Contar con alguna acreditación, aunque no sea la correcta, presupone una formación y capacidad mínima
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha declarado la inadmisibilidad, por falta de legitimación
Sólo el relato de los agentes no es prueba suficiente para demostrar que se desobedeció una orden
La Administración no es capaz de demostrar que chequea el estado de las cajas protectoras que guardan los aparatos
En 2019 volvieron a los tribunales penales conductas negligentes en tráfico que habían salido de ellos en 2015. Te explicamos cuáles
Normas, documentación y desafíos que debes conocer
Se rebaja a 30 km/h el límite de velocidad genérico en vías urbanas y travesías de un solo carril por sentido y se prohíbe la circulación de patinetes eléctricos por aceras y zonas peatonales
La norma establecía que aquellos que contasen con un vehículo de más de cinco meses no podrían acceder a esta actividad
La Sala concluye que procede la suspensión cautelar ya que lo contrario hace perder su finalidad legítima al recurso, y que en este caso “están en conflicto no un interés público frente a un interés privado, sino solo intereses privados enfrentados: las concesiones de ITV y los titulares de vehículos”
En la normativa comunitaria y nacional, según la sentencia, se explicita que si el vehículo desarrolla una velocidad superior a 25 km/h., como es el caso, no tiene la consideración de VMP
El Juzgado de lo Penal número 1 de Benidorm le condenó por un delito de falsedad y ahora el TSJ confirma la resolución. Deberá hacer frente a una multa de 1.620 euros La Audiencia de Alicante confirma un año de prisión para un hombre que aparcó en una plaza de discapacitados con una tarjeta falsa
No existen indicios suficientes para concluir que la bebida influyó en el choque, argumenta el juez
Vulneración del principio non bis in idem, pues no puede asumirse la incongruencia de tramitar un procedimiento y sancionar a la encartada y, al mismo tiempo, asumir que está mintiendo y que ella no tiene responsabilidad en esos hechos
La Audiencia refleja las dudas “sobre la consideración de vehículo del acusado, como un ciclomotor” y advierte que “no pueden ser resueltas contra el reo” ante la falta de una norma “general y vinculante” que regule “claramente el fenómeno de los nuevos vehículos urbanos”
Resulta procedente la condena aun teniendo en cuenta la aplicación del margen de error impuesto por la Orden ITC 3707/2006 porque una vez degradado el índice arrojado por las dos pruebas, sigue existiendo base fáctica para la condena.
No obstante, es preciso informar debidamente al interesado de la resolución por la que se le impone la multa y concederle un plazo suficiente para interponer recurso y preparar su defensa.
El Juzgado absuelve a su conductor, pues desconocía la exigencia de carné, al haber sido inducido a error por la información facilitada en el lugar de venta y la documentación entregada. Existió, por tanto, un error sobre un hecho constitutivo de la infracción penal.
Un conductor consigue revocar en tribunales una multa por no llevar las luces antiniebla al asegurar que la iluminación era suficiente. El juez acepta como una de las pruebas que el sistema de luces automáticas no se activase
Los drones están destinados a la vigilancia del tráfico en aquellos tramos donde el riesgo de accidentabilidad es mayor.
Interpretación del art. 1 de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor (LRCSCVM) para los casos de daños en los bienes por colisión recíproca sin determinación del grado o porcentaje de culpa de cada conductor
No concurre razón alguna para que deba constreñirse a la demandante tan solo al uso de la planta baja de la vivienda con exclusión de la planta primera.
La justicia dice que la medida excede de la función informativa y organizativa legalmente atribuida al bando municipal, debiendo adoptarse por el pleno mediante la correspondiente ordenanza.
El dolo del asegurado era respecto a la conducción temeraria, pero no se imputó al mismo buscar con su conducta causar las lesiones de los ocupantes del vehículo contrario ni los daños.
La Magistrada descarta la versión que de los hechos dan los testigos y concluye que el acusado es autor de los hechos que se le imputan al no haber base para dudar de la versión de los agentes de la Policía Local. Además, acuerda deducir testimonio contra los testigos como presuntos autores de un delito de falso testimonio.
No se produce una variación en el valor del patrimonio del contribuyente por la percepción de una indemnización que viene a sustituir por el mismo importe el valor de los daños sufridos por el vehículo en el momento del siniestro.
