Prohibicion

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Según el TJUE la prohibición de llevar velo u otro símbolo religioso en el trabajo no es discriminatorio

El Tribunal de Justicia ha dictado dos sentencias, en los Asuntos C-157/15, y C-188/15 donde se analiza la utilización de símbolos religiosos, como pueda ser el velo islámico, o de otros signos de convicciones políticas o filosóficas en el ámbito del trabajo y la posibilidad de que prohibir su uso, a través de una norma interna general, pueda considerarse una discriminación directa.

Las exenciones fiscales en favor de los colegios religiosos no infringen la prohibición de las ayudas estatales del Derecho de la Unión

16 de febrero de 2017 Jurisprudencia TJUE

Según las conclusiones de la Abogado General Juliane Kokott, una exención fiscal en favor de la Iglesia Católica en España por obras realizadas en un edificio escolar no es una ayuda estatal prohibida en la medida en que la Iglesia utilice el edificio para impartir enseñanza obligatoria y, por tanto, en el contexto de su labor social, cultural y educativa, pero sí en la medida en que lo utilice para una oferta educativa de carácter comercial.

El Gobierno modifica la normativa sobre contratación pública para agilizar el procedimiento y favorecer la competencia

25 de noviembre de 2016 Noticias Contratación pública

La reforma prevé una reducción general de los plazos de tramitación, la utilización preferente de medios electrónicos, la generalización del uso de las llamadas "declaraciones responsables", la división de los contratos en lotes y la limitación de la utilización de los llamados "medios propios". También se establece una regulación más rigurosa de las prohibiciones de contratar, se suprime el procedimiento negociado por razón de la cuantía y se regula un nuevo procedimiento de adjudicación de contratos públicos denominado "de asociación para la innovación".

El Senado aprueba la reforma de la Ley de Montes, ampliando las excepciones a la prohibición del cambio de uso de los suelos quemados

26 de junio de 2015 Noticias Ley de Montes

La reforma clarifica la clasificación de los montes diviéndolos,según su titularidad, en públicos o privados y, según desempeñen un servicio público, en montes afectados o no afectados por un interés general. Entre las enmiendas introducidas destaca la que establece que si las razones imperiosas para permitir el cambio de uso de una superficie quemada responden a un interés general de la Nación será la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso.

El Supremo confirma el derecho a cambiar el uso de un local de oficinas a vivienda, salvo prohibición expresa

30 de octubre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El cambio de uso de los pisos o locales en régimen de propiedad horizontal constituye un derecho del propietario englobado en las facultades dominicales, que no puede ser sustraído a no ser que conste que el nuevo uso está expresamente prohibido o que el cambio de destino se encuentra expresamente limitado por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

La Audiencia condena a Carcaño por asesinato a 20 años de prisión

13 de enero de 2012 Jurisprudencia CASO MARTA

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Miguel Carcaño Delgado como autor responsable de un delito de asesinato a veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo.

El Supremo confirma el derecho a cambiar el uso de un local de oficinas a vivienda, salvo prohibición expresa

30 de octubre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El cambio de uso de los pisos o locales en régimen de propiedad horizontal constituye un derecho del propietario englobado en las facultades dominicales, que no puede ser sustraído a no ser que conste que el nuevo uso está expresamente prohibido o que el cambio de destino se encuentra expresamente limitado por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

La Audiencia condena a Carcaño por asesinato a 20 años de prisión

13 de enero de 2012 Jurisprudencia CASO MARTA

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Miguel Carcaño Delgado como autor responsable de un delito de asesinato a veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo.

Alcance y límites de la cautela socini o prohibición por el testador de que sus herederos acudan a la intervención judicial en la testamentaria

25 de junio de 2014 Jurisprudencia Cautela socini

La cautela socini no incluye toda impugnación de la ejecución testamentaria llevada a cabo por los herederos, sino solo aquéllas que se dirigen a combatir el ámbito dispositivo y distributivo ordenado por el testador. Por tanto, no quedan comprendidas en la prohibición aquellas impugnaciones que se dirijan a denunciar irregularidades del proceso de ejecución testamentaria.

El Supremo confirma el derecho a cambiar el uso de un local de oficinas a vivienda, salvo prohibición expresa

30 de octubre de 2013 Jurisprudencia Propiedad horizontal

El cambio de uso de los pisos o locales en régimen de propiedad horizontal constituye un derecho del propietario englobado en las facultades dominicales, que no puede ser sustraído a no ser que conste que el nuevo uso está expresamente prohibido o que el cambio de destino se encuentra expresamente limitado por el régimen de propiedad horizontal, su título constitutivo o su regulación estatutaria.

No se puede obligar al explotador de una red social en línea a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales

Esa obligación sería contraria a la prohibición de imponer a dicho prestador una obligación general de supervisión y a la exigencia de garantizar un justo equilibrio entre, por una parte, la protección del derecho de autor y, por otra parte, la libertad de empresa, el derecho a la protección de los datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones.

La Audiencia condena a Carcaño por asesinato a 20 años de prisión

13 de enero de 2012 Jurisprudencia CASO MARTA

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a Miguel Carcaño Delgado como autor responsable de un delito de asesinato a veinte años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo tiempo, y la prohibición de residir en la misma localidad o ciudad donde lo hagan los padres y las hermanas de Marta del Castillo por espacio de 30 años, así como de aproximarse a menos de 500 metros y de comunicarse por cualquier medio con ellos por el mismo espacio de tiempo.

El término multipropiedad

La anterior ley reguladora de la materia, la Ley 42/1998, de 15 de diciembre, ya rechazó por inadecuado el término de multipropiedad y la actual Ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, sigue en la misma línea desechando dicho término así como cualquier otra forma que contenga la palabra propiedad. Sin embargo, este término está muy arraigado en la sociedad y sigue usándose de forma habitual al amparo de la costumbre. Por esta razón, se echa de menos que el legislador, paralelamente a la prohibición de la palabra, no haya previsto un término concreto para esta institución jurídica. Es una muestra más del uso de una terminología jurídica deficiente que hay que superar.

La acción sin voto

Las acciones sin voto, de origen anglosajón (las conocidas “non voting shares” nacidas en el siglo XIX), para los que el derecho de voto no es consustancial a la condición de accionista, fueron recogidas en España, en el hoy derogado Texto de la Ley de Sociedades anónimas de 1989 (Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre) que suprimió la prohibición que la anterior norma de 1951 recogía y se han incorporado al vigente RDLeg 1/2010 de Ley de Sociedades de Capital que supusieron un claro avance en la superación del principio de igualdad de las acciones (Gómez de Mendoza).

El principio non bis in idem y la subordinación de la potestad sancionadora administrativa al orden jurisdiccional penal

En término generales, el principio non bis in idem, consiste en la prohibición de que un mismo hecho resulte sancionado más de una vez, es decir, supone que no se imponga duplicidad de sanciones en los casos en que se desprenda identidad de sujeto, hecho y fundamento sin que haya una supremacía especial, como por ejemplo que se sancione a una persona dos veces por los mismo hechos en la jurisdicción administrativa y la penal.