivamente personales o domésticas
Confirma una multa de 40.000 euros de Protección de Datos a Mutua Madrileña por la publicidad que recibió un cliente que rechazó expresamente el uso de sus datos
"La sustitución de las denuncias por infracción por meros avisos -recuerda la sentencia- supone la renuncia de la administración municipal al principal mecanismo para garantizar el cumplimiento de la norma que reconoce el ordenamiento jurídico, cual es el ejercicio de la potestad sancionadora de la administración", señala el juez.
La letrado considera adecuada la Decisión de la Comisión Europea, que aplica por primera vez la prohibición de los cárteles a escala europea a los acuerdos de resolución amistosa de litigios en materia de patentes
La Audiencia de Valencia confirma la sentencia de un juzgado de lo Penal, que le obliga a indemnizar con 1.000 euros a la víctima. La mujer deberá difundir la resolución condenatoria en su cuenta de Twitter, donde publicó las ofensas
Durante el partido se detectó la presencia de una veintena de aficionados de la peña Indar Gorri en la zona reservada para las entradas cedidas al club visitante
El tribunal se pronuncia por primera vez sobre el artículo 197.7 del Código Penal, introducido tras la reforma de 2015. Dicho artículo establece que se castigará con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses al que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona.
La entidad ya fue condenada en costas por el Juzgado de Primera Instancia 9 por su “comportamiento fraudulento” al no atender la reclamación de los consumidores en contra de la doctrina del Tribunal Supremo
Las condiciones generales de los contratos de Meliá con los operadores turísticos contenían una cláusula con arreglo a la cual los contratos eran válidos únicamente para reservas de clientes residentes en ciertos países concretos
Los programas de cumplimiento o compliance son herramientas que permiten a los operadores económicos prevenir y detectar su participación en conductas ilícitas
El delito de contrabando prevé prisión de uno a cinco años y multas de hasta seis veces el valor del bien
El Colegio de Madrid ya manifestó en mayo de 2017 su oposición a la exigencia del requisito de tener despacho profesional abierto -en el ámbito territorial- al letrado que quiera prestar servicios en el Turno de Oficio
Las humedades permanecían ocultas por un falso techo y el arrendador achacó el olor a que el piso había permanecido mucho tiempo cerrado
No obstante, es preciso informar debidamente al interesado de la resolución por la que se le impone la multa y concederle un plazo suficiente para interponer recurso y preparar su defensa.
La Comisión ha puesto su lupa en posibles prácticas abusivas consistentes en descuentos a grandes clientes
La resolución obliga a modificar el sistema actual de comercialización de la publicidad de ambas cadenas en un plazo máximo de tres meses.
El TJUE ha emitido una sentencia respondiendo a la cuestión planteada por la justicia belga en relación a una multa impuesta a unos viajeros que accedieron al tren sin billete. El tribunal europeo considera que hay contrato con el transportista, y no se le puede aplicar el reglamento dándose la duda de si la relación entre los mismos y el prestador de servicios tenía carácter contractual o reglamentario
La Audiencia Nacional ha confirmado la sanción impuesta por la Asociación Española de Protección de Datos a la compañía, que incorporó a sus sistemas de información los datos personales del afectado sin contar con su consentimiento y sin que existiera entre ellos una relación comercial previa, a pesar de que lo hizo porque un tercero utilizó sus datos fraudulentamente para darse de alta como distribuidor de la empresa de cosmética y comprar productos que no pagó.
Las multas impuestas tanto a las empresas como a los directivos alcanzan los 55 millones de euros. Entre las sancionadas se encuentra sociedades de Sacyr y Duro Felguera
El Supremo desestima el recurso de Mediaset, que había argumentado que debió considerarse caducado el procedimiento sancionador al haber excedido el plazo máximo para su resolución, que entendía que era de 6 meses.