El magistrado advierte de la “absoluta falta de garantías procesales” que supone la externalización de la prueba respecto a la cadena de custodia. El infractor había sido multado con 1.000 euros y había perdido seis puntos del carné.
Establece medidas como analizar las llamadas de móviles de conductores involucrados en accidentes o informar sobre las apps de uso compartido u otras herramientas tecnológicas que avisan de los lugares en que se está realizando controles policiales. Además da pautas de actuación en los supuestos de accidente en el que se vean implicados vehículos de movilidad personal.
Analizará las llamadas con base en la la Circular 2/2019 de la Fiscalía, sobre interceptación de comunicaciones telefónicas y telemáticas.
La multa no estaba justificada al aportarse los datos necesarios para identificar al conductor, como el nombre, apellidos y domicilio. La Jefatura de Tráfico no había intentado, con los datos ofrecidos por la empresa, actuación alguna frente al conductor.
Estos cruces no son simples intersecciones, sino incorporaciones a una vía principal. Por tanto, cuando no hay señal, los vehículos que circulan por la vía principal no tienen que dar preferencia de paso a los que se incorporan por la derecha. Juega además un punto añadido y es que ambas conductoras eran vecinas de la zona, y conocedoras por tanto de la regulación del tráfico en su localidad.
Una vez practicada la prueba pericial en segunda instancia ha quedado subsanada cualquier conculcación que se hubiera podido producir como consecuencia de no haber podido comparecer a la audiencia previa.
La norma se asienta sobre tres ejes: La introducción de supuestos que se van a considerar imprudencia grave por disposición de la ley, el aumento de la punición de este tipo de conductas y la introducción del delito de abandono del lugar del accidente.
El acusado cometió los hechos en unidad natural de acción y con dolo directo provocando una pluralidad de resultados lesivos típicos, lesiones a los ocupantes del todoterreno, y es por esta clara intención de producir una pluralidad de resultados por lo que los hechos deben penarse como si de varias acciones se trataran, en concurso real.
La Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, modifica el Código Penal con el objeto de transponer al ordenamiento interno diversas Directivas comunitarias relativas al abuso de mercado, la lucha contra el terrorismo y la protección del euro y de los intereses financieros de la Unión. También modifica el delito de tráfico de órganos humanos y completa la regulación de los delitos de corrupción.
La aseguradora facilita al asegurado la Carta Verde, pero no el suplemento del seguro voluntario, por lo que debe concluirse que las condiciones particulares son el único contenido de la póliza reconocido por las dos partes y en él no consta ninguna limitación sobre el ámbito territorial de cobertura.
No existe vinculación entre la distracción del peatón atropellado con la vivienda supervisada donde residía, pues el accidente se produjo fuera de la vivienda, fuera del horario de supervisión. La asociación no es responsable de pagar los gastos hospitalarios que fueron satisfechos por la aseguradora del vehículo. Corresponden en exclusiva a la madre, por ser su tutora legal.
Es responsabilidad de la empresa concesionaria velar por el uso debido y adecuado de las bicicletas, y no puede alegarse que la usuaria no consta como abonada.
La compañía aseguradora resolvió el contrato por falta de pago del recibo correspondiente en el plazo reglamentario. Sin embargo, no consta que esa decisión de baja fuera fehacientemente notificada al tomador del seguro, por lo que en la fecha en que se produjo el accidente de tráfico la aseguradora no estaba liberada de la obligación de indemnizar al perjudicado.
La prueba pericial practicada explica que los cinemómetros tienen dificultades para determinar con exactitud la velocidad real porque depende del ángulo de relación con el vehículo, concluyendo que por exigencias de seguridad jurídica y del principio in dubio pro reo debe aplicarse en todos los supuestos el margen de error máximo establecido en la Orden ITC/3123/2010.
Aunque le afecta la ingesta de alcohol, le permitía mantener en grado suficiente su capacidad cognitiva, de manera que era capaz de apreciar que con su conducta creaba un peligro para la vida o la integridad de otros usuarios de la vía.
