Una cláusula potencialmente nula puede ser modificada. Aunque la clausula de renegociación haya sido redactada por el banco, el alto tribunal dicta que es válida si cumple los requisitos de transparencia
La Audiencia de A Coruña estima el recurso presentado por la hermana de la octogenaria frente a la sentencia de primera instancia que validó el testamento que realizó a favor de un carpintero que le había hecho trabajos en casa y de su esposa
La Sala Primera ratifica su doctrina sobre la nulidad, por abusivas, de las cláusulas que imputan al prestatario los gastos y tributos de los préstamos hipotecarios, en cuanto implican, en perjuicio del consumidor, un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes en el contrato.
La Sala considera que, a la fecha del juicio, celebrado la semana pasada, el Convenio no había sido objeto de publicación en el BOE por lo que no reúne los requisitos de validez del artículo 90 del Estatuto de los Trabajadores para tener la consideración de convenio estatutario
La magistrada se refiere al obstáculo significativo y efecto disuasorio que supone que el consumidor cargue con un reparto de las costas
La Sala dicta cuatro sentencias en las que desestima los recursos de casación planteados por la empresa concesio
Puede declararse la nulidad del plan respecto de esas concretas determinaciones, sin que ello autorice a considerar la nulidad de pleno derecho subsanable con la retroacción del procedimiento
Recientemente el Centro de Documentación Judicial del Consejo General del Poder Judicial ha publicado la que hasta ahora es la única sentencia publicada de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife que condena a la entidad WIZINKBANK, S.A, por una tarjeta de crédito.
No cabe la nulidad de pleno Derecho al no integrar la declaración de inconstitucionalidad parcial del impuesto un supuesto de nulidad radical de los actos de liquidación
Reciente y novedosa sentencia contencioso-administrativa sobre nulidad del impuesto sobre bienes inmuebles, cuando grava bienes urbanos sin desarrollo urbanístico, que también es aplicable a plusvalías municipales sobre esta misma clase de terrenos. Se trata de la primera condena por inactividad del consistorio por no informar al Catastro de que no que los terrenos no son urbanos
La resolución trata de unas compras de acciones en la que la actora instaba la nulidad las adquisiciones por error - vicio en la prestación del consentimiento. Títulos que fueron adquiridos de dos formas, unas en una oferta pública y otras en el mercado secundario, pero todas las acciones eran de la misma entidad bancaria, la demandada, y tanto las primeras acciones como las restantes fueron adquiridas a través de la misma entidad (como intermediaria). Respecto a las adquiridas en el mercado secundario, se niega que dicha entidad estuviera legitimada pasivamente, al no ser parte en los contratos de compraventa.
Según el tribunal, existe vicio en el consentimiento por error en la persona
A diferencia de lo que sucede con los préstamos hipotecarios, en los contratos de préstamo personal, la supresión o expulsión de la cláusula de vencimiento anticipado declarada abusiva no compromete la subsistencia del contrato por lo que no resulta procedente la aplicación supletoria de una norma de Derecho nacional en casos en que el contrato no pueda subsistir y su nulidad resulte perjudicial para el consumidor.
El tribunal reitera que en este proceso no se han criminalizado ideas ni vulnerado la libertad de reunión o expresión.
El TSJ de Andalucía confirma la máxima sanción para el empleado de una subcontrata de basuras que denunció en el Ayuntamiento graves irregularidades sin mediar prueba
La Sala II niega que exista causa de nulidad de la sentencia del procés tras la sentencia del TJUE, ni que proceda ahora autorizar su desplazamiento al Parlamento europeo o pedir su suplicatorio.
Una reciente resolución aclara los límites de la declaración de simulación de negocio por la Administración tributaria en el ámbito civil
El TSJ de Asturias entiende que mientras dura el procedimiento judicial, que finalmente declara la nulidad del despido, la trabajadora no tiene derecho a la deducción por maternidad, ya que en ese período no está ejerciendo ninguna actividad por cuenta propia o ajena.
La Audiencia Provincial de A Coruña concluye que la operación ha sido acordada en perjuicio del socio minoritario, al posponer indefinidamente su derecho a participar en los beneficios sin que exista razón que lo justifique.
El Tribunal Supremo confirma la declaración de nulidad de la compraventa tras establecer que la pretensión de validez de un contrato distinto al nominalmente celebrado, y cuya nulidad se insta en la demanda, no puede hacerse por vía de excepción en la contestación, sino mediante reconvención.
El tribunal considera que "la Ley 18/2007 de Catalunya no otorga competencias al Ayuntamiento de Barcelona para realizar la actividad gravada con las tasas aquí polémicas”.
El Tribunal declara la nulidad tanto del Auto de 9 de noviembre de 2017 dictado por el Juzgado de Instrucción núm.3 de Reus, que decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza del demandante, como del Auto de 7 de diciembre de 2017 de la Audiencia Provincial de Tarragona que confirmó en apelación la medida.