El magistrado indica en la sentencia que tres subinspectoras de trabajo “pusieron en evidencia” que las seis mujeres extranjeras en situación irregular detectadas “en la fase de alterne”, es decir, de seducción e incitación al consumo de bebidas, trabajaban con días y horarios fijos desde hacía, como mínimo, entre una semana y un mes
El denunciado insultó y golpeó al letrado cuando se encontraban reunidos para preparar su defensa. La sentencia impone al agresor multa de tres meses y prohibición de acercarse o contactar con el abogado de nuevo
Un conductor consigue revocar en tribunales una multa por no llevar las luces antiniebla al asegurar que la iluminación era suficiente. El juez acepta como una de las pruebas que el sistema de luces automáticas no se activase
Denuncia que en este momento "ningún dron" está sometido a "ningún control técnico" que certifique su correcto funcionamiento.
Confirma una multa de 64.800 euros al infractor por conducir sin puntos por España con un carné vigente de Andorra.
Madrid Central debe continuar, argumentan dos jueces en sus autos, porque prima la salud y el medio ambiente a la existencia de deficiencias en el sistema de multas
El tribunal afirma que es evidente que hay mala fe y temeridad en la presentación de la solicitud de medidas cautelarísimas.
La Audiencia Nacional admite dicha práctica y concluye que no puede considerarse una multa de haber, prohibidas por el Estatuto de los Trabajadores. Como no existe trabajo realizado mientras que se llega tarde, no existe remuneración para el empleado posible.
Endesa habría estado emitiendo facturas con publicidades ilegales para redirigir a consumidores domésticos de forma desleal y contraria a la buena fe a un servicio de calefacción del mismo grupo, pero gestionado por otra mercantil en un mercado no regulado.
El tribunal estima un recurso de la Abogacía del Estado y revoca la sentencia de la Audiencia Nacional que anuló la multa por considerar que no podía considerarse autora de la infracción a Repsol.
El veto a Huawei podría llamar la atención de la Comisión Europea, muy estricta en los últimos años con los abusos de dominio de la compañía californiana en sectores como los sistemas operativos abiertos para móviles o la publicidad online. Estos han sido los tres casos de abuso de dominio protagonizados por Google en la Unión Europea.
El 12 de mayo entró en vigor la obligación de registrar la jornada laboral de los trabajadores. Se busca aflorar el fraude a la Seguridad Social por las horas extra que las empresas no pagan ni cotizan. Te contamos cómo están reguladas en nuestra legislación.
El magistrado advierte de la “absoluta falta de garantías procesales” que supone la externalización de la prueba respecto a la cadena de custodia. El infractor había sido multado con 1.000 euros y había perdido seis puntos del carné.
La multa no estaba justificada al aportarse los datos necesarios para identificar al conductor, como el nombre, apellidos y domicilio. La Jefatura de Tráfico no había intentado, con los datos ofrecidos por la empresa, actuación alguna frente al conductor.
El tribunal añade que la publicación por parte de la CNMC del nombre de la persona física multada no vulnera su derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a su propia imagen.
Google ha abusado de su posición dominante en el mercado al imponer una serie de cláusulas restrictivas en los contratos con sitios web de terceros que impidieron a los competidores de Google colocar sus anuncios de búsqueda en esos sitios web.
La prueba pericial practicada explica que los cinemómetros tienen dificultades para determinar con exactitud la velocidad real porque depende del ángulo de relación con el vehículo, concluyendo que por exigencias de seguridad jurídica y del principio in dubio pro reo debe aplicarse en todos los supuestos el margen de error máximo establecido en la Orden ITC/3123/2010.
La Directiva permite a los Estados miembros autorizar la formación a tiempo parcial, siempre y cuando la duración total, el nivel y la calidad de esta formación no sean inferiores a las de las formaciones a tiempo completo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea recuerda que se consideran restricciones a la libre prestación de servicios todas las medidas que prohíban, obstaculicen o hagan menos interesante el ejercicio de esta libertad.
