El Centro de Estudios Políticos y Constitucionales acogió el acto de entrega de la XXXI edición del Premio LA LEY de artículos doctrinales que en esta edición ha distinguido el trabajo del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Jaén Cristobal Molina Navarrete, por su trabajo "Cuestión prejudicial y ¿fin de los tribunales de "última palabra"?: experiencias de tutela del contratante débil".
Dado el alto nivel de los trabajos recibidos, también fueron distinguidos con un accésit los artículos "La creación de valor tolerante: un modelo de compatibilidad jurídica entre interés social y responsabilidad social corporativa", de Javier Megías López, profesor ayudante doctor de Derecho Mercantil en la Universidad Complutense de Madrid y "El 'rechazo' de inmigrantes irregulares en las fronteras de Ceuta y Melilla", de Daniel Gracia Pérez de Mergelina, doctorando en el departamento de Derecho Internacional de la Universidad de Valencia.
Finalmente, el premio de los lectores del Diario La Ley, que distingue al trabajo que ha sido leído en mayor número de ocasiones, recayó en el artículo "La correspondencia privada entre letrados como medio de prueba: un tema muy polémico", de Eric Calero Martín.
El Premio LA LEY, otorgado anualmente por Wolters Kluwer y con una dotación de 12.000 euros, busca distinguir los mejores artículos doctrinales en España y estimular la mejora de la calidad de la Justicia a través de la reflexión profunda y el análisis cualificado de las cuestiones que preocupan a la comunidad jurídica española.
Presidido por el notario Luis Jorquera García, está integrado por relevantes personalidades del mundo judicial, académico y empresarial como Adolfo Prego de Oliver y Tolivar, Eduardo Ortega Martín, Eduardo Torres-Dulce Lifante, Enrique Arnaldo Alcubilla, Enrique López López, Jesús Remón Peñalver, Joan Picó i Junoy, Juan Manuel Cendoya Méndez de Vigo, Juan Martín-Queralt, Juan Roca Guillamón, Luis Martí Mingarro, Luis Rodríguez Ramos, Manuel Marchena Gómez, Miguel Rodríquez-Piñero, Sonia Gumpert Melgosa, y Teresa Freixes Sanjuán.
Según el jurado, los trabajos premiados en esta XXXI edición han sido distinguidos de entre los numerosos artículos recibidos por su innegable calidad jurídica y técnica y por ser fiel reflejo de los problemas jurídicos actuales de la sociedad española, lo que demuestra la sintonía y sensibilidad de los participantes y del propio Jurado con la realidad de nuestro país.
El impacto de la jurisprudencia del TJUE en el ordenamiento jurídico interno
En la presentación de los premiados, el presidente del jurado, Luis Jorquera García, destacó que en su estudio, Cristóbal Molina, ha analizado en profundidad el impacto que la jurisprudencia del TJUE está teniendo en la concepción habitual del ordenamiento jurídico y la jerarquía de los tribunales.
Algo que el mismo autor destacó en su discurso de agradecimiento, dado que la posición del tribunal europeo, que permite a un juez nacional controlar la adecuación de una norma nacional al ordenamiento de la Unión Europea, viene a establecer una control de legalidad difuso de insospechadas consecuencias.
De hecho, subrayó, ahora cualquier juez nacional puede, con base en un fallo del TJUE, discutirle al TS su jurisprudencia, evitarla o incluso revocarla.
Esto sitúa al tribunal europeo en un papel de "oráculo" de la legislación aplicable, algo que implica una mutación constitucional que va a generar una gran inseguridad, por la libertad de criterio interpretativo que cada juez dispone respecto del alcance del fallo del TJUE.
De cara al futuro, concluyó, va a ser indiferente lo que diga una ley nacional si se encuentra una norma europea aplicable al caso, más favorable que la primera, que sirva para convencer al juez de que una presente cuestión prejudicial si luego esta es resuelta en sentido favorable.
Desde luego, el alcance de esta resolución va a depender mucho del contenido de la consulta que se formule y, esta, a su vez, del conocimiento del derecho europeo de los abogados y jueces nacionales, algo que en el caso español es claramente mejorable.
La importancia del tema objeto de análisis por el trabajo ganador también fue destacada por el Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, quien, en su intervención señaló que la relación entre jurisdicciones supranacionales como la del TJUE y las internas abre un escenario de nuevas dificultades. Pero, añadió, en este contexto debe destacarse que muchas de las cuestiones planteadas a ese tribunal se basan en la defensa de los intereses de las partes más débiles de una relación jurídica (como son los prestatarios de los contratos de préstamo hipotecario con cláusulas suelo o los trabajadores interinos), algo que entra de lleno en el objeto del trabajo del ministerio fiscal.
Autores y tecnología, la clave del éxito
En el inicio del acto, el Director del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, había recordado su orgullosa condición de autor de Wolters Kluwer, "editorial del máximo prestigio jurídico", desde largo tiempo atrás.
Y es que, como señaló Vicente Sánchez, Consejero Delegado de Wolters Kluwer al comienzo del acto, precisamente esta celebración constituye una cita ineludible de la empresa con sus autores más queridos, a los que se quiere rendir, como cada año, especial homenaje de gratitud.
Nuestros autores, han sido, señaló, una de las piezas fundamentales sobre los que Wolters Kluwer ha consolidado su posición como referencia en innovación legal, al combinar en un conjunto único de productos, contenidos de mayor nivel jurídico con las soluciones tecnológicas más avanzadas.
De esta manera, destacó, la empresa ha evolucionado desde su carácter original de editorial basada en el papel hasta convertirse en una empresa puntera que trabaja de la mano de los líderes tecnológicos globales como Google o Microsoft. Así, solo desde 2016 Wolters Kluwer ha presentado productos tan novedosos como la solución integral para grandes despachos Legal Space, la herramienta de cumplimiento normativo Complylaw o Jurimetría, la herramienta de analítica legal predictiva que permite a los usuarios definir su mejor estrategia legal.
Y todo ello, destacó Vicente Sánchez, en un proceso que todavía se encuentra en plena evolución y cuyo punto culminante no se ha alcanzado todavía, pero en el que no se puede olvidar que ninguna solución tecnológica puede superar el criterio y la sensibilidad que aportan los autores y demás profesionales del Derecho.