La Audiencia Provincial de Castellón dictará auto de sobreseimiento de todas las de su partido judicial, y en San Javier, Murcia, ya se ha emitido el primer auto en este sentido.
El Tribunal anula la prueba aportada por la empresa, sobre archivos del disco duro e historial del navegador, y devuelve las actuaciones para que el Juzgado de lo Social vuelva a decidir sobre la procedencia o no del despido disciplinario.
Según el criterio fijado por la Audiencia Provincial de Lugo debe aplicarse el plazo de prescripción genérico de 5 años del art. 1964 CC, y el inicio del cómputo se sitúa en el 23 de enero de 2019, fecha de la sentencia en la que el Tribunal Supremo sienta en plenitud doctrina jurisprudencial sobre la cláusula de gastos y los efectos derivados de la misma.
Se definen los nuevos tipos de marcas ?de movimiento, multimedia, holograma, sonoras? surgidos como consecuencia de la supresión del requisito de la representación gráfica del signo. Se regula, dentro del procedimiento de oposición, la prueba de uso de la marca oponente y, en un nuevo título, los procedimientos de nulidad y caducidad de marcas.
En aplicación de las sentencias más recientes del Tribunal de Justicia Europeo, niega la consideración de consumidora a una traductora que solicitó un préstamo hipotecario con el fin de montar un futuro negocio de hostelería.
El juzgado de Primera Instancia nº 2 de Badajoz se une a los juzgados de Arona, en Tenerife, y Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, y ordena el sobreseimiento del procedimiento de ejecución en curso tras declarar la nulidad de la cláusula por resultar abusiva para el consumidor. El Tribunal Supremo no se ha pronunciado aún sobre el asunto pendiente sobre el que remitió la cuestión al TJUE.
Deja en manos del juez nacional las consecuencias de la nulidad de la cláusula
El contribuyente que ha obtenido judicialmente la nulidad del clausulado en divisas del contrato de préstamo hipotecario, pierde el derecho a la deducción por vivienda habitual de las cantidades afectadas por dicha nulidad.
Una vez practicada la prueba pericial en segunda instancia ha quedado subsanada cualquier conculcación que se hubiera podido producir como consecuencia de no haber podido comparecer a la audiencia previa.
El hecho de que estos dos miembros del Jurado, secretaria y suplente, no tuvieran derecho de voto no desvirtúa la nulidad del procedimiento por infracción del requisito de anonimato de las proposiciones.
Estamos a la espera de la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que se pronuncie sobre el carácter abusivo o no, de la cláusula de Índices de Referencia de Préstamos Hipotecarios (IRPH). El índice IRPH Entidades es uno de los índices oficiales y el índice IRPH Cajas lo era hasta que desapareció de forma definitiva de conformidad con lo dispuesto en el D.A. 15 ª de la Ley 14/2013 de 27 de septiembre. Las demandas que solicitan la nulidad de las cláusulas que incorporan este índice de referencia alegan normalmente falta de información suficiente sobre su funcionamiento y falta de comprensibilidad real por parte del cliente.
Tal irregularidad en la tramitación del procedimiento no es causa de exención de la responsabilidad criminal. La consecuencia debe ser la de reponer las actuaciones al momento en que se produjo el defecto para su subsanación.
Los magistrados argumentan que admitir los estatutos supondría también asumir que, de forma colectiva, la organización demandada y los proxenetas y sus asociaciones puedan negociar las condiciones en las que debe ser desarrollada la actividad de las personas empleadas en la prostitución.
El Supremo confirma la nulidad, entre otras, de la cláusula que exime a la compañía de responsabilidad en caso de pérdida de un enlace.
La cuestión que se plantea en el presente es la relativa a la legitimación activa del socio o partícipe, para impugnar judicialmente los negocios, contratos o actos celebrados por la sociedad de la que es socio o partícipe, por lo tanto, la posibilidad de acudir directamente a los tribunales para defender sus intereses, sin tener que acudir a otro tipo de acciones (impugnación de acuerdos sociales, acción individual contra los administradores, etc.).
El texto propone que los órganos especializados de la jurisdicción civil asuman la competencia para revisar el nuevo procedimiento administrativo de nulidad y caducidad de las marcas, que actualmente recae en el orden contencioso.
El Juzgado de primera Instancia nº 4 de Fuengirola declara la nulidad por usuraria de la cláusula que establece el interés remuneratorio del contrato de tarjeta VISA CEPSA «Porque tú vuelves» de Wizink Bank.
La Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado un auto por el que estima el incidente de nulidad de actuaciones planteado por una abogada a lo que se notificó directamente vía LexNET y marca criterios para realizar las notificaciones vía LexNET a los abogados que fijen un domicilio a efectos de notificaciones.