La Administración debe siempre agotar las vías de notificación personal antes de acudir a los boletines oficiales, sean el BOE o Boletines de las CC.AA para publicar sanciones o multas.
Difundió un texto sobre una investigación policial que afectaba al colegio al que acudía su hijo menor. El documento fue reenviado a su vez por varios policías hasta que acabó en un grupo de WhatsApp de madres de niños del centro escolar y se hizo viral.
El Supremo considera que estas conductas han de enmarcarse en el delito de abuso sexual, que está castigado con pena de prisión de seis meses a dos años o multa de dieciocho a veinticuatro meses, y no en el delito leve de coacciones con penas de prisión de tres meses a dos años o multa de seis a veinticuatro meses.
La organización carecía de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos.
El Tribunal de Justicia ya había declarado por primera vez el incumplimiento de España en una sentencia de 2011.
El carácter universal de la señal viaria, y el deber de todo conductor de conocerla, no eximen al Ayuntamiento de cumplir la obligación de expresar las indicaciones escritas de las señales viarias, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
La Comisión impone a Google una multa de cerca de 4343 millones EUR por prácticas ilegales en relación con los dispositivos móviles Android para reforzar la posición dominante del motor de búsqueda de Google.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos se ha mostrado satisfecho de que los tribunales nacionales que otorgaron daños y perjuicios por difamación lograsen un justo equilibrio entre la libertad de expresión y la protección de reputación.
En respuesta a una cuestión planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que juzga el caso de un nacional chino que no declaró 92.000 euros con los que viajaba y al que sancionaron con 91.900 euros, el Tribunal de Justicia declara que el Tratado de Funcionamiento de la UE se opone a una normativa de un Estado miembro, como la española, que establece que el incumplimiento de la obligación de declarar sumas elevadas de dinero efectivo que entren en el territorio de ese Estado o salgan de él se sancionará con una multa que podrá ascender hasta el doble del importe no declarado.
Según el Abogado General, la Directiva de Servicios se opone a una medida de esta índole, que, en cualquier caso, iría más allá de lo necesario para que las autoridades nacionales puedan verificar y hacer cumplir la legislación laboral nacional adoptada para proteger a los trabajadores y evitar la competencia desleal y el dumping social.
La Audiencia Provincial de Alicante ha condenado a los padres porque los niños faltaron a clase hasta cuatro meses seguidos durante dos cursos escolares y además uno de ellos no fue escolarizado hasta los ocho años.
La Audiencia Nacional ha revocado las sanciones impuestas por la CNMC al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Guadalajara por restricción de la competencia en los Servicios de Asistencia Jurídica Gratuita al onsiderar que dicha multa no se ajusta al derecho. Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco estima íntegramente el recurso planteado por el Colegio de la Abogacía de Bizkaia como anteriormente lo hizo el TSJ de Andalucía.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia que condena a una multa de 300 millones de euros y 13 años y 3 meses de prisión al gerente de la sociedad Finanzas Forex por delitos de asociación ilícita, estafa, falsificación de documento mercantil y blanqueo de capitales por una sociedad mercantil con la que defraudó 390 millones de dólares a 186.000 perjudicados entre 2007 y 2010
El Juzgado de lo Penal nº 2 de Granollers, en Barcelona, ha sancionado a una empresa local con una multa de 1.250.000 euros por los delitos de fraude de IVA cometidos por sus representantes legales, en provecho de la empresa y careciendo de instrumentos de prevención del delito.
La Audiencia Provincial de Cantabria ha impuesto una multa a la promotora de un festival de cine cántabro que usó una fotografía en su cartel anunciador en e que aparecían dos mujeres en bañador aclarándose en las duchas de una playa, las cuales no prestaron su consentimiento a que su imagen fuera difundida a pesar de que fueron conscientes de que se les estaba sacando una foto.
La Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto una sanción a las redes sociales por infringir la Ley Orgánica de Protección de Datos. La multa a Whatsapp tiene como motivo haber comunicado datos a Facebook sin haber obtenido un consentimiento válido de los usuarios, y la de Facebook por tratar esos datos para sus propios fines sin consentimiento.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha impuesto una multa que asciende a más de 68 millones de euros a diez diferentes empresas de mensajería y paquetería empresarial por contraer acuerdos de comercialización en los que se repartían los clientes entre sí y les impedían por tanto acceder a los servicios de una parte de la competencia.
La Sala III del Tribunal Supremo se opone al criterio de la CNMC y de la Audiencia Nacional, que confirmó una multa de 460.840 euros a Mediaset por infringir el principio de separación entre publicidad y programación recogido en la Ley 7/2010 General de Comunicación Audiovisual. En su sentencia, el Supremo anula la sanción y respalda el uso de nuevas técnicas publicitarias televisivas como sobreimpresiones y transparencias publicitarias en programas de entretenimiento.
En su sentencia de 13 de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un guardia civil contra una condena de dos meses de suspensión de empleo por haber denunciado públicamente en un programa radiofónico de Cadena Ser que varios compañeros del cuerpo de tráfico de Lugo estaban siendo presionados para que pusieran más multas de tráfico.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha estimado el recurso de apelación de un conductor que fue 'cazado' en plena autopista a 228km/h y le absuelve de la pena de nueve meses de cárcel y multa ecónomica que se le había impuesto al considerar que se había producido una vulneración al principio de inocencia del conductor y que los guardias civiles que le detuvieron no le informaron previamente de sus derechos.
Un juzgado madrileño da la razón a un automovilista y obliga a la Dirección General de Tráfico a devovlerle los puntos del carnet sustraídos a raíz de una multa que Hacienda anuló por no haber sido propiamente notificada. La sentencia se opone a la decisión de la Jefatura Provincial, que consideraba que la anulación de una multa por parte de Hacienda no puede significar dejar sin efecto la detracción de puntos.
El Alto Tribunal ratifica la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2015 y rebaja la indemnización a 162.666 euros por daños y perjuicios a su representante por haber negociado a espaldas de su ex representante el contrato de traspaso al Manchester United en 2011. El Supremo estima en parte así el recurso interpuesto por U1st Sports, pero rechaza la suma inicial al considerarla "desproporcionada".
La empresa había solicitado dos años de prisión y una multa de 14.600 euros para el acusado, y que su empresa asumiera una sanción situada entre el doble y el triple del beneficio obtenido por la venta de esas joyas.
El Supremo avala el fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y califica de falta grave y no muy grave el fallo de mantenimiento de la empresa eléctrica, reduciendo la sanción a un quinto del importe inicial. La Sala se ha referido a distintas circunstancias que reducen la gravedad en la responsabilidad de Endesa en relación al apagón de la isla canaria en 2010.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la “Guía práctica de Comunicación Clara”, un documento instruye a los trabajadores municipales a mejorar la comunicación con la ciudadanía y renueva el modelo de multa de tráfico a uno más “visual, transparente y claro”.
El Tribunal Supremo anula una sanción de tráfico derivada de una infracción grave por saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones, interpuesta en función de la imagen captada por un dispositivo foto-rojo de los semáforos.
La Audiencia Provincial de Madrid ha considerado a la página web Sharemula responsable de infringir los derechos de propiedad intelectual de seis discográficas españolas mediante la comunicación pública de obras protegidas sin autorización.
El Alto Tribunal ha rechazado el recurso presentado por el hombre que taló un árbol de su finca sin la licencia correspondiente y rechaza los informes presentados por éste como defensa al no considerarlos aptos por haber sido presentados con posterioridad a la sentencia del tribunal anterior que revisó el caso.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea confirma la multa de 19 millones de euros por tergiversación de cuentas impuesta por la Comisión europea, y califica la actuación del Gobierno de “negligencia grave” .
