Telecomunicaciones

Los Estados miembros deben garantizar el cumplimiento de esta obligación aun cuando la llamada se haga desde un teléfono móvil que no tenga tarjeta SIM.

A partir del 15 de mayo se aplica un nuevo precio máximo a todas las llamadas y los mensajes SMS internacionales dentro de la UE. En consecuencia, los consumidores que llamen desde su país a otro país de la UE pagarán una cantidad máxima de 19 céntimos por minuto (más IVA) y 6 céntimos por mensaje SMS (más IVA). 

El Tribunal Supremo aplica las circunstancias agravantes de la responsabilidad contempladas en la Ley General de Telecomunicaciones de 2014 por los beneficios elevados que obtuvo la empresa sancionada, la duración de la infracción y el daño causado, y la falta de reparación del daño al no figurar la devolución de los importes.

La Agencia publica esta nueva sección para conmemorar el Día mundial de los derechos de los consumidores que se celebra hoy 15 de marzo, con el fin de fomentar la concienciación de los ciudadanos sobre los derechos que les asisten y cómo ejercerlos. Existen varios organismos competentes en esta materia, por lo que resulta fundamental que el ciudadano sepa ante cuál tiene que presentar su reclamación en función de las circunstancias concretas y cómo debe hacerlo.

La profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones solo tiene la consideración de profesión regulada con reserva de actividad en cuatro de los 28 Estados de la UE. La reforma de la normativa de servicios y Colegios Profesionales continúa pendiente desde 2009, aunque forma parte desde entonces del Plan Nacional de Reformas de España. Considera necesario no incorporar restricciones adicionales injustificadas como también indican la UE, el FMI y la OCDE.

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales regula la potestad de las entidades locales para establecer tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local. La jurisprudencia ha ido delimitando cuál es el contenido del legítimo ejercicio de la autonomía municipal para subvertir las necesidades de los entes locales.

La utilización de software ilegal por las empresas es una actividad cada vez más perseguida y que puede comportar consecuencias muy negativas para la propia entidad y para sus responsables. Precisamente a los aspectos legales del uso de software ilegal se dedicó una ponencia en la reciente jornada “Software: riesgos, amenazas y oportunidades para la empresa”, organizada por CEOE, BSA The Software Alliance y la Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC).

 

BSA The Software Alliance y la  Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)  en colaboración con la CEOE, organizan el próximo 30 de noviembre, en Madrid, una jornada informativa con el fin de dar a conocer de forma práctica las amenazas y riesgos para la seguridad de las compañías, tanto desde el punto de vista operativo como legal, junto con las vías para una adecuada protección mediante políticas internas y una correcta gestión de los activos de software (SAM) para reducir su exposición a ciberamenazas y a posibles responsabilidades legales.

Una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido por primera vez una situación de incapacidad permanente total para el ejercicio de su profesión a un ingeniero de telecomunicaciones por padecer este síndrome.

La Agencia Española de Protección de Datos y el Consejo de Consumidores y Usuarios recuerdan los pasos básicos que debe seguir un ciudadano que haya sido víctima de ello.

Antes de la plena liberalización de los mercados de las telecomunicaciones en 1998, Telefónica disfrutaba de un monopolio legal para la prestación minorista de servicios de telecomunicaciones de línea fija. Así pues, en el momento de la liberalización, Telefónica era el único operador español de telecomunicaciones que poseía una red de telefonía fija en todo el país.

Antes de la plena liberalización de los mercados de las telecomunicaciones en 1998, Telefónica disfrutaba de un monopolio legal para la prestación minorista de servicios de telecomunicaciones de línea fija. Así pues, en el momento de la liberalización, Telefónica era el único operador español de telecomunicaciones que poseía una red de telefonía fija en todo el país.

Antes de la plena liberalización de los mercados de las telecomunicaciones en 1998, Telefónica disfrutaba de un monopolio legal para la prestación minorista de servicios de telecomunicaciones de línea fija. Así pues, en el momento de la liberalización, Telefónica era el único operador español de telecomunicaciones que poseía una red de telefonía fija en todo el país.

Artículos de opinión, notas de prensa, tertulias, debates políticos y comentarios de todo tipo, empezaron a hablar sobre este sistema, sobre sus problemas legales, sobre las sentencias del Tribunal Supremo, sobre su constitucionalidad o no. Lo que se comunicaba y publicaba carecía de rigor jurídico. Este nuevo artículo pretende analizar el problema que representa la existencia de un sistema tan avanzado tecnológicamente, frente a una legislación obsoleta e insuficiente y a unos Tribunales de Justicia prisioneros de su propia obsolescencia tecnológica.

SITEL (Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones) es un avanzado sistema informático desarrollado por la multinacional Ericsson, que permite la interceptación sin límite, de todas las telecomunicaciones que tengan lugar en España, y que es utilizado conjuntamente por las Direcciones Generales de Policía y Guardia Civil, así como por el CNI (Centro Nacional de Inteligencia).