La Ley 2/2018 de memoria y reconocimiento democráticos, pretende garantizar la reparación de personas y colectivos que sufrieron represión durante la guerra civil y la dictadura franquista. Se articula en torno a cuatro ejes: el derecho a la verdad, a la memoria democrática, a la reparación y reconocimiento de las víctimas, y las denominadas garantías de no repetición. Prevé la retirada de menciones, vestigios y símbolos franquistas y declara la ilegalidad de los tribunales y de los procedimientos instruidos en las islas durante y en relación con la guerra civil y la dictadura hasta 1978.
La Sala Primera del Tribunal Supremo estima el recurso de una entidad bancaria contra la sentencia que había declarado la nulidad de la cláusula suelo y su posterior novación mediante contrato privado y estima el recurso interpuesto por Ibercaja. Avala el pacto por el que el banco rebajó a 2,5% el suelo de la hipoteca a cambio de que el cliente no reclamase judicialemente.
El Tribunal Supremo, tras recordar el carácter fundamental del derecho a contraer matrimonio, explica que el esposo de la recurrente, hoy difunto, había interpuesto demanda de divorcio de su anterior esposa, en la que hacía constar la pendencia del proceso de incapacitación, y que la solicitud de divorcio la hacía por voluntad propia.
El Tribunal Supremo ha estimado el recurso de una ciudadana china y anula la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que anulaba el matrimonio de la demandante al considerar que no había existido consentimiento porque el esposo de la recurrente, hoy difunto, no había prestado verdadero consentimiento matrimonial, al haber sido declarado incapaz.
El Tribunal General de la Unión Europea ha secundado la decisión de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea que declaró la nulidad de “La Mafia se sienta a la mesa” como marca de la Unión Europea al considerar que "evoca manifiestamente el nombre de una organización criminal" y da una imagen positiva de ella, banalizando "los graves ataques que dicha organización perpetra contra los valores fundamentales de la Unión".
Los últimos datos publicados por la Sección de Estadística del CGPJ revela que el año pasado se presentaron en los juzgados 109.043 demandas de divorcio y 5.448 demandas de separación. Asimismo, aumentan los procedimientos de modificación de medidas, excepto los que afectan a las no consensuadas de guarda y custodia de hijos no matrimoniales.
Sentencia pionera por la que el afectado recibirá 19.378,11 euros y tendrá que entregar el vehículo defectuoso.
La Sala Primera del Tribunal Supremo, ha estimado el recurso interpuesto por Kutxabank contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Álava que declaraba la nulidad del índice de referencia de préstamos hipotecarios (IRPH) y determina que no se trata de una clausula abusiva ya que supera el control de transparencia.
El tribunal europeo ha resulto la cuestión planteada por el Supremo sobre la demanda interpuesta por Gasorba que pide la nulidad del contrato de arrendamiento con Repsol por ser contrario a la regulación europea sobre competencia.
El Real Decreto que regula el reglamento de la carrera diplomática ha sido anulado. El Supremo se ha apoyado en que en el momento de la negociación, uno de los sindicatos participantes no estaba presente.
El Tribunal Supremo ha anulado el préstamo hipotecario porque el banco no explicó adecuadamente a los prestatarios los riesgos asociados a las cláusulas multidivisa.
El Pleno del Congreso ha acordado este martes iniciar la tramitación de la proposición de ley presentada por PdCat. Además se debatió la reforma la regulación del pago de costas judiciales.
La Audiencia Provincial de Salamanca ha declarado la validez de la revisión de oficio llevada a cabo por el Juez a quo en cuanto a los efectos de la declaración de nulidad de la cláusula suelo, contenida en un contrato de préstamo con garantía hipotecaria, en base a la reciente doctrina del TJUE que posibilita el control de oficio parte de los órganos jurisdiccionales de las cláusulas abusivas en contratos concertados con consumidores y usuarios.
Este trabajo aborda las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de vencimiento anticipado de préstamos hipotecarios, y la posibilidad de reclamación del préstamo por parte de la entidad de crédito. El autor se centra en determinados requisitos como la necesidad de tomar anotación de embargo respecto del bien hipotecado y en la posibilidad de cancelar las cargas intermedias (las anotadas en el registro en fecha posterior a la inscripción de hipoteca pero anterior a la anotación de embargo a favor del acreedor hipotecario).
La actuación del abogado en la tramitación del expediente de regulación de empleo fue negligente al prescindir de las normas esenciales del procedimiento, provocando la nulidad de los despidos. Según la AP de Valladolid, el abogado no puede ampararse en las necesidades puntuales de su cliente para justificar su actuación.