Estando previstas para este delito tres penas alternativas, la penalidad debe ser impuesta atendiendo a la gravedad del hecho y las circunstancias personales, y como la pena de trabajos en beneficio de la comunidad solicitada no puede ser impuesta al no contar con el consentimiento expreso del condenado, sólo si éste no lo prestase, quedaría sujeto a la pena de prisión de tres meses.
La Audiencia Nacional ha confirmado la prisión provisional del magistrado peruano reclamado en su país como el supuesto líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos y ratificaciones ilegales dentro del Poder Judicial, utilizando su cargo, así como a la comisión de delitos de corrupción de funcionarios.
El juez valorará en sentencia las consecuencias que pueda tener la negativa de la víctima, a la vista de las demás pruebas practicadas y las explicaciones dadas.
La organización carecía de medidas de control adecuadas para evitar la comisión de delitos.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid dicta un auto declarando ejecutada la resolución del Tribunal Supremo relativa al ruido producido por el sobrevuelo de aviones de la urbanización Santo Domingo.
El carácter universal de la señal viaria, y el deber de todo conductor de conocerla, no eximen al Ayuntamiento de cumplir la obligación de expresar las indicaciones escritas de las señales viarias, al menos, en la lengua española oficial del Estado.
Unanimidad de los conferenciantes y expertos que participaron en el 4º Foro Procuradores organizados por el Consejo General de Procuradores de España, denominado “El Impacto del narcotráfico en la sociedad española” en cuanto al grave "impacto social" que ocasiona el narcotráfico en España.
Según la Dirección General de Tráfico, solo durante 2016, en nuestro país, se dieron a la fuga más de 1.000 conductores implicados en algún accidente.
El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en el "caso Noos" confirmando en lo sustancial los delitos, personas responsables y penalidad, apreciados por la Audiencia Provincial de Mallorca en febrero de 2017.
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a 351 años y 1 mes de cárcel a 29 de los 37 acusados en el juicio por la Época I (1999-2005) del caso Gürtel, penas que van desde los 51 años y 11 meses que han recaído en Francisco Correa hasta los cinco meses, correspondientes a Jacobo Gordon, mientras que absuelve a otros ocho, entre ellos Álvaro Pérez.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremoca confirma que Gürtel era una asociación ilícita y ratifica la condena por ese delito a Correa, Crespo, Pérez y otras tres personas. El tribunal destaca que la corrupción cuestiona el propio funcionamiento del sistema democrático con comportamientos en los que el poder es empleado para el enriquecimiento de unos pocos en detrimento de la ciudadanía.
La sentencia ya es firme tras la conformidad mostrada por los acusados con las penas solicitadas por la Fiscalía y después de que los mismos expresaran su decisión de no recurrir el fallo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha publicado una sentencia en la que establece que los radares móviles de tráfico que realizan la medición de la velocidad desde una ubicación fija tienen un margen de error del 5% y no del 7%. Los magistrados concluyen que la medición de la velocidad, desde un radar fijo, o desde una instalación sin movimiento, supone un menor margen de error que la medición realizada desde un dispositivo en movimiento.
Con motivo del Día Mundial de la Bicicleta, te presentamos una guía práctica redactada por reclamador.es con una serie de pasos a seguir en caso de accidente con una bicicleta. También se incluyen consejos legales sobre la indemnización que correspondería en cada caso.
En su sentencia de 13 de febrero, la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha estimado el recurso de casación interpuesto por un guardia civil contra una condena de dos meses de suspensión de empleo por haber denunciado públicamente en un programa radiofónico de Cadena Ser que varios compañeros del cuerpo de tráfico de Lugo estaban siendo presionados para que pusieran más multas de tráfico.
El Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre un caso de una asociación de cannabis de Bilbao y absuelve a los cinco miembros acusados al considerar que pudieran tener la percepción equivocada de que la actividad que llevaban a cabo de distribución de la droga entre sus asociados estaba tolerada por el ordenamiento jurídico.
El sistema de cálculo de la compensación a las víctimas de un accidente de circulación ha traído consigo diversas complicaciones. El desconocimiento de los particulares a la hora de defender sus derechos ante las aseguradoras tras un accidente de tráfico y el ehcho de requerir a los perjudicados más pruebas que acrediten la lesión han conllevado a que muchos decidan tirar la toalla a la hora de reclamar una indemnización.