La justicia europea considera que en el procedimiento ante el Tribunal General en el que se confirmaron las multas impuestas por la Comisión a Telefónica y PT por su acuerdo de no agresión, no hubo violación del derecho de defensa ni errores en la aplicación del concepto de «restricción por el objeto» ni en la apreciación de la gravedad del comportamiento ni de las circunstancias atenuantes, por lo que no cabe admitir el recurso interpuesto por Telefónica contra esta decisión.
El Contencioso nº 3 considera que el Ayuntamiento debe certificar periódicamente la fiabilidad de los cinemómetros que miden la velocidad de los vehículos, así como de las cabinas en las que están colocados.
Las multas, cuya finalidad no es la de sancionar, sino la de obligar al cumplimento de sus resoluciones, sólo empezarán a imponerse, en caso de persistir el incumplimiento, a partir de las diez de la mañana del día siguiente a la publicación en el BOE, publicación que se ha producido hoy 22 de septiembre.
El Tribunal Supremo minora la pena de multa impuesta por la Audiencia Nacional a dos de las seis empresas condenadas por corresponsabilidad entre la persona jurídica y las personas físicas y reduce también la de clausura de locales
La Audiencia Provincial de Pontevedra en su sentencia 38/2017 de 30 de junio, condena a una empresa por un delito fiscal cometido por el administrador único.
La Audiencia Nacional señala que el compromiso de permanencia que exigen a las pymes les permite beneficiarse de descuentos que obedecen a razones económicas competitivas.
Se devuelve el asunto al Tribunal General para que éste examine las alegaciones de Intel sobre la capacidad de los descuentos controvertidos para restringir la competencia.
La Sala de lo Penal ha confirmado la condena a 10 años de inhabilitación y al pago de una multa de 3600 euros por un delito de prevaricación a un juez en relación con el sobreseimiento de unas diligencias previas abiertas por el atropello a un peatón y la posterior fuga del conductor.
El error en el geolocalizador de la aplicación provocó que un ciudadano resultara sancionado porque, aunque abonó la tasa de aparcamiento, lo hizo para un barrio distinto. Para el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 7 Madrid, el error de la aplicación para el pago del SER a través del móvil debe ser imputado a la empresa privada titular de la aplicación, que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid.
Además, la SETSI inicia los trámites previos a un procedimiento administrativo sancionador que podría conllevar una multa de hasta 20 millones de euros.
En sentencia del pasado 13 de julio, el Tribunal de Justicia de la UE declara que nuestro país ha incumplido el plazo señalado por la Comisión para cumplir con la sentencia de 2014. Sin embargo, la multa impuesta es sensiblemente inferior a los 24 millones que había solicitado la Comisión.
La Comisión Europea ha impuesto a Google una multa millonaria por infringir la legislación antitrust de la UE. Google ha implantado esta práctica en todos los países del espacio económico europeo donde utiliza este producto de compras comparativas. La Comisión ya ha llegado a la conclusión preliminar de que Google ha abusado de posición dominante en otros dos casos, el sistema operativo Android y AdSense, que se están investigando.
Una Consulta de la DGT de 4 de mayo aclara que si bien, en principio, el abono de una sanción administrativa pudiera corresponderse con el concepto de pérdida patrimonial que recoge el artículo 33.1 LIRPF, no puede obviarse que aquella es consecuencia de una infracción cometida (en este caso) por el consultante, infracción que supone por parte de este la realización de una acción u omisión voluntaria, antijurídica y tipificada por la ley.
El condenado, promotor inmobiliario, no podrá administrar empresas durante dos años y tampoco obtener subvenciones públicas o gozar de beneficios fiscales durante cuatro años. Realizó dos ventas por un valor de 2,6 millones de euros y debió pagar 337.000 euros en concepto de IVA.
El expediente se inició tras la denuncia de varios abogados del Ilustre Colegio de Abogados de Alcalá de Henares (ICAAH) ante el Servicio de Defensa de la Competencia de la Comunidad de Madrid, por sentirse discriminados al no poder ofrecer estos servicios en el territorio que cubre el ICAM. El Colegio de Abogados de Madrid ha manifestado ya su discrepancia y anuncia que recurrirá la sanción.