El Tribunal declara la inconstitucionalidad y nulidad del art. 1 y de la disposición adicional segunda porque, al centralizar en el Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la ayuda económica a desempleados que han agotado el paro, contravienen el orden constitucional de distribución de competencias en materia de fomento de empleo.
La demanda inicial acumuló las acciones correspondientes a 24 sociedades y dos personas físicas y en ella se pretendía la nulidad por vicios en el consentimiento de swaps suscritos con el Banco de Santander. El Supremo inadmite el recurso de casación porque aplica la regla general para determinar la cuantía del litigio: la acción de mayor valor y no la suma de la cuantía de cada acción. Además recuerda que las vías de la cuantía y la del interés casacional son excluyentes.
Un acuerdo de la Sala Segunda del TS advierte de las dificultades generadas por las grabaciones defectuosas y señala que cuando la documentación relativa al juicio oral sea imprescindible para resolver el recurso, su ausencia en relación con los aspectos controvertidos, que genere indefensión material, determinara la nulidad del juicio oral o en su caso la absolución.
El Supremo apoya su decisión en la Ley del ruido y considera que el consistorio tiene competencia para adoptar una medida de este tipo. Sin embargo confirma la nulidad de la medida establecida en el Plan Zonal Específico de la Zona de Protección Acústica Especial del Distrito Centro, y que exigía que las actividades nuevas en el Distrito Centro dispusieran, con carácter exclusivo, de un número de plazas de aparcamiento igual al 10% de su aforo en un radio máximo de 200 metros de su ubicación.
Confirma la nulidad de las medidas llevadas a cabo por la empresa en mayo de 2015 por no respetar el procedimiento previsto en el Estatuto de Trabajadores para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. La sentencia ha condenado a la empresa a reponer a los trabajadores en las condiciones que disfrutaban antes de dicha fecha.
La declaración del carácter abusivo de la cláusula de intereses moratorios en la contratación bancaria con consumidores requiere la aplicación de parámetros de abusividad que en los últimos cuatro años han sido objeto de interpretaciones muy diferentes por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Supremo español. Dichas divergencias también han existido y existen respecto a cuáles deban ser las consecuencias de la declaración de nulidad de dicha cláusula. El presente artículo estudia la postura actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo español en cuanto a criterios de abusividad y a las consecuencias de la declaración de nulidad de la cláusula de intereses moratorios.
En la sentencia se declara nulidad de clausula suelo, vencimiento demora, cesión del crédito y comisión de impagados, así como fianza, y se obliga a la entidad bancaria a pagar los gastos de redacción de las nuevas escrituras.
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso interpuesto por Bankia contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia y confirma la nulidad de la cláusula IRPH, condenando al banco a dejar de aplicar dicho índice, sustituyéndolo por el Euribor, y a devolver las cantidades resultantes del exceso en el cobro de intereses.
La Sala Primera del Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de las resoluciones con las que el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona y la Audiencia Provincial de Navarra decretaron el sobreseimiento y archivo de la denuncia por torturas realizada por el demandante de amparo tras su detención por pertenencia a la organización Ekin en 2010. Señala la Sala que el hecho de que los informes médicos no contengan datos que permitan afirmar la existencia de malos tratos “no excluye la necesidad de investigar”.
Hay matrimonios que no han existido nunca a ojos de la ley aunque se hayan celebrado y los cónyuges lleven "casados" años y años. Falta de consentimiento válido, defectos en su celebración o error en la entidad de la persona o en sus cualidades que fueron relevantes para prestar el consentimiento, son algunas de las causas reguladas en el Código Civil. Te contamos algunos casos interesantes tratados por los tribunales de justicia.
A diferencia de las acciones colectivas, en el caso de las acciones individuales de nulidad de condiciones generales de la contratación el tribunal puede tener en consideración otros medios a través de los cuales se pudo cumplir con la exigencia de que la cláusula en cuestión no pasara inadvertida para el consumidor.
La juzgadora de instancia interrumpió al letrado cuando estaba efectuando su informe oral final de valoración de las pruebas, no permitiendo ni siquiera enunciar los argumentos de defensa, lo cual provocó que la Audiencia Provincial declarase la nulidad del acto del juicio oral, retrotrayendo las actuaciones al momento de su celebración ante otro juzgado. En este caso se cercenó el principio de oralidad que rige el proceso penal, poniendo límites no justificados, vulnerándose por tanto el derecho de defensa.
El recurrente solicita que como consecuencia el préstamo deje de devengar interés alguno, tanto remuneratorio como moratorio, cuando el prestatario incumple su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos previstos en el contrato.
El Tribunal Supremo ha resuelto un recurso del BBVA adaptando la jurisprudencia de la Sala sobre la retroactividad de la nulidad de las cláusulas suelo a las sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de diciembre de 2016. Además rechaza que concurra la cosa juzgada propuesta por el BBVA.