El Ministerio de Justicia ha publicado la "Guía de buenas prácticas para la aplicación del baremo de autos", que incluye sugerencias para implementar la buena práctica en lo establecido por la Ley 35/2015 sobre la valoración de daños y perjuicios derivados de accidentes de circulación y que deberán seguirse para dotar de mayor calidad al ordenamiento jurídico.
El Consejo General del Poder Judicial informa que se abrieron 20 casos por corrupción que involucraban a 99 personas. El 80,9% de las sentencias dictadas en primera instancia en causas por corrupción entre los pasados 1 de julio y 30 de septiembre fueron condenatorias, la mayoría de ellas por delitos de prevaricación administrativa y malversación.
El Consejo General de la Abogacía junto con UNESPA y la empresa informática Tirea han desarrollado una plataforma que permite que las reclamaciones de compensación a víctimas de accidentes de tráfico se realicen ahora por la vía telemática, facilitando las gestiones entre abogados y aseguradoras.
La sentencia impone penas que van desde los 8 meses de prisión hasta los 7 años y 6 meses. El Tribunal reconoce la utilización del Palau de la Música en un entramado que permitía el cobro de comisiones ilegales a través de obra pública. El Tribuanl acuerda comiso de las ganancias obtenidas por Convergència Democràtica de Catalunya, Félix Millet Tusell y Jordi Montull Bagur con la comisión de tráfico de influencias.
El Ayuntamiento de Madrid ha presentado la “Guía práctica de Comunicación Clara”, un documento instruye a los trabajadores municipales a mejorar la comunicación con la ciudadanía y renueva el modelo de multa de tráfico a uno más “visual, transparente y claro”.
El Tribunal Supremo anula una sanción de tráfico derivada de una infracción grave por saltarse un semáforo en rojo en un paso de peatones, interpuesta en función de la imagen captada por un dispositivo foto-rojo de los semáforos.
Tres recientes sentencias del Tribunal Supremo confirman la decisión del alto tribunal de calificar como delito contra la seguridad vial y no como falta administrativa la actuación de quien conduce un vehículo habiendo perdido todos los puntos del carné.
El instituto de la prescripción es uno de los temas que ocasiona más quebraderos de cabeza tanto para los juristas como para las personas de a pie, puesto que la actualidad jurídica nos evidencia, a través de la Jurisprudencia, las dudas que existen respecto a qué actos implican o no una interrupción de la prescripción, así como desde cuándo se entiende que vuelve a inicise interrumpe la prescripción y cuándo se inicia el cómputo del nuevo periodo de prescripción.arse el plazo de prescripción. En el presente estudio se analizan distintos supuestos en los que se interrumpe la prescripción y se estudia cuándo se inicia el cómputo del nuevo periodo de prescripción
Los encausados ofrecieron 6.000 euros a un ciudadano marroquí en situación irregular en España por el trasplante de uno de sus riñones a uno de los condenados, que estaba enfermo.
El Contencioso nº 3 considera que el Ayuntamiento debe certificar periódicamente la fiabilidad de los cinemómetros que miden la velocidad de los vehículos, así como de las cabinas en las que están colocados.
El Consejo General de la Abogacía Española y UNESPA han desarrollado, a través de la empresa informática TIREA, una plataforma que permite automatizar la gestión de las reclamaciones al seguro por daños personales. El objetivo de esta aplicación, que estará operativa a partir del 1 de enero de 2018, es reducir la litigiosidad por siniestros de circulación con víctimas.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que de acuerdo a las directivas relativas al seguro de la responsabilidad civil todas las víctimas de un accidente causado por un vehículo tienen derecho a obtener una indemnización.
Salvo que el perjudicado se haya reservado la acción civil para ejercerla en esta jurisdicción, el ejercicio simultáneo de la acción penal y civil es la norma general de nuestro sistema penal. La exclusión de esta simultaneidad provoca quiebra del derecho a la tutela judicial efectiva al obligar al perjudicado a un «peregrinaje jurisdiccional», es decir, a acudir a la vía civil para solicitar lo que le negó la penal.