La Comisión Europea ha impuesto a Facebook una multa de 110 millones de euros por proporcionar información incorrecta o engañosa durante la investigación de la adquisición de Whatsapp por parte de Facebook. Dijo a la Comisión que no podría establecer una correspondencia automatizada y fiable entre las cuentas de los usuarios,y posteriormente actualizó los términos del servicio para incluir la posibilidad de vincular los números de teléfono y las cuentas de los usuarios. Esta es la primera multa a una empresa por haber proporcionado información incorrecta o engañosa desde la entrada en vigor del Reglamento de control de concentraciones entre empresas de 2004.
El Tribunal Supremo considera ajustado a derecho el acuerdo del Consejo de Ministros impugnado, que determinó la responsabilidad exclusiva de la Comunidad Valenciana por incumplimiento del Derecho de la Unión Europea. La Sala hace suyas las conclusiones del Informe de la Comisión Europea sobre el asunto, que pusieron de manifiesto el papel clave de la Intervención General de la Generalitat Valenciana en las graves irregularidades en la contabilidad.
El condenado accedió a las bases de datos de la Guardia Civil para imputar a una persona fallecida en accidente de circulación dos multas que le habían puesto por velocidad excesiva. La sentencia considera probado que el sancionado, que estaba de baja por enfermedad cuando ocurrieron los hechos, cometió una falta muy grave consistente en el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración
La DGT realizó un único intento fallido de notificación de la multa de tráfico en un domicilio que resultó ser desconocido para el sancionado. El TSJ de Madrid ha vuelto a recordar a la Administración que esta mínima actividad es totalmente insuficiente para acudir automáticamente a la notificación por edictos. Señala que, frustrado el intento de notificación, la Dirección General de Tráfico debió acudir a la Administración Tributaria que, curiosamente, sí consiguió notificar sus resoluciones correctamente.
La AP de Murcia confirma la sentencia dictada por un Juzgado de Instrucción que había condenado a un hombre a una multa por amenazar a un menor diciéndole "te voy a reventar la cabeza". El recurrente matizó que lo que realmente había dicho era "te hubiera (o hubiese) roto la cabeza".
El alto tribunal ha admitido a trámite el recurso de casación que interpuso la Generalitat de Cataluña contra la sentencia de un juzgado que absolvió a la plataforma de la multa que le había sido impuesta por carecer de licencia de transporte. La Sección I de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha declarado que la cuestión planteada tiene interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia, pues la futura sentencia decidirá el régimen jurídico aplicable en nuestro país a esta empresa internacional.
Una persona jurídica puede ser responsable penalmente, y enfrentarse a penas de multa que pueden llegar hasta los 9 millones de euros, a la suspensión temporal del negocio o a su disolución definitiva (con el daño reputacional añadido). Por eso es fundamental minimizar los riesgos a través la implantación de un programa de cumplimiento normativo penal. Te ofrecemos la herramienta más eficaz.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS ha confirmado la multa de 627.855 euros que el Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia impuso en diciembre de 2011 a Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión (AISGE), por abuso de posición de dominio, por el incremento injustificado de las tarifas que cobraba a las salas de cine por exhibición de las películas.En concreto, según determinó la Audiencia Nacional en la sentencia que desestimó en primera instancia el recurso de AISGE, entre la tarifa aplicada en 2004 y la de 2009, hubo un incremento del 177 por ciento, y del 100 por cien en la tarifa general entre 2004 y 2005.
La acusación particular solicitaba una multa de 400.000 euros y la disolución de la entidad.