La Comunidad Europea, a diferencia de la primera etapa evolutiva de la normativa española en la materia, considera que la prestación de las telecomunicaciones por satélite no es un servicio publico. Así lo previene expresamente la Directiva 95/47/CE, de 24 de Octubre de 1995 sobre el uso de normas para la transmisión de señales de televisión.

Los rápidos avances tecnológicos y la dimensión mundial de internet han hecho que, primero las empresas y después los ciudadanos y la administración, estén haciendo cada vez mas uso de las telecomunicaciones y de las nuevas tecnologías. Está siendo verdaderamente espectacular el crecimiento de las transacciones telemáticas que se vienen realizando con contenido económico.

Tal y como se ha detallado, debido a su valor práctico y económico, el espectro ha estado sometido a una regulación detallada desde el inicio de su utilización a principios del siglo XX, incluyendo la mencionada e indispensable armonización internacional.

Las Ordenanzas municipales reguladoras de la instalación y funcionamiento de instalaciones de telefonía móvil han sido objeto de numerosos recursos contencioso-administrativos que han dado lugar a una doctrina jurisprudencial en la que se delimitan las competencias que en esta materia corresponden a las Administraciones Locales y a la Administración General del Estado, principalmente, sin olvidar a las Comunidades Autónomas.

La gestión del espectro es una cuestión compleja desde el punto de vista técnico, económico y legal que se basa en un conjunto de conceptos específicos alrededor del espectro. Precisamente, en este apartado se explican de forma sucinta algunos conceptos básicos con el objetivo de ayudar a comprender mejor la problemática ligada a la utilización de este recurso.

Los ámbitos con mayor número de actuaciones de investigación fueron el sector de las telecomunicaciones (2.256 actuaciones previas iniciadas), seguido de las entidades financieras (1.566) y de la videovigilancia (918). Respecto a las solicitudes de ciudadanos que acudieron a la Agencia recabando la tutela de sus derechos, ocupan el primer lugar las solicitudes de cancelación (1.300), seguidas de las referentes al acceso (594)

La nueva Ley plantea una simplificación administrativa para el despliegue de nuevas redes, la eliminación de trabas a la concesión de licencias y el fomento del uso compartido de infraestructuras entre compañías. Además, el Gobierno se compromete a garantizar que todos los hogares tengan acceso a una velocidad mínima de Internet de 10 megabits por segundo en 2017 y a que, tres ejercicios más tarde, la banda ancha llegue a los 30Mbps y al menos la mitad del hogares puedan disponer de acceso a servicios de velocidades superiores a 100Mbps.

El pleno de la Eurocámara ha aprobado un paquete legislativo para prohibir el recargo tarifario por el uso del móvil en el extranjero ('roaming'), tanto para las llamadas como para los mensajes de texto o para navegar por Internet, como muy tarde a partir del 15 de diciembre de 2015. Se adoptan también reglas estrictas para impedir que las compañías de telecomunicaciones puedan bloquear o ralentizar servicios rivales como Skype o Whatsapp.

En 2012 se incrementaron las denuncias de los ciudadanos en esta materia, así como las solicitudes de cancelación en ficheros de solvencia patrimonial y de empresas de telecomunicaciones y las solicitudes de acceso a sus historiales clínicos.

El nuevo texto fomenta la inversión, simplifica el despliegue de redes, recupera la unidad de mercado y marca las bases para la inversión en redes ultrarrápidas fijas y móviles. Los ciudadanos verán mejoras en la cobertura, un incremento de la velocidad de Internet y la reducción de precios y costes, además de su protección como usuarios.

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información (SETSI), la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial (AUTOCONTROL) y los prestadores de servicios radiofónicos han firmado un convenio de colaboración con el objetivo de crear un sistema de autorregulación de la publicidad radiofónica.

Los ingresos del sector de las telecomunicaciones en España disminuyeron en 2010 un 3,5%, hasta alcanzar los 39.787,3 millones de euros, un descenso enmarcado en la situación de crisis económica, aunque inferior al registrado un año antes (cuando el descenso fue del 6,6%).

La Comisión Europea le impuso una sanción de 152 millones de euros por abuso de posición dominante en el mercado de banda ancha, puesto que cobraba a sus rivales precios excesivos por el alquiler de su infraestructura de red y les dejaba un margen de beneficios insuficiente.

El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, ha destacado ante la Comisión de Industria del Senado la importancia de la licitación del espectro radioeléctrico emprendida por el Gobierno dentro de su apuesta por el desarrollo de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, ya que provocará una inversión de 25.000 millones de euros por parte de los operadores en infraestructuras.

Además, se adecua el número de cabinas al uso decreciente de este servicio y se suprime la obligación de entrega de las guías en formato impreso, salvo petición expresa del abonado.

El Proyecto de Ley crea un marco más adecuado para la realización de inversiones para el despliegue de redes de nueva generación. En relación con los derechos de los usuarios, se establece que la portabilidad deberá realizarse en el plazo de un día laborable y se mejora el acceso a los servicios de telecomunicaciones para personas con discapacidad o con necesidades sociales especiales.

El Ejecutivo ha propuesto al consejo este nombramiento junto con el de Marta Plana Dropez, a propuesta de CIU, y Xabier Ormaetxea Garai, a propuesta del PNV, como miembros del consejo del organismo regulador de telecomunicaciones en lugar de los cuatro consejeros del consejo que permanecían en funciones adaptándose a la reducción de los miembros del consejo, que pasan de nueve a siete, que contempla la Ley de Economía Sostenible (LES).

Telefónica, Vodafone y ONO pretendían paralizar el desembolso anual del 0,9% de los ingresos brutos de explotación de estos operadores de telecomunicaciones al presupuesto de RTVE.

El Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Bernardo Lorenzo, ha presidido la reunión de la comisión permanente del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (CATSI).

Este nuevo rango constituye una ampliación de la capacidad actual del rango seis, pudiendo utilizarse para los mismos fines y en las mismas condiciones que éste. Asimismo, se atribuye el código 590 para la prestación de servicios de comunicaciones máquina a máquina mediante números de 13 cifras.

Un reciente estudio demuestra que el aspecto más valorado es la calidad de las comunicaciones, seguido de la claridad en la factura y la cobertura de la telefonía móvil. El aspecto menos valorado es el precio.

Con la apertura del nuevo rango de numeración, se favorecerá el desarrollo de nuevos servicios asociados a la telefonía móvil tradicional, como el acceso móvil de banda ancha a Internet, y se proporcionará recursos de numeración a nuevos operadores.

En una consulta pública lanzada esta semana, plantea una bajada de los 0,07 euros por minuto actuales a los 0,04 en los principales operadores móviles con red propia en España.

Este consentimiento deberá estar verificado por un tercero, es decir, por una empresa de servicios independiente del operador beneficiario.

Entre las medidas, se profundizan y amplían los derechos de los consumidores en sus relaciones con las empresas proveedoras de servicios.

El objetivo de la norma es flexibilizar la gestión de dicho uso, facilitar la incorporación de servicios innovadores e incrementar la competencia en el mercado y entre los distintos operadores.

Se podrá acceder a un resumen que permita una visión comparativa de los valores de los parámetros de calidad. Asimismo, se ha aprobado una guía para la realización de las auditorías a los sistemas de facturación y se amplía el sistema de medición de los parámetros de acceso a Internet.

El secretario de Estado para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, ha anunciado durante la clausura de la feria de Telefónica Movilfórum que Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la firma de una Orden Ministerial que regula los SMS Premium, con el fin de proteger los derechos de los usuarios.

Agentes de la Policía Nacional han detenido a 28 personas como presuntos responsables de diversos delitos contra la propiedad intelectual y fraude de las telecomunicaciones. Entre los arrestados figuran titulares y administradores de establecimientos hoteleros, responsables de redes locales de televisión por cable, presidentes de comunidades de vecinos e instaladores.

El objeto del recurso es la defensa de las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones, en concreto en la vulneración por parte de la Comisión de los principios de especialidad, seguridad jurídica y confianza legítima, la violación del artículo 82 del Tratado CE y del deber de cooperación.

La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ha solicitado al Gobierno que recurra la sanción que impuso la Unión Europea a Telefónica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando Salinas, y el secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, Francisco Ros, han suscrito un convenio de colaboración para la formación de jueces y magistrados.

José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado que dentro de ocho meses se pondrá en funcionamiento un sistema automático de detección y registro de las infracciones de tráfico. Estas infracciones se enviarán directa e inmediatamente al Centro Nacional de Denuncias Automáticas, que tendrá su sede en León, y no precisará de la intervención de agentes de tráfico. La finalidad de este Centro es poner la informática y las telecomunicaciones al servicio de la prevención de accidente, ha dicho el Presidente.

La Audiencia Nacional ha dictado una sentencia anulando una multa de 57 millones de euros impuesta a Telefónica por parte del Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC) en abril de 2004. La sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia estima el recurso interpuesto por la operadora contra la resolución del TDC, que tiene su origen en una denuncia de la Asociación de Empresas Operadoras y de Servicios de Telecomunicaciones (Astel).

A propuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se determinan las condiciones generales y requisitos de utilización del sistema Lexnet. Este sistema informático de telecomunicaciones facilitará, en el ámbito de la Administración de Justicia, la presentación de escritos y documentos, traslado de copias y realización de actos de comunicación procesal.