Procedimiento penal

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El derecho a la última palabra, ¿incluye la penúltima?

El derecho a última palabra se configura como la manifestación más relevante dentro de la potestad de autodefensa que asiste al acusado en el procedimiento penal. Sin embargo, esta facultad se configura de una manera residual en nuestro ordenamiento procesal, casi relegado al ostracismo. A través de este artículo, hacemos un repaso al derecho de última palabra en conexión con la potestad de autodefensa, proponiendo una reforma que potencie esta capacidad del acusado y refuerce sus garantías procesales.

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten

15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES

No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.

La Acción Popular. Limitaciones a su ejercicio. La “Doctrina Botín”, el “caso Atutxa” y la aplicación al “caso Nóos”

24 de noviembre de 2015 Artículos doctrinales Acción popular

La relevancia de los supuestos en que se invoca la falta de legitimación de la acusación popular para perseguir ciertos delitos que tienen repercusión sobre la generalidad de los ciudadanos es fuente de recelos, por un lado cuestiona la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por otro la imparcialidad del Ministerio Fiscal, y, lo más grave, cuestiona la calidad de la democracia de nuestro Estado de Derecho. Si el acusador particular interviene en el procedimiento penal en defensa de sus intereses como perjudicado por el delito, ¿qué intereses mueven al Ministerio Fiscal como acusación pública, de un lado, y al acusador popular, de otro? La tensión entre la tradicional desconfianza que suscita el “uso” del Ministerio Fiscal por el Poder Ejecutivo y la suspicacia que despierta la manipulación de la Acción Popular para la consecución de intereses ocultos es lo que subyace en esta polémica.

Catalá anuncia una reforma de la LECrim para limitar la duración de la instrucción a seis meses

22 de febrero de 2015 Noticias Procedimiento penal

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha anunciado que va a presentar en el Congreso una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para limitar los plazos de instrucción de las causas a 6 meses para las causas sencillas, y 18 meses máximos para las causas complejas, todo ello con el fin de agilizar la justicia y el proceso judicial de las macrocausas.

¿Hasta cuándo puede la víctima de un delito reclamar con abogado particular?

Como es sabido, existe la obligación legal (por parte del Secretario Judicial desde la reforma llevada a cabo por la Ley 13/2009 de 3-11) de hacer el correspondiente ofrecimiento de acciones a los ofendidos por un delito, es decir, se les debe advertir que tienen derecho a mostrarse parte en la causa y reclamar cuantas acciones civiles y penales pudieran corresponderle, pudiendo ejercitarlas en el mismo procedimiento penal y de forma conjunta, renunciar a unas u otras, o reservarse de forma expresa el ejercicio de las acciones civiles para el procedimiento civil correspondiente.

El ministro de Justicia anuncia las líneas maestras de actuación de su departamento

16 de octubre de 2014 Noticias Ministerio de Justicia

Catalá apuesta por el diálogo y el consenso para afrontar las próximas reformas de la Justicia. Se reunirá con todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios para discutir las necesidades de nuestros juzgados y tribunales. Convocará una mesa sectorial con las comunidades autónomas y otra sindical con los representantes de los trabajadores. No se escatimarán medios en la lucha contra la corrupción y se modificará el procedimiento penal para agilizar la instrucción de estos casos. .Se analizarán y revisarán las tasas judiciales de cara a una eventual mejora. Se agilizará la tramitación de los delitos de tráfico con embriaguez. Se mantendrá la demarcación judicial actual con partidos judiciales

En el ámbito penal, el registro del email de un trabajador requiere autorización judicial

29 de agosto de 2014 Noticias Prueba en el proceso penal

El TS establece que para que pueda otorgarse valor y eficacia probatoria en el ámbito del procedimiento penal al resultado de la prueba consistente en la intervención de las comunicaciones protegidas por el derecho consagrado en el artículo 18.3 de la Constitución, por ejemplo, mediante el registro del correo electrónico corporativo de un trabajador, resultará siempre necesaria la autorización e intervención judicial.   

Informe sobre los cambios en el proceso penal

25 de julio de 2011 Noticias PROCEDIMIENTO PENAL

Entre otras cuestiones, se incorpora plenamente el derecho a la segunda instancia penal, se pone fin a la investigación indefinida, también conocida como "pena de banquillo" y se regulan derechos y garantías constitucionales tan importantes para los ciudadanos como los de la persona detenida, el control judicial de las medidas que limitan la libertad, la interceptación de las comunicaciones, la entrada y registro o el derecho a no ser perseguido dos veces por los mismos hechos.