Enrique Maside Páramo (Vocal de asuntos europeos del CORPME)
El Colegio de Registradores publica periódicamente estadísticas con la información que le remiten los registros distribuidos/presentes en toda la geografía española. Las estadísticas son accesibles en la página web www.registradores.org y permiten un conocimiento detallado del mercado inmobiliario, así como del tráfico jurídico mercantil y de bienes muebles.
Una de las estadísticas más llamativas es la que se refiere al número de compraventas por ciudadanos no españoles, de la que resulta que el 14,7% de todas las adquisiciones de vivienda son a favor de extranjeros, casi setenta mil compraventas. Por razón de la procedencia de los compradores, de las diez nacionalidades más presentes o que más se repiten, ocho son europeas y la más presente es la británica.
Respecto del tipo de vivienda suele ser segunda residencia y, en cuanto a los lugares en los que compran, las estadísticas demuestran que se asientan fundamentalmente en las islas y en todo el litoral mediterráneo, desde Cataluña hasta Andalucía.
Comparando estos datos con los del Instituto Nacional de Estadística, resulta que el perfil del ciudadano extranjero que compra en nuestro país es, a menudo, el de una persona mayor que compra una segunda residencia o una vivienda habitual. No cabe duda de que España es un país receptor de ciudadanos extranjeros y, la comparación de los datos históricos muestra que es una tendencia creciente de forma que, paulatinamente, cada vez más personas extranjeras vienen a vivir a nuestro país.
Hay otra realidad que debemos tener en cuenta a la hora de analizar estos datos, la longevidad. La esperanza media de vida es cada vez mayor, no solo en España sino también en toda Europa y, a estos efectos, la conclusión evidente es que cada vez más personas se asientan en España con un horizonte temporal mayor.
Esta realidad es un motivo de alegría entre los españoles, pero no está exenta de problemas. Se empiezan a vislumbrar las incidencias, a nivel jurídico, que se derivan de esta situación. Así, el perfil descrito de comprador extranjero, en particular en lo relativo al rango de edad, lleva aparejada la aparición, en muchas ocasiones, de situaciones de disminución de las capacidades cognitivas. Algunas de esas personas que se retiran en España llegan a encontrarse en una situación de vulnerabilidad; ven mermadas sus facultades intelectuales y, de acuerdo con las normas habituales del derecho internacional privado, son los tribunales españoles los que deben conocer de esa pérdida de capacidad y los problemas jurídicos que se plantean. Ahora bien, todos los documentos que esa persona pueda haber otorgado en previsión de necesitar medidas de apoyo en el futuro (para el ejercicio de su capacidad jurídica), normalmente se habrán otorgado en su país de origen y con arreglo a su legislación nacional. De esta manera, el operador jurídico español tiene que estudiar y analizar todas las disposiciones que esa persona pudiera haber otorgado en su país de origen, con arreglo a esa legislación y, por supuesto, en el idioma extranjero.
Consciente de las dificultades y los problemas que esta realidad está planteando, la Comisión Europea lanzó a finales de mayo un paquete legislativo compuesto por dos propuestas.
La primera de ellas es una propuesta de la Comisión de Decisión del Consejo por la que se autoriza a catorce Estados miembros a adherirse al Convenio de la Haya de 13 de enero de 2000 sobre protección de adultos vulnerables en situaciones transfronterizas.
La segunda es una propuesta de Reglamento europeo que presenta un conjunto simplificado de normas aplicables en toda la Unión, concretamente para establecer el órgano jurisdiccional competente, la legislación aplicable, las condiciones en que debe darse efecto a una disposición o poderes de representación extranjeros y la manera en que pueden cooperar las autoridades.
Estas propuestas han supuesto una verdadera novedad en el ámbito de la protección de las personas mayores vulnerables que se desplazan entre los Estados miembros de la Unión Europea y, afortunadamente, representa una buena oportunidad para tratar de resolver los problemas que les afectan.
Jubilare, la iniciativa del Colegio de registradores y la sociedad civil para el estudio de temas de interés de las personas mayores, ha escogido este tema para su próximo webinario que se celebrará el próximo día 5 de julio en la sede de la Fiscalía General del Estado. La intención de este webinario es hacer un estudio de los principales problemas jurídicos a los que se enfrentan los ciudadanos extranjeros vulnerables cuándo se asientan en otro país y, expuestos los problemas que pueden surgir, valorar si esta iniciativa de la Unión Europea es una buena solución a estas dificultades.
Para este loable, pero difícil propósito, tendremos la suerte de contar con unos ponentes especializados de altísimo nivel. La sesión estará moderada por Mª José Segarra, que ha sido fiscal general del Estado, y en la actualidad es Fiscal de Sala y Coordinadora de los servicios especializados en las personas con discapacidad y atención a los mayores, así como Miembro de la Comisión Científica JUBILARE. Intervendrán como ponentes: David Mayor Fernandez, fiscal adscrito a la Unidad coordinadora de personas mayores y/o con discapacidad de FGE, Salomé Adroher Biosca, Profesora de derecho internacional privado de ICADE, Dolores Viñas, Magistrada de familia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Marie Vautravers, funcionaria de la Comisión Europea encargada de la nueva iniciativa y Luisa Clode, registradora de la isla de Madeira y Presidenta de la asociación europea de registradores de la propiedad, ELRA (European Land Registry Association).
Les esperamos.
