Proceso penal

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"La modernización de nuestra Justicia Penal" un nuevo webinar de la serie “Diálogos para el futuro judicial”

¿Qué cambios exige nuestro proceso penal para dar una respuesta eficaz al previsible colapso judicial sin merma de derechos? ¿Qué posibilidades y qué limitaciones tendrá una futura Justicia digital? ¿Hacia dónde debe dirigirse nuestro Derecho penal para responder a la realidad del siglo XXI? Estas y otras cuestiones serán objeto de debate por cuatro destacados especialistas en la tercerea sesión de la serie de wébinars organizados por Wolters Kluwer "Plan de choque de la Justicia. Diálogos para el futuro judicial" que en esta ocasión lleva el título "La modernización de nuestra Justicia Penal"  

El fin de la exclusión de la prueba ilícita en el proceso penal: entre la defensa de los derechos fundamentales y la advertencia a los poderes públicos

24 de abril de 2020 Artículos doctrinales

La STC 97/2019 ha supuesto la apuesta definitiva de nuestra jurisprudencia por el efecto disuasorio como delimitador de la exclusión de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales en el proceso penal. Ello plantea un dilema. ¿Lo relevante es la protección del derecho del acusado en el proceso o la correcta actuación de los poderes públicos en futuros procedimientos?  

Política criminal: entre el Derecho y la ideología

El Gobierno de la Nación dirige la política criminal del Estado. ¿Cuáles son sus consecuencias prácticas en el ámbito jurídico? Por un lado, están quienes propugnan una visión técnica del Derecho que aspiran a la resolución neutral e ideológicamente aséptica de los conflictos. Por otro, se alzan los que enfocan la materia jurídica desde una perspectiva eminentemente social y sin eludir el compromiso ideológico. El diseño de nuestro proceso penal es acaso el mejor ejemplo de esta tensión dialéctica muy particularmente en la vexata questio de si la instrucción penal debe estar a cargo de jueces o fiscales. 

El Constitucional admite a trámite el recurso de amparo de Forcadell contra la decisión del Supremo de asumir la competencia del proceso penal del 1-O

10 de abril de 2018 Noticias Desafío independentista

El Tribunal Constitucional ha hecho publica una providencia en la que admite por unanimidad el recurso de amparo interpuesto por la ex presidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell y la miembro de la mesa Ana Simó en contra de la decisión que tomó el Tribunal Supremo el pasado 9 de Noviembre para asumir la competencia en la causa penal por el referendum ilegal celebrado el pasado 1 de Octubre de 2017.

Los certificados de antecedentes penales deben incluir los derivados de condenas extranjeras con independencia del fin para el que se soliciten

15 de septiembre de 2017 Noticias ANTECEDENTES PENALES

No puede omitirse la referencia a un antecedente penal por una condena extranjera que conste debidamente inscrito, con independencia de que el certificado se solicite para un procedimiento penal o para un fin distinto del proceso penal y con independencia de que haya transcurrido el plazo de cancelación exigido en el derecho español.

Cómputo del plazo de la prisión provisional en los supuestos de extradición

El autor aborda la problemática relativa al cómputo de los plazos de la prisión provisional en los supuestos de extradición, concluyendo que no procede tener en cuenta para el cómputo de los plazos del art. 504 LECrim el tiempo que el investigado ha estado privado de libertad en el país de detención mientras se tramitaba la extradición, todo ello a fin de no quebrar el principio de seguridad jurídica haciendo depender la institución de la prisión provisional de cómputos inciertos e imprecisos y que escapan del control de los tribunales españoles, postura que ha sido avalada por el Tribunal Constitucional.

El derecho a la intimidad y la prueba obtenida mediante drones

22 de junio de 2016 Artículos doctrinales Drones

En este articulo nos planteamos si es posible el uso de drones en el proceso penal como medida de vigilancia y seguimiento policial y hasta que punto puede afectar o no a la inviolabilidad del domicilio. Para dar respuesta a estas cuestiones, estudiaremos el derecho fundamental recogido en el articulo 18.2  de la Constitución Española, el concepto de domicilio según la doctrina  del Tribunal Supremo y  del Tribunal Constitucional, en relación con  la regulación legal en el ámbito del derecho penal y la jurisprudencia existente, en especial la reciente STS 329/2016, de 20 de abril. 

Obligación de denunciar versus prueba de cargo de la víctima en los delitos de violencia de género

Este artículo reflexiona sobre el conflicto existente entre la conciencia colectiva que anima a las víctimas de violencia de género a denunciar y la frustración en cuanto a expectativas que pueden tener muchas mujeres que sufren una situación de maltrato en sus relaciones con la administración de justicia. Asimismo se hace un análisis sobre la errónea creencia social de que la ley es injusta, pues por el mero hecho de que una mujer presente una denuncia por violencia de género, se supone que siempre sale victoriosa en el subsiguiente proceso penal.

Las intervenciones telefónicas: doctrina general a la luz de la LO 13/2015, de 5 de octubre

Las denominadas “escuchas telefónicas” –intervención de las comunicaciones telefónicas–, que pueden acordarse como diligencias instructoras en el ámbito del proceso penal –ordinario o abreviado–, requieren, para su adopción, del cumplimiento de una serie de formalidades materiales y procesales que delimitan su aplicación. El Tribunal Constitucional ha desarrollado toda una doctrina jurisprudencial en garantía del derecho fundamental del art. 18.3 CE, de tal manera que el instructor, y con carácter previo a la toma de decisión, se vea obligado a realizar un juicio de proporcionalidad concreto que avale tal injerencia, so pena de nulidad. La nueva regulación normativa viene a colmar un espacio necesario y hartamente demandado por la jurisprudencia, tanto nacional como de la Unión Europea, dando cabida así a la “habilitación legal” de la intervención, en tanto norma fundante de la injerencia en el derecho especialmente protegido.