En otro dictamen, señala que los jueces deben valorar en cada caso si al aceptar una condecoración concedida por un órgano del Poder Ejecutivo ponen en riesgo su apariencia de independencia.
Tribunales irlandeses solicitaron al TJUE que se pronunciase sobre la potestad de Alemania y Lituania para emitir órdenes de detención frente a un grupo de reos.
Estas denuncias son el primer paso para detectar una posible infracción por parte de un Estado miembro de la legislación vigente en la Unión Europea.
La relevancia de los supuestos en que se invoca la falta de legitimación de la acusación popular para perseguir ciertos delitos que tienen repercusión sobre la generalidad de los ciudadanos es fuente de recelos, por un lado cuestiona la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por otro la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y, lo más grave, cuestiona la calidad de la democracia de nuestro Estado de Derecho. Si el acusador particular interviene en el procedimiento penal en defensa de sus intereses como perjudicado por el delito, ¿qué intereses mueven al Ministerio Fiscal como acusación pública, de un lado, y al acusador popular, de otro? La tensión entre la tradicional desconfianza que suscita el “uso” del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo y la suspicacia que despierta la manipulación de la Acción Popular para la consecución de intereses ocultos es lo que subyace en esta polémica.