El error en el geolocalizador de la aplicación provocó que un ciudadano resultara sancionado porque, aunque abonó la tasa de aparcamiento, lo hizo para un barrio distinto. Para el Juzgado de lo Contencioso-administrativo núm. 7 Madrid, el error de la aplicación para el pago del SER a través del móvil debe ser imputado a la empresa privada titular de la aplicación, que ha sido autorizada por el Ayuntamiento de Madrid.
Recientemente, un juzgado de Barcelona ha dado la razón al trabajador y le ha reconocido incapacidad permanente total, derivada de enfermedad común, en proceso por agravación. Pero, ¿ha sido el primer caso?
A la hora de reclamar una indemnización por incapacidad temporal en accidentes de circulación hay que distinguir entre días impeditivos y no impeditivos. Según la postura jurisprudencial más restrictiva solo son días impeditivos aquellos en que la víctima padece unas limitaciones físicas extraordinariamente significativas. Según otra más amplia, habrá impedimento siempre que el lesionado no pueda desplegar con normalidad cualquiera de sus actividades ordinarias.
La guía ofrece un catálogo de buenas prácticas y pautas de actuación en la investigación de delitos de defraudación, corrupción entre particulares, blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación y contra la Hacienda Pública, entre otros. Se incluye asimismo un apartado sobre los medios de comunicación y la información que, a través de las Oficinas de Comunicación del CGPJ, se puede ofrecer en cada etapa del procedimiento.
Una Consulta de la DGT de 4 de mayo aclara que si bien, en principio, el abono de una sanción administrativa pudiera corresponderse con el concepto de pérdida patrimonial que recoge el artículo 33.1 LIRPF, no puede obviarse que aquella es consecuencia de una infracción cometida (en este caso) por el consultante, infracción que supone por parte de este la realización de una acción u omisión voluntaria, antijurídica y tipificada por la ley.
El Tribunal Supremo aclara que no se está castigando la misma conducta, lo que excluye la vulneración del principio non bis in ídem y descarta que exista una desproporción puntitiva. La pena por no someterse a la prueba de alcohol en sangre queda atenuada sin embargo por la embriaguez del condenado.
El Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que conducir vehículos a motor sin haber obtenido nunca el carné es un delito, y no una infracción administrativa, y no requiere que el conductor haya puesto en un peligro concreto la seguridad vial ni cometido una maniobra antirreglamentaria. Argumenta que se trata de un delito de peligro abstracto. El tipo penal excluiría a quien haya obtenido el permiso en el extranjero.
El convenio suscrito permitirá estandarizar el proceso de remisión de documentos entre los letrados de las víctimas de accidentes de circulación y las aseguradoras. Los abogados comunicarán el siniestro y pedirán la indemnización mediante la firma electrónica ACA. El protocolo pretende favorecer la solución extrajudicial de siniestros de circulación con víctimas.
El condenado accedió a las bases de datos de la Guardia Civil para imputar a una persona fallecida en accidente de circulación dos multas que le habían puesto por velocidad excesiva. La sentencia considera probado que el sancionado, que estaba de baja por enfermedad cuando ocurrieron los hechos, cometió una falta muy grave consistente en el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración
La DGT realizó un único intento fallido de notificación de la multa de tráfico en un domicilio que resultó ser desconocido para el sancionado. El TSJ de Madrid ha vuelto a recordar a la Administración que esta mínima actividad es totalmente insuficiente para acudir automáticamente a la notificación por edictos. Señala que, frustrado el intento de notificación, la Dirección General de Tráfico debió acudir a la Administración Tributaria que, curiosamente, sí consiguió notificar sus resoluciones correctamente.
El Supremo ha anulado las condenas por narcotráfico impuestas a tres tripulantes de un velero interceptado por la Policía española con 1.000 kilos de cocaína en mayo de 2015 en aguas internacionales, al declarar ilícitas las intervenciones telefónicas que estuvieron en el origen de la operación policial. El alto tribunal revoca las tres condenas, dictadas por la Sala de lo Penal del alto tribunal, que eran de 10 años de prisión, en dos de los casos, y de 9 años, en el tercero. El capitán del velero era serbio y los otros dos, croatas.