La Sala revoca por unanimidad la condena de multa que le había sido impuesta por irrumpir con una protesta en la capilla de la Universidad Complutense. Los magistrados concluyen que, si bien sus actos pueden ser valorados como claramente irrespetuosos, no concurre el exigible “componente de profanación” que exige el tipo penal. Incluimos con la noticia un vídeo explicativo en el que repasamos los distintos elementos de estos delitos contra los sentimientos religiosos, así como los criterios aplicados por los tribunales.
La CNMC considera que los criterios orientativos publicados por ambos colegios constituyen un verdadero listado de precios y no un conjunto de criterios orientadores. Igualmente considera que la prohibición del pacto de cuota litis, supone una evidente vulneración de la prohibición de recomendación de honorarios por parte del Colegio.
Según la Consulta 1/2016, de la Fiscalía General del Estado, en los casos de quebrantamiento de la pena de localización permanente en lugar distinto de un Centro Penitenciario, los fiscales deben solicitar la pena correspondiente de multa de doce a veinticuatro meses prevista en en el último inciso del art. 468.1 del Código Penal.
La simple instalación de mecanismos de detección de radares o cinemómetros no es una acción típica, siendo necesario que la administración pruebe la efectiva utilización de dicho detector para poder imponer una sanción por infracción grave de la Ley de Tráfico.
El Tribunal de Estrasburgo ha condenado al Estado español a devolver al letrado el importe de la multa impuesta al considerar que se violó su derecho a la libertad de expresión.
La Sala Tercera del TS rechaza la petición de Banco Santander de no publicar una multa de un millón de euros en el BOE. Dada la naturaleza de la sanción, el TS declara que hay un evidente interés público en que tales hechos se pongan en conocimiento del mercado, por lo que, el daño irreparable en el prestigio e imagen de la entidad alegado, no resulta suficiente para acordar la medida cautelar solicitada.
La reforma propuesta afecta a los artículos 83, 87, 92 y 95.4 de la LOTC y pretende adaptar la norma a las nuevas situaciones que pretenden evitar o soslayar la la efectividad de las resoluciones del TC, para que la garantía de su efectividad sea real.
Según el texto de una enmienda presentada por el PP en el Senado, el cambio se justifica por la ampliación del colectivo de contribuyentes afectados por la obligación de presentar autoliquidaciones de forma telemática y la necesidad de aplicar un principio de proporcionalidad a estas sanciones.
La mujer, que solicitaba que le fuera suspendida la guarda y custodia de los menores, reconoció la falsedad de la denuncia. El Juzgado le condena de conformidad a 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, multa de 1.080 euros e indemnización por daños morales a su expareja de 500 euros.
El juzgado de lo Penal núm. 3 de Jaén ha condenado a una mujer a un año de cárcel y al pago de una multa de 1.080 euros como autora de un delito de descubrimiento y revelación de secretos después de que cogiera el móvil de su marido y encontrara las conversaciones íntimas que éste había mantenido con su vecina.
Considera probada "la adopción por parte del colegio de criterios para el acceso a las listas de peritos judiciales y la recomendación de baremos orientativos respecto a los honorarios de los servicios de los Agentes de la Propiedad Industrial (API)".
En un escrito de recurso, y entre otras expresiones, el abogado atribuía a la juez Mercedes Alaya la "maliciosa intención" de "querer que su cliente ingrese en prisión fijando una fianza que sabe inaccesible para el imputado y que no la podrá prestar porque ya se ha preocupado ella con anterioridad de que así sea", y de "procurar la muerte civil" de su cliente, ya que "se le ha desposeído sin ninguna cautela, sin ninguna prudencia y sin ningún miramiento de todo cuanto poseía".
La Comisión Nacional de los Mercado y la Competencia considera excesiva el porcentaje del 10% sobre la taquilla, que la SGAE aplica para la concesión de licencias de derechos propiedad intelectual para la celebración de conciertos.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que por primera vez hace obligatorio el uso del casco de la bicicleta a los menores de 16 años en ciudad, sube a mil euros la multa por doblar la tasa de alcohol y drogas en la conducción, así como a los reincidentes.