Fernando Cameo.- Desde el pasado mes de septiembre se encuentra en tramitación el Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone al ordenamiento español la denominada Directiva whistleblowing (Directiva 2019/1937).

La nueva normativa obligará a todas las entidades del sector público (al margen de su tamaño), así como a las entidades jurídicas del sector privado que empleen a más de 50 trabajadores, a poner a disposición de sus empleados, así como de terceros, un canal de comunicación que permita alertar de forma segura y anónima de cualquier práctica irregular no ajustada a derecho de la que tengan conocimiento en el contexto de su relación, debiendo asegurar la protección del alertador ante cualquier represalia.

Al margen del mandato normativo, la experiencia de otros países ha demostrado que la implementación de canales informativos que garanticen el anonimato del denunciante son una herramienta eficaz en la lucha contra la corrupción.

Aunque todavía no existe obligación legal al respecto, «generar dentro de las organizaciones la cultura de informar sobre irregularidades exige un compromiso y un cambio cultural por lo que es especialmente importante empezar cuanto antes», afirma José Medina, chief technological officer de LA LEY para España, Portugal y Francia.

Desafío para el sector público y privado

Para este experto, «la obligatoriedad de implementar un canal de denuncias supondrá un desafío para entidades, organizaciones y compañías, que deberán decidir quién se encargará de su gestión y cómo implementarlo correctamente».
Como responsable del desarrollo Complylaw CANAL ÉTICO, Medina conoce que la realidad de las organizaciones es muy variada, por lo que la configurabilidad de las herramientas debe ser una característica imprescindible: «el cliente, sobre la base de los requerimientos legales, debe poder parametrizar su herramienta en función de sus propias necesidades», afirma. Es por ello que Complylaw CANAL ÉTICO «no solo permite configurar sus aspectos gráficos (diseño, colores, tipografía…), sino que también son personalizables los flujos internos de resolución de las denuncias o comunicaciones recibidas, las preguntas que se incluyen en el formulario de envío de las comunicaciones, las diferentes categorías en las que organizar las denuncias recibidas o los diferentes roles de usuarios, entre otras cosas», explica.

«También», continua, «a parte del administrador del sistema o canal y la persona que realiza la comunicación o denuncia, la aplicación permite nombrar a un número ilimitado de usuarios (tramitadores), que podrán participar en la gestión de una denuncia concreta o en la gestión de las denuncias clasificadas en las materias que sean de su responsabilidad».
Además, «Complylaw CANAL ÉTICO permite que puedan informar sobre corrupción o fraudes no solo los empleados o personal interno de la organización, sino también terceros, como proveedores o clientes».

Seguridad de la información y protección de datos

La Directiva establece como principio el deber general de mantener al informante en el anonimato, aunque existe alguna excepción, cuando una norma nacional prevé revelarlo o cuando se solicite en el marco de un proceso judicial.
Por eso, es muy importante destacar, afirma Medina, «que los sistemas usados hasta la fecha que se centraban en el uso del mail pueden estar vulnerando estas premisas de privacidad y seguridad de la información, premisas que nuestra herramienta ha cuidado con suma cautela». Complylaw CANAL ÉTICO «cumple con las medidas más exigentes de seguridad y privacidad, garantizando en todo momento la confidencialidad de las comunicaciones y el anonimato del comunicador», añade.

Líderes en herramientas de Compliance

«Complylaw CANAL ÉTICO es el último elemento en sumarse a nuestra solución modular Complylaw», comenta el chief technological officer de LA LEY.

«Desde hace años LA LEY ha venido trabajando en el desarrollo de soluciones que faciliten la gestión del compliance de nuestros clientes. Nuestra solución modular Complylaw ayuda a los profesionales del sector jurídico y de las organizaciones a garantizar el pleno cumplimiento de la normativa que le es aplicable en diferentes marcos normativos como medio ambiente, prevención de riesgos laborales, seguridad industrial, prevención de delitos, planes de igualdad o protección de datos», concluye.