Un reciente Auto de la Audiencia Provincial de Madrid aclara en qué circunstancias las lesiones producidas en un accidente de tráfico pueden tramitarse por vía penal. Te contamos qué requisitos deben concurrir para que prospere la denuncia penal por un accidente de tráfico.
El autor analiza la regulación que realiza nuestro Código Penal del delito de tráfico de drogas: su tipificación, el bien jurídico protegido, el objeto y los grados de ejecución. Como advierte, lo que la legislación española castiga no es el consumo de las mismas si no su tráfico. Ante el silencio del legislador sobre el concepto de tráfico, es la jurisprudencia del Tribunal Supremo la que viene a integrar al ordenamiento jurídico en tal laguna.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo anula la única prueba de cargo contra el condenado, porque fueron autorizadas judicialmente sobre la base de un oficio policial que carecía de indicios relevantes, por lo que lo obtenido en virtud de ellas, vulnerando el secreto de las comunicaciones, no puede servir de base para condenar. En su sentencia el Supremo califica de "pésima calidad" el auto disponiendo la injerencia.
El ministro de Justicia se ha comprometido a revisar la calificación de las conductas que suponen un incumplimiento grave de las normas de circulación, ocasionan la muerte de una persona y concluyen con un abandono de la víctima por parte del infractor, para evitar la cuasi impunidad de sus autores.
El Dictamen 3/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, de 13 de julio, establece unas primeras pautas interpretativas sobre las cuestiones más novedosas de la Ley 35/2012, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación que entró en vigor el pasado 1 de enero.
Transcurrido un año desde la última reforma del CP, el Dictamen 2/2016 del Fiscal de Sala Coordinador de Seguridad Vial, se centra en el análisis de los nuevos conceptos de imprudencia grave y menos grave en los delitos contra la seguridad vial, indicando el posicionamiento del Ministerio Público respecto de supuestos que admiten varias interpretaciones.
La simple instalación de mecanismos de detección de radares o cinemómetros no es una acción típica, siendo necesario que la administración pruebe la efectiva utilización de dicho detector para poder imponer una sanción por infracción grave de la Ley de Tráfico.
El carácter procesal del art. 7 del Real Decreto Legislativo 8/2004 obliga a tener en cuenta el alcance no retroactivo de las leyes penales y la posibilidad del actor de optar entre la norma anterior o la vigente, conforme a la disp. Trans. 4.ª del Código Civil.
Las compañías aseguradoras están aprovechando la desinformación existente en los primeros tres meses posteriores a la entrada en vigor del nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, para ofrecer a las víctimas de dichos accidentes rebajas de hasta un cincuenta por ciento en las indemnizaciones, según denuncia estudiado el despacho Triviño Abogados.
Análisis de las diferencias entre el baremo de indemnización de daños en el ámbito laboral y el baremo de indemnizaciones en los accidentes de tráfico, aplicable con carácter orientativo a los daños sufridos en este ámbito.
A la luz de la regulación legal, el TS entiende que el hecho de que el afectado haya obtenido permiso de conducir vehículos adaptados o que el medio esté adaptado a sus secuelas, no significa que no necesite ayuda de terceras personas.
Con este documento y el video que le acompaña, repasamos las principales novedades del nuevo sistema de valoración de los daños causados por accidentes de circulación, en vigor desde el pasado 1 de enero.
El 31 de enero ha entrado en vigor el RDLeg. 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el nuevo texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Desde el día 1 de enero, tanto los afectados por un accidente de tráfico como las aseguradoras, habrán de tener en cuenta las nuevas tablas incorporadas por la Ley 35/2015, por la que se aprueba el nuevo baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico.
Se trata de una herramienta de libre acceso en la red, que permite conocer la cuantía que corresponde recibir a las víctimas de siniestros de circulación en función de los criterios aplicables conforme al nuevo baremo, como la gravedad de las lesiones, los perjuicios sufridos o por la vinculación con un fallecido.
El Consejo de Ministros de hoy ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la realización de pericias por parte de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a petición de particulares, en los casos de reclamaciones extrajudiciales por hechos relativos a la circulación de vehículos a motor.
El TS declara que una imagen captada por un dispositivo exento de control metrológico no es un medio de prueba válido para sancionar infracciones de tráfico consistentes en sobrepasar un semáforo en rojo, porque entiende que sí hace mediciones.
