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La Junta de Andalucía impone la tramitación electrónica obligatoria de procesos selectivos de personal y bolsas de trabajo

23 de octubre de 2020 Noticias MEDIDAS COVID-19

En el contexto de la pandemia del Covid-19 y para minimizar el riesgo de contagio, el Decreto-ley 27/2020, de 22 de octubre, establece la obligación de relacionarse exclusivamente a través del uso de medios electrónicos con la Administración General de la Junta de Andalucía en los procedimientos selectivos de acceso, provisión de puestos y bolsas de trabajo.

Los juicios y declaraciones serán preferentemente telemáticos hasta junio de 2021

21 de septiembre de 2020 Noticias JUICIOS TELEMÁTICOS

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, establece la tramitación preferente de determinados procedimientos en el orden social, civil y contencioso-administrativo directamente relacionados con la crisis sanitaria del COVID-19 y regula medidas en el ámbito concursal y societario orientadas a mantener la continuidad económica de las empresas, profesionales y autónomos y a incentivar su financiación. También dispone medidas de carácter organizativo y tecnológico frente a las consecuencias de la crisis sobre la Administración de Justicia, que serán aplicables hasta el 20 de junio de 2021  

Custodia y régimen de visitas. ¿Cómo quedan tras la declaración del estado de alarma?

02 de abril de 2020 El sector legal WEBINAR COVID-19

Wolters Kluwer pone a tu disposición un práctico webinar en el que se analizará, de la mano de un especialista, cómo afecta el estado de alarma a la ejecución de las resoluciones existentes en derecho de familia, especialmente el derecho de visitas o la ejecución de una custodia compartida, en función de las concretas circunstancias de cada sentencia

El Gobierno prohíbe los despidos por causas relacionadas con la crisis del coronavirus: comentario al RD-Ley 9/2020

30 de marzo de 2020 Noticias LEGISLACIÓN

Además, el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, agiliza el acceso a la prestación por desempleo, persigue el fraude en los ERTEs, interrumpe el cómputo de la duración máxima de los contratos temporales y facilita a las cooperativas la adopción de acuerdos sobre suspensión de contratos. También ordena que mantengan su actividad los centros sanitarios y los de atención a personas mayores y amplía la tramitación de emergencia para la contratación relacionada con el COVID-19 en todo el sector público.

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