La Sala 1ª del Tribunal Supremo ha elevado una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el alcance de abusividad de una cláusula de vencimiento anticipado en un contrato de préstamo hipotecario con consumidores. Esta cuestión recuerda a la famosa sentencia del TJUE sobre cláusulas suelo, solo que ahora está en juego… el sobreseimiento de miles de ejecuciones hipotecarias.
El alto tribunal comparte con la Audiencia de Cantabria que la cláusula insertada por Telefónica en las facturas “no suponía una simple modificación de las condiciones contractuales sino la contratación de un servicio nuevo”.
El Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Sabadell cambia de criterio para valorar la abusividad de la cláusula y considera nulas las cláusulas que prevén el vencimiento anticipado por impago de una sola de las cuotas aunque el banco no actúe hasta el tercer impago. Hoy mismo está previsto que el TJUE sentencie sobre la nulidad de este tipo de cláusulas.
El Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Jaén, en su sentencia de 4 de noviembre de 2016, declara la nulidad de una cláusula suelo incluida en un contrato de préstamo hipotecario concedido a una persona jurídica. La juez estima que dicha cláusula resulta enrevesada y no expresa con claridad que no se contrata a "un tipo de interés variable, sino a un interés a tipo fijo mínimo y variable al alza con un techo".
El titular del Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona aplica la jurisprudencia del TJUE y declara discriminatorio el despido de un trabajador por "bajo rendimiento" cuando se estaba recuperando de un accidente laboral. Lea la sentencia que obliga a la empresa a su readmisión y a indemnizarles por daños morales y materiales con más de 9 mil euros.
La sentencia del TJUE sobre los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo, ha despertado de inmediato múltiples preguntas sobre qué pueden hacer ahora los consumidores que se han visto afectados por dichas cláusulas. En este documento ofrecemos algunas pautas.
En su sentencia, el tribunal europeo concluye que la jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo contenidas en los contratos de préstamo hipotecario es incompatible con el Derecho de la Unión.
El presente artículo estudia la cuestionada jurisprudencia del Tribunal Supremo y realiza un análisis crítico de las Conclusiones del Abogado General en el procedimiento que se encuentra actualmente pendiente de Sentencia.
Sin embargo, la persona distinta a los cónyuges que inicie tal procedimiento sólo podrá basarse en algunos de los criterios de competencia establecidos en dicho Derecho.
La utilización de trabajadores para sustituir a los que ejercitan su derecho a la huelga durante el período de consultas de un despido colectivo que les afecta, determina la nulidad del despido, pues con dicha medida la empresa privó de fuerza y posible eficacia a la representación de los trabajadores, alterando los términos de la negociación.
Después de más de tres años desde su entrada en vigor, el Pleno del TC ha declarado la inconstitucionalidad y nulidad de las tasas fijadas tanto para el acceso a la jurisdicción como para la interposición de recursos al considerar que las cuantías desprorporcionadas vulneran el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos (art. 24.1 CE). El Tribunal aclara que la declaración de nulidad de las tasas sólo producirá efectos “pro futuro".
El Tribunal Supremo avala el pacto de venta extrajudicial de una finca hipotecada porque el afectado no alegó en su demanda de nulidad las concretas cláusulas, distintas del pacto de venta extrajudicial, que considera abusivas y que no había podido oponer en dicho proceso ejecutivo.
El Abogado General considera que las repercusiones macroeconómicas que tendría el hacer retroactivos los efectos de la anulación de las cláusulas suelo desde el momento de la firma del contrato de préstamo hipotecario, pueden justificar, excepcionalmente, la limitación en el tiempo de estos efectos.
La Fiscalía plantea incidente de nulidad de actuaciones como paso previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional frente a las sentencias que deniegan el derecho de la afectada.
Las demandas de separación y nulidad disminuyen más que las de divorcio. Cataluña y la Comunidad Valenciana en cabeza de las disoluciones matrimoniales.
El juez rechaza la demanda, alegando, entre otros motivos, que el desconocimiento por parte del cliente de que el vehículo llevaba instalado ese dispositivo no supone un vicio que invalida el consentimiento, ya que no ha quedado probado que las supuestas bajas emisiones contaminantes fueran el motivo principal de la compra.
El TS suspende la tramitación de un recurso sobre esta cuestión en el que se solicitaba la aplicación de la doctrina de la Sala, interpretación que está siendo cuestionada a la luz de la normativa comunitaria y sobre la que el TJUE se debe pronunciar en breve, resolviendo la cuestión planteada por el Juzgado Mercantil nº 1 de Granada.
El Juzgado de lo Mercantil nº 11 de Madrid ha dictado una sentencia, de fecha de 7 abril de 2016, por la que declara la nulidad de las cláusulas suelo contenidas en las condiciones generales de los contratos de préstamo hipotecario suscritos por 45 entidades bancarias con consumidores, por falta de transparencia, y ha condenado a dichas entidades a eliminar las citadas cláusulas de los contratos en que se insertan y a cesar en su utilización de forma no transparente.
