Proceso monitorio

La Abogada ve necesario ampliar el grado de protección de los consumidores ante posibles abusos con acreedores en otros estados miembros por vía de estos procedimientos 

Desde su promulgación y a raíz de su funcionamiento, el monitorio ha experimentado varios cambios, pero tras los mismos, el proceso ha ido perdiendo año tras año eficacia. Teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento jurídico existen otros medios para reclamar deudas dinerarias y que el Monitorio es un proceso voluntario y el más utilizado en la actualidad ¿Es viable y eficaz? ¿Es el proceso que pretendía ser a día de hoy?

El TJUE se ha pronunciado por primera vez sobre aquellos casos en los que el proceso monitorio va seguido de un procedimiento de ejecución forzosa, declarando que la normativa española al respecto es contraria a la Directiva 93/13/CEE sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores.

El Acuerdo de 22 de diciembre de 2015, de la Comisión Permanente del CGPJ, por el que se aprueban los modelos normalizados previstos en las leyes de Enjuiciamiento Civil y de Jurisdicción Voluntaria, publica estos formularios para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos ante los Tribunales cuando no sea preceptiva la intervención de Abogado y Procurador.

El Reglamento (UE) 2015/2421 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, ha modificado el Reglamento (CE) no 861/2007 por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía, y el Reglamento (CE) no 1896/2006 por el que se establece un proceso monitorio europeo.

Según el Abogado General del TJUE, la normativa española sobre el proceso monitorio es contraria al derecho de la UE, pues no permite controlar de oficio la existencia de cláusulas abusivas en la fase de examen de la petición de proceso monitorio, ni tampoco permite al juez encargado de la ejecución del requerimiento apreciar de oficio la concurrencia de dichas cláusulas.

La reforma afectará, además, a la regulación del juicio verbal, al proceso monitorio y a los plazos civiles de prescripción. Tras su aprobación pasará al Senado.

Las comunidades de vecinos precisan de una financiación económica. El proceso objeto de este artículo es creado por el legislador para lograr la misma, introduciendo un cauce rápido para el cobro de las cuotas impagadas debidas. Sin embargo, la crisis económica actual así como la parquedad de la regulación plantean no pocos problemas y hasta resoluciones diferentes en los distintos tribunales.

El proceso monitorio es una de las medidas introducidas por la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante LRJS) para intentar descargar al Juez, que no al Juzgado, de esos litigios de reclamación de cantidad en los que no se produce controversia. El éxito de este proceso en la jurisdicción civil, introducido por la LEC del año 2000, que lo regula en sus artículos 812 a 818 ha animado al legislador a probar fortuna en nuestro orden jurisdiccional social y para ello la LJS, dedica un único pero prolijo precepto: el articulo 101.

La cuestión práctica sobre la que versa el presente trabajo radica en intentar resolver si admitida a trámite una petición de juicio monitorio en la que por parte del peticionario se indica el domicilio del deudor, cabe posteriormente que el juzgado declare su falta de competencia en base a la diligencia negativa de requerimiento practicada en dicho domicilio y posterior indicación por parte del demandante o peticionario del conocimiento de un nuevo domicilio.

El artículo 813 de la LEC establece que “será exclusivamente competente para el proceso monitorio el Juez de 1ª Instancia del domicilio o residencia del deudor o, si no fuere conocido el del lugar en que el deudor pueda ser hallado a efectos de requerimiento de pago por el tribunal… En todo caso, no serán de aplicación las normas sobre sumisión expresa o tácita contenidos en la sección 2ª del Capítulo II del Título II del Libro I.” La ley asigna, así, la competencia territorial para el proceso monitorio atendiendo a un fuero principal, el domicilio o la residencia, y otro subsidiario.