Hoy 31 de octubre se ha publicado el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, que entrará en vigor en tres meses.
La finalidad de este nuevo Baremo es lograr la total indemnidad de los daños y perjuicios padecidos, para situar a la víctima en una posición lo más parecida posible a la que tendría de no haberse producido el accidente. Para ello, se identifican nuevos perjudicados y nuevos conceptos resarcitorios que no están recogidos en el Baremo vigente; se sistematizan las indemnizaciones por daño patrimonial (daño emergente y lucro cesante) que el actual Baremo prevé de un modo insuficiente, y se pone al día, aumentándolas, el conjunto de indemnizaciones, destacando las de fallecimiento –en especial, la de los hijos de víctimas fallecidas– y las de grandes lesionados.
La nueva ley, que entrará en vigor el 1 de enero de 2016, permite incrementar la protección a las víctimas de accidentes de circulación mediante la rápida resolución de los conflictos y la garantía de una indemnización suficiente, mejora el tratamiento resarcitorio de los perjudicados por los accidentes de tráfico y establece un sistema indemnizatorio activo, actualizado y adaptado a la realidad.
Expondremos cómo ha influido en la regulación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la LO 1/2015 de 30 de marzo. Expondremos cuáles son las personas jurídicas responsables y tratamiento que se debe dar a las sociedades “pantalla” en relación a la comisión de los delitos de tráfico de drogas, con especial mención del art. 369 bis CP.
La Sala de lo Civil del TS ha dictado una sentencia en la que señala que el límite cuantitativo de la indemnización no viene representado por la suma máxima que correspondería a la víctima en concepto de invalidez permanente, sino por el límite establecido en el baremo para los demás conceptos que la sentencia acuerda también resarcir mediante la pensión, entre ellos los gastos médicos y de asistencia futuros.
Asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, funcionarios de prisiones y Jueces para la Democracia critican diferentes aspectos de la reforma que entró en vigor ayer.
Según los expertos asistentes a la conferencia promovida por el Servicio de Información Toxicológica del INTCF, se estima que entre un 20 y un 30% de las agresiones sexuales se producen por medio de la sumisión química, afectando principalmente a mujeres de 15 a 19 años.
La AP de Sevilla ha absuelto a un conductor diabético que inicialmente fue condenado por provocar un accidente con un herido al entender que el acusado, que se negó a someterse a la prueba de alcoholemia, no circulaba ebrio, sino que sufrió un estado de hipoglucemia que provoca síntomas parecidos a los que causa la ingesta de bebidas alcohólicas.
La Unión Europea tiene entre sus competencias la regulación del transporte por carretera. En este ámbito, uno de sus objetivos principales es el incremento de la seguridad vial, para lo que entiende que debe incrementarse la efectividad y el cumplimiento de las sanciones que se impongan por infracciones de la normativa de tráfico cuando se cometan por un conductor de un Estado miembro en el territorio de otro Estado miembro. Desde este punto de vista, la Directiva 2015/413 pone las bases para que se produzca el intercambio de información sobre vehículos y conductores entre las Administraciones de los Estados miembros al objeto de facilitar el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de seguridad vial.
Según el nuevo texto, las indemnizaciones por fallecimiento se incrementan un 50% de media y las indemnizaciones por secuelas un 35%.
Establece un sistema mediante el que pueden acceder en otros países a los registros nacionales de matriculación de vehículos y, así, determinar la persona responsable de la infracción.
Actualmente la remisión de esta información se realiza desde los órganos judiciales mediante el envío de un oficio.
El Juzgado de Instrucción ha dictado auto de sobreseimiento provisional de las diligencias previas incoadas por el incidente de tráfico de Esperanza Aguirre, al no haber quedado suficientemente acreditada la desobediencia y las lesiones por imprudencia denunciadas, y no ser constitutivos de infracción penal los daños de la motocicleta pilotada por el agente de movilidad denunciante.
El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 1 de la Audiencia Nacional ha desestimado la demanda presentada por un viajero que resultó perjudicado por el abandono general del puesto de trabajo por parte de los controladores aéreos los días 3 y 4 de diciembre de 2010 .