Estima la demanda de un cliente al considerar que Telefónica ofreció “un contrato de tiempo indefinido a precio fijo”. Sostiene que la subida de precios carece de justificación y, además, no hay prueba ni presunción alguna de que el demandante hubiera dado consentimiento.
El TC ha señalado que la reparación del derecho a la tutela judicial efectiva vulnerado no exige “indeclinablemente, sin excepción, la nulidad del procedimiento judicial y la repetición del mismo”, pues, en determinados supuestos, como el resuelto en el caso, el pronunciamiento realizado por el tribunal de instancia “constituye en sí mismo la reparación del derecho fundamental invocado, sin que su carácter declarativo le prive de su efecto reparador”.
Según el Tribunal Supremo cualquier defecto en la tramitación de un Plan urbanístico supone su nulidad de pleno derecho, sin posibilidad alguna de subsanación. Pero en otros supuestos semejantes, ni el Tribunal Supremo ni el Constitución han efectuado esa interpretación, y han admitido demorar en el tiempo los efectos de su declaración de nulidad, para que pueda subsanarse el defecto en la tramitación. Se expone la novedad que ha representado la previsión contenida en el artículo L600-9 del Código Urbanístico francés. Finalmente, se efectúan unas conclusiones, en las que se propone flexibilizar la rígida posición mantenida hasta ahora por el Tribunal Supremo.
En las siguientes líneas se analiza la extinción de la figura jurídica del condominio con un enfoque eminentemente práctico y actual, en el que se trata la evolución de dicha institución en los procesos matrimoniales, haciendo especial referencia a la posibilidad de acumular las acciones de nulidad, separación o divorcio junto a la de división de la cosa común, a la luz de diversas sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como de varias Audiencias Provinciales y Juzgados de Primera Instancia de Cataluña –cuyo Derecho Foral fue pionero en admitir la precitada acumulación objetiva de acciones que, tras ser prohibida en un primer momento, ha sido recientemente admitida en nuestro Derecho patrio–. También se recogen sucintamente una serie de advertencias que por su trascendencia económica y fiscal deben ser tenidas en cuenta cuando se plantea la división de la cosa común (especialmente la vivienda).
El TS ha confirmado que hubo error en el consentimiento por parte de los adquirentes, debido a las graves inexactitudes del folleto de la oferta pública y ha rechazado, igualmente, que la causa penal pendiente ante la Audiencia Nacional pueda paralizar las reclamaciones individuales en vía civil.
La Sala sostiene que la nulidad de la cláusula no siempre conllevará el sobreseimiento de la ejecución hipotecaria, pues la tutela de los consumidores aconseja evitar interpretaciones maximalistas que, bajo una apariencia de máxima protección, tengan como consecuencia paradójica la restricción del acceso al crédito hipotecario y, derivadamente, a la adquisición de vivienda en propiedad.
La AP de A Coruña plantea una nueva cuestión prejudicial al TJUE sobre el periodo de retroactividad de la devolución de las cantidades cobradas por las entidades bancarias como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelo.
A juicio de los tribunales, el alto índice de desempleo juvenil existente en la actualidad no puede justificar esta diferencia de trato en material salarial, de carácter claramente discriminatorio.
Pese a que no existe una norma expresa de derecho transitorio que determine la retroactividad de la reforma de la LOPJ por la LO 7/2015 a procesos ya entablados, debe tenerse en cuenta que la aplicación de la norma anterior determinaría el sobreseimiento del proceso sin entrar en el fondo, lo que a su vez daría lugar a una nueva demanda que, ahora, correspondería a la Jurisdicción Civil.
Un Juzgado de Primera Instancia se declara competente para conocer un proceso sobre acción de nulidad de la cláusula de límite mínimo a la variación del tipo de interés aplicable en una póliza de préstamo hipotecario, interpretando al actual art. 86.ter.2.d) LOPJ (Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, del Poder Judicial), utilizando el criterio de economía procesal para que el proceso responda a su fin; la satisfacción de las pretensiones con el mayor ahorro de esfuerzo y coste de las actuaciones.
Impulsada por el Papa Francisco, cuenta con tres novedades principales: se asegura la gratuidad del proceso, se elimina la obligatoriedad de una doble sentencia conforme, y en los casos más evidentes, será el propio obispo quien lleve la causa.
El TS expone que en una operación de financiación del consumo no puede justificarse un interés tan excesivo, y declara la nulidad del contrato de forma que el cliente sólo deberá devolver al banco la suma recibida.
