La Abogacía Española ha mostrado su rechazo a que los Graduados Sociales puedan entrar a formar parte del sistema de Asistencia Jurídica Gratuita (AJG). Así lo ha manifestado en un encuentro este lunes en la sede del Ministerio de Justicia, junto con los órganos de representación de Graduados Sociales, los representantes de Consejo General de la Abogacía Española.

El Consejo considera que se rompería el criterio de “unidad de defensa” e introduciría un factor de desigualdad en la designación. Además, subrayan que cualquier regulación para incorporarse a los colegios de Graduados Sociales debe hacerse al margen del acceso a las profesiones jurídicas.

La Abogacía defiende que la participación de los graduados sociales en el turno laboral del sistema de AJG generaría una suerte de doble turno aleatorio, con juristas atendiendo a unos clientes y representantes técnicos asistiendo a otros.

Además, rompería con el principio de unidad de defensa, ya que los letrados que a menudo atienden causas laborales terminan por extender los casos de sus representados al ámbito civil o penal. En este sentido, la inclusión de los graduados sociales no haría más que complicar las cosas, pues no podrían extender su labor a otros ámbitos jurisdiccionales para los que carecen de capacitación y de conocimientos.

La inclusión de estos profesionales en el turno de la jurisdicción social significaría que sus colegiados quedarían fuera del Código Deontológico por el que se rigen los miembros de la abogacía, a quienes la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial otorga, con carácter exclusivo y excluyente, la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos y la función de asesoramiento y consejos jurídicos.

En el transcurso del mismo encuentro, la Abogacía Española ha preferido quedarse al margen de debatir si se debe desarrollar o no una normativa para el acceso a la profesión de Graduado Social. La cuestión afecta únicamente a estos profesionales y al legislador, aunque, eso sí, la Abogacía ha llamado la atención sobre la inoportunidad y el sinsentido que supondría pretender aprovechar la reforma de la ley de Acceso a la Abogacía y la Procura para regular una profesión que no se encuentra entre las consideradas como jurídicas.