El esfuerzo jurídico que debe realizar el demandante para probar su falta de culpa o negligencia en el accidente de circulación ha de ser tamizado por el órgano judicial, que será quien deba valorar positivamente su conducta. Una carga probática que se ha convertido en un obstáculo difícil de sortear cuando existe la más mínima duda acerca de las circunstancias en las que se produce el infortunio automovilístico.
La Sala considera que los hechos deben ser instruidos en "el marco de las diligencias previas del procedimiento abreviado por revestir provisionalmente los indicados hechos caracteres de un posible delito de desobediencia a los agentes de la autoridad" del artículo 556 del Código Penal.
El alcance de la nueva directiva será el mismo que el de la anulada Directiva 2011/82/UE, que continúa aplicándose de forma provisional hasta el 6 de mayo de 2015. La norma establece un procedimiento de intercambio de información entre Estados miembros relativa a ocho infracciones en materia de seguridad vial: exceso de velocidad, no utilización del cinturón de seguridad, no detención ante un semáforo en rojo, conducción en estado de embriaguez, conducción bajo los efectos de drogas, no utilización del casco de protección, circulación por un carril prohibido y utilización ilegal de un teléfono móvil o de cualquier otro dispositivo de comunicación durante la conducción.
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha confirmado la nulidad del artículo de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de Madrid que facultaba que los agentes pudieran denunciar a los conductores sin necesidad de pararles ni notificarles las denuncias "cuando se encontraran regulando el tráfico o carecieran de medios para perseguir a los vehículos infractores". Se estima que cerca del 80 por ciento de las denuncias formuladas por la Policía Municipal desde la entrada de ese precepto, el 17 de diciembre de 2010, se han tramitado en base al mismo, lo cual podría afectar a más de 600.000 expedientes sancionadores.
La modificación del régimen de responsablidad de los titulares de aprovechamientos cinegéticos (cotos de caza), por los atropellos de animales escapados de los mismos es una de las medidas incluidas en la reforma de la Ley de Tráfico que entra hoy en vigor. Pese a su notable alcance práctico, esta reforma ha pasado casi desapercibida.
El baremo implantado en 2010 por la Dirección General de la Guardia Civil que puntúa la actividad de sus funcionarios utilizando, entre otros criterios, el número de denuncias que ponen los agentes de tráfico, en comparación con la media del resto de compañeros.
El TJUE considera que, por sus objetivos y contenido, la Directiva 2011/82 no guardan relación directa con los objetivos de cooperación policial invocados como base jurídica de su adopción, sino sobre los mejora de la seguridad vial, lo que obligaba a su adopción sobre la base del art. 91 TFUE, en vez de sobre el artículo 87 TFUE, apartado 2, letra c) utilizado. Por tanto, el recurso es fundado y procede anular la Directiva 2011/82.
El pleno de la Sala de lo Penal de la AN establece que tras la reforma de la justicia universal introducida por la Ley Orgánica 1/2014, España no podrá perseguir el delito de narcotráfico cuanto éste sea cometido por personas extranjeras, detenidas en aguas internacionales y que naveguen en barcos de pabellón no español. Debe quedar, además, acreditado que el destino de la mercancía no es España.
La reforma afecta a los sistemas de seguridad de conductores y ocupantes de los vehículos; el uso de casco de protección para ciclistas; la obligación de notificar a la autoridad el inicio de obras en vías públicas; la prohibición de los sistemas de detección de radares o cinemómetros; la conducción bajo el efecto de drogas; el régimen sancionador; determinados supuestos de inmovilización del vehículos y al intercambio transfronterizo de información sobre infracciones de tráfico en materia de seguridad vial.
El Pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado definitivamente la reforma de la Ley de Tráfico, Circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que por primera vez hace obligatorio el uso del casco de la bicicleta a los menores de 16 años en ciudad, sube a mil euros la multa por doblar la tasa de alcohol y drogas en la conducción, así como a los reincidentes.
La reforma de la Ley de Tráfico incluye también cambios en la regulación de los sistemas de retención infantil, prohíbe los detectores de radar (no los avisadores, que continuarán siendo legales), y refuerza labores de control y supervisión a las autoescuelas y centros de reconocimiento médicos. También se cambia a azul la señal luminosa de vehículos prioritarios.