El derecho a la justicia gratuita, que no debe ser confundido con el derecho a un abogado del turno de oficio, está presente diariamente en todo tipo de procesos y en todos los órdenes jurisdiccionales. También el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. Ambos pueden colisionar cuando al tramitar el reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente el proceso queda paralizado más tiempo de lo deseable. Es importante conocer en qué medida afecta la petición al proceso principal, pues una disfunción puede originar la nulidad de actuaciones, con el consiguiente retraso del proceso.
En un informe, que recoge sus alegaciones en procedimiento prejudicial ante el TJUE, la Comisión se muestra contraria a que los tribunales nacionales puedan moderar la devolución de las cantidades que ha pagado el consumidor en aplicación de una cláusula declarada nula. Las asociaciones de consumidores confían en que finalmente el TJUE refrende esta postura.
Ante la multitud de demandas que se están presentando ante los Juzgados de lo Mercantil respecto de la nulidad de las cláusulas “suelo-techo”, se hace un repaso de las principales alegaciones que tales demandas deben contener para llegar a una resolución favorable en cuanto a tal declaración, así como a la devolución de los intereses indebidamente cobrados por las entidades financieras.
El TS confirma la nulidad de la decisión arbitral dictada por la CCNCC en el descuelgue instado por Air Europa respecto del II Convenio para Tripulantes de Cabina y declara que, en el procedimiento de inaplicación de convenios, sólo es posible instar el pronunciamiento de terceros cuando ha fracasado una negociación colectiva verdadera.
Esta Ley regula las relaciones externas entre la Administración y los ciudadanos. Pretende implantar una Administración totalmente electrónica, interconectada y transparente, mejorando la agilidad de los procedimientos administrativos y reduciendo los tiempos de tramitación.
La norma establece las bases con arreglo a las cuales se ha de desenvolver la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de las Administraciones Públicas.
El Papa Francisco ha dictado el Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus, por el que modifica sustancialmente las causas canónicas de nulidad matrimonial, reguladas en los Cánones 1671 a 1691 del Código de Derecho Canónico y se establece la gratuidad del procedimiento. Esta reforma entrará en vigor el día 8 de diciembre de 2015.
La AP Cantabria, teniendo en cuanta la doctrina del TS, pregunta al TJUE si la limitación de los efectos restitutorios derivados de la declaración de la nulidad de la cláusula suelo es compatible con el derecho comunitario.
Tras la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el 9 de mayo de 2013, que declara la nulidad de la conocida como “cláusula suelo”, y la reciente reforma operada en la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2014 por la que se atribuye al Ministerio Fiscal legitimación para ejercitar “cualquier acción en defensa de los intereses de los consumidores y usuarios”, el Ministerio Fiscal está llamado a abandonar su tradicional “clausura” en la jurisdicción penal para –especialmente en la actual coyuntura económica– desempeñar un importante papel de promoción del interés social en los diversos procedimientos civiles, tanto de oficio como a instancia de los interesados.
La Sala Primera del TS establece en una sentencia de fecha 19 de mayo de 2015 las directrices de interpretación del art. 752 CC sobre la nulidad de la cláusula testamentaria otorgada por el causante a favor del confesor.
El TS entiende que si el TEDH acuerda que un derecho ha sido vulnerado, esa declaración debe ser respetada en su integridad, aunque añade que no siempre será necesario declarar la nulidad íntegra de la sentencia dictada por el Tribunal español.
El TS ha declarado la nulidad del apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, así como parte del art. 35.3 del mismo Real Decreto.
El TC declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del primer inciso del art. 1.3, de los apartados 5 y 6 del art. 25 y del art. 53.1.a) de la Ley 1/2010, de 8 de marzo, reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía, en la redacción aprobada por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 9 de abril, de medidas para asegurar el cumplimiento de la Función Social de la Vivienda; así como la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional segunda de dicho Decreto-ley 6/2013.
Este artículo aborda el análisis de la reciente interpretación jurisprudencial sobre la nulidad o anulabilidad de los derivados financieros tóxicos, extrayendo algunas consecuencias para la práctica profesional.
La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia de fecha 28 de abril de 2015, en la que superando una interpretación literal con la de sistematización del contexto normativo y finalidad de la norma, establece como doctrina jurisprudencial que «en los contratos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles, sujetos a la Ley 42/1998, la nulidad del contrato de financiación, a instancia del adquirente, también está comprendida en el artículo 12 de dicho Texto legal».
El TS se ha pronunciado en una sentencia de fecha 28 de abril de 2015, sobre la posible extinción de la pensión compensatoria como consecuencia de la eficacia civil de nulidad canónica matrimonial. Considera que la resolución que concedía dicha pensión había devenido firme y por tanto debe continuar pagando la pensión compensatoria a su exmujer.
Según el pleno de la Sala de lo Civil del TS, su sentencia de 6 de febrero de 2014 no incurre en causa de nulidad por vulneración de los derechos de los menores cuya inscripción se denegó, pues las molestias e inconvenientes que para los recurrentes (y en menor medida para los niños, que por su corta edad no serán conscientes siquiera de la situación) puede suponer la situación provisional que se produzca por la sustitución de la filiación resultante de la transcripción de las actas de nacimiento de California por la filiación que resulte de la aplicación de las normas del ordenamiento jurídico español, no alcanzan una entidad suficiente como para considerar que se produce el desequilibrio vulnerador del derecho a la vida privada de los niños, en su aspecto de fijación de una identidad determinada.
La doctrina de "los frutos del árbol envenenado" es la teoría de que cualquier prueba que directamente o indirectamente y por cualquier nexo se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. En este sentido esa prueba nula se convierte en ilegítima y su nulidad insubsanable, y en consecuencia arrastrará a todas aquellas otras pruebas directamente relacionadas y derivadas.
La Junta de Gobierno del Colegio se excedió de sus competencias al inadmitir a trámite las enmiendas presentadas durante la tramitación de los estatutos sólo por razones formales. Tal exceso competencial infringe los principios de estructura interna y de funcionamiento democrático y justifica la nulidad de los estatutos.
Dado que no se entregó a los sindicatos negociadores el censo de los trabajadores que debían de votar la aceptación la propuesta de despidos propuesta por la empresa, resulta acreditada la vulneración de la libertad sindical de los sindicatos demandantes durante el período de consultas, lo que determina la nulidad del despido colectivo aplicado, , de conformidad con lo dispuesto en el art. 124.11 LRJS.
El TS confirma la decisión de la Audiencia de Málaga de rechazar la demanda de los dos hijos que reclamaban la nulidad de la cláusula del testamento de su padre que los desheredó
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que facultaba que los agentes pudieran denunciar a los conductores sin necesidad de pararles ni notificarles las denuncias "cuando se encontraran regulando el tráfico o carecieran de medios para perseguir a los vehículos infractores". Se estima que cerca del 80 por ciento de las denuncias formuladas por la Policía Municipal desde la entrada de ese precepto, el 17 de diciembre de 2010, se han tramitado en base al mismo, lo cual podría afectar a más de 600.000 expedientes sancionadores.
Según la asociación, es incomprensible que estas cláusulas siga siendo comercializadas, que perdure en contratos anteriores y que los ciudadanos hayan de acudir, de manera masiva, a los tribunales, para que sea retirada, cuando el TS, desde su sentencia de 9 de mayo de 2013, declaró abusiva la práctica de incluirla sin informar a quienes decidían adquirir una vivienda y constituían hipoteca para garantizar el préstamo destinado a ese fin.
Una vez declarada la nulidad por abusivas de las cláusulas de un préstamo hipotecario, el juez que conoce de ese procedimiento declarativo puede también llevar hasta sus consecuencias finales el resultado de esa declaración de abusividad, dejando sin efecto el procedimiento de ejecución, en la medida en la que el mismo se llevó a término sin tener en cuenta el carácter abusivo de las cláusulas que permitían la determinación de la cuantía del despacho de ejecución.
El TC declara la inconstitucionalidad y consiguiente nulidad del el párrafo quinto del art. 174.3 LGSS por vulneración del art. 14 CE, en relación con el art. 149.1.17 CE, al no ser posible deducir una finalidad objetiva, razonable y proporcionada que justifique el establecimiento de un trato diferenciado entre los solicitantes de la correspondiente pensión de viudedad en función de su residencia o no en una Comunidad Autónoma con Derecho civil propio que hubiera aprobado legislación específica en materia de parejas de hecho.
José María López Jiménez, director de la obra La cláusula suelo en los préstamos hipotecarios, nos ofrece las diez claves para conocer los orígenes, efectos y alcance de la declaración de nulidad de estas controvertidas cláusulas.
El requisito de agotamiento de la vía previa puede considerarse cumplido, sin necesidad de llegar al incidente de nulidad de actuaciones, cuando se compruebe que los órganos judiciales han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre los derechos fundamentales luego invocados en vía de amparo constitucional. Es decir, cuando la vulneración de derechos fundamentales objeto de la demanda de amparo ha sido debatida en todas las instancias, debe entenderse cumplido el requisito del agotamiento de la vía judicial previa. Lo contrario supondría cerrar la vía de amparo constitucional con un enfoque formalista y confundir la lógica del carácter subsidiario de su configuración".
La Sala Primera del Tribunal Supremo ha declarado la nulidad de las cláusulas suelo, en los casos de "falta de transparencia" a los consumidores, tras su reunión en pleno, en la que ha estimado parcialmente un recurso de casación en el que se planteaba un asunto sobre este umbral mínimo de los tipos de interés en